Y... ¡¡EL CONSTITUCIONAL SE PRONUNCIÓ!!

Tras casi año y medio de espera dando ejemplo de competencia, entrega y sacrificio, sea dicho esto con todo el cinismo y sarcasmo posible, ¡¡por fin!!, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre las medidas tomadas tras la declaración del primer estado de alarma en marzo del año 2020 y ha declarado que el confinamiento de los españoles que duro tres meses era INCONSTITUCIONAL porque implicaba una suspensión de los derechos fundamentales que no tenía cabida en la figura jurídica del Estado de Alarma.

            Aunque todo indica que el Tribunal Constitucional ha dejado "todo atado y bien atado" para que no puedan plantearse reclamaciones económicas más allá de la nulidad de las multas impuestas y de la devolución de las cantidades cobradas por tales multas, surgen numerosas dudas de cuál es la situación jurídica en la que queda la totalidad del estado y sus instituciones.

            Evidentemente las multas impuestas por supuesta violación del confinamiento devienen nulas y las cantidades abonadas deberán ser reintegradas a aquellos ciudadanos que las pagaron, pero lo que es más importante y sobre lo que nadie incide es lo siguiente: ¿Qué es lo que ocurre con las condenas penales impuestas a los ciudadanos por desobediencia o atentado contra la autoridad?. Durante el confinamiento hubo ciudadanos  (y no faltan imágenes que fueron emitidas por TV que lo prueban) que decidieron no quedarse en casa y salir a la calle por lo que fueron interceptados por la Policía Nacional,  Guardia Civil o incluso por el Ejército y al negarse a identificarse o al mostrarse disconformes de algún modo con el enclaustramiento eran detenidos por delito de desobediencia a la autoridad y/o atentado, dando lugar a la incoación de un procedimiento penal que terminaba con una condena por tales delitos.

            Pues bien, si un policía autonómico, municipal o nacional, un guardia civil o un soldadito del glorioso ejército español intentaban hacer valer con su presunta autoridad el confinamiento, ahora declarado inconstitucional y por tanto ilegal, estaban cometiendo una ilegalidad lo cual les hacía perder, en ese preciso momento, su condición de autoridad por lo que aquellos que se oponían a cumplir las órdenes no estaban cometiendo ningún delito y sí, en cambio, lo estaban cometiendo aquellas presuntas autoridades que cumplían, por convicción o por sumisión, órdenes ilegales. Dicho de otro modo, las sentencias condenatorias por delitos de desobediencia o atentado a la autoridad impuestas a ciudadanos por no obedecer a policías, guardias civiles o soldaditos valerosos deben ser anuladas y se debería deducir testimonio para juzgar por el delito correspondiente a esos soldaditos, guardias civiles o policías porque no pueden quedar amparados, y en este sentido ya se  pronunció la justicia española con motivo del proceso del 23-F e incluso el Tribunal  Penal Internacional de Núremberg, por la "obediencia debida" que por otro lado era una eximente que desapareció de nuestro derecho penal con la entrada en vigor del Código Penal de 1995.

            La sentencia del Tribunal Constitucional no dice que el gobierno no pudiera ordenar el confinamiento de los ciudadanos en sus domicilios, lo que dice es que la suspensión de derechos que conllevaba el confinamiento no tenía cabida en el Estado de Alarma debiéndose haber decretado, al menos, el Estado de Excepción.  Ante esto el gobierno se defiende, y  sus gacetilleros afines lo justifican, diciendo que el Estado de Excepción solo está pensado para alteraciones del orden público y no para epidemias; pero lo cierto es  que algún miembro del gobierno o algún funcionario adscrito a los servicios jurídicos del estado debería de saber, y así haber informado a quien correspondiera, que el orden público tiene muchas acepciones y por orden público no solo se tiene que entender el respeto generalizado de la ley que impida la existencia de disturbios en las calles sino también el normal funcionamiento del estado y de sus instituciones y, por tanto, cualquier situación, en este caso epidémica, que pudiera llevar a dificultar o impedir el normal funcionamiento del estado, sus instituciones o de los servicios públicos y además a poner en peligro de forma generalizada la vida y la integridad física de los ciudadanos es una situación que afecta al orden público y, por tanto, ante una situación de grave epidemia cabe la posibilidad de decretar el Estado de Excepción. 

