NO ES “AUSTERICIDIO”, ES “GENOCIDIO”

Dentro de la política de “austeridad” emprendida por el gobierno del Partido Popular, que curiosamente prevé recortes para todos menos para los miembros y grupos relacionados con la casta mal dirigente del país, la semana pasada se aprobó imponer el pago del diez por ciento a cincuenta medicamentos dispensados exclusivamente en las farmacias de los hospitales y destinados a combatir enfermedades graves así como imponer también el pago al paciente de otros servicios sanitarios imprescindibles como ambulancias, prótesis, sillas de ruedas, etc.…. 

            Los más afectados por estas medidas, evidentemente, serán los enfermos crónicos, los que padecen enfermedades graves y los pacientes integrantes de la Tercera Edad. Teniendo en cuenta que la mayoría de los pacientes que requieren este tipo de medicación y de servicios sanitarios no pertenecen ya a la población activa y son beneficiarios de algún tipo de pensión de invalidez o de jubilación y que las cuantías de estas pensiones no son muy grandes no se puede deducir nada más que estas medidas, unidas a otras adoptadas el año pasado, van dirigidas directamente contra un colectivo social muy concreto y que, casualmente o no, coincide con un colectivo que es económicamente deficitario para las arcas del estado al requerir la máxima protección social y sanitaria.

            Aunque este nuevo pago ordenado por el gobierno tiene un tope máximo en virtud del cual el paciente no tendrá que abonar más de cinco euros al mes hay que tener presente que cinco euros de aquí otros ocho de allí y veinte del otro lado suman una cantidad suficiente para disminuir la capacidad de supervivencia de una modesta economía doméstica como es la de los pensionistas poniendo en un riesgo cierto su salud y empujándoles hacia la extinción por consunción. Por otra parte, tal limitación es una completa ficción y este nuevo copago equivale a la implantación de un precio o tasa lineal para cada uno de los pacientes de unos cinco euros mensuales porque casualmente los medicamentos dispensados en las farmacias de los hospitales, además de tener que estar sometidos a un férreo control por ser extremadamente perjudiciales en caso de utilización indebida, no son nada baratos y suelen superar todos el precio de los cien euros.

            En los inicios del gobierno del señor (por llamarle de alguna forma) Rajoy, cuando se adoptaron los primeros recortes, mientras los portavoces del Partido Popular hablaban de “austeridad” en algunos medios de comunicación se hablaba de una política de “austericidio”, pero en realidad el gobierno nunca ha tratado de llevar a cabo una política austera porque la austeridad consiste en eliminar lo superfluo y tal vez, solo tal vez, disminuir en lo necesario, pero jamás, en ningún caso, reducir lo imprescindible y hoy en día el gobierno sigue gastando o permitiendo que se gasten miles de millones en lujos superfluos como el despliegue de tropas a miles de kilómetros de distancia, charadas como las olimpiadas o subvenciones a partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales.

            Por otra parte tampoco se puede hablar de “austericidio” porque las personas que acuñaron este término lo razonaban diciendo que el presunto ahorro que se iba a generar con las llamadas medidas de austeridad emprendidas por el gobierno iban a tener como consecuencia final un gasto público mayor al disminuirse los ingresos y desplazarse el gasto a otras partidas como el paro. Es decir, el término “austericidio” implica la realización de una acción inconscientemente errónea que lleva al resultado contrario al que se pretende conseguir. En cambio, resulta muy difícil (por no decir imposible) de creer que el actual gobierno no sea consciente de que las medidas de recortes, privatizaciones y copagos adoptadas en un servicio público tan imprescindible como es la sanidad no va a perjudicar seriamente a la salud de decenas de miles de personas que padecen enfermedades graves sometiéndoles a condiciones de existencia que pueden acarrear su extinción física.   
        

Los perjudicados por las nuevas medidas adoptadas por el gobierno popular en el ámbito sanitario constituyen un grupo social homogéneo claramente identificado entre la población y que esta constituido por los enfermos graves y los ancianos con rentas bajas; es decir los enfermos graves y ancianos con rentas altas quedan excluidos de los perjuicios que ocasionan estas medidas porque los gastos que la imposición del nuevo copago les van a provocar solo supondrán un ínfimo porcentaje mensual de su renta. Así pues, si el grupo esta claramente identificado (enfermos y ancianos de rentas bajas) ¿No estamos claramente ante una medida que se toma de manera voluntaria y consciente contra un grupo social concreto?. Considerando que este colectivo social es un grupo que genera demasiados gastos al estado en concepto de sanidad y pensiones ¿No es posible que exista un deliberado interés en acortar su vida a fin de conseguir un ahorro en tales conceptos?.

