Estas dos novedades que, en
síntesis, se traducen en una reducción en la cuantía de las pensiones a
percibir introducen una nueva variable en el sistema público de pensiones cual
es el establecimiento de la “pensión estructuralmente deficitaria”.
Desde su creación tal y como lo
conocemos, a finales de los años cincuenta del siglo pasado, y hasta hace muy
poco, el sistema público de pensiones respondía a la idea de proporcionar a
nuestros mayores, tras la finalización de su vida laboral, una existencia digna
y sin penurias abonándoles mensualmente una pensión que se acercara lo máximo
posible a la satisfacción del cien por cien de sus necesidades imprescindibles uniéndose
a la cuantía de la pensión otros beneficios sociales, que nunca llegaron a ser
considerados a efectos fiscales como retribuciones en especie, como era la
exención del pago de medicamentos, notables descuentos en transportes públicos,
etc… A partir de ahora y debido exclusivamente a décadas de irresponsables
políticas económicas y sociales, el sistema público de pensiones se ha
convertido en una especie de chivo expiatorio con el que se pretende acabar dando
la apariencia de que se protege y sostiene a fin de sanear, en el presente y en
el futuro, las cuentas públicas.
Para ello nada mejor que reorganizar
la totalidad del sistema de protección social de la vejez y las pensiones
públicas a fin de que las mismas sean estructuralmente deficitarias, es decir
que, de forma sistemática y prolongada, cubran cada vez menor porcentaje de las
necesidades de las personas que las perciben haciéndolas recurrir a sus ahorros
para complementarlas o a la suscripción de planes privados de pensiones siendo
precisamente a esto a lo que tienden las futuras medidas que pretende ejecutar
el gobierno.
La existencia de cualquier estado
solo se justifica si sirve al bien común manteniendo interiormente la paz,
defendiendo a la colectividad frente a posibles agresiones externas y
redistribuyendo, de una u otra forma, la riqueza entre sus ciudadanos a fin de
que no existan grandes desigualdades sociales ni enormes bolsas de pobreza,
pero cuando un estado no solo no intenta cumplir con esas obligaciones mínimas
sino que además desarrolla una política claramente contraria a las mismas se
convierte metafísica y filosóficamente en un absurdo mientras que materialmente
pasa a ser un mero engranaje de explotación del ser humano siendo precisamente
esto lo que todo estado que se aleja de su finalidad original intenta ocultar y
disimular utilizando fundamentalmente la propaganda institucional y la
demagogia. Es por ello que el actual gobierno quiere mantener a toda costa un
sistema público que pensiones aunque en el futuro serán a todas luces
insuficientes para mantener a nuestros mayores, porque mientras al final de la
vida laboral exista una pensión, por exigua, ridícula e insuficiente que esta
sea para mantener al jubilado con un mínimo de dignidad, el estado podrá seguir
justificando no solo su propia existencia sino también el hecho de que los
ciudadanos estén cotizando a la Seguridad Social y pagando impuestos con los
que los miembros de la casta política viven opíparamente.
Por otra parte, la alternativa que
la casta política pretende ofrecer a los ciudadanos españoles ante la futura
reducción cuantitativa de las pensiones públicas es la suscripción de planes
privados. Ahora bien, sin entrar en otras consideraciones de carácter
sociológico y considerando exclusivamente la cuantía media de los salarios de
los trabajadores en nuestro país así como los gastos imprescindibles que las
familias tienen que afrontar mensualmente resulta que, tras atender a las
necesidades de vestido y alimentación así como a las de alojamiento (ya sea
éste en compra o alquiler) y suministros (luz, gas, teléfono…), a la mayoría de
ellas no les queda cantidad alguna que puedan destinar al ahorro y mucho menos
a invertir en un plan privado de pensiones por lo que está claro que el final
de la planeada reforma del sistema de pensiones no solo supondrá el
empobrecimiento de las futuras generaciones que se incorporen a “la tercera
edad” sino su completo desamparo en una fase de la vida humana donde son más
numerosos, obligados y perentorios los gastos.
Una
vez más, y ahora concretamente en el tema de las pensiones, los miembros de la
casta política vuelven a engañar y a mentir a los ciudadanos porque lo que
deberían reconocer de una vez por todas es la verdad que no es otra que el
sistema público de pensiones peligra porque durante décadas la inversión
pública que debería haber ido a él se ha destinado a otros fines,
principalmente a juegos de artificios políticos como subvenciones a partidos
políticos, sindicatos, organizaciones empresariales etc… así como a operaciones
puramente estéticas como la inversión en megalómanas infraestructuras.
Igualmente deberían decir a los ciudadanos que hoy rondan los cuarenta o
cincuenta años de edad que cuando lleguen a la jubilación la pensión pública
que van a percibir tras toda una vida de cotizaciones no les va a alcanzar ni
para comprar una ración de supervivencia en un puesto ambulante sin licencia.
No obstante, nuestros políticos jamás reconocerán lo primero porque equivale a
reconocer su falta de honradez y su completa inutilidad mientras que lo segundo
no lo dirán jamás porque entonces no podrían justificar el pago de las actuales
cotizaciones a la Seguridad Social por lo que los ciudadanos podrían empezar a
plantearse el por qué contribuir a un sistema del que van a recibir menos de lo
que les obligan a aportar y ello, evidentemente, llevaría al colapso total e
inmediato del sistema de pensiones que alcanzaría a los actuales beneficiarios
que serán de los últimos en disfrutar de unas pensiones menos deficitarias.
(1)
Es
preciso aclarar que, a todos los efectos, se entiende por corto plazo aquello a
lo que se puede llegar en menos de seis meses, medio plazo es aquello que se
puede alcanzar en un periodo de tiempo que va de seis meses a seis años y largo
plazo aquello cuyos resultados se prevé que se pueden materializar en un tiempo
superior a los seis años.