Lo que realmente ha pasado es el que, en este nuestro pobre país, desde hace décadas las leyes se hacen sin que exista la más mínima fe en ellas por parte de quien las redacta; se promulgan a bombo y platillo como una "garantía para los derechos y las libertades ciudadanas", pero con la intención de no aplicarlas jamás o para aplicarlas arbitrariamente según  convenga y a quien convenga porque aplicarlas implica tomar una decisión (que puede ser imprescindible pero no gozar de popularidad) y hacerse responsable de ella. A ver si, de una vez por todas, se entera quien se tenga que enterar que gobernar no es un concurso de simpatía, que gobernar consiste en hacer lo que se tiene que hacer en beneficio de la colectividad con independencia de la opinión pública. El gobierno del señor Pedro Sánchez debió declarar el Estado de Excepción pero no lo hizo por lo mismo que no lo hubiera hecho un gobierno presidido por Pablo Casado u otro político de la oposición: por no querer asumir la responsabilidad de decretar un estado legal que no se decretaba en España desde la época del régimen franquista.

            Si una persona tiene encerrada a otra en una habitación en contra de su voluntad y sin amparo legal alguno se puede decir que la tiene secuestrada y que esa persona es una secuestradora, así pues ¿Cómo calificar a un gobierno que ha tenido a toda la población encerrada en casa  durante tres meses? ¿Cómo calificar a unas fuerzas de Orden Público que han sido el garrote del gobierno para hacer valer un confinamiento domiciliario declarado inconstitucional?: Pero no nos engañemos, la responsabilidad de haber llevado al estado a la quiebra constitucional, porque si de esta chapuza no se depuran responsabilidades penales eso es precisamente lo que habrá ocurrido, una quiebra del Estado de Derecho; no le corresponde solo al gobierno sino también a los diputados que votaron a favor del confinamiento y sus reiteradas prórrogas, a las fuerzas armadas y del orden público que colaboraron para mantener a la población encerrada en casa y, por supuesto, a un poder judicial que no hizo nada porque estaba escondido no se fuera a contagiar y que, cuando alguien le pidió amparo, tardó casi año y medio en pronunciarse y cuando se pronunció su pronunciamiento carecía efectos prácticos al no evitar el mal producido.

            Y... ¡¡¡El Tribunal Constitucional se pronunció!!!, pero lejos de solucionar un problema, pues la gravedad de la situación exigía que se hubiera pronunciado en unas pocas semanas si no en unos pocos días, ha generado otro problema mayor pues ¿Que ciudadano con sentido común puede confiar en una legalidad que cuando él se la salta le aplican las penas del infierno y cuando se la salta el gobierno y/o las autoridades no pasa nada?. De no abrirse una investigación que depure las responsabilidades penales de todos los individuos e instituciones implicadas en la aplicación del inconstitucional confinamiento, el llamado "Estado de Derecho" y el "Imperio de la Ley" habrán demostrado ser una farsa en manos de unos dirigentes políticos y de unos funcionarios sin escrúpulos que habrán reducido el régimen de 1978 a un estado arbitrario y de falseamiento constitucional.

LOS JARDINES DE AYUSO

El pasado domingo 13 de junio de 2021 los tres partidos de la oposición; Partido Popular, VOX y "Ciudadanos" quisieron reproducir el éxito de febrero de 2019 de las masas patrióticas abarrotando la Plaza de Colón de Madrid, lugar mucho más grande que la Plaza de Oriente de la misma ciudad, y aunque no lo lograron plenamente, sí que pusieron  de manifiesto, clarines al viento y banderas en alto, sus complejos y su única finalidad.

            Partido Popular, VOX y "Ciudadanos" acusan a Pedro Sánchez y al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de querer perpetuarse en el poder a cualquier precio, incluso pactando una estabilidad gubernamental  con aquellos que desean acabar con el mismo estado que ese gobierno representa. Seguramente tengan razón afirmando tal cosa, pero no es menos cierto que el Partido Popular, partido matriz de los otros dos (VOX y "Ciudadanos"), también  hizo lo mismo cuando necesito el apoyo de los nacionalistas periféricos dándoles lo que solo ellos saben  y que hizo que un señor presidente del gobierno reconociera que hablaba catalán en la intimidad (¡¡!!) y mencionara la existencia de un "movimiento vasco de liberación" y que un líder nacionalista periférico afirmara que en una semana con el Partido Popular en el gobierno había obtenido más que en quince años con Felipe González en el poder. Así que...  ¡¡Desvergonzado aquel que sin estar libre de pecado tira la primera piedra!!.

            Pues bien, en la puesta en escena de la manifestación de la Plaza de Colón del 13 de junio pasado no faltó ningún elemento para demostrar  que lo que realmente le importa a las llamadas "tres derechas" no es el país, no es España, sino la simple conquista del poder, no sabemos muy bien para qué; también demostraron que realmente no les interesa desalojar del poder a Pedro Sánchez sino comerse unos a otros para que solo quede uno y no tener que repartir pastel alguno y, por último, igualmente demostraron que no tienen nada que decir más allá de envolverse en la bandera bicolor y gritar ¡¡España!!, ¡¡España!! como los marinos de la flota hundida en Cuba.

