TORMENTA POLÍTICA O PELEA DE BARATEROS

Escena costumbrista de la política española

El pasado 10 de marzo de 2021 se desataron todos los infiernos en la política española cuando se conocía la ruptura política en la Comunidad Autónoma Murciana entre el Partido Popular y la formación "Ciudadanos" la cual iba a apoyar una moción de censura presentada por el Partido Socialista Obrero Español en contra del actual presidente autonómico del Partido Popular. Esta crisis política local  provocó la disolución de la Asamblea de Madrid y la convocatoria de nuevas elecciones autonómicas en la comunidad autónoma madrileña.

            Hasta aquí los hechos objetivos que originan un cruce de reproches y recriminaciones entre las distintas fuerzas políticas que, en realidad, no sirven nada más que para enmascarar la miseria moral de todos, absolutamente todos, los miembros de la casta política española, una parte de la cual ha empezado a comportarse como las ratas que abandonan un barco que naufraga.

            Las elecciones generales de noviembre de 2019 y, sobre todo, las elecciones autonómicas catalanas de febrero pasado, han constatado el declive del partido "Ciudadanos" fundado por Albert Rivera y, hoy, presidido por Inés Arrimadas. Este declive que amenaza claramente con borrarle del mapa político en las próximas elecciones generales, e incluso convertirlo en extraparlamentario, ha provocado en su interior movimientos por parte de los líderes locales de "Ciudadanos" (en algunas formaciones políticas los llaman "Barones", pero no son más que los caciques de toda la vida) que, sin duda alguna, están buscando su acomodo en otras formaciones políticas más sólidas.

            Lo que ha ocurrido en Murcia y en Madrid, es mucho más profundo de lo que aparenta al poner de manifiesto el grado de sinvergonzonería que impera en la política de nuestro pobre y maltratado país. Según dicen, la moción de censura en Murcia fue orquestada directamente entre Pedro Sánchez, que no tuvo la elegancia de informar previamente al líder de PODEMOS, formación con la que se encuentra gobernando la nación, y la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, que careció de la lealtad de avisar o preavisar de sus intenciones e informar de sus motivos al partido con el que gobernaba en Murcia, aunque, en su descargo, podríamos argumentar que dado el estado de decadencia en que se encuentra "Ciudadanos", es muy posible que su presidenta nacional haya perdido gran parte del control sobre su propia formación política.

             Sin duda alguna, el Partido Popular acusará de traición a "Ciudadanos" y éste al primero de corrupción o gestión negligente en alguna cuestión, pero tales argumentos no van sino en detrimento de quienes los formulan porque en el "hombre político" se han de dar ciertas capacidades sin las cuales no se puede ser nada más que un político nefasto y entre esas capacidades se encuentra la de "ver más allá",  es decir la de prever y adelantarse a los acontecimientos conociendo de antemano quien es de fiar y quien no y si el Partido Popular pactó con "Ciudadanos", con la trayectoria que tal partido presentaba, ahora no tiene derecho a quejarse de la presunta traición y si "Ciudadanos" acordó  algo con el Partido Popular, cuando conocida es su historia, no tiene derecho a quejarse de su falta de integridad o de capacidad para gobernar. Lo que ocurre es que  cuando la política se convierte, como es el caso de nuestro país, en la personal salida profesional y económica de gran número de individuos que no encontrarían un acomodo generosamente retribuido en otras actividades; la explotación del poder se convierte en una finalidad en sí misma que obliga a hacer extraños compañeros de viaje o de cama porque con las cosas de comer no se juega. Los políticos pueden jugar y juegan con las lentejas de los ciudadanos, pero con las suyas que no juegue nadie.

            Ha bastado una discrepancia política entre Partido Popular y "Ciudadanos" en una comunidad autónoma para poner de manifiesto el carácter de barateros de todos los miembros de la casta política que, después de varias décadas, han conseguido reducir a un estado constituido a condición de casa de lenocinio de medio pelo donde, evidentemente, los políticos ocupan la posición que corresponde a los proxenetas, el pueblo son las señoritas que se exhiben en el salón y las demás instituciones vienen a desempeñar las diversas ocupaciones propias del prostibulario oficio y que van desde porteros vigilantes hasta gobernantas, pasando por terceros y palanganeros. 

