NARANJAS TRAIGO

"¿A dónde vas? Naranjas traigo". Este tradicional refrán que hace referencia a los fallos en la comunicación de quien padece sordera o de quien no quiere oír es el que mejor define el segundo mensaje navideño de Su Excelencia el Jefe del Estado a Título de Rey emitido por televisión el pasado 24 de Diciembre. Después de que el año pasado Su Excelencia debutase con un mensaje que nodecepcionó porque solo se puede decepcionar al que conserva alguna expectativa, la audición este año del tradicional mensaje navideño ha sido algo así como escuchar música psicodélica después de haber consumido unas pastillas de LSD.

            A los pocos días de la celebración de unas elecciones que han consagrado la inestabilidad política y más que posiblemente una ruptura social, Su Excelencia habla de responsabilidad y de estabilidad a pesar de que los distintos miembros de la casta política han demostrado una irresponsabilidad creciente en proporción geométrica a lo largo de las dos últimas décadas y esto no porque antes no hubiera existido esa irresponsabilidad, que también, sino porque al menos no la hacían tan pública y patente.

            A pocos meses de las elecciones autonómicas catalanas que han manifestado la fractura social existente no solo en el seno de la sociedad catalana sino entre Cataluña y el resto de las Españas, Su excelencia, con toda tranquilidad apela reiterativamente a una "unidad" que no solo contradice la tradición política y la historia de las Españas que siempre ha consistido en fomentar la "unión" heterogénea de sus entidades políticas, sino que además contradice el texto constitucional al apelar a la homogeneidad jacobina que la palabra "unidad" implica cuando el texto constitucional deja muy claro que existen "nacionalidades" diversas.

            Algunos, los menos, y desde hace mucho tiempo habrían deseado escuchar algunas palabras sensatas de quien tiene el papel de "árbitro y moderador de las instituciones españolas", pero los más, somos conscientes de que tal cosa es imposible porque el texto constitucional de 1978, desde que se le puso el punto y final antes de ser sometido a referéndum, no deja de ser un texto confuso, ambiguo e ineficaz en todos los aspectos y que concretamente priva a la Jefatura del Estado de toda prerrogativa para cumplir el papel que se le otorga. De hecho, digámoslo ya, un árbitro de futbol tiene un silbato y dos tarjetas ¿Cuales son las posibilidades reales y legales de que Su Excelencia toque el silbato y saque una tarjeta, que la legalidad no le da, a algún político?. Ninguna. La ausencia actual de cualquier prerrogativa del Jefe del Estado fue una cosa querida y deseada por la propia Jefatura del Estado ya que, hay que recordarlo, antes de la aprobación en referéndum del texto constitucional, ésta tenía todos, absolutamente todos, los poderes al ser sucesora de Francisco Franco y al haber designado directamente a cuarenta y un senador en las Cortes de 1977 que redactaron y aprobaron la Constitución sin que ninguno de ellos incidiera o cuestionara este aspecto.

            La situación política y social de las Españas es la que es, la noche del 24 de Diciembre de 2015 el "Augusto Cero" habló y el pésimo espectáculo español continúa el curso hacia su desenlace.

EL DESEMPLEO EN ESPAÑA NO ES PROBLEMA

En las sociedades esclavistas no existe desempleo

Un titular es una frase breve que tiene por objeto fundamental conseguir la atención del lector y despertar su interés sobre un texto mucho mayor y estoy seguro que con el título que encabeza el presente artículo voy a conseguir ambas cosas aunque solo sea de aquellos a los que escandalice una afirmación tan frívola e inconsciente.

Los datos del paro correspondientes al mes de Junio que se hicieron públicos la semana pasada arrojan la cifra de ciento veintidós mil desempleados menos siendo el quinto mes consecutivo que el paro desciende en nuestro país. ¡¡Cambio de tendencia en el empleo!! Gritan unos, ¡¡La luz al final del túnel!! Vociferan otros; pero en realidad no hay nada de eso porque a pesar de existir en nuestro país casi seis millones de parados, según los datos de la Encuesta de Población Activa correspondiente al primer trimestre del 2014, ya podemos decir (o deberíamos decir) que en España el desempleo ha dejado de ser un problema. Y es que efectivamente, el desempleo ya es un problema superado, es el problema del año pasado, no de este y por supuesto tampoco es el problema de los lustros, o décadas, que están por venir porque el problema real y cierto empieza a ser otro.

El problema que viene, o mejor dicho, que ya está aquí es que con las nuevas condiciones laborables y sociales que se han impuesto en los últimos tres años desde el gobierno a base de recortes y subida de impuestos es posible llegar a una situación de pleno empleo sin que esta solucione absolutamente nada porque la tendencia real, no la estadística, indica que los salarios son cada vez más bajos y los precios cada vez más altos lo que se traduce en una progresiva pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores en activo que se materializa en un número creciente de familias españolas a las que no les resulta posible llegar, no ya a finales, sino a mediados de mes.

Los distintos gobiernos que afirman centrar su actividad en la lucha contra el paro y a favor del pleno empleo adolecen de un error de base fundamental que les permanece oculto a sus razonamientos y formas de pensar que consiste en considerar el pleno empleo o a la lucha contra el desempleo como un fin en sí mismo y no como un medio para generar riqueza y combatir la pobreza y la exclusión social. Así pues, de nada sirve crear cientos de miles o millones de puestos de trabajo si el esfuerzo productivo que realiza el trabajador no se traduce en una justa remuneración en dinero y/o en especie y en una estabilidad laboral que le permita llevar una vida digna alejada de las incertidumbres y sobresaltos que provocan esos nuevos templos que se llaman “mercados” donde se practica la nueva religión denominada “economía”.

