¿QUÉ HACER EL 28 DE ABRIL?

 Nuevamente los españoles hemos sido convocados, el próximo domingo 28 de abril, a unos comicios electorales para elegir representantes al Congreso de los Diputados y al Senado que a su vez elegirán al gobierno que dirigirá el país los próximos cuatro años.

            Seguramente estemos ante la campaña electoral más sucia de los últimos cuarenta años y que es resultado de la radicalización que los políticos están transmitiendo irresponsablemente a la sociedad.

            Han pasado casi tres años desde las últimas elecciones generales celebradas en junio de 2016 y los problemas que afronta el país, lejos de verse reducidos o solucionados, han aumentado. En materia socio-laboral no hay más trabajo ni más riqueza pues el empleo creado es de tan pésima calidad que el trabajar ya empieza a no garantizar el no terminar en la exclusión social, en matera puramente económica se notan indicios de desaceleración que hacen que numeroso analistas económicos hablen de una próxima crisis para el año 2020 y en materia política el país está poco menos que descuajaringado debiéndonos formular la pregunta de ¿Qué es lo que realmente nos une a los españoles y nos convierte en una comunidad política?.

            Estos últimos tres años se han pasado en blanco y ninguno de los partidos políticos que han desempeñado funciones de gobierno, Partido Popular y Partido Socialista, así como todos aquellos partidos con representación parlamentaria que los han apoyado no pueden presentar ningún balance de resultados positivo.

            Algunos objetarán que el Partido Popular ha sido el partido de los recortes, cosa que es cierta y que el Partido Socialista, olvidándose de que fue el partido que congeló las pensiones en 2011, es el partido que en los últimos nueve meses ha subido las pensiones y el salario de los funcionarios, pero ¿Por qué motivo y a qué precio?. Pues el motivo es evidente: puro electoralismo y el precio es el incremento del gasto público que hará que tales subidas muy posiblemente no se puedan mantener en el tiempo. De hecho es de saberse que instaurar un derecho es muy fácil, lo difícil es mantenerlo indefinidamente en el tiempo (qué es, por cierto, lo que le confiere el carácter de derecho y no el de simple concesión) y que estas medidas cosméticas y electoralistas del gobierno de Pedro Sánchez bien podían haberse completado con el establecimiento de una paga extra adicional para todos los trabajadores a falta de la prometida derogación de las reformas laborales y bien digo reformas, en plural, porque la puerta a la degradación del mercado laboral la abrió el propio Partido Socialista cuando aquella primera reforma laboral de 1988 a la que luego se sumo una nueva, también socialista, en 2010 y concluyó, hasta el momento, con la reforma laboral del Partido Popular de 2012.

            Los políticos que dicen hoy lo que ayer negaban, los políticos que afirman tener soluciones para los problemas que ellos mismos han creado, los políticos que con una mano nos quitan lo que nos dan con la otra y que al llegar a tocar poder incumplen sus promesas haciendo todo aquello que decían que no iban a hacer, no son dignos de confianza. Y en esa falta de confianza incurren TODOS, absolutamente todos, los partidos y políticos que concurren a estas elecciones con posibilidades de hacerse con la victoria en los comicios.

            Desde el punto de vista de quien esto escribe, la situación se reduce a lo siguiente: Unos señores  que nos van a engañar porque así ha quedado probado repetidas y numerosas veces, que van a vivir opíparamente a nuestra costa y que nos van a llevar a donde seguramente no queramos ir, nos piden el voto, esto es nuestro consentimiento, para todo ello. Pues bien, evidentemente ante tal cosa, solo cabe una salida digna la cual es no prestar dicho consentimiento, es decir abstenerse y no votar, porque si no votas todo lo que hagan será contra tu voluntad y, al menos, salvarás tu dignidad demostrando que no te has dejado tomar el pelo.

            Así pues, el próximo 28 de abril, para salvar tu dignidad:

NO VOTES, ¡ABSTENTE!

Y... SI LO HACES

HAZLO AL MAS DECENTE

... Si es que lo encuentras.

CONSIDERACIONES SOBRE LA MOCIÓN DE CENSURA

El brujo....

El debate de la anunciada Moción de Censura presentada por PODEMOS tuvo lugar la semana pasada con el resultado que era de esperar pues fracaso y por mucho al cosechar tan solo 82 apoyos frente a los 170 del gobierno. Y al no prosperar la Moción, los medios de comunicación afines al Partido Socialista y al Partido Popular acusan al líder de PODEMOS de irresponsable o, ingenuamente, proclaman la victoria del Presidente del Gobierno. Mariano Rajoy, lo cual no sé si acerca estos medios a las subvenciones pero lo que es seguro es que los aleja de la realidad política del país.