 

LUÍS ALFONSO DE BORBÓN: EL ÚLTIMO PRETENDIENTE

Hemos recibido de un lector la siguiente reflexión que a continuación reproducimos íntegramente sobre un famoso personaje que ha empezado a emerger de las sombras y parece ir ascendiendo en el panorama político español.

 

"Por eso, el hijo de Carmen, Luis Alfonso de Borbón

 firma como Alteza Real, y los Carlistas siguen

 luchando porque él fuera el monarca español."

(Cotilleo.es 26-2-21)

 

Estaba cantado. Todo era cuestión de tiempo, pero ya  ha sucedido. El presidente de la Fundación Francisco Franco -y bisnieto del Dictador  y de Alfonso XIII-, aspirante al trono de Francia y metido en turbios negocios financieros en Venezuela, ahora también se arroga como pretendiente carlista.

            La irrupción de Luís Alfonso no es una propuesta pintoresca, extemporánea o ridícula. No. Sus nuevas aspiraciones dinásticas pueden tener  más recorrido de lo que aparentemente se pueda suponer. Los partidarios de Sixto han llegado demasiado lejos. Bien está reivindicar un Carlismo radicalmente tradicionalista. Bueno es condenar por satánico al Papa Francisco y aliarse -de hecho- con el lefevrismo. Pero marcar distancias con VOX, aunque sea por la derecha -que ya es tarea complicada-, no es políticamente correcto ni funcionalmente aceptable, porque impide cualquier instrumentalización política del tradicionalismo. De tan ultras, su reino ya no es de este mundo. Pero hay que reconocerles una coherencia doctrinal pétrea y un discurso monocorde y sin fisuras. Saben mantener los rescoldos y el tipo.

          El nuevo pretendiente puede concitar adhesiones y lealtades entre esos tradicionalistas que, cariñosamente, los podíamos definir como “vergonzantes”, pero buenas personas con certificado de la Guardia Civil y del párroco del lugar. No son tradicionalistas de manual, ya no los hay como Nocedal o los de “El Siglo Futuro”, o mesiánicos y apocalípticos como el Padre Corbató. Son otra cosa: descafeinados y desventados doctrinalmente, pero inequívocamente ultras-ultras en lo político. Esos tradis que se distancian públicamente del franquismo, aunque íntimamente lo añoran. Acatan nominalmente la autoridad papal, pero rezan para su conversión y esperan la llegada de un nuevo Wojtyla o, al menos, de un Ratzinger. Su lema de “nada sin Dios”, que no es una opción trascendente y comprometida de Fe personal, se convierte en una exclusión pública de los no creyentes y en una apuesta indisimulada por un Estado neo-confesional. Se proclaman foralistas, siempre y cuando los Fueros se apliquen en la Edad Media, aunque se sienten muy cómodos en la España unitaria y centralista: el escuálido, para nosotros,  “estado de las autonomías”, para ellos son los  nuevos “reinos de taifas” revividos. Culturalmente, reivindican la supremacía del castellano -el “español” imperial- encubierta en un bilingüismo testimonial de subordinación, pero alientan el españolismo y flirtean con la catalanofobia. Sus inquietudes sociales no van más allá de un tímido Estado asistencial  -la “caridad cristiana” bien entendida-  siempre que no se cuestione la propiedad privada y la economía de libre mercado.

La irrupción de VOX en el panorama político español ha trastocado el microcosmos tradicionalista. Se sienten interpelados en la cómoda dehesa de la añoranza histórica, donde plácidamente sesteaban. Y están obligados a definirse. Y a buscar alternativas para cortar la hemorragia que fluye imparable hacia las nuevas y exitosas versiones de la ultraderecha  de veleidades parafascistas, con certificado de homologación europea y hasta “trumpista”. Y el Borbón-Dampierre puede ser la opción: la feliz síntesis entre la tradición viva y el franquismo.

