LA JUSTICIA GRATUÍTA EN PELIGRO

Eclipsada por la huelga de los funcionarios de la administración de justicia y la polémica jornada de paro convocada por los propios jueces y magistrados aparecen las poco escuchadas reivindicaciones de los abogados (y también, es justo decirlo, de los procuradores) adscritos al Turno de Oficio.

Desde las administraciones central y autonómica se pretende hacer creer que los abogados de oficio solo plantean una mera reivindicación económica consistente en la subida de los baremos de compensación económica establecidos en el año 2004 en el caso de la Comunidad Autónoma de Madrid, pero lo cierto es que los motivos de discusión son mucho más amplios ya que el propio derecho a la Justicia Gratuita establecida en la Constitución de 1978 esta en peligro de extinción.

En primer lugar es imprescindible que el común de los ciudadanos conozca en qué consiste el servicio prestado por los abogados de oficio. En este sentido hay que poner de relieve varios aspectos totalmente desconocidos:

En primer lugar hay que indicar que los abogados adscritos a los diferentes Turnos de Oficio no solo ponen a disposición del justiciable designado sus conocimientos jurídicos, su arte profesional y su tiempo (todo ello valorable económicamente), sino que, además, financian los pleitos adelantando de su propio bolsillo los diversos medios y materiales necesarios para las pertinentes defensas como son los gastos proporcionales de despacho (luz, teléfono, alquiler…), todos los consumibles como son el papel, la tinta de las impresoras, el tóner de las fotocopiadoras y por último todos gastos relativos a los actos de comunicación escrita imprescindibles y de transporte como pueden ser los sellos, los telegramas, los burofax y los gastos propios del vehículo. Por todo ello los abogados de oficio vienen percibiendo hasta ahora no solo de forma impuntual, sino que en el último año incluso con un gran retraso una compensación económica que tiene una media de trescientos euros brutos por pleito completo y que, también últimamente, es solo parcial pues debido a desajustes presupuestarios en el tercer trimestre del año 2008 solo fue del 29 por ciento de lo estipulado legalmente.

El segundo aspecto desconocido es que la justificación para el cobro de estas compensaciones es altamente complicado pues implica la dedicación en exclusiva del letrado de uno o dos días para hacer las fotocopias de sus actuaciones y de las resoluciones judiciales a justificar y que no pocas actuaciones y trabajos jamás se pueden justificar por falta de resolución que ponga fin al procedimiento (es el caso de los autos de sobreseimiento que generalmente no se comunican al letrado) o por la inmensa demora de los procedimientos los cuales pueden estar paralizados durante años.

Por otro lado el derecho a la Justicia Gratuita, consagrado en nuestra Constitución y que garantiza que todos aquellos que no tengan medios económicos suficientes para contratar los servicios de un profesional del derecho podrán disponer de un letrado y un procurador independientes designados de entre los adscritos al Turno de Oficio de cada Colegio profesional que les asesoraran y les defenderán en los procedimientos oportunos, se encuentra gravemente amenazado por la improvisación de las administraciones y la voracidad de algunos grandes despachos de abogados.

La Justicia es ante todo un servicio público al igual que lo es la sanidad. Este servicio público que es la Justicia se ha visto altamente demandado en los últimos años a causa del incremento demográfico y la constante inclusión en las leyes de conductas sociales que, cada vez más, alcanzan relevancia jurídica. Este incremento en la demanda del servicio de Justicia Gratuita ha provocado un repentino incremento del gasto no solo consistente en el pago de las compensaciones económicas establecidas para los profesionales del Turno de Oficio, sino también en la constante creación de Juzgados y contratación de personal para los mismos, todo ello derivado del incremento en el número de los procedimientos judiciales que no ha sido previsto en ningún momento por las distintas administraciones públicas más proclives a hacer obras faraónicas y de dudosa utilidad como la Ciudad de la Justicia en la Comunidad de Madrid y que han ido en detrimento del servicio que sufre actualmente importantes recortes como es la no designación del imprescindible Procurador que represente a los justiciables en los procedimientos abreviados administrativos, lo que conlleva, de hecho, la imposibilidad del acceso a la justicia de un sector importante de la población económicamente más débil como son los inmigrantes.

A esta grave situación se le añade el afán privatizador de muchos gobiernos autonómicos, entre los cuales esta el gobierno de la Comunidad de Madrid, y el anhelo voraz de hacerse con el monopolio de la prestación del servicio por parte de algunas concretas firmas o despachos jurídicos. La privatización del servicio de Justicia Gratuita y cuya gestión hasta ahora viene atribuida por Ley Orgánica a los Colegios Profesionales de Abogados y Procuradores plantea la cuestión de la falta de independencia del letrado a la hora de asumir la defensa jurídica del justiciable y un mayor deterioro en la prestación de tal servicio ya que, una vez privatizado, la empresa adjudicataria podría pactar tácitamente con la administración recortes en el mismo llevando a un incremento en el número de conformidades en los procedimientos penales y a una reducción drástica en la interposición de demandas civiles, administrativas y laborales así como un incremento en los allanamientos en las respectivas contestaciones a las demandas planteadas, todo ello al amparo de la falta de los más mínimos conocimientos jurídicos del justiciable y ante la imposibilidad del mismo de poder acudir al asesoramiento gratuito de letrado alguno para interponer quejas o demandas contra la mala prestación del servicio. La privatización de la prestación del servicio de Turno de Oficio tendría estas consecuencias inmediatas sin entrar a considerar que tales prácticas reducirían también los gastos en la financiación de los pleitos que tendría que asumir la empresa que asumiera la defensa de oficio, incrementándose de este modo sus beneficios económicos y empresariales por lo que al final lo que se están denunciando realmente los abogados de oficio es el reparto de un nuevo pastel similar al que pretende repartir en Madrid con el servicio de abastecimiento de agua que presta el Canal de Isabel II.