            Ningún jefe político que se precie formula una Moción de Censura si esta no responde a una estrategia definida o a una finalidad poderosa la cual no tiene por qué ser necesariamente la de desalojar del poder al gobierno de turno. La Moción de Censura presentada por PODEMOS sigue el modelo de aquella Moción de Censura que en los albores de la democracia, allá por 1980, presentó el entonces líder socialista, Felipe González, contra el entonces Presidente del Gobierno y líder de la Unión de Centro Democrático (UCD), Adolfo Suárez.  

            Ni la Moción de Censura de Felipe González en 1980 ni de de Pablo Iglesias en el 2017 tenían visos de prosperar dada la realidad aritmética de un parlamento que hacía imposible que los respectivos candidatos a la Presidencia del Gobierno obtuvieran la mayoría absoluta requerida para gobernar. Así pues, si en ambos casos se sabía de antemano que no se iba a producir un cambio de gobierno, ¿Por qué se insistía en una Moción de Censura condenada al fracaso?. La respuesta a esta cuestión no puede ser más sencilla: las Mociones de Censura también sirven de medio propagandístico además de aclarar el panorama político cara a unas futuras elecciones.

            Con la Moción de Censura de 1980 el Partido Socialista Obrero Español golpeaba un gobierno débil apoyado en un partido, la Unión de Centro Democrático, que estaba en franca descomposición por lo que con poco o ningún desgaste consiguió encumbrar la figura de Felipe González a la categoría de hombre de estado a la vez que conseguía agrupar el apoyo de todo el espectro parlamentario de la izquierda que, tan solo dos años más tarde, se desangraría electoralmente a favor del PSOE.

            Posiblemente, la semana pasada  PODEMOS buscaba un efecto similar al buscar claramente dos cosas: la primera relanzar a su líder, Pablo Iglesias, luciéndolo en una batalla parlamentaria contra el señor Rajoy en la que contaba con explotar ampliamente la corrupción generalizada del Partido Popular y la segunda poner al Partido Socialista en la disyuntiva de favorecer un  gobierno de cambio o permitir la continuación del gobierno del Partido Popular.

...Y los aprendices

            No obstante, aquello que consiguió el PSOE en 1980 no lo ha conseguido PODEMOS en 2017 al no haber sido consciente de las condiciones objetivas. El Partido Popular de hoy no es la UCD de 1980 porque mientras esta estaba en tal estado de descomposición que su situación interna obligaría a dimitir al Presidente del Gobierno pocos meses después de superar la Moción de Censura, el Partido Popular es un partido que se presenta públicamente como monolítico y que no tiene otro objetivo que conservar el poder cerrando filas bajo la consigna de "con razón o sin ella, siempre con el jefe que nunca se equivoca". Por otra parte, todo político sabe que los casos de corrupción terminan siempre por amortizarse políticamente con el simple transcurso del tiempo por lo que la corrupción solo tiene la posibilidad de afectar grave y definitivamente a un partido político si, con gran escándalo, estalla algún caso en plena campaña electoral. 

            Por otra parte, aunque el Partido Socialista Obrero Español se ha instalado en la misma abstención que permitió acceder al poder al Partido Popular, circunstancia esta que podría ser aprovechada (y seguro que lo será) por PODEMOS para acusarle de una supuesta defección a la izquierda, éste siempre podrá argumentar que aún no había tomado las riendas del partido la nueva directiva con su nuevo Secretario General, Pedro Sánchez, al frente por lo que la Moción de Censura no desgastara demasiado al PSOE en favor de la formación morada. 

            Finalmente la propia actuación del candidato propuesto por PODEMOS, Pablo Iglesias, se aleja mucho de la imagen que el líder del PSOE dio en 1980. Pablo Iglesias no ha salido reforzado de la Moción de Censura, incluso al recabar el apoyo exclusivamente de ERC, Bildu y Compromís (formación que, por cierto, forma parte de PODEMOS) va a permitir al Partido Popular explotar en los próximos comicios el miedo que la formación morada inspira en no pocos electores presentándose como la única alternativa de gobierno frente a una presunta situación de caos. 

            Para cualquier analista político por poco sagaz que sea, lo único que ha dejado claro la Moción de Censura de la semana pasada ha sido la caótica situación en la que se encuentra el estado el español y la total ausencia de ideas y programas de los distintos miembros de una casta política parcialmente renovada que no tiene la más mínima seriedad y altura de miras, que carece de cualquier concepto de estado y de la que se encuentra ausente toda vocación de servicio público al anteponer los intereses particulares y de partido al interés general del país.

¿NACIONALIZACIÓN DE LAS ELÉCTRICAS?