Y también hay quienes creen -todavía- que en ese caladero se pueden echar las redes. Pero ese ya es otro lodazal. 

 

EJEMPLARIZANDO EN LOS NUEVOS TIEMPOS

En el pasado verano, concretamente a primeros del mes de agosto de 2020, saltó la noticia de que el ex-Jefe del Estado a título de Rey (Emérito), Juan Carlos  de Borbón, había abandonado España, aun no sabemos si por tierra, mar o aire y si, en el primer caso, fue por la Carretera de Cartagena, camino que ya tomó su señor abuelo  y que constituiría así una tradición familiar.  Tal salida del país, que ya se ha convertido en un aventurado periplo similar al del Rey Odiseo, se trató de justificar como un intento de que las "aventurillas" galantes y los "negocillos" económicos del ex-Jefe del Estado, no afectasen a la actual Jefatura del Estado que, precisamente, ha recaído en su hijo, quién, según dicen, pretende o pretendía dar cierta renovación a la institución, modernizándola y ajustándola a "los nuevos tiempos", aunque sinceramente no alcanzamos a comprender que es eso de "los nuevos tiempos".

            Como parte de esa modernización para "los nuevos tiempos";  a comienzos del pasado mes de febrero, se hizo público que la hija mayor del actual Jefe del Estado a Título de Rey, Leonor de Borbón, se iba a trasladar el próximo curso, y por dos años, al Reino Unido de la Gran Bretaña para estudiar Bachillerato Internacional en un prestigioso colegio privado cuyo coste ronda los 76.500.- Euros, 38.250.- Euros por curso, y que estéticamente se asemeja a la fantástica escuela de Howgarts donde estudiaba el que seguro es uno de los ídolos de la Princesa de España, Harry Potter. Tal desplazamiento no tardó en justificarse por los medios de comunicación, que tal vez dentro de cuarenta años ataquen inmisericordemente al jubilado padre de la criatura, afirmando que, debido a las altas responsabilidades que Leonor de Borbón va a tener que ir asumiendo progresivamente en el futuro es fundamental que reciba la adecuada formación en un centro de las características del elegido por sus progenitores ya que proporciona una educación cosmopolita acogiendo en sus aulas a alumnos procedentes de todas las clases sociales...  de todas las clases sociales, claro está,  que puedan pagar treinta y ocho mil euros anuales para que su hijo o hija pueda estudiar bachillerato.

            Lo curioso es que si los medios de comunicación y algunos políticos justifican en unas importantes responsabilidades a desempeñar en el futuro el hecho de que Leonor de Borbón asista a un colegio privado de las características que posee el centro educativo elegido, todos los ciudadanos españoles debemos considerarnos extremadamente agraciados de que las cosas en nuestro país no vayan peor de lo que van cuando a nuestros gobernantes y a los que hacen las leyes no les exigimos, no ya que hayan recibido una educación tan selecta como la que va a recibir la hija de Su Excelencia, sino que, ni siquiera, posean un título universitario expedido por alguna Universidad Pública Española (y eso que hay alguna que parece ser que los concede con cierta manga ancha) para poder forma parte del Poder Legislativo o Ejecutivo.

Por otra parte, es de señalar que no solo se trata de un colegio privado sino también de un colegio extranjero. Es decir, Su Excelencia el Jefe del Estado no solo ha considerado más apropiado a la categoría de su hija un colegio privado a uno público sino que además, ha considerado que ninguno de los muchos, caros y selectos colegios privados que existen en nuestro país sirven para formar a una futura Jefa del Estado a titulo de Reina. En estos últimos cuarenta años siempre ha sido pública y publicada la predilección de la Jefatura del Estado y de sus familiares por lo privado optando siempre por la sanidad privada a la que se acudía para hacerse todo tipo de chequeos médicos o intervenciones quirúrgicas y eso que, como miembro de las fuerzas armadas podía haber tenido acceso a la excelente sanidad militar que, precisamente, por ser militar no deja de ser pública. Que la máxima magistratura del estado, que representa al estado y que vive del estado, desconfíe o no considere adecuada la educación que el estado proporciona a la generalidad de los ciudadanos aunque esta sea en centros privados, cuando el buscado cosmopolitismo se puede encontrar en cualquier centro escolar de Madrid o de cualquier otra ciudad española, resulta... ¡¡¡Toda una declaración de principios!!!.