A pesar de tener empleo, la miseria es el problema del futuro inmediato

De hecho, la profundidad de la crisis que padecemos actualmente se debe en gran medida a que la situación de casi pleno empleo existente en los años 2007 y 2008, desconocía por completo la verdad anteriormente expuesta en el párrafo anterior y mientras la “moderación salarial” de aquellos contratos “mileuristas” no fomentaba el ahorro de los ciudadanos y sí su endeudamiento, la inestabilidad laboral debida a la concatenación de multitud de contratos laborales de carácter temporal hacía más que previsible pequeñas crisis económicas periódicas en el seno familiar al tener que compaginar el trabajador periodos de actividad con periodos de desempleo. Con una situación así, donde se ganaba poco y no se estaba seguro de seguir trabajando al año siguiente el fomentar el consumo y el permitir que se concedieran hipotecas a cuarenta años fue una locura, pero una locura inevitable si consideramos que la gente precisa de vivienda y que los bancos viven de dar préstamos ya que la única posible defensa contra esa situación solo podía haber sido que la gente gastase menos y ahorrara más y los bancos no dieran ningún préstamo por considerar que la situación laboral del solicitante no ofrecía garantía alguna de pago a medio y largo plazo; cosa esta que, por cierto, es lo que viene ocurriendo en la actualidad.

De forma práctica, el salario de un trabajador no está solo integrado por el dinero que percibe del empresario para el que trabaja sino también por las prestaciones sociales, como sanidad, educación, justicia etc… que el estado presta a la colectividad y que financia con los impuestos que pagamos todos. Así pues, si de un salario, ya bajo de por sí, restamos determinadas cantidades destinadas a cubrir necesidades que anteriormente venían cubiertas por las prestaciones sociales a cargo del estado resulta que la renta disponible real se reduce mucho más que lo que indican las estadísticas que solo tienen en cuenta el salario que se percibe y que figura en la nómina encontrándonos con un empobrecimiento progresivo de la población que, a fin de cuentas, es el verdadero problema, y no ya el desempleo, con el que los españoles estamos empezando a enfrentarnos actualmente.

Llegar a una situación de pleno empleo a costa de mantener los salarios bajos (incluso por debajo del actual Salario Mínimo Interprofesional si este se elimina como propone la Fundación FAES que dirige el expresidente y eminente lumbreras con bigote, José María Aznar) en un mercado laboral altamente flexible que favorezca despidos y movilidades geográficas de los trabajadores generará irremediablemente el empobrecimiento generalizado y radical de la población y muy posiblemente la reducción del país a una situación de colonia de diversas corporaciones y multinacionales interesadas en encontrar mano de obra dispuesta a aceptar un salario de pura y simple supervivencia. 

Este es, en definitiva,  el problema actual con cuyo agravamiento y generalización tendremos que enfrentarnos en un futuro no muy lejano: La situación de pleno empleo que no permita a los trabajadores mantenerse económicamente.

RECORTES, AMNISTÍAS, SUBIDAS DE PRECIOS Y BAJADA DE PANTALONES

Diariamente surgen noticias sobre la acción del actual gobierno del Partido Popular presidido por el señor (por llamarlo de alguna manera) Rajoy que no dejan de sorprendernos por poner nítidamente de manifiesto que en política todo parece estar permitido, situado por encima de la ley y alejado de todo principio moral o ético ya que en poco más de cien días el actual gobierno de España ha hecho todo lo contrario de lo prometido durante la campaña electoral. Y es que el Partido Popular se presentó a las elecciones prometiendo una bajada de impuestos, el apoyo a las clases medias y a pequeños y medianos empresarios y, sobre todo, combatir la crisis económica sin acudir a recortes en servicios públicos fundamentales como la sanidad, la educación y las pensiones.

Hoy, el partido político que se presentaba a los españoles como el “salvador de la situación” ha llegado al poder y, en poco más de cien días en el gobierno, ha subido los impuestos y los precios públicos, ha empobrecido a las familias españolas y ha empezado a plantearse un “ajuste” en sanidad y en educación que solo se puede traducir en un recorte de las prestaciones en dichos servicios, todo ello con la justificación tradicional en la política española de que la situación es peor que la que se esperaban encontrar y que “la culpa de todo la tiene el gobierno anterior”, tradición política esta que esta al mismo nivel que ese otro postulado político tradicional bajo el cual actuaron los gobiernos anteriores y que reza que una vez en el poder “no importa lo mal que se haga porque por muy mal que se haga, otro vendrá que bueno te hará”.

La justificación de todo este despropósito lo encuentra el señor (por llamarlo de alguna manera) Rajoy en la necesidad de salvar la economía española de una caótica situación sentando las bases para un próspero futuro, con lo cual el señor (por llamarlo de alguna manera) Presidente del Consejo de Ministros cree que los españoles somos tontos y que ignoramos que los derechos que hoy nos dejemos quitar los habremos perdido para siempre y que jamás nos serán reintegrados, ni siquiera cuando la economía sea boyante y los amigos financieros del aparato político vuelvan a ganar miles de millones. No obstante, y a pesar de lo que digan los reptiles gacetilleros afines al régimen, el hecho cierto es que las medidas económicas adoptadas por el gobierno vienen impuestas, de forma tácita y en ocasiones expresa, por potencias extranjeras con las que los distintos mandatarios y dirigentes de partidos políticos españoles han firmado ignominiosos tratados cuyas consecuencias reales siempre se han mantenido ocultas a la opinión pública española y, concretamente, me estoy refiriendo a los tratados de adhesión a la Comunidad Económica Europea, al Tratado de Maastricht y a demás tratados de similar jaez supranacional.

