AHORA, LAS PENSIONES DE VIUDEDAD

 Convocada "la fiesta de la democracia", es decir, las elecciones para el próximo 28 de abril, lanzados los partidos políticos a la realización de fichajes "estrella" como si de sociedades anónimas deportivas en temporada de invierno se tratara y envueltos todos los dirigentes de la casta política en las más gloriosas banderas que para ellos no son ni han sido jamás otra cosa que trapos pintados muy útiles para tapar sus miserables vergüenzas; ha salido a la luz, por una rendija, una noticia que ha quedado oculta detrás de tanta proclamas electoralistas. Tal noticia no es otra que la intención por parte del gobierno de modificar las pensiones de viudedad para rebajarlas de cuantía y para que menos personas tengan acceso a ellas.

            Como en política y en economía cualquier crimen tiene su explicación y justificación, tal medida no iba a ser menos y se pretende justificar en la maltrecha situación financiera en la que se encuentra el actual sistema de pensiones que obliga, llámese como se quiera, a hacer recortes. Ahora bien, no por ello deja de llamar la atención tal intención de modificar el régimen que afecta a las pensiones de viudedad porque puede ser un experimento de por dónde puede ir el estado en el futuro al respecto de todas las pensiones públicas.

            En primer lugar es fundamental explicar que si la mayoría de pensiones que se cobran en nuestro país son de una cuantía que lo que realmente garantizan es la progresiva pérdida de poder adquisitivo, la cuantía de las pensiones de viudedad es ya ridícula porque la misma está constituida exclusivamente por el cincuenta por ciento de la cuantía por la que se ha cotizado, con lo que la transformación, por ejemplo,  de una pensión de jubilación en una pensión de viudedad ya supone a las arcas del estado el ahorro de un cincuenta por ciento, realidad ésta que parece ocultar el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

            Por otro lado,, es de indicar que cada trabajador y empresario de este país se vé obligado por ley a cotizar a la seguridad social por una serie de prestaciones que percibirá en el futuro y que cubren determinadas contingencias como son la vejez (jubilación), la enfermedad e incluso la muerte (orfandad y viudedad). El hecho de que ahora se pretenda modificar las pensiones de viudedad, tanto en su cuantía como en los requisitos para tener derecho a percibirlas, constituye una modificación substancial y a la baja de las prestaciones de la Seguridad Social que, no es necesario decirlo, no irá acompañada de una rebaja en las cotizaciones. Dicho de otro modo, los ciudadanos españoles pagarán lo mismo (o tal vez más) a la Seguridad Social por recibir menos prestaciones.

            Esta idea de modificar las pensiones de viudedad, al venir de un supuesto gobierno socialista que lo es porque está apoyado por otros partidos supuestamente de izquierda, se pretende matizar argumentando que dicha modificación solo afectará a aquellas personas que perciban determinadas rentas, pero esto no deja de ser un sofisma o, lo que es lo mismo, una mentira con apariencia de verdad. Primero, porque a la hora de fijar la obligación de cotizar y pagar a la seguridad social en poco o en nada se tienen en cuenta las rentas que se perciben por lo que tampoco habría que tenerlas en cuenta a la hora de recibir aquellas prestaciones por las que se lleva pagando toda la vida y, en segundo lugar, porque lo que se pretende en último extremo y a la larga, aunque no se reconozca,  es vincular el derecho a percibir pensiones públicas así como la cuantía de éstas a la percepción de otras rentas, lo cual vendría a sustituir el actual sistema público de previsión social universal por un sistema asistencial fundado sobre criterios caritativos y pietista de carácter cuasi benéfico o puramente benéfico.

            Esta amenaza de sustitución del estado previsor por el estado asistencial, es decir la sustitución de un sistema público de previsión social por la antigua beneficencia que se apunta podrá ser una visión apocalíptica de un agorero, pero corresponde al lector analizar si la cosa puede ir por ahí o creerse ciegamente las manifestaciones de unos politicastros que llevan más de cuarenta años mintiendo y engañando descaradamente a la ciudadanía. 

A VUELTAS CON LAS PENSIONES

Desde la semana pasada se vienen sucediendo en nuestras ciudades numerosas manifestaciones de jubilados que están viendo peligrar sus pensiones a pesar de los mensajes de tranquilidad que se emiten desde el gobierno asegurando reiteradamente que las pensiones públicas están garantizadas. Y es que, los jubilados se han dado cuenta de la trampa que les hizo el gobierno del Partido Popular al establecer, durante su anterior mandando, que las pensiones subirían siempre y de forma anual un 0.25 por ciento.

            La congelación de las pensiones que hizo el gobierno socialista presidido por Rodríguez Zapatero permitió al Partido Popular utilizar la más básica psicología y sociología de masas para presentar la subida anual y permanente del 0.25 por ciento como un "éxito" social ya que frente a la congelación que habían realizado sus antecesores  por primera vez, y gracias a Mariano Rajoy, "se garantizaba por ley que las pensiones subirían siempre".

            Al encontrarse en una situación en que sus pensiones estaba congeladas, es decir no subían nada, los jubilados acogieron con cierto beneplácito esta subida anual de un cuarto de punto sin darse cuenta de que iban a ir notando progresivamente como sus pensiones perdían un enorme poder adquisitivo que se iría agrandando según iban transcurriendo los años por lo que la "garantizada subida anual del 0.25 por ciento" significaba, material y realmente, un recorte en la cuantía de las pensiones públicas. Antes de la congelación de las pensiones y del "éxito" de que las mismas subieran siempre "por ley" un 0.25 por ciento, una pensión media de 900.- Euros mensuales se hubiera incrementado en cinco años, atendiendo a los Incrementos de Precios al Consumo (IPC), en unos noventa euros mientras que con el nuevo sistema del 0.25 por ciento, esa misma pensión y en esos mismos cinco años tan solo se ha visto incrementada en unos quince euros. En definitiva, mientras el gobierno socialista de Rodríguez Zapatero estipuló que las pensiones no subirían dejando abierta la posibilidad de que, pasado un tiempo más o menos breve, las mismas volvieran a revalorizarse nuevamente conforme al IPC, el gobierno popular presidido por Mariano Rajoy ha bajado las pensiones.

            Lo que resulta más grave aún que esta bajada real de las pensiones es la situación general de las mismas porque se sabe fehacientemente que el fondo de reserva de las pensiones establecido en el llamado "pacto de Toledo" ha sido utilizado por el gobierno para comprar deuda pública por lo que dicho fondo, que constituía una verdadera hucha para urgencias, prácticamente ha desaparecido al destinarse a una finalidad para la que no se constituyó y generándose una situación tan grave que, incluso, se ha tenido que recurrir a un préstamo para abonar las pensiones del mes de Enero de 2018.

            Evidentemente, el sistema público de pensiones peligra gracias a la garrafal gestión gubernamental de todo el país y que repercute en el sistema público de pensiones, pero detrás de esta nefasta gestión es muy posible que se encuentre un inconfesable interés político por forzar un cambio en el modelo de financiación de las pensiones, y para ello nada mejor que ponerlas en peligro para que la gente acepte, como un hecho irremediable, que hay reformar profunda y substancialmente dicho modelo.

En este sentido, el Ex-Ministro de Asuntos Exteriores del anterior gobierno del Partido Popular, José Manuel García -Margallo, actúa como un globo sonda explicando que las pensiones peligran por una inversión de la pirámide demográfica, cosa que constituye un verdadero sofisma, es decir una mentira con apariencia de verdad porque, como ya explicamos en nuestro artículo de enero del 2011 titulado "El Sofisma de la Reforma de las Pensiones", tal inversión solo implica un desplazamiento del gasto público en el sentido que supondrá gastar más en Seguridad Social y menos en otros Ministerios y además resulta que el aumento de la población activa no implica un incremento de cotizantes por el alto porcentaje de paro juvenil y el cada vez mayor retraso de la edad de incorporación al mundo laboral. Todo esto sirve al señor García-Margallo para proponer determinadas soluciones que son:

            1º. Favorecer la natalidad mejorando y ampliando las políticas de conciliación familiar y laboral, ignorando el hecho de que fundamentalmente no se tienen hijos porque con la media salarial que hay en nuestro país unida a la carestía de los bienes y servicios básicos, especialmente de la vivienda y la educación, es muy difícil que la gente se decida a tener hijos aunque se dieran todas las facilidades de conciliación de la vida familiar y laboral.

            2º. Señalar la importancia de la inmigración, es decir, cubrir los déficit de la pirámide poblacional con importación de población foránea lo que plantea el mismo problema de que el aumento de la población activa no implica necesariamente el incremento de cotizantes debido al alto nivel de desempleo existente en nuestro país y que tiene un carácter estructural en un muy elevado grado.

            3º. Cambiar el modelo del sistema de pensiones de tal forma que las mismas no se financien con las cotizaciones de los trabajadores sino con los impuestos. En realidad, de todo el discurso que sostiene el señor García-Margallo en esta materia, esto es lo único que verdaderamente quiere decir: que hay que cambiar el modelo del sistema público de pensiones para que se financien de otra manera. Ahora bien, esta propuesta presenta una muy sutil trampa porque si las pensiones se financian con los impuestos, además de que el estado conservará la potestad para fijar la edad de jubilación, la cuantía de la pensión resultante de este nuevo modelo será lineal, es decir, igual para todos y el que esto escribe tiene motivos para sospechar que dicha cuantía no va a ser de mil quinientos euros mensuales para cada uno sino notablemente más baja. Es de suponer que, de este modo, el estado garantizará a todos los ciudadanos el derecho a cobrar una pensión pública a partir de cierta edad pero que la cuantía de dicha pensión será mínima por lo que luego empezará a vender la idea de que dicha cantidad deberá ser complementada con alguna suscripción de planes de pensiones u otros productos financieros que garanticen al ciudadano, a partir de cierta edad, unos ingresos mensuales suficientes para su subsistencia.

            En definitiva, una vez más la casta política española juega al trile con los ciudadanos intentando vender, bajo la máscara de las garantías y de derechos universales, aparentes soluciones que no son más que burdos maquillajes con los que tratan de engañarnos demostrando el más grosero desprecio por nuestra inteligencia.

PLANES PRIVADOS DE PENSIONES. ENTRE LA DESINFORMACIÓN Y LA ESTAFA

Ante un discurso oficial  ampliamente difundido por políticos y financieros, y en cierta medida apoyado por los medios de comunicación, que sostiene la catastrófica inviabilidad a largo plazo del sistema público de pensiones por lo que, a medio plazo, estamos avocados irremediablemente a cambiar de sistema, o bien, sustituirlo o complementarlo mediante la suscripción por parte de cada individuo de un plan privado de pensiones, aquellos que, en esta sociedad cortoplacista en la que vivimos, pueden permitírselo ya los han suscrito hace tiempo sin pensar mucho en que implicaciones reales tiene su decisión porque en ella ha influido decisivamente la propaganda, el miedo y el desinterés por informarse medianamente de lo que va el tema.

            Los planes privados de pensiones, responden a un modelo de capitalización en virtud del cual el suscriptor del plan realiza periódicas aportaciones a lo largo de su vida laboral con el fin de que al término de la misma, reciba en concepto de pensión de jubilación una cantidad que es la resultante de la suma de todas sus aportaciones más toda la rentabilidad obtenida por las mismas. Así pues, un plan privado de pensiones no es un depósito que se realiza para que al final de unos años se tengan unos ahorros sino que es una cantidad de dinero que el gestor del fondo, generalmente un banco o una compañía de seguros, va invirtiendo y obteniendo una rentabilidad que será, pasado el tiempo estipulado, para el inversor. Existen y existirán unos planes privados de pensiones que tengan más garantías y rentabilidad que otros, pero lo cierto es que mientras que los depósitos están garantizados por el Fondo de Garantía de Depósitos no ocurre lo mismo con ningún fondo y eso incluye a los fondos de pensiones. En la gestión del plan privado de pensiones  el banco o compañía de seguros es un mero intermediario por lo que el fondo no forma parte de su activo aunque por la gestión seguramente percibirá alguna comisión u obtendrá algún beneficio.

            Los planes privados de pensiones presentan algunas ventajas fiscales en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que actúan como incentivos para suscribirlos pudiéndose deducir íntegra y anualmente las aportaciones a un plan de pensiones a la hora de hacer la declaración de la renta. Asimismo, la mayoría de los planes de pensiones dan la posibilidad al suscriptor de rescatar lo aportado si sufre algún tipo de problema económico aunque sufriendo una penalización y quedándose, como es evidente, sin la pensión que dicho plan le prometía.

            Ahora bien, la parte oscura de los planes privados de pensiones viene después, precisamente a la hora de la jubilación y de recibir lo aportado al plan. En este sentido es de indicar que, a elección del suscriptor del plan privado de pensiones, hay diversas formas de percibir las pensiones prometidas por dicho plan pudiéndose optar entre 1º, recibir todo el capital en el momento de la jubilación, 2º, cobrar una pensión mensual durante un periodo de tiempo concreto, generalmente quince años y 3º, cobrar una pensión mensual vitalicia hasta el final de sus días.

En el primer caso, si el suscriptor opta por percibir todo el capital del plan de pensiones junto y de una sola vez, tendrá un importante incremento patrimonial ese año que se traducirá en pagar en concepto de impuestos un porcentaje enorme de esa cantidad que debería servir para garantizarle una vida digna hasta su fallecimiento. Es decir, pagará todo lo que se ha ahorrado en impuestos y algo más porque hacienda inexorablemente querrá su parte sin importarle que le haya privado a esa persona de la obtención de ingresos durante varios años.

            En el segundo caso, que consiste en percibir una concreta cantidad mensual durante un periodo de tiempo estipulado y que generalmente es de quince años, resulta que transcurrido ese tiempo ya no se percibe cantidad alguna por lo que surge la gran cuestión de que si la vida del suscriptor del plan privado de pensiones se extiende más allá de ese tiempo estipulado para percibir la pensión ¿De qué vivirá?.  Esta cuestión se complica además por el hecho de que, al menos en el momento actual, los últimos años de vida de una persona de edad avanzada son los más costosos al tener que sufragarse numerosas necesidades como residencias, ayudas domiciliarias, etc que no siempre quedan íntegra y universalmente cubiertas por el sector público.

            Finalmente, en el tercer caso se cobra una cantidad mensual inferior a la que se recibe en el segundo caso pero esta se percibe de forma vitalicia por lo que el suscriptor del plan privado de pensiones siempre percibirá pensión aunque no por ello deja de surgir la pregunta de si esta será suficiente para cubrir las necesidades de la persona máxime si nos encontramos ante una cantidad fijada con muchos años de antelación que no ha contemplado incrementos de precios al consumo.

            Desde el poder y sin informar adecuadamente a los ciudadanos se pretende que los planes privados de pensiones sean complementarios o sustitutivos al sistema público, lo cual permitiría al estado bajar la cuantía y el número de las pensiones públicas aunque, considerando el nivel salarial del país, lo cierto es que solo una mínima parte de la población puede distraer mensualmente un porcentaje de su sueldo para suscribir un plan privado de pensiones y además, considerando la forma en que se cobraría llegado el momento del cese de la actividad laboral y la cuantía de esas pensiones privadas, surge la cuestión de si verdaderamente vale la pena reducir hoy la capacidad adquisitiva de un salario para obtener en el futuro lo que puede no tener más consideración que la de una propina.