            La historia nos demuestra que en un pasado no demasiado lejano hubo estados, y no solo los estados totalitarios de entreguerras, que pusieron en marcha campañas eugenésicas con la finalidad de generar un ahorro en sus gastos asistenciales esterilizando a deficientes mentales, alcohólicos y marginados sociales muchos de los cuales no padecían ninguna patología o adicción sino que de lo único que sufrían era de una pobreza extrema. Por otra parte, también nos demuestra la historia que hubo estados que pusieron en marcha campañas de eutanasia forzada con la misma finalidad. Y aquí surge la cuestión, poner dificultades, por mínimas que estas sean, o limitar, por razones económicas, el acceso a tratamientos médicos posibles contra enfermedades existentes ¿No equivale a una eutanasia pasiva pero sobre todo inducida?.

            Atendiendo a lo expuesto a lo largo de este artículo, solo cabe concluir que la política neoliberal emprendida por el gobierno del Partido Popular con la complicidad tácita o el apoyo expreso de otros grupos políticos con representación en el Congreso de los Diputados no tiene ningún soporte moral ni científico sobrepasando largamente el concepto de “austericidio” para acercarse, con paso firme y pausado, a las fronteras del “genocidio” las cuales traspasará en el mismo instante en que fallezca el primer paciente que, por no poder hacer frente al nuevo copago farmacéutico, se vea privado de la medicación que le sea imprescindible.

NOTA.- La primera imagen que ilustra este artículo es un cartel a favor de la eutanasia de la época del III Reich cuya leyenda reza así: "Este enfermo hereditario cuesta 60.000 Marcos".

GENIOS DE ESPAÑA Y ACTITUDES "EMPRESARIALES"

Todos recuerdan el famoso "¡Que inventen ellos!" con el que se lamentaba un famoso escritor de la generación del noventa y ocho de la ausencia de amor por la ciencia y la tecnología que había en las Españas de finales del siglo XIX y principios del XX abriendo un debate intelectual de gran duración y calado sobre el abandono de las disciplinas científicas y técnicas por parte de los españoles no resultando nada más falso que atribuir a la abulia, al desdén o a la más completa ausencia de inteligencia natural en los súbditos hispanos, que los hacían seres vedados para toda cuestión científico-técnica; la situación trágica de la investigación en nuestro país.

Ciertamente, en nuestra historia son escasos los premios Nobel en disciplinas científicas y más aun resultan escasas las patentes de inventos geniales reduciéndose el más famoso de ellos a la conocida y popular "Fregona", pero no es más cierto que tal escasez no se debe a la ausencia de personalidades geniales que con su trabajo y tesón individual dieron al mundo entero grandes inventos de suprema relevancia que aun hoy, perfeccionados y mejorados, se siguen utilizando.

Podemos y debemos citar a Monturiol que inventó el submarino moderno y a Isaac Peral que lo perfecciono creando el submarino eléctrico que fue utilizado hasta los años cincuenta del siglo XX, asimismo tenemos que citar a Torres Quevedo que diseño un dirigible superior al que en la misma época había diseñado el alemán Von Zeppelin y por último a Juan de la Cierva que inventando el "Autogiro" abrió el camino al helicóptero y al avión de despegue vertical.

Entonces ¿Como es posible que tales creaciones españolas se ignoren por parte de los mismos españoles y que se haya especulado durante mucho tiempo sobre la indisposición en España hacia la ciencia?. La respuesta a esta pregunta se encuentra en las mismas biografías de los genios anteriormente citados. Isaac Peral murió en Berlín donde el gobierno alemán le hizo toda clase de propuestas para hacerse con el invento del sumergible ante lo cual siempre respondía: "Este invento será para la Patria o no será para nadie", Torres Quevedo, firmó un contrato en 1913 con la compañía francesa ASTRA para fabricar su dirigible si bien en el contrato excluyo a España del pago de los derechos de patente en caso de que decidiera adquirir dirigibles y finalmente Juan de la Cierva, abandonó España en la década de los años veinte del pasado siglo para desarrollar su "Autogiro" en la Gran Bretaña. Es decir, todos estos genios y, sin duda muchos más que nos resultan anónimos, tuvieron que abandonar España para que sus inventos dejasen de ser sueños diseñados sobre el papel y se convirtieran en realidades concretas y todo ello porque no encontraron en este país el más mínimo apoyo económico del llamado "sector empresarial".