El actual Gobierno, su Presidente, el señor (por llamarlo de alguna manera) Mariano Rajoy, el Partido Popular y su directiva han olvidado radicalmente que los que les votaron el 20 de Noviembre del 2011 lo hicieron (seguramente con gran ingenuidad) para que sacara a España de la crisis NO para que la hiciera sentir más crudamente a la inmensa mayoría de los españoles y que es al pueblo español al que se debe un gobierno de España y NO a los mercados internacionales o a los intereses de supuestos amigos y aliados que, con su actitud, han demostrado sobradamente que no lo son.

En base a este sometimiento a los intereses foráneos y mercantilistas, el gobierno del señor (por llamarlo de alguna manera) Rajoy ha subido los impuestos a la mayoría de la población española, recortando su poder adquisitivo y empobreciéndola, ha aprobado una reforma laboral que abre la puerta a la liquidación total de los logros de ciento cincuenta años de lucha del movimiento obrero en nuestro país y ha concedido el PREMIO de una amnistía fiscal a todos aquellos que durante años han defraudado a la hacienda pública ocultando sus capitales y llevándoselos a paraísos fiscales con la infantil, necia y estúpida intención de que, a cambio de un módico diez por ciento, se traigan a España los dineros que tengan en el exterior. Y bien digo que es una estúpida, necia e infantil intención la del gobierno porque aquel que en los tiempos de bonanza económica se llevo sus fondos e ingresos fuera de España es porque ya entonces no confiaba en la estabilidad política y económica del país con lo que menos, en el momento presente de plena crisis, va a hacer un acto de confianza trayéndoselos de nuevo a España considerando además que los paraísos fiscales son precisamente paraísos porque tienen una total opacidad en cuanto a dar información de las cuentas bancarias que se poseen en ellos por lo que un estado extranjero difícil tiene el intervenir sobre dichas cuentas o conocer quienes son sus titulares.

Por otro lado, el actual gobierno del Partido Popular, tiene una falta absoluta de honradez para con el ciudadano que le paga el sueldo pues pretende mantener, a pesar de todo, ciertas ficciones como la de que “España no está intervenida” o que el “sistema financiero goza de una excelente salud”. En primer lugar, el hecho de que Alemania y Francia (los únicos países que realmente cuentan en la Unión Europea) no hayan declarado expresamente que España ha de ser rescatada y, por tanto, intervenida no desmiente el hecho de que, desde que asumiera el poder, el gobierno no ha hecho nada más que legislar sobre medidas económicas que han sido sutil pero insistentemente “sugeridas” por estos dos países y sus satélites, con lo que realmente el estado español podría ahorrarse todo lo que le cuesta el actual gobierno con sus ministros y ministerios y, simplemente, dejarse gobernar desde París o Berlín.

En segundo lugar la ficción de que el “sistema financiero español goza de una excelente salud” no solo queda contradicho con las ayudas públicas recibidas por los bancos privados en el último año sino también por la medida anunciada por el Gobierno del Partido Popular de que “no se podrán hacer pagos con dinero en efectivo superiores a dos mil quinientos euros” con el peregrino argumento de que con ello se trata de evitar los “pagos en negro” que sostienen la “economía sumergida”. Esta grave medida tendrá cuatro consecuencias:

1ª. Incremento del beneficio de los bancos al incrementarse el número de operaciones sobre las que cobrar comisiones tales como el pago de cheques y las transferencias bancarias.

2ª. Un incremento de los precios al verse estos incrementados por la cuantía de la comisión bancaria.

3ª. La imposición a los ciudadanos de un “corralito” porque evidentemente si no se pueden hacer pagos en efectivo por importe superior a dos mil quinientos euros, ello implicará que los ciudadanos no podrán retirar libremente y sin dar explicaciones fondos de sus cuentas bancarias por importes superiores a dicha cantidad ya que sería un absurdo sacar tres o seis mil euros cuando no se pueden hacer pagos en metálico superiores a dos mil quinientos euros.

4º. Un beneficio para aquella minoría económicamente privilegiada que puede permitirse el lujo de tener suculentas cantidades en cajas de seguridad bancarias cuyo contenido es ignorado por la Hacienda Pública y por la propia entidad financiera que las alquila y que podrán seguir pagando en metálico por encima de los dos mil quinientos euros estipulados por el gobierno.

No obstante y a pesar de todo; el servil sometimiento del actual gobierno a las exigencias de las potencias extranjeras y que supone un progresivo estrangulamiento económico de los ciudadanos y de las familias españolas parece insuficiente para calmar y convencer a los mercados internacionales y a las instituciones europeas, quizás porque ambas ya tenían planeado hace tiempo arrojarse sobre España cual aves carroñeras habiendo redactado en sesión secreta, que recordaría la escena final de la película de Berlanga, “La Vaquilla”; un duro “diktat” para el pueblo español que implicaría una esclavitud tan bíblica como la que le fue impuesta a los Hijos de Israel en Egipto.

