TRUMP TRIUMPH

            La semana pasada, contra todo pronóstico, los electores norteamericanos se decantaron democráticamente a favor de que el controvertido multimillonario y empresario inmobiliario Donald Trump sea el próximo Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica lo que ha despertado ciertas suspicacias y temores en todos los sectores políticos del mundo que, una vez más, demuestran la total ignorancia de la política e incluso de la historia estadounidense.

            Ni el triunfo de Barak Obama en las elecciones presidenciales del 2008 suponía "un fenómeno cósmico de conjunción de planetas" que iba a cambiar el mundo a favor de un excelso progresismo, ni la victoria de Donald Trump va a suponer grandes cambios en la política interior y exterior de los Estados Unidos.

            Recordemos que, a pesar de las promesas electorales realizadas en dos campañas presidenciales, la política exterior de la administración Obama ha mantenido tropas en Irak y Afganistán, no ha cerrado Guantánamo, ha intervenido en Oriente Medio y en el Magreb posiblemente estando detrás de las famosas "Primaveras Árabes" y de los desastres políticos y humanitarios de Libia y Siria y ha tensado las relaciones de la OTAN con Rusia hasta el extremo de llevar al mundo al borde de una segunda Guerra Fría. En definitiva, ha continuado con la política que todas las administraciones norteamericanas han ejecutado desde Harry S. Truman.

            Por su parte, las promesas electorales de Donald Trump entroncan directamente con la tradición política norteamericana del "Aislacionismo" y del "Destino Manifiesto".

            Las afirmaciones de Trump sobre que va a reducir el gasto militar y las aportaciones económicas a la OTAN, que por otra parte deberían llenar de entusiasmo al progresismo europeo, se basan en las viejas teorías del aislacionismo norteamericano cuyo fundamento doctrinal quedaron plasmadas en distintos documentos de los primeros presidentes norteamericanos que se sintetizan en dos frases concretas: "Deseamos  paz, comercio, y amistad honesta con todas las naciones, sin forjar alianzas con ninguna" (Thomas Jefferson) y "En las guerras entre europeos, en asuntos que sólo les conciernen a ellos, nunca hemos participado, porque no corresponde a nuestra política. Sólo cuando nuestros derechos se vean dañados, o seriamente amenazados, será cuando nos resentiremos de nuestras heridas y haremos los preparativos para nuestra defensa" (James More).

            No obstante, a pesar de todo su aislacionismo, Estados Unidos no ha dejado de intervenir en el mundo, en primer lugar porque el "Aislacionismo" no se entiende sin la doctrina del "Destino Manifiesto" y en segundo lugar porque las grandes crisis mundiales siempre terminaron afectando de una u otra forma a los intereses económicos estadounidenses hasta el extremo de que los Presidentes más aislacionistas del Siglo XX, Wilson y Roosevelt, no solo terminaron interviniendo en las dos Guerras Mundiales a pesar de haber sido reelegidos tras prometer que mantendrían a Estados Unidos al margen del conflicto bélico sino que además llevaron una política interior tendente a cambiar radicalmente la opinión pública para convertirla en favorable a la entrada en guerra.

Observese el mapa y se comprobará que el deseo de USA ha sido convertir México en un estado centro europeo

Por su parte, la doctrina del "Destino Manifiesto", que tiene su origen en el puritanismo y que curiosamente nadie ha tachado de racista, se basa en la idea defendida por el periodista Jonh L. Sullivan en el artículo "Anexión" publicado por la revista "Democratic Review" de Nueva York en 1845 según la cual "El cumplimiento de nuestro destino manifiesto es extendernos por todo el continente que nos ha sido asignado por la Providencia, para el desarrollo del gran experimento de libertad y autogobierno. Es un derecho como el que tiene un árbol de obtener el aire y la tierra necesarios para el desarrollo pleno de sus capacidades y el crecimiento que tiene como destino". Fue la doctrina del "Destino Manifiesto" la que amparó la Guerra con México en 1846, la anexión del cincuenta y cinco por ciento del territorio Mexicano entre 1847 y 1855, la Guerra contra España en 1898 y todas las intervenciones en la América Hispana durante el siglo XX. La doctrina del "Destino Manifiesto" completa y desarrolla la anterior "Doctrina Monroe" en virtud de la cual no se debe permitir ninguna intervención no americana en América y que se sintetizada en la frase "América para los Americanos", la cual en realidad quiere decir "toda América para nosotros, los estadounidenses".