            Que la izquierda está en crisis, es de todos sabido desde que en 1968 la entonces Unión Soviética invadiera la también entonces existente Checoslovaquia y acabará con lo que se denominó "La Primavera de Praga". 1968 fue el año en que la práctica totalidad de los Partidos Comunistas de Occidente rompieron con su obediencia soviética e intentaron reinventarse buscando nuevas fórmulas ideológicas como el eurocomunismo y otras surgidas del Mayo Francés que no hicieron más que profundizar esa crisis que pasó de ser orgánica a ser ideológica y existencial.

            Esto viene a cuento de una curiosa pegatina del Partido Comunista de España que vi el otro día, y que por cierto es prácticamente una copia de la que hace unos años sacó la CNT y otros sindicatos no oficialistas, en la que se clama por la "Nacionalización de las Eléctricas". Ahora bien, esta pegatina, o mejor dicho el mensaje que contiene, no deja de ser abstracto y poner de manifiesto la grave confusión de ideas que tiene la izquierda.

            Si como es previsible lo que se pide es la nacionalización de las eléctricas que operan en España resulta que las mismas no se pueden nacionalizar por el hecho de que la nacionalización es simple y llanamente que aquello que es de titularidad o propiedad  de extranjeros pase a manos de nacionales o del estado por lo que es requisito "Sine Qua Non" para que la nacionalización tenga lugar que la empresa a nacionalizar sea propiedad de no nacionales españoles cosa que no ocurre en el caso de las eléctricas que operan en nuestro país. Las eléctricas que operan en España son sociedades mercantiles con domicilio en España, nacionalidad española y mayoritariamente propiedad de accionistas españoles por lo que no se puede nacionalizar una empresa que ya es española.

            Así pues, la izquierda, a consecuencia de su crisis, confunde "nacionalización" con otros términos y acciones como "expropiación", "incautación" y sobre todo "socialización" término que desde hace mucho tiempo parece abandonado y borrado de su vocabulario.

Las evidentes similitudes manifiestan una falta de imaginación

La "Expropiación" es una acción administrativa mediante la cual el estado priva, por motivos de utilidad pública o interés social,  a uno o varios propietarios particulares de un bien o derecho a cambio de una indemnización.

            La "Incautación" es una acción judicial o administrativa mediante la cual se priva a uno o varios propietarios de un bien o derecho  sin que medie indemnización alguna.

            Por último la "Socialización" es la acción de transferir al estado, o a otro órgano colectivo, algo de propiedad privada, especialmente un servicio o medio de producción a fin de que sea utilizado por la generalidad de la sociedad.

            En la actualidad, cuando la izquierda española habla de "Nacionalizar" en realidad lo que quiere decir es "Estatificar" es decir, convertir algo privado en estatal. Y en el caso de las eléctricas resulta que la mayoría de ellas ya eran propiedad del estado a mediados de los años ochenta del siglo pasado, siendo ese partido de izquierdas llamado Partido Socialista Obrero Español (PSOE) quien, siguiendo órdenes de las instituciones europeas, decidió privatizarlas dando origen al actual problema que plantean de dar un servicio caro y deficiente que arroja al abismo de la pobreza energética a numerosas familias españolas.

            Las eléctricas, al igual que todas aquellas empresas que actúen en un sector estratégico o de alta incidencia pública deben formar parte de un sano sector industrial público, de propiedad estatal, gestión empresarial y finalidad social pero este no es el tema que pretendemos tratar en el presente artículo sino  el de la crisis ideológica de una izquierda que ya no sabe que leguaje utilizar y que ha encontrado en "la nacionalización de las eléctricas" el mismo mantra que otros en tiempos pasados encontraron en "la nacionalización de la banca".

            Por otra parte la mera "Nacionalización", "Estatificación", "Expropiación", "Incautación" o cualquier otra fórmula que se pueda elegir no garantiza por sí sola nada porque la historia económica de nuestro país, incluso la más reciente (1), nos demuestra que cualquiera de esas fórmulas solo sirvieron para que, mediante la intervención del estado, empresas privadas cambiasen de propietario privado a través de lo que luego se dan en llamar las privatizaciones. De hecho ¿Acaso el actual sector eléctrico y energético español no procede de esas privatizaciones?.

            Si lo que en realidad se persigue con la "Nacionalización", "Estatificación", "Expropiación", "Incautación" es garantizar la función social de un servicio público tal finalidad exige una planificación económica de ese sector que le permita automantenerse económicamente y expandirse para que su función social pueda prolongarse indefinidamente en el tiempo y no se convierta en un lastre para las finanzas públicas.

            Exigir la "Nacionalización" de las eléctricas no solo demuestra la confusión de ideas de una izquierda en crisis sino el abandono de aquel cientificismo económico-social del que hacía gala desde sus orígenes para instalarse en la vaga política del bonito y llamativo "slogan" detrás del cual, simplemente, no hay nada.

(1) Caso RUMASA, por ejemplo