AÑORANZA DE LA HIGUERA

Cuando me dicen que estoy en la higuera, no puedo menos de pensar ojala!. La mención del nombre de ese árbol me evoca aquella que había en una esquina del gallinero de mis abuelos en el pueblo. Mi memoria tiene grabada su aroma inconfundible y los recuerdos de cuando, de adolescente y joven, subía a sus ramas para desayunar los riquísimos higos, dejando los que no llegaba por la altura para que los disfrutaran los pájaros. Claro que, como es un pueblo de la sierra riojana, sólo maduraban en los veranos calurosos y ya a finales de septiembre.

Pero, si te dicen que estás en la higuera, te acusan de vivir en la inopia y de no darte cuenta de las cosas. Seguro que, como a todos, muchas me pasan desapercibidas. Eso que intento estar bien informado. Cosa difícil hoy día por dos motivos: el primero, la cantidad de noticias que nos llegan cada día en tal número que desbordan nuestra capacidad de información y el segundo, la selección sesgada que de las mismas nos hacen los medios de información, cada vez más concentradas en menos manos. Muchas veces mezclan confusa e insidiosamente noticias y opinión, para que el pensamiento único no tenga rivales en su imposición. Esta censura encubierta se ve desbordada en los últimos tiempos, gracias a Internet y las redes sociales, aunque también hay que ejercer sobre ellas el necesario discernimiento.

Con los años, he aprendido a dar mucha más importancia a las personas que a las ideas o creencias que puedan tener. Así, en la ciudad pequeña en que vivo, conozco a bastante gente que milita en diversos partidos políticos. Y no puedo evitarlo, me suelen caer mejor los militantes de base que los dirigentes. En estos, con honrosísimas excepciones, abundan los trepas, gentes en las que la lucha por el poder pesa mucho más que las ideas. Hacia fuera y hacia dentro, porque las zancadillas internas se prodigan abundantemente. Lo peor con nuestro sistema político de bipartidismo imperfecto, con algunos partidos bisagra que venden cara su apoyo al vencedor, es que se han convertido en agencias de colocación para los amiguetes, a quienes se premia por encima de su posible competencia, por su habilidad para la adulación y el asentamiento. Opino sinceramente que en España, más que funcionarios públicos lo que sobran son enchufados políticos. La tijera de la austeridad debería recaer primeramente sobre sus prebendas.

Otro mal que se compartimos con democracias con más años de antigüedad, es la facilidad con que dirigentes de grandes empresas o grupos financieros llegan a ocupar cargos en el gobierno. O, al revés, políticos que al cesar en su cargo, pasan a ser dirigentes de esos grupos económicos. (Fenómeno común tanto en partidos conservadores como en los ex-socialdemócratas). Por mucho que nos esforcemos en no pensar, las sospechas de que esos grupos se vean favorecidos por decisiones gubernamentales son abundantes y, desgraciadamente, ciertas en abundantísimos casos.

Resulta curiosa la interpretación que se ha dado al fenómeno del 15-M. Para gente de derechas, inspirada seguramente por consignas del grupo mediático Intereconomía era una maniobra del maquiavélico Pérez Rubalcaba. Desde fuentes sociatas, se trataba de una maniobra conservadora para debilitar al PSOE. Resultados electorales: PP conserva a sus votantes. Los ex-socialdemócratas pierden cuatro millones de votos. Si era cierta, la primera tesis, fue aprendiz de brujo, cuyo experimento se le volvió en contra. Opino que examinar la realidad con anteojeras partidistas, produce estas distorsiones. Máxime una realidad, compleja, multiforme y bisoña de gentes cabreadas por la deriva económica que empezaban un camino nuevo, desde la base social, ocupando espacios públicos y con alergia al partidismo político. Una de sus consignas más coreadas, NO NOS REPRESENTAN, íba dirigida principalmente al tinglado político representativo. Formaba parte de un movimiento global, no encerrado en fronteras, inspirado en la primavera árabe, y extendido a través de ese fenómeno nuevo que son las redes sociales.

Algo parecido pasa con lo de la Memoria Histórica. La mezquina ley del gobierno Zapatero apareció como una revancha de los vencidos contra el franquismo. La verdad es mucho más profunda. Sobre el olvido no puede construir paz alguna. En España tuvimos una horrorosa guerra civil, en que aparte de los muertos en el frente, hubo miles asesinados en la retaguardia de ambos lados Y la violencia siguió ejerciéndose por el bando vencedor en los duros años de la posguerra. La transición hacia la democracia se hizo con una injusta ley de amnistía, lógica para delitos políticos, pero no para los de sangre. Dirigentes destacados de la izquierda la defendieron enérgicamente pues algunos podían ser procesados. Después de los horrores nazis, sabemos que los crímenes contra la humanidad no pueden prescribir y que las leyes de punto final son radicalmente injustas. Por eso, la Memoria y la no impunidad deben exigirse. Sabiendo que la memoria no es única, sino plural. Y ha de hacerse desde la reparación a las víctimas. La regla rige también para el terrorismo etarra. Me honro con la amistad de Maite Pagazaurtundúa, presidenta de una Fundación de Víctimas del Terrorismo. Un familiar próximo suyo murió asesinado por los "nacionales" en la guerra incivil y su hermano Joseba por ETA. Las víctimas necesitan memoria, respeto y justicia. Sólo, a partir de ellas, puede construirse una paz verdadera que nos exigirá años de esfuerzos de restaurar y restañar justicieramente los traumas causados.