            Si analizamos estas doctrinas políticas clásicas de Estados Unidos vemos claramente la existencia de semejanzas con el discurso de Trump. El candidato Donald Trump afirma querer replegarse de los puntos conflictivos del planeta, a pesar de que ha sido, Estados Unidos, el causante de esos conflictos; considerando que la mayor intervención en América de potencias extra-americanas consisten en intervenciones económicas aspira a poner barreras arancelarias a los productos procedentes del extranjero, sobre todo a los asiáticos, que obligarán a numerosas empresas norteamericanas a regresar su producción a territorio estadounidense y reducirá la enorme inversión china, japonesa y Coreana en Norteamérica; afirma desear tener excelentes relaciones de colaboración con Rusia pretendiendo en el fondo entorpecer las relaciones Ruso-Chinas y, finalmente, su posición respecto a México no es más que una manifestación burda de las viejas aspiraciones norteamericanas, ya expresadas por Sam Houston en 1848, de convertir a México en un estado centroamericano, aspiración que no se cumplió gracias a la gran crisis interior estadounidense que supuso la Guerra Civil Norteamericana (1861-1865).

            Donald Trump no es un fenómeno extraño en la política estadounidense, por el contrario es un fenómeno común, de genuino sabor americano, que tan solo se diferencia de su contrincante electoral en su incontinencia verbal y en su falta de finos modales a la hora de expresar lo que su oponente demócrata ha demostrado que también piensa como quedó demostrado en su etapa de Secretaria de Estado de la administración Obama (¿Acaso Obama ha derribado el muro existente entre México y USA?).  El que la victoria de Donald Trump haya sido acogida con tanto temor como con tanta ilusión fue acogida el triunfo de Obama se debe a los claros errores europeos que identifican la política norteamericana con la libertad política y a las infantiles y erráticas percepciones europeas que tienden a identificar al Partido Demócrata con la izquierda y el progresismo y al Partido Republicano con la derecha y la reacción cuando no es realmente así porque ambos partidos son puramente pragmáticos y cada uno de ellos será progresista o reaccionario según la política que les interese seguir en cada momento concreto para mejor servicio de sus intereses particulares.

EL TRIUNFO DE GENGIS KAN: EL NEONOMADISMO

Siempre se ha dicho que una de las intenciones del Gran Kan (Ogodei, hijo de Gengis Kan) en su avance por Asia y Europa era establecer el nomadismo como forma de vida. De ser cierta esta suposición, los europeos nos salvamos de dejar de existir gracias a la combinación de diplomacia y de milicia que logró detener a la Horda de Oro a orillas del Danubio.

No obstante, hoy, ochocientos años después de aquellos acontecimientos, parece que la vieja intención mongol triunfa y se incorpora como valor occidental en la política de la liberal Europa pues, con la denominación y el pretexto de la libre circulación de personas y mercancías, se pretende instaurar cierta forma de nomadismo como forma de vida de la próxima generación.

El nuevo nomadismo (de aquí en adelante, neonomadismo) surge como una necesidad de la política económica liberal capitalista para mantener sus beneficios al permitirle importar y/o exportar mano de obra de todas las categorías laborales allí donde radiquen sus centros de producción.

Para la instauración de este neonomadismo, el liberalismo ha ido modificando progresivamente los valores occidentales a la vez que, poco a poco, ha ido creando las circunstancias objetivas para que la población lo acepte voluntariamente e incluso con cierta alegría, como una nueva forma de vida impuesta por unos supuestos avances sociales y políticos que a todos nos benefician.

Teniendo en cuenta que lo que vincula moralmente a los individuos al territorio en el que nacen y dan sus primeros pasos es la familia y el sentido de sentirse miembro de una comunidad con una historia común, que es la base del patriotismo; el liberalismo capitalista no ha dudado en atacar los valores familiares y en ridiculizar los sentimientos patrios lo que con el tiempo ha conseguido modificar notablemente el concepto de las obligaciones familiares donde se acepta y se asume que lo bueno y progresista es que las jóvenes generaciones se desentiendan de toda responsabilidad hacia sus mayores y hacia la sociedad a la que pertenecen.