            En consonancia con el objetivo de modernizar la institución y conducirla hacia "los nuevos tiempos", debe entenderse también la reciente noticia publicada ayer, 3 de marzo de 2021, en la prensa española por la que nos enterábamos de que las hijas del anterior Jefe del Estado y hermanas del actual, Cristina y Elena de Borbón, aprovechando un viaje a los Emiratos Árabes para visitar a su querido padre, se habían vacunado contra el COVID19, con lo cual se vuelve a reiterar la gran confianza que tiene la familia de Su Excelencia el Jefe del Estado a Título de Rey en la sanidad  que ofrece el estado al que representan y del que viven. De hecho es comprensible, considerando el ritmo de vacunación, la falta de vacunas y la lista de espera que existe para ser vacunado en nuestro país, que si cualquier ciudadano español tiene la oportunidad de viajar al extranjero, preferiblemente con un pasaporte diplomático, y encontrarse en  el aeropuerto o en el hall del hotel con una persona que sostiene  en sus manos un cartelito que dice en varios idiomas "¿Desea usted vacunarse contra el COVID?. ¡¡Sígame!!" pues siga a esa persona y se inmunice contra el pérfido virus, sobre todo cuando los españoles y sus políticos podrán escandalizarse, indignarse, clamar por la justicia, pero jamás exigir una adecuada depuración de responsabilidades.

Dos méritos no se le pueden negar al actual Jefe del Estado, Felipe de Borbón. El primero de ellos es haber demostrado aquello de lo que su antecesor hablaba mucho pero explicaba muy poco que era la "ejemplaridad de la institución". Dicha "ejemplaridad" queda hoy pedagógica y nítidamente explicada con los hechos realizados por los que ya sabemos que dicha "ejemplaridad" consiste en marcharse a residir a un país extranjero sin dar explicación alguna, en enviar a la primogénita a estudiar a un selecto colegio privado extranjero con una total falta de confianza en la educación que se proporciona en España y en no esperar turno para ser vacunado... ¡¡¡En eso parece consistir la ejemplaridad de la Jefatura del Estado!!!. El segundo de los innegables meritos mencionados consiste en que, si al principio del presente artículo ignorábamos que había que entender por "los nuevos tiempos", ya comprendemos en qué consiste la realización práctica de tal expresión que no es otra cosa que el conservar los aristocráticos (que no monárquicos) privilegios de los tiempos rancios y disfrutar de las ventajas que los modernos tiempos otorgan a los adinerados burgueses.

            Y todo esto hace surgir una muy pertinente e inevitable pregunta: ¿Se puede continuar siendo Jefe de un Estado cuando se demuestra con hechos que no se tiene mucha confianza en ese estado y, en cierto modo, se desprecia al común de sus ciudadanos?.

            En fin... ¡Ahí lo dejamos!; en julio próximo hablaremos del precio de la carne de gallina.

FELIPE DE BORBON NUNCA DEFRAUDA… AL RÉGIMEN DE LA TRANSICIÓN

El mensaje navideño de Felipe de Borbón ha despertado este año más morbo que interés. El ciudadano medio, como es habitual, ya daba por descontada la retórica hueca, la altivez impostada, el ritual pretencioso y la puesta en escena “kitsch” y hortera. La “porra” consensuada socialmente era: ¿hablará  de su padre? y, ¿en qué términos? Y el jefe del Estado abordó la situación política y jurídica del emérito pasando sobre ascuas, soltando tinta como un calamar acorralado, y fingiendo que el problema no va con él: “los principios morales y éticos están por encima de cualquier consideración, incluso de las personales y familiares”. Es todo cuanto dijo. Declaración a la cual hay que darle el mismo valor y credibilidad que cuando su padre, “el rey huido”, afirmaba  que la “justicia es igual para todos”. Ninguna. 

            Un periodista como Iñaki Gabilondo, ecuánime, formal y ponderado, y desde un medio de inquebrantable adhesión legalista -el diario “el país”-afirmaba el mismo día 24, refiriéndose a la monarquía vigente, “le digan lo que le digan sus palmeros la institución está tocada”. Y tanto que está tocada: comienza a hacer agua. Y el “emérito” es solo la punta del iceberg de los problemas de la Zarzuela.

            La imagen icónica del régimen del 78, el jefe del Estado “a título de rey”, cada vez que comparece ante la opinión pública se aleja imparablemente de una gran parte de la ciudadanía. La brecha no hace más que crecer. Y lo que es peor, su presencia y sus actuaciones polarizan a la sociedad española y la conduce a enfrentamientos y bandosidades cada vez más irreconciliables. El consenso democrático está seriamente dañado. En nombre del “pacto constitucional” y de los “valores democráticos”, con una lectura estrecha y sesgada de la legalidad, no solo se margina a millones de españoles, además, se les culpabiliza y condena como enemigos de la convivencia. No hay diálogo posible.

            Si tras el discurso del 3 de octubre de 2018  Felipe de Borbón ya se enfrentó, y estigmatizó, a millones de catalanes -ciudadanos españoles, no lo olvidemos-, dos años después continua su imparable carrera hacía el sectarismo: todos los partidos de las Españas históricas, tanto los que abogan por la secesión como los que proponen fórmulas ampliamente federativas, cuestionan la monarquía franquista. Una parte significativa de la izquierda, con la actuación de don Felipe, también se ve impelida a alejarse de la Zarzuela. Y aunque no hay estudios sociológicos  concluyentes -el CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) considera irrelevante preguntar sobre la aceptación de la monarquía- está bastante aceptado que los jóvenes españoles consideran a la monarquía vigente una institución obsoleta e inútil. No es solo pasotismo, también beligerancia.

            Los “palmeros” institucionales de don Felipe son el PP, VOX y Ciudadanos, unidos por la lealtad monárquica incondicional e inquebrantable. Franquismo sociológico reconvertido. También se suman al coro de apuntalamiento una parte significativa del aparato judicial, que se está convirtiendo en un poder alternativo a las Cortes, y sectores mayoritarios del Ejército, institución donde suenan ruidos de sables y sed de sangre y venganza. Y ante las actuaciones o pronunciamientos de la Justicia y de las Fuerzas Armadas, la Zarzuela en el mejor de los casos calla, cuando no otorga.

            Y, ¿el PSOE? Cumpliendo el papel que se le asignó en el tardofranquismo: apuntalando el Régimen. No debemos olvidar que el discurso de Nochebuena del jefe del Estado debe de obtener el plácet del presidente del Gobierno. Los socialistas durante la Transición aceptaron, con pingües beneficios políticos y gremialistas, la continuidad de hecho de la herencia franquista: y la monarquía actual es el exponente más significativo. Pedro Sánchez ha sido contundente: no cuestionaremos la monarquía, forma parte del pacto constitucional. Todo lo más están por retoques del maquillaje.

            Pero, hoy por hoy, no existe alternativa posible y articulada al régimen de la Transición. Y, además, una república formal, desde las premisas de la Constitución del 78, tampoco sería la solución. Para nosotros, como carlistas, por razones históricas, políticas y de convivencia democrática debemos de considerar a la monarquía liberal y franquista como inaceptable. Está totalmente periclitada, sin posibilidad alguna de regeneración: si nunca tuvo legitimidad de origen, para nosotros jamás ha podido conseguir algún tipo de legitimidad de ejercicio. Siempre ha sido un instrumento al servicio de las élites dominantes.

            Para nosotros el debate no debemos plantearlo en torno a la forma de gobierno. Debemos de formularlo en términos muchos más amplios: desde un consenso democrático que reformule un pacto de Estado entre todas las Españas. Tampoco debemos caer en radicalismos excluyentes: el consenso democrático y federal puede reformularse, si hay voluntad política, desde la actual Constitución, pero no desde una lectura estrecha y legalista, bien al contrario, desde una lectura inclusiva y ampliamente democrática. O bien, desde un proceso constituyente si los partidos, y partidarios del Régimen, se niegan a cualquier posible diálogo.

            Y tenemos que dejar bien claro a la opinión pública que nuestro rechazo a la actual monarquía no lo hacemos desde una pleito dinástico, de una disputa por la Corona de familia a familia. No, los carlistas no planteamos un pleito dinástico, planteamos un pleito democrático y de consenso desde la pluralidad nacional de las Españas.

 

Josep M. Sabater

En Carlismo Digital

 

LOS ESPAÑOLES REHENES DE UN ESTADO OPRESOR Y DE SU CASTA POLÍTICA

             El pasado viernes, 18 de septiembre de 2020, ante el incremento de contagios por Covid19 en la Comunidad Autónoma de Madrid, su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, anunció medidas restrictivas de derechos para la población de treinta y siete áreas sanitarias básicas de la comunidad autónoma, veintidós de las cuales se encuentran dentro de la propia ciudad de Madrid y quince repartidas entre distintos municipios del sur de la Comunidad. La más polémica de las  medidas es la que confina a los habitantes de dichas áreas dentro de las mismas de las que no podrán salir salvo por determinados motivos.

            En primer lugar, debemos incidir en la dudosa legalidad de la medida de confinamiento de los ciudadanos dentro de determinadas áreas geográficas ya que esto es una medida que afecta al derecho fundamental de la libre circulación por el territorio nacional consagrado en el artículo 19 de la todavía ¿Vigente? Constitución Española que dice "Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional" y que, según el artículo 55 de esa misma Constitución solo podrá ser suspendido "cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución", es decir, conforme al texto constitucional el derecho de libre circulación no podría ser suspendido ni, siquiera, por la declaración del estado de alarma que los españoles hemos sufrido durante los meses de marzo a junio pasado, aunque la Ley Orgánica 4/1981 de 1 de junio que regula los estados de alarma, excepción y sitio en su artículo 11, por no se sabe qué extraña razón, establece que en el estado de alarma se podrá "limitar la circulación de personas y vehículos en horas y lugares determinados" lo que constituye una manifiesta contradicción con lo establecido en el artículo 55 de la Constitución que deja nítidamente patente que tal limitación solo podrá producirse durante los estados de excepción y sitio.

            Contradicciones jurídicas a parte, pudiéndose limitar el derecho a la libre circulación solo bajo la declaración del estado de excepción y sitio o pueda acordarse también durante el estado de alarma, lo fundamental es que para establecer tal limitación resulta imprescindible la declaración del estado de alarma, excepción o sitio, facultad ésta que corresponde en exclusiva al gobierno de la nación previa autorización del Congreso de los Diputados y no a una señora, señorita o lo que sea que preside una Comunidad Autónoma, quien podrá gestionar el estado de alarma declarado por el gobierno, pero no imponerlo y mucho menos limitar el derecho de libre circulación sin la facultad jurídica para hacerlo que sería, como mínimo, la declaración de dicho estado de alarma. La declaración del estado de alarma, excepción y sitio, significa una limitación de derechos y, sin duda, grandes inconvenientes para la ciudadanía pero también suponen ciertas garantías pues los dichos estados han de estar sometidos al control del Congreso de los Diputados y no quedar al capricho del político de turno.

            Así pues, en la situación de degeneración institucional que sufren los españoles, lo menos que se puede exigir a unos dirigentes que tanto cacarean sobre los beneficios y bonanzas del "Estado de Derecho"  es que sean coherentes con su propia legalidad cosa que en este caso, como en otros muchos, no son.

            Después de las anteriores puntualizaciones legales, resulta interesante analizar, política y socialmente, la decisión tomada por la señorita Isabel Díaz Ayuso.

            Tras el levantamiento del estado de alarma y el inicio de la llamada "desescalada" la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, no dejo de pedir insistentemente pasar a la fase dos pasando como de puntillas por la fase cero y uno porque según ella, "Madrid estaba preparada y cumplía los requisitos", lo cual es síntoma de que quien no estaba preparado era el gobierno autonómico madrileño pues había que ser muy necio para no saber que al poco de generalizarse la movilidad de los ciudadanos comenzarían los "rebrotes" y que éstos terminarían convirtiéndose en una "segunda oleada" que nos haría retornar a la casilla de salida de Marzo pasado, casilla a la que estamos muy próximos de volver, si es que no hemos vuelto ya, a pesar de todo lo que manifiesta el gobierno que preside Pedro Sánchez. 

Al reabrirse las fronteras exteriores en julio pasado, Díaz Ayuso, exigió al gobierno de la nación que tomara medidas de control sobre los pasajeros que entraran en Madrid por el aeropuerto de Barajas y ante la negativa o inacción de éste,  la presidenta madrileña no hizo nada. Ciertamente el gobierno autonómico madrileño no podía cerrar el aeropuerto de Barajas al tráfico aéreo, como tampoco puede ahora limitar el derecho de circulación de los ciudadanos sin que se haya declarado, al menos, el estado de alarma; pero podía haber hecho varias cosas como, por ejemplo, suspender el servicio del transporte público, incluido el servicio de taxis, que conecta el aeropuerto con el centro de la ciudad de tal forma que los pasajeros que aterrizaran en él quedasen práctica y materialmente confinados en la zona aeroportuaria.

            Igualmente, desde mediados o finales de julio, cuando todos los indicativos procedentes del resto del país mostraban que el índice de contagios se incrementaba alarmantemente, el gobierno que preside Díaz Ayuso podía haberse ido preparando. Preparándose reteniendo al personal sanitario precariamente contratado durante la primera oleada de la epidemia y que fue despedido al poco de finalizar el confinamiento, preparándose dotando a los colegios de la Comunidad de Madrid de mayores medidas de seguridad para cuando se iniciase el curso escolar, preparándose incrementando el número de test serológicos y PCRs que se realizaban entre los ciudadanos madrileños o favoreciendo la realización privada de los mismos mediante su financiación, preparándose mediante el reforzamiento de la asistencia sanitaria primaria y adecuando espacios para ser utilizados como eventuales lugares de hospitalización alternativos dotados con los medios necesarios, etc..., pero, lamentablemente, el gobierno autonómico madrileño que preside la señora o señorita Díaz Ayuso todo lo confió a la suerte o a la benevolencia de un virus que no la tiene y ahora la culpa resulta ser ¡¡Del ciudadano que vive en determinadas zonas!!.

            El gobierno autonómico madrileño es responsable de esta pésima situación que hoy vive una parte de los madrileños, pero no es el único responsable porque el gobierno de la nación también tiene su parte de responsabilidad al haber abierto durante los meses  estivales las fronteras exteriores idealizando los denominados "pasillos turísticos seguros" y al haber permitido la generalizada movilidad interprovincial o inter autonómica sin control y todo ello para evitar el hundimiento de los sectores turístico y hostelero que, al final, tampoco se ha evitado.

            Los madrileños, o una parte de ellos, se encuentran hoy con su derecho fundamental a la libre circulación suspendido y, lo que es peor, todos con su vida en peligro, situación ésta que amenaza con extenderse a todos los españoles atendiendo a los datos de expansión de la epidemia y, todo ello, porque unos políticos incompetentes, autonómicos y nacionales,  decidieron  irse de vacaciones en vez de tomar las medidas que había que tomar ante lo que todos, menos parece ser que ellos, veíamos venir y que era que los rebrotes se convertirían en una segunda oleada para la que no íbamos a estar mejor preparados que para la primera embestida del Covid19.

            Una vez más, se demuestra que el pueblo español no interesa a su casta política nada más que una vez cada cuatro años para pedirle el voto; una vez más se demuestra que los políticos, que han creado un estado a su imagen y semejanza exclusivamente para exprimir al pueblo español y reprimirlo si es necesario, vive y gobierna al margen de la realidad social de la ciudadanía y, finalmente, una vez más se demuestra que los ciudadanos no somos más que rehenes de una casta política diletante que no hace otra cosa que escaquearse de toda responsabilidad pasándosela los unos a los otros y, en último extremo, hacerla recaer en el pueblo mismo.