Por eso, me vuelvo a mi higuera. A saborear en el recuerdo su aroma, pero sin dejar de otear la realidad que me circunda. Con los dos ojos bien abiertos y sin miedo a lo políticamente incorrecto, de ayer, de hoy o de mañana. No poseo la verdad, pero no renuncio a seguir yendo en su búsqueda. Sé que no estoy sólo en ese caminar. Y no faltarán los fanáticos, de uno u otro bando, que ataquen a quienes se atrevan a pensar por su cuenta, a correr el riesgo de equivocarse y a enmendar el posible error cuando lo adviertan.

Pedro Zabala

COMENTARIOS DE URGENCIA A LA REFOMA LABORAL

El Gobierno del Partido Popular, presidido por don Mariano Rajoy, aprobaba por decreto en el Consejo de Ministros celebrado el Viernes 10 de Febrero del 2012 (un nuevo día de la infamia), una reforma del mercado laboral de la que lo más criticado ha sido el abaratamiento del despido, aspecto este que siendo grave, no es el más grave que ofrece el decreto del gobierno.

El decreto que aprueba la Reforma Laboral, abarata el despido al reducir a 33 días por año trabajado, en vez de los 45 días por año trabajado como era hasta ahora, la indemnización que ha de percibir un trabajador cuyo despido sea declarado improcedente. Así mismo fija una indemnización de 20 días por año trabajado para los despidos que se realicen en empresas que puedan demostrar una reducción de beneficios continuada durante los nueve meses anteriores a la realización del despido. En ambos casos el abaratamiento del despido es evidente pero es mucho más grave el segundo caso porque, en un país donde la casta empresarial acostumbra a sostener que ha perdido diez millones cuando en un año gana noventa millones en vez de los cien que gano el año anterior, es prácticamente una carta en blanco para proceder a despedir trabajadores.

No obstante, la reducción de indemnizaciones por despido, va a tener una escasa repercusión real en la economía general del país, pues hace ya mucho tiempo que en España han pasado a la arqueología de las relaciones laborales, más que a su historia, aquellos contratos de trabajo jamás escritos, pero siempre cumplidos en virtud de los cuales un trabajador comenzaba a trabajar en una empresa a los veinte o veinticinco años de edad y en ella se quedaba, ascendiendo o no de categoría profesional, hasta su jubilación a los sesenta y cinco años de edad (actualmente la edad de jubilación esta fijada a los sesenta y siete años). Por tanto, aún en el caso de que se hubieran mantenido la cuantía de la indemnización por despido en cuarenta y cinco días por año trabajado, dicha indemnización no constituye un oneroso gravamen para el empresario porque ya es costumbre generalizada que un trabajador tenga tan escasa estabilidad laboral y tan poca antigüedad en cualquier empresa que es imposible que, en caso de despedirlo, se le tenga que abonar una fuerte indemnización, quedando tales elevadas indemnizaciones para los altos cargos y ejecutivos de las grandes empresas publicas y privadas que disfrutan de “contratos blindados”.

A mayor redundancia, hay que recordar que desde que se aprobara en 1980 el “Estatuto de los Trabajadores”, norma esta que queda modificada nuevamente por la “reforma laboral” aprobada por el Gobierno del señor Rajoy se distinguen claramente en nuestro Derecho del Trabajo tres clases de despidos: los nulos, los procedentes y los improcedentes. Los despidos declarados nulos obligan al empresario a readmitir al trabajador despedido no cabiendo, por tanto, indemnización alguna al trabajador aunque este tendrá derecho a los llamados “salarios de tramitación” que son aquellos que el trabajador tenía que haber percibido desde que recibe la carta de despido hasta su readmisión; los despidos procedentes, generalmente disciplinarios, no tienen ninguna indemnización a favor del trabajador y, finalmente, los despidos declarados improcedentes, permiten optar al empresario entre indemnizar al trabajador con la indemnización anteriormente mencionada de cuarenta y cinco días por año trabajado (a partir de la actual reforma de treinta y tres días por año) o, readmitirlo, con lo que el empresario no tiene que abonar indemnización alguna. Es decir, jamás ha existido obligación del empresario de indemnizar a un trabajador con cantidad alguna en caso de despido improcedente porque el empleador siempre ha tenido la posibilidad de optar por la readmisión del trabajador en vez de la indemnización.

Así pues, el contenido de la reforma laboral aprobada por el gobierno va dirigido a contentar al sector empresarial al que siempre le ha molestado no solo pagar cuarenta y cinco días por año trabajado sino pagar un solo día de indemnización.

Siendo grave el abaratamiento del despido que consagra esta medida del gobierno popular, no es lo más grave contenido en la misma pues posiblemente lo peor de ella es la eliminación de la autorización administrativa previa para que las empresas puedan realizar Expedientes de Regulación de Empleo (EREs). En este sentido es de recordar que los EREs son una medida que le viene muy bien al gobierno y a los empresarios porque al primero le permite ocultar o maquillar las encuestas que reflejan el paro y a los segundos les permite acudir a una vía que, en cierto modo, les subvenciona los despidos. En este sentido es de recordar que los EREs, permiten que numerosos trabajadores en plena capacidad de sus facultades y en plenitud de su capacidad laboral dejen de trabajar, generalmente por reajustes productivos de la empresa que realiza el Expediente de Regulación de Empleo, acogiéndose a un sistema de pre-jubilaciones que son pagadas en parte por la Seguridad Social, es decir, por todos los ciudadanos.