Por otra parte, los individuos también se vinculan al territorio materialmente por medio de la propiedad de su vivienda habitual, es decir de un bien inmueble (no movible) a los que en otros tiempos se llamaban comúnmente “Bienes Raíces” y por tener en dicho territorio el medio de ganarse el sustento. En este sentido, es de indicar que curiosamente y como si se tratara de una “campaña de concienciación” llevamos ya muchos años en los que diversos medios de comunicación difunden la idea de que es mejor alquilar que comprar la vivienda y que en realidad la tasa de propiedad de la vivienda en España es mucho mayor que en cualquier otro país europeo más desarrollado, lo que unido al precio que ha adquirido la vivienda en nuestro país, ha hecho en gran medida que haya menos población que pueda tener su vivienda en propiedad.

Ciertamente, cada vez es mayor el número de españoles que jamás podrán tener una vivienda en propiedad, lo cual no es indicativo, tal y como se pretende, de un mayor desarrollo pues los medios se cuidan mucho de explicarnos que en los países como Estados Unidos donde muy poco porcentaje de personas tiene su vivienda en propiedad es porque la mayoría de las propiedad inmobiliarias son propiedad de empresas o de particulares que las dedican para obtener rentas urbanas a través de los arrendamientos.

Así pues, una generación de ciudadanos a la que, desde los medios de información y desde el poder, se le han inculcado las ideas de que no existe responsabilidad familiar que asumir, que la patria es una idea ridícula en los tiempos que corren y a la que, materialmente, se le imposibilita el acceso a la propiedad de la vivienda y no se le garantiza la estabilidad laboral para poder ganarse la vida, es una generación desarraigada y predispuesta a constituir una población nómada.

El neonomadismo que se pretende imponer no es equiparable a la emigración económica tradicional como la que hubo, por ejemplo, en los años cincuenta del siglo pasado. En la emigración económica tradicional, la persona que sale de su país para buscarse la vida tiene un destino concreto en el que va a instalarse para trabajar durante un periodo de tiempo más o menos largo, conservando la intención de regresar a su país de origen con el que jamás rompe definitivamente los lazos y donde remite la mayor parte de las rentas que se obtiene por el trabajo consumiendo y gastando muy poco en el país de acogida. En el neonomadismo, la persona que sale de su patria carece de un destino concreto pues siempre está dispuesta a moverse, a desplazarse más allá, a ir más al Este o al Oeste, se asimila al entorno inmediatamente cercano que le rodea en el extraño país con el que se termina confundiendo y finalmente vive “al día” y “sobre el terreno” teniendo muy pocas intenciones de regresar a su país de origen o, en todo caso, solo tiene la intención de retornar una vez finalizada su vida laboral.

De imponerse y aceptarse el neonomadismo como forma de vida, estaríamos ante el triunfo definitivo del totalitarismo economicista porque, no solo sería la materialización de la victoria de la idea de que el ser humano solo cuenta en tanto en cuanto sea susceptible de valoración económica por su capacidad productiva (aquello que Marx denominó “fuerza de trabajo”), sino que además acabaría con las diferencias y culturas nacionales generando grandes beneficios para la economía capitalista de libre mercado al permitirla deslocalizar en cualquier momento y circunstancia los centros de producción industrial situándolos allí donde se puedan generar los mayores beneficios a favor de unos pocos con la seguridad de que tras los mismos se desplazaran masas trabajadoras, más o menos cualificadas y desesperadas en busca de su sustento por lo que jamás les faltará mano de obra dispuesta a trabajar bajo cualquier condición.

SAKORZY Y EL VIAJE DE LOS MALDITOS

La reciente decisión adoptada por el gobierno francés de proceder a eliminar los asentamientos que los gitanos procedentes de Rumania han constituido en distintos puntos de Francia ha levantado una falsa polémica de calculada indignación entre los líderes europeos que en realidad pretende mantener el tupido velo que encubre la falsedad de los principios sobre los que la Unión Europea afirma asentarse y que Sakorzy ha tenido la imprudencia de levantar.