Empresario es, como su propio nombre indica, el que emprende, el que empieza, el que abre camino y el que, por tanto, se arriesga, pero en Las Españas de hoy, de ayer y de siempre, aunque algunos se llamen empresarios y se agrupen en "asociaciones empresariales" no existen tales siendo los individuos que tal nombre usurpan vulgares desalmados (no tienen alma ni espíritu generoso), apátridas (no conocen vinculación a tierra, tradición o comunidad alguna) y egoístas (no van más allá de su minúsculo interés individual) que buscan el mayor de los beneficios en el menor de los tiempos posibles, dan la espalda a todo tipo de innovación que implique un desembolso económico inmediato aunque posteriormente genere los mayores y mejores beneficios que son aquellos que perduran largamente en el tiempo y que, siendo más propensos a la práctica de la especulación y de la usura con el único objeto de conseguir un enriquecimiento tan rápido y grande como colectivamente estéril; tienen hipotecada toda la producción nacional y por tanto, gran parte de la economía española, a la obtención y graciosa concesión de licencias extranjeras para fabricación de los más elementales productos cotidianos.

Esta es la cruda realidad que hace que el país que ha dado el submarino moderno, tenga que fabricar sus submarinos bajo licencia francesa, que el país que ha dado el autogiro, precursor del helicóptero contemporáneo, carezca de una fuerte y competitiva industria aeronáutica propia; por tanto los programas de I+D (Investigación más Desarrollo) que planifiquen los gobiernos siempre fracasarán, no por la ausencia de investigación o investigadores, que aun en el falso caso de no existir genios propios y autóctonos siempre se podrán adquirir en el extranjero (1) sino por el total desinterés del llamado "Sector privado" en desarrollar lo inventado, diseñado o descubierto.

Una verdadera política de desarrollo científico y tecnológico no es ni puede ser ajena e independiente de una política económica general del país la cual exige cada vez más un cambio de la actitud empresarial y, en caso de no darse esta, la imposición de una férrea disciplina que haga que la economía sirva a los intereses generales del pueblo y del estado apartando de la vida económica a esos especuladores, usureros e ingenieros financieros que actúan como verdaderos parásitos de las clases creadoras y productivas de Las Españas, logrando su más completa defenestración social.

(1) Muchos podrían ser los ejemplos pero nos limitaremos a citar los casos del ingeniero aeronáutico Fockker el cual era holandés a pesar de haber desarrollado sus diseños e inventos en y para el Imperio Alemán en la primera década del siglo XX y el más sangrante caso de los ingenieros de la Messermicht que habiéndose refugiado en España tras el final de la II Guerra Mundial, trayéndose consigo los planos y diseños de los aviones a reacción no consiguieron financiación ni apoyo para producir y desarrollar sus diseños con lo que se renunció a tener una industria aeronáutica propia y competitiva.

PRIVATIZAR SIN PRIVATIZAR ¿COMO SE VA A HACER?

Está en el ambiente y se respira en el aire siendo motivo de innumerables protestas ciudadanas principalmente en Barcelona y Madrid. No se trata de la contaminación o tal vez sí, pero desde luego no de la contaminación atmosférica sino de otro tipo. Nos referimos a las probables, más que posibles, privatizaciones de servicios públicos como la educación o la sanidad que pueden tener lugar en la próxima legislatura como consecuencia de la crisis económica.

En realidad las privatizaciones han estado presentes en la política y en la economía española desde que empezaron a venderse las primeras empresas públicas a mediados de la década de los ochenta del pasado siglo con motivo de la mal llamada “Reconversión Industrial” que más debería haberse llamado “Desindustrialización Programada”, aunque jamás fueron objeto de las mismas servicios públicos fundamentales con los que la ciudadanía tenía relación directa.

Los ciudadanos hoy están protestando, con justicia y con razón, contra las privatizaciones, pero con la ingenua creencia en que, si no son atendidas sus reivindicaciones, llegará un día en que los gobernantes venderán directamente las instalaciones educativas y sanitarias con todos los materiales y mobiliario existente en su interior a unas empresas privadas que a partir de ese momento se harán cargo del abono de emolumentos al personal docente y sanitario y gestionaran la educación y la sanidad con criterios puramente empresariales y con plena obediencia a las leyes del mercado.

No obstante, tal cosa no solo no sucederá así, sino que además la privatización de la educación y de la sanidad llegará ante la indiferencia de los ciudadanos cuando no atendiendo a una clamorosa exigencia de los mismos y ello porque previamente habrá un proceso de transición, que ya ha comenzado hace unos años, en el que no se ahorraran esfuerzos para modificar la opinión ciudadana sobre los servicios públicos.

Si la privatización de la educación y de la sanidad tuviera lugar en la forma como cree la opinión pública, las instituciones políticas tendrían un grave problema pues el personal funcionario de tales servicios no podría ser reubicado en su totalidad ni en el sector público ni en el sector privado generándose un importante número de nuevos parados que no aliviarían precisamente el gasto público sino que simplemente modificarían el concepto de dicho gasto que pasaría de los presupuestos de educación o sanidad al de prestaciones por desempleo. Por otra parte, la privatización de tales servicios solo puede ser lenta y progresiva pues con una privatización rápida se podría correr el riesgo de colapsar totalmente el servicio.

Así pues, las privatizaciones que se avecinan se harán encubiertamente y con paso firme y pausado hasta que llegue un día en que toda la población o, al menos una inmensa mayoría de ella, se encuentre siendo asistida por la sanidad o la educación privada sin que se percate de ello.

El método de privatizar sin privatizar (o al menos sin qué se note) consiste, en primer lugar en lanzar “globos sonda” que son recogidos por la prensa y demás medios de comunicación en los que se cuestiona la gestión pública del servicio en cuestión, ello genera un debate en la sociedad que nadie se había planteado anteriormente en el que un sector, aunque sea muy minoritario, argumentara a favor de la privatización. Posteriormente y con cualquier excusa, aunque generalmente será con la de mejorar la prestación, se externalizarán determinadas funciones, como por ejemplo el catering de los colegios o la limpieza de los hospitales, para continuar, amparándose en la racionalización de los costes y en el aumento de la productividad, con el endurecimiento de las condiciones laborales de los profesionales del sector. Cuando se haya llegado a este punto, es el momento crítico de la privatización encubierta porque los profesionales protestaran, se movilizaran y de esta forma colaboraran inconscientemente y de buena fe a la tarea privatizadora pues no se escamotearan esfuerzos para criticarlos duramente en los medios de comunicación y en afirmar que sus quejas responden a motivos espurios y egoístas, generándose con todo ello un malestar social hacia estos profesionales primero y después hacia el funcionamiento del propio servicio público que de ellos depende que, unido a deficiencias existentes en el servicio, sean estas inherentes al mismo o mal intencionadamente provocadas; irá incubando en los ciudadanos una creciente desconfianza hacia lo público que hará que surjan las preguntas del tipo ¿Estaré bien tratado si voy a un hospital público? ¿Los profesores de un colegio público se preocupan realmente por sus alumnos, mis hijos?.

La quiebra de la confianza en los servicios públicos llevará a los ciudadanos a que progresivamente y de una forma creciente vayan suscribiendo “seguros privados de salud” (que son ofrecidos por bancos y empresas a precios realmente no excesivos) que les aseguren una mínima asistencia médica en caso de enfermedad o a matricular a sus hijos en colegios privados y/o concertados, lo que a su vez conllevará un adelgazamiento en las prestaciones sanitarias y educativas públicas que al final quedarán reducidas poco menos que a aquellos que sean “pobres de solemnidad” y poco menos que serán consideradas como prestaciones de beneficencia, todo ello con la consiguiente reducción progresiva en las plantillas laborales a base de la congelación de ofertas de empleo público, despido de interinos e, incluso, prejubilaciones.

Llegado el momento en que la mayoría de la población haya derivado, de forma voluntaria y ante su desconfianza, al sector privado ella misma reclamará que se privatice lo que quede de la sanidad y de la educación pues ello supondrá, al menos teóricamente, una disminución en la presión fiscal y así dejará las manos libres a las instituciones políticas para que puedan enajenar los establecimientos sanitarios y educativos absorbiéndose por la empresa privada o la propia administración un personal laboral numéricamente reducido.

Este y no otro será el método a seguir en el proceso privatizador por lo que los ciudadanos y trabajadores del sector público han de estar atentos para que en los primeros no surja la desconfianza en las prestaciones de los servicios públicos y en los segundos no se caiga en la provocación que les llevará a colaborar inconscientemente con las privatizaciones.