Si anteriormente a la reforma aprobada por el Gobierno, todo Expediente de Regulación de Empleo, requería una autorización administrativa previa concedida por el Gobierno, quien vigilaba mínimamente que se cumplieran ciertos requisitos para que una empresa pudiera acogerse a esta modalidad de despido colectivo ahora prácticamente nos encontramos con que, no solo los trabajadores afectados, sino todos los ciudadanos, (porque, repetimos los EREs afectan a todos pues todos los pagamos), perdemos garantías ante este procedimiento del que generalmente solo pueden disfrutar las grandes empresas y multinacionales ubicadas en nuestro país.

Por último, otro punto de la reforma laboral aprobada el pasado 10 de Febrero del 2012 es el relativo a las subvenciones que se prevén en la misma para los empresarios que contraten a menores de treinta años y a parados de larga duración mayores de cuarenta y cinco, llamando escandalosamente la atención que al mismo tiempo que se producen recortes en los servicios públicos esenciales por falta de dinero se vaya a dedicar unas cantidades, aunque no muy grandes y en forma de bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social, a financiar a empresarios privados por contratar en forma precaria a trabajadores. A este respecto hay que afirmar que quienes hacen gala de liberalismo y de ser opositores a cualquier regulación de la economía y de los mercados, como es el caso de los dirigentes del Partido Popular hoy en el Gobierno, no deberían financiar con dinero público a empresas privadas, salvo que las obliguen de alguna manera a mantener contratado unos determinados años al trabajador por el cual se benefician de las bonificaciones.

En definitiva, la reforma laboral decretada por el gobierno presidido por el señor Mariano Rajoy no tiene en cuenta a la mayoría trabajadora del país y constituye un paso más hacia la sumisión de toda política al interés económico y empresarial alejando el poder real de las instituciones políticas elegidas por sufragio universal para concentrarlo solapadamente en Consejos de Administración no elegidos democráticamente por los ciudadanos.

REFORMA DE LA JUSTICIA Y LA INDEPENDENCIA JUDICIAL

El anuncio del señor Ministro de Justicia, don Alberto Ruiz Gallardón, de que va a realizar una profunda reforma legal a fin de reinstaurar la independencia del Poder Judicial resucitando a Montesquieu a quien, en 1985, se dio por fallecido por el entonces vicepresidente del gobierno socialista, don Alfonso Guerra; parece que se va a limitar a la forma en la que se eligen los miembros del Poder Judicial, lo que conllevaría una nueva forma de elegir a los Magistrados del Tribunal Constitucional y al Presidente del Tribunal Supremo.

La reforma del sistema judicial español no solo es necesaria sino que es imprescindible, pero debe ir mas allá del modo de renovar las instituciones judiciales y tiene que ser acorde con los tiempos y con las políticas de austeridad que parecen imponerse desde el gobierno a los trabajadores y que, en algún momento, también hay que imponer a las propias instituciones del Estado.

Así, en primer lugar, no estaría de más que la reforma del Poder Judicial llevara aparejada la supresión del actual Tribunal Constitucional cuyas competencias también son hoy en día asumidas por el Tribunal Supremo, lo que genera no pocos conflictos de competencias así como resoluciones contradictorias con el consecuente perjuicio a la credibilidad de la Administración de Justicia.

Las competencias del Tribunal Constitucional podrían ser exclusivamente asumidas sin muchos problemas por el Tribunal Supremo quien ya hoy viene obligado a resolver las cuestiones de constitucionalidad planteadas dentro de los distintos recursos de casación que se le presentan en las diversas jurisdicciones pudiéndosele dar la competencia al Pleno del Tribunal Supremo para resolver todas las cuestiones y recursos de constitucionalidad que se plantearan contra las más diversas leyes que se dictaran por el Poder Ejecutivo. De esta forma se eliminaría una institución, como el Tribunal Constitucional, con el consiguiente ahorro económico y agilización procesal.

Por otra parte, en cuanto a la elección de los miembros del Consejo del Poder Judicial y de los Magistrados del Tribunal Supremo estos podrían ser elegidos para desempeñar el cargo de forma vitalicia por el Jefe del Estado tal y como se hace, por ejemplo, en Estados Unidos, máxime cuando, al menos teóricamente, la Jefatura del Estado Español no esta sometida a compromisos políticos con uno u otro partido político por ser una monarquía. No obstante, para los que quieran objetar al respecto, también se podría considerar la elección de los Magistrados del Tribunal Supremo y de los miembros del Poder Judicial entre jueces y magistrados con un número determinado de años de ejercicio profesional por medio del Sufragio Universal, aunque en este caso es muy posible que dicha elección se convirtiera en una especie de prolegómeno de elecciones generales al intervenir en la misma la maquinaria electoral de los diversos partidos políticos, con lo que la independencia judicial volvería a quedar en entredicho.

No obstante es de reconocer que es muy difícil, por no decir imposible, conseguir que un Juez o Magistrado sea totalmente independiente pues el tema de la independencia judicial no es tanto un tema jurídico, y por tanto material, como un asunto puramente filosófico, y por tanto moral.

En primer lugar, un Juez o Magistrado siempre estará condicionado, en mayor o menor medida, por un pensamiento íntimo que le es propio, que constituye su conciencia particular y que solo él conoce en plenitud, lo cual no es malo sino que, en no pocas ocasiones, es muy bueno. En segundo lugar, el Juez o Magistrado siempre está sujeto a la Ley que emana del Estado por lo que un Juez no es ni puede ser materialmente independiente de ese Estado del que brota la ley y que, en su promulgación, habrá tenido el máximo cuidado en no dejar que sus aspectos fundamentales queden a la interpretación de los magistrados y, finalmente, resulta difícil de creer que un Juez o Magistrado puede ser independiente del poder que le nombra, le sostiene, le asiste y le paga el sueldo.