Si bien es cierto que el medio empleado por el gobierno francés para proceder a la deportación no coincide con la intimación a marcharse sino que más bien se trata de una “compra de voluntades” ya que los afectados aceptan voluntariamente regresar a Rumania o a Bulgaria a cambio de una cantidad de dinero y de un pasaje de avión; no es menos cierto que la comparación con las prácticas iniciales de la persecución a los judíos en la Alemania Nazi, realizada por la Vicepresidenta de la Comisión Europea, Vivienne Reding; es factible e inevitable en todos sus aspectos, porque tal y como consta en el documento NG-2586 presentado en el proceso de Nuremberg y que recoge un memorándum realizado el 21 de Agosto de 1941 por Martín Luther, funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores del Reich y participante en la Reunión de Wansee en la que se acordó la Solución Final: “El principio de la política alemana referente al tema judío, después de la toma del poder, consistió en fomentar la emigración judía por todos los medios”. Por si fuera poco, el paralelismo surge incluso en el campo de las declaraciones verbales porque, no nos engañemos, lo manifestado por el Jefe del Estado Francés, Nicolás Sakorzy, de que “estaremos encantados si Luxemburgo se queda con algunos de los gitanos" son similares a aquellas palabras atribuidas a Hitler en las que afirmó que “Quién quiera a los judíos que se los lleve a su país”.

Por último y aquí otro punto de comparación, todo este asunto parece hacernos retrotraer a Mayo de 1939 para recordar aquella maniobra propagandística del III Reich que, teniendo por objeto demostrar que nadie quería a los judíos, consistió en fletar un barco con 937 pasajeros judíos para llevarlos a Cuba donde se les dijo que serían acogidos. Una vez en La Habana, el gobierno cubano se negó a admitirlos empezando para el buque y para los pasajeros una verdadera odisea que les llevó a diversos puertos (Miami, Puerto Rico…) donde les era igualmente denegado el desembarco. Esta historia dio lugar a una excelente película de Stuart Rosenberg titulada “El viaje de los Malditos” (1976), pero para las potencias internacionales que asistieron como meras espectadoras a tan dramático espectáculo quedó denominado en sus anales como “El viaje de la Vergüenza”.

En cualquier caso, lo que está ocurriendo en Francia con los gitanos, no es una cuestión de legalidad sino de moralidad. No cabe duda de que la medida adoptada por el gobierno francés se encuentra amparada por la legislación francesa, pero tampoco cabe duda de que la misma resulta inmoral porque detrás de ella se encuentra el rechazo y la no aceptación de un género de vida, el del pueblo gitano, que se caracteriza por el nomadismo y la fuerte cohesión étnica de sus miembros queriéndose presentar al mismo como el responsable de los elevados índices de delincuencia. Así pues, la indignación y la vehemencia del gobierno galo desatada contra Vicepresidenta de la Comisión Europea no deja de ser una pose digna del gallo que les representa porque si bien es cierto que, tal y como ha manifestado Pierre Lelouche, Secretario de Estado de Asuntos Europeos del Gobierno Francés; “Roissy (uno de los aeropuertos de Paris) no es Drancy" es preciso que todo el mundo tenga muy claro que sin la inmoralidad de “El viaje de la Vergüenza” no habría existido el crimen de “La Redada del Velódromo de Invierno”.

Lejos la casta política europea de defender unos principios, es a los europeos a quienes toca hacer un ejercicio de reflexión. La polémica abierta por Francia y que ahora se tratará de apaciguar lo más pronto y con el menor ruido posible debe hacernos plantear la siguiente pregunta: ¿Se ha cometido un error imperdonable al ampliar la Unión Europea a determinados estados del Este europeo que no solo planteaban graves problemas de cohesión interna sino en los que también existían importantes deficiencias en materia de Derechos Humanos?.

Todo indica que no se ha cometido error o falta de previsión alguna pues no es creíble que los estados occidentales, tras décadas de “Guerra Fría” en las que se desembolsaron grandes sumas económicas para dotar a las diversas agencias de inteligencia dedicadas a saber todo lo que ocurría tras el “Telón de Acero”, ignoraran cual era la situación de la minoría gitana en Rumania, Hungría y Checoslovaquia donde existía una legislación claramente discriminatoria con los gitanos y donde, como en el caso actual de Hungría, existen ghettos para gitanos. Asimismo tampoco es posible que se desconociera por parte de los gobiernos occidentales la existencia, desde la desintegración de la URSS, de los llamados “Pasaporte Grises” (residentes, generalmente rusos, sin nacionalidad y por tanto sin derecho al voto ni a cualquier otro derecho fundamental) en los Países Bálticos (Estonia, Letonia y Lituania) y que abarcan del veinticinco al cuarenta por ciento de la población total de dichos países.