            Y en este contexto es donde hay que encuadrar las sorprendentes manifestaciones que hizo la triunfal y exultante presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, doña Isabel Díaz Ayuso, en las que, ni corta ni perezosa, con total desconocimiento de la historia reciente de España en la que, algunos sectores, se referían a Su Excelencia el Jefe del Estado a Título de Rey como "el cuchara" porque ni pinchaba ni cortaba y con plena ignorancia del marco jurídico-constitucional que convierte a la figura del Jefe del Estado en "El Augusto Cero", en palabras pronunciadas por don Juan Vázquez de Mella, no se le ocurre otra cosa que atribuir responsabilidades a quien es jurídicamente irresponsable diciendo: "¿Y qué va a hacer el Rey de España a partir de ahora? ¿Va a firmar esos indultos? ¿Le van a hacer cómplice de esto?".

Las palabras de Díaz Ayuso, aplastante triunfadora en las elecciones autonómicas del 4 de mayo en Madrid y lideresa "in pectore" del Partido Popular a cuya máxima dirección aspira, no constituyen un error, una equivocación o un "jardín" en el que se ha metido sin querer sino que son la expresión de lo que realmente piensa de la Jefatura del Estado, pensamiento del que ya era portadora o tal vez adquirió cuando hacía prácticas periodísticas en Radio Intercontinental de la mano de Eduardo García Serrano.

            Ahora bien, que Isabel Díaz Ayuso dijera lo que dijo implica que en su fuero interno y no necesariamente muy interno, atribuye ciertas responsabilidades al Jefe del Estado por los indultos, pero ¿Solo por los indultos?. En puridad lógica y siguiendo la línea argumental del pensamiento expresado por Díaz Ayuso en la puerta de la sede del Partido Popular, muy cerca de la Audiencia Nacional donde han terminado no pocos dirigentes populares y muy próxima a una Plaza de Colón donde no se atrevió a acercarse; si Pedro Sánchez hace cómplice al Jefe del Estado por presentarle a la firma unos indultos, Adolfo Suarez hizo cómplice al Jefe del Estado por firmar los Estatutos de Autonomía, Felipe González hizo cómplice al Jefe del Estado por firmar la ley que despenalizaba el aborto, José María Aznar hizo cómplice al Jefe del Estado por indultar a Vera y a Barrionuevo, José Luis Rodríguez Zapatero hizo cómplice al Jefe del Estado por sancionar la Ley de Memoria Histórica y Mariano Rajoy  hizo cómplice al Jefe del Estado por estampar su firma en ley de la reforma laboral y la ley de reforma de las pensiones que suponía la pérdida de poder adquisitivo de éstas. En definitiva,  el desarrollo lógico del pensamiento de doña Isabel Díaz Ayuso, del que su discurso es solo una mínima exteriorización, lleva a la única conclusión de que el Jefe del Estado es el responsable último de todo.

            Ni Arrimadas, ni Monasterio ni Olona; Isabel Díaz Ayuso es la estrella emergente en la, por el momento, fragmentada derecha española y requiere, necesita, precisa de un discurso propio y diferenciador de los demás zorros que aspiran a entrar en el gallinero que la permita postularse, primero, como líder del Partido Popular para, luego, optar al Palacio de la Moncloa, el cual es su único y verdadero objetivo aunque para ello tenga que convertirse, además de en nueva lideresa de la derecha española unitaria, en la nueva matrona republicana.

 

¡¡¡NI UN TONTO MÁS!!!

A las 00.00 horas del día 9 de mayo pasado terminaba el estado de alarma que ha estado vigente durante seis meses sin que se haya renovado cada quince días como, en principio, establece la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, reguladora de los estados de alarma, excepción y sitio siendo celebrada dicha finalización con numerosas concentraciones festivas en las que se relajaron las medidas de protección y el consumo desmedido de alcohol produjo numerosos ingresos en los servicios de urgencias hospitalarios ocasionados por "comas etílicos" e hicieron dispararse todas las alarmas de que la falta de responsabilidad de los ciudadanos pudieran provocar nuevos brotes de COVID19 en los próximos días y todo ello a pesar de la vacunación que, si bien avanza, no ha alcanzado todavía un porcentaje mínimo de seguridad colectiva.

            Aunque el estado de alarma ha terminado la epidemia continua y si los ciudadanos deben mantener todo tipo de precauciones para evitar contagios, las autoridades han de adoptar las medidas pertinentes para contener la epidemia, pero el gobierno que preside Pedro Sánchez, alegre e irresponsablemente, ha pasado la responsabilidad de la toma de medidas de contención del virus a las Comunidades Autónomas, las cuales no disponen de los instrumentos jurídicos necesarios para tomarlas. Por su parte el Jefe del Partido Popular y líder de la oposición, Pablo Casado, acusa al gobierno de no haber querido acordar con él una "Ley de Pandemias" que permitiera a las Comunidades Autónomas gestionar limitaciones al ejercicio de derechos fundamentales.

            Pues muy bien, la aún vigente Constitución de 1978 es muy clara, extrañamente clara en comparación con otros temas, cuando dice en su artículo 55 que "Los derechos reconocidos en los artículos 17, 18, apartados 2 y 3, artículos 19, 20, apartados 1, a) y d), y 5, artículos 21, 28, apartado 2, y artículo 37, apartado 2, podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución"; es decir, fuera de los estados de Alarma, Excepción y Sitio no se pueden establecer medidas restrictivas de derechos fundamentales y el pretender crear una ley en este sentido sería una clara vulneración de la Constitución.

            El problema, el único problema, radica en que el Gobierno de Coalición PSOE-PODEMOS ignora qué es gobernar. Gobernar es asumir responsabilidades y tomar decisiones y el Sr. Sánchez no quiere tomar ninguna decisión que pueda suponer una merma de su popularidad cara a unas elecciones y como el "Estado de Alarma" supone una incomodidad para los ciudadanos y merma la popularidad de quien lo decreta pues no desea asumir tal responsabilidad y eso que la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, que regula los estados de alarma, excepción y sitio deja un enorme margen de maniobra al gobierno que es el único competente para acordar cualquiera de esos estados excepcionales pudiéndose acordar el "Estado de Alarma" tan solo en una Comunidad Autónoma o en una parte concreta de ella haciendo posible, en tal caso, compartir la gestión del "Estado de Alarma" con las autoridades autonómicas de la comunidad de la que se trate por lo que a todo punto resulta innecesaria la elaboración de la "Ley de Pandemias" sugerida por el Sr. Casado, la cual lo único que aportaría sería mayor conflictividad legal y competencial además de suponer un peligro cierto para las libertades.

En realidad el gobierno y el principal partido de la oposición están planteando un problema donde no lo hay y suscitando un debate a todas luces innecesario. Ante la crisis sanitaria que padece nuestro país lo que tiene que hacer el gobierno es gobernar y si tiene que decretar un "Estado de Alarma" en todo el territorio nacional o ir decretando "Estados de Alarma" en determinadas Comunidades Autónomas que lo haga pero lo que desde luego no puede continuar es desplazando la responsabilidad a otras instituciones que no tienen instrumentos jurídicos para asumirlas y por supuesto, no se pueden crear esos instrumentos, como pretende Pablo Casado, cuando ya existen y lo único que tiene que hacerse es que quien tiene la facultad y la obligación de utilizarlos los utilice.

            El Gobierno que preside el Sr. Pedro Sánchez está demostrando que no es un mal gobierno, sino algo mucho peor. Un mal gobierno es el que toma malas medidas, hace malas o injustas leyes y toma malas o erradas decisiones; el gobierno del Sr. Sánchez es, simplemente, un gobierno que no quiere asumir responsabilidades ni tomar decisiones convirtiéndose, por tanto, en el mero desgobierno.

            Ante una crisis sanitaria como la que padecemos no se puede confiar todo a la responsabilidad de los ciudadanos cuando los propios dirigentes políticos se niegan a asumir las responsabilidades inherentes al ejercicio de sus cargos. Si se volviera a hacer necesario tomar medidas restrictivas de derechos fundamentales ya existe en el ordenamiento jurídico español un instrumento para ello que es la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio no siendo necesaria ningún otro, requiriéndose tan solo la voluntad y el valor de asumir la responsabilidad de aplicarlo.

            No quiero terminar sin poner un símil cómico o, mejor dicho tragicómico, que explica muy bien lo que está pasando. Considerando que la responsabilidad más grave que se tiene que asumir en política es tener que declarar una guerra ¿Alguien se imagina que Pedro Sánchez y Pablo Casado hubieran sido respectivamente "el Primer Ministro" de la Gran Bretaña y el "Leal Jefe de la Oposición" el día 1 de septiembre de 1939? Pues seguramente, en tal caso, Pedro Sánchez hubiera derivado la responsabilidad de declarar la guerra a Alemania a los distintos pueblos y territorios que integraban el Imperio Británico y Pablo Casado hubiera exigido del Gobierno de Su Majestad que se elaborara de mutuo acuerdo una ley ordinaria que permitiera a esos distintos pueblos y territorios del Imperio Británico combatir con las armas a la Alemania nazi y en la que la guerra no se llamara guerra ni la movilización, movilización.

    Por mucha corrupción, irresponsabilidad, cortedad de miras, oportunismo y egoísmo procedente de los políticos que pueda aguantar un estado, desde luego no puede aguantar durante mucho tiempo la acción de unos idiotas que poseen un muy alto e injustificado concepto de sí mismos como el que están demostrando poseer los distintos miembros de la hispánica casta política.

            Señores: ¡¡¡la política española ya no soporta ni un tonto más!!!