La verdadera independencia de un juez o magistrado nace de la mezcla armónica y feliz de conciencia propia, vocación profesional, conocimiento de la realidad social y dominio de la ciencia jurídica. Así, un juez sin conciencia o sin vocación es fácilmente corruptible y comprable, un juez que desconoce la realidad social puede llegar a dictar resoluciones técnicamente irreprochables pero muy alejadas de dar solución real al problema planteado por el ciudadano y toda resolución judicial dictada por un juez que carece de los imprescindibles conocimientos de la ciencia jurídica será objeto de una segura impugnación que prolongará la duración y el coste del proceso.

En el momento presente, en España se accede a la judicatura a través de un duro examen de oposición entre los licenciados en Derecho que lo único que garantiza es un mínimo dominio de la ciencia jurídica siendo tal vez más deseable que previamente a dicha oposición se exigiera a los aspirantes unos años de ejercicio profesional o laboral en cualquier actividad o profesión no vinculada a las finanzas ni a cargos directivos en grandes empresas, lo que aseguraría cierto conocimiento de la realidad social y cierta vocación profesional pues detrás de alguien que ha conseguido trabajar unos años alejado de la seguridad de la administración y que sigue manteniendo su interés por acceder a la judicatura existe sin duda una base vocacional.

Finalmente, si se quiere garantizar la independencia judicial también es imprescindible que se fije un radical régimen de incompatibilidades que garantice la dedicación exclusiva de los jueces y magistrados a la judicatura, cuyo ejercicio no solo ha de ser incompatible con cualquier actividad política sino también con cualquier otra actividad remunerada aunque sea en el campo de la enseñanza universitaria.

En definitiva, la independencia judicial es imprescindible en un régimen que quiere garantizar los derechos de los ciudadanos frente a cualquier desviación de un estado que, olvidando su esencia, progresivamente tiende a convertirse en un fin en sí mismo. Para ello no solo se ha de eliminar la influencia partidaria en la elección de los altos cargos de la magistratura sino también cambiar la forma de acceso a la judicatura fijando un inflexible régimen de incompatibilidades y teniendo muy presente siempre que los hombres que pierden u obvian su conciencia son siempre corruptibles (1).

(1) Aquí es de recordar el diálogo final de la película “Vencedores y Vencidos” en la que Burt Lancaster, que encarna el papel de un arrepentido juez alemán vinculado al régimen nazi, le pregunta a Spencer Tracy, que interpreta a un juez aliado: “¿Como es posible que hayamos llegado a esto?” y Tracy le contesta “A esto se llegó en el mismo momento en que usted dictó la primera sentencia injusta”. En esta frase final de la película queda reflejada la pérdida de la independencia judicial por medio de la ausencia de la conciencia individual.

DIÁLOGO ENTRE COLBERT Y MAZARINO (Reinado de Luis XIV)

Colbert: Para conseguir dinero, hay un momento en que engañar al contribuyente ya no es posible. Me gustaría, Señor Superintendente, que me explicara cómo es posible continuar gastando cuando ya se está endeudado hasta al cuello...

Mazarino: Si se es un simple mortal, claro está, cuando se está cubierto de deudas, se va a parar a la prisión. ¡Pero el Estado...! ¡Cuando se habla del Estado, eso ya es distinto! No se puede mandar el Estado a prisión. Por lo tanto, el Estado puede continuar endeudándose.

¡Todos los Estados lo hacen!


Colbert: ¿Ah sí? ¿Usted piensa eso? Con todo, precisamos de dinero, ¿y cómo hemos de obtenerlo si ya creamos todos los impuestos imaginables?

Mazarino: Se crean otros.

Colbert: Pero ya no podemos lanzar más impuestos sobre los pobres.

Mazarino: Es cierto, eso ya no es posible.

Colbert: Entonces, ¿sobre los ricos?

Mazarino: Sobre los ricos tampoco. Ellos no gastarían más y un rico que no gasta, no deja vivir a centenares de pobres. Un rico que gasta, sí.

Colbert: Entonces, ¿cómo hemos de hacer?

Mazarino: Colbert, ¡tú piensas como un queso de Gruyere o como un orinal de enfermo! Hay una cantidad enorme de gente entre los ricos y los pobres. Son todos aquellos que trabajan soñando en llegar algún día a enriquecerse y temiendo llegar a pobres. Es a esos a los que debemos gravar con más impuestos..., cada vez más..., ¡siempre más!

A esos, ¡cuánto más les quitemos, más trabajarán para compensar lo que les quitamos!

¡Son una reserva inagotable!

¿Alguien encuentra algún paralelismo con la situación actual en España?

DIEZ DÍAS QUE VALEN POR TODA UNA LEGISLATURA

Es costumbre tradicional y en extremo generosa conceder a un nuevo gobierno cien días para valorar su gestión, aunque lo cierto es que basta con conocer sus primeras medidas para poder valorar con acierto sus resultados futuros. Tal es el caso del actual gobierno del Partido Popular presidido por el Sr. Mariano Rajoy.

El primer Consejo de Ministros, celebrado el penúltimo día del año 2011, ha aprobado una serie de medidas que han desmentido por completo la totalidad de las promesas electorales realizadas por el Partido Popular durante la campaña electoral de las pasadas elecciones del 20 de Noviembre mostrando al señor Presidente del Gobierno como alguien indigno de confianza en el mejor de los casos, o como un completo ignorante de las cosas públicas, en el peor de los mismos.

En primer lugar, el Consejo de Ministros presidido por el señor Rajoy ha acordado incrementar el impuesto del IRPF que grava las rentas del trabajo e incrementar el porcentaje de las retenciones del mismo lo que contradice lo prometido durante la campaña electoral de bajar los impuestos para facilitar que los españoles tuvieran más dinero disponible y así, fomentar el consumo.

Por otro lado, el incremento de las retenciones a practicar implicará que la subida del misero uno por ciento de las pensiones de nuestros jubilados quede en nada porque es muy probable que el dinero que realmente se embolsen mensualmente nuestros pensionistas sea inferior al que venían percibiendo el año pasado con las pensiones congeladas al quedarse el estado con mayor parte en concepto de retención. Igualmente la congelación del Salario Mínimo Interprofesional, supondrá mantener unos salarios bajos cuando no congelados para este año, al servir dicho salario como índice de negociación salarial en las empresas públicas y privadas.

Otra de las medidas sorprendentes tomadas por el Consejo de Ministros del 30 de Diciembre del 2011, ha sido la de incrementar el Impuesto de Bienes Inmuebles cuando tal impuesto es un impuesto municipal y su cobro y gestión corresponde a los municipios y no al estado central. Lo cierto es que aunque sorprende que tal medida se haya tomado en un Consejo de Ministros lo es menos que otras porque el incremento del Impuesto de Bienes Inmuebles ya se estaba produciendo en todos aquellos municipios gobernados por el Partido Popular.

Finalmente, de las medidas de austeridad tan cacareadas durante la campaña electoral por los entonces candidatos populares han quedado limitadas a la reducción de un veinte por ciento de las subvenciones que reciben los partidos políticos y los agentes sociales (Sindicatos y Organizaciones Empresariales), cuando se podían haber suprimido íntegramente dejando la totalidad de la financiación de los mismos a sus afiliados y simpatizantes.

Asimismo, todas las medidas aprobadas en el primer Consejo de Ministros del Gobierno Popular están orientadas en una sola dirección que es la de reducir un poco los gastos y a incrementar un mucho los ingresos por medio de un incremento de impuestos y de precios públicos todo ello con la finalidad de disminuir el enorme déficit público para satisfacer a nuestros “amigos” (o tal vez “amos”) europeos, pero se echa de menos la adopción de valientes medidas tendentes a reconstruir la economía nacional creando una sana y competitiva industria propia e incrementando la producción agropecuaria.

Igualmente, el actual Gobierno del Partido Popular, ha demostrado ser cómplice y participe de la política económica y social desarrollada por el anterior Gobierno Socialista al conceder el Gran Collar de la Orden de Isabel la Católica al anterior presidente del Gobierno, don José Luis Rodríguez Zapatero. Resulta inexplicable que durante los últimos cuatro años, la oposición popular se haya llenado la boca en el parlamento y en los medios de comunicación con afirmaciones como que “Rodríguez Zapatero es el peor presidente de gobierno que ha habido en la democracia” y haya exigido en innumerables ocasiones su dimisión y ahora le premie con tan distinguida condecoración no pudiéndose amparar en la existencia de leyes y costumbres anteriores porque toda ley puede cambiarse y toda costumbre antigua puede sustituirse por una costumbre nueva. Así pues, si el actual Gobierno concede tan alta distinción al Presidente del Gobierno anterior es porque comparte su gestión lo que, francamente, viendo cuales han sido sus primeras medidas queda sobradamente probado pues continúan y profundizan en las medidas ya tomadas, en Mayo del 2010, por el anterior Gobierno Socialista.

La identificación del actual Gobierno Popular con el anterior Gobierno Socialista era una cosa evidente porque, en primer lugar, en las esenciales cuestiones económicas y políticas jamás ha habido divergencias entre los grandes partidos desde que el régimen franquista fuera sustituido por el actual y, en segundo lugar, porque el anterior Gobierno del Partido Socialista no hizo otra cosa que sacrificarse electoralmente para salvar el régimen político imperante desde el 22 de Noviembre de 1975 tomando las primeras medidas antisociales y mitigando, amparándose en la pretendida profunda esencia social del socialismo español, cualquier reacción de la ciudadanía por lo que siempre ha resultado incomprensible el insistente reclamo del Partido Popular de un adelanto electoral cuando, de haberse celebrado las elecciones en Marzo del 2012, el Gobierno Socialista ya habría realizado mayores recortes permitiendo ofrecer, al menos, al actual Gobierno Popular una imagen más limpia cara al pueblo español.

En definitiva… las medidas tomadas en el primer Consejo de Ministros del Gobierno Popular dejan muy claro, y el que no lo quiera ver que no lo vea, que nos encontramos ante la continuación de la política de taberna de las últimas décadas y propia de aquél, que tras haber consumido numerosos tragos de bebidas espiritosas y encontrándose en plena intoxicación etílica da un puñetazo en la barra y exclama a gritos: “¡¡¡Esto lo soluciono yo!!!” siendo la solución la de gastar menos e ingresar más reduciendo los derechos sociales de los ciudadanos y exprimiendo más sus esquilmados bolsillos. Y señores, seamos ya serios y, como para este viaje no se necesitaban alforjas; reclamemos lo único que ya es justo y necesario reclamar: la dimisión del actual Gobierno en pleno y la apertura de un nuevo proceso constituyente que, al margen de todos los partidos y de todas las personas que nos han conducido a la quiebra total, reorganice política y socialmente todo el estado español.