Así pues, solo se puede deducir que la integración en la Unión Europea, a pesar de que se ha querido presentar y justificar ante los europeos de a pie como un espacio garantizador de la libertad, del progreso para los ciudadanos y de los Derechos Humanos no es más que una unión puramente económica con una política pura y exclusivamente orientada a satisfacer intereses comerciales quedando todo supeditado, incluso la moralidad y la justicia, al beneficio económico.

LA JUSTICIA GRATUÍTA EN PELIGRO

Eclipsada por la huelga de los funcionarios de la administración de justicia y la polémica jornada de paro convocada por los propios jueces y magistrados aparecen las poco escuchadas reivindicaciones de los abogados (y también, es justo decirlo, de los procuradores) adscritos al Turno de Oficio.

Desde las administraciones central y autonómica se pretende hacer creer que los abogados de oficio solo plantean una mera reivindicación económica consistente en la subida de los baremos de compensación económica establecidos en el año 2004 en el caso de la Comunidad Autónoma de Madrid, pero lo cierto es que los motivos de discusión son mucho más amplios ya que el propio derecho a la Justicia Gratuita establecida en la Constitución de 1978 esta en peligro de extinción.

En primer lugar es imprescindible que el común de los ciudadanos conozca en qué consiste el servicio prestado por los abogados de oficio. En este sentido hay que poner de relieve varios aspectos totalmente desconocidos:

En primer lugar hay que indicar que los abogados adscritos a los diferentes Turnos de Oficio no solo ponen a disposición del justiciable designado sus conocimientos jurídicos, su arte profesional y su tiempo (todo ello valorable económicamente), sino que, además, financian los pleitos adelantando de su propio bolsillo los diversos medios y materiales necesarios para las pertinentes defensas como son los gastos proporcionales de despacho (luz, teléfono, alquiler…), todos los consumibles como son el papel, la tinta de las impresoras, el tóner de las fotocopiadoras y por último todos gastos relativos a los actos de comunicación escrita imprescindibles y de transporte como pueden ser los sellos, los telegramas, los burofax y los gastos propios del vehículo. Por todo ello los abogados de oficio vienen percibiendo hasta ahora no solo de forma impuntual, sino que en el último año incluso con un gran retraso una compensación económica que tiene una media de trescientos euros brutos por pleito completo y que, también últimamente, es solo parcial pues debido a desajustes presupuestarios en el tercer trimestre del año 2008 solo fue del 29 por ciento de lo estipulado legalmente.

El segundo aspecto desconocido es que la justificación para el cobro de estas compensaciones es altamente complicado pues implica la dedicación en exclusiva del letrado de uno o dos días para hacer las fotocopias de sus actuaciones y de las resoluciones judiciales a justificar y que no pocas actuaciones y trabajos jamás se pueden justificar por falta de resolución que ponga fin al procedimiento (es el caso de los autos de sobreseimiento que generalmente no se comunican al letrado) o por la inmensa demora de los procedimientos los cuales pueden estar paralizados durante años.

Por otro lado el derecho a la Justicia Gratuita, consagrado en nuestra Constitución y que garantiza que todos aquellos que no tengan medios económicos suficientes para contratar los servicios de un profesional del derecho podrán disponer de un letrado y un procurador independientes designados de entre los adscritos al Turno de Oficio de cada Colegio profesional que les asesoraran y les defenderán en los procedimientos oportunos, se encuentra gravemente amenazado por la improvisación de las administraciones y la voracidad de algunos grandes despachos de abogados.

La Justicia es ante todo un servicio público al igual que lo es la sanidad. Este servicio público que es la Justicia se ha visto altamente demandado en los últimos años a causa del incremento demográfico y la constante inclusión en las leyes de conductas sociales que, cada vez más, alcanzan relevancia jurídica. Este incremento en la demanda del servicio de Justicia Gratuita ha provocado un repentino incremento del gasto no solo consistente en el pago de las compensaciones económicas establecidas para los profesionales del Turno de Oficio, sino también en la constante creación de Juzgados y contratación de personal para los mismos, todo ello derivado del incremento en el número de los procedimientos judiciales que no ha sido previsto en ningún momento por las distintas administraciones públicas más proclives a hacer obras faraónicas y de dudosa utilidad como la Ciudad de la Justicia en la Comunidad de Madrid y que han ido en detrimento del servicio que sufre actualmente importantes recortes como es la no designación del imprescindible Procurador que represente a los justiciables en los procedimientos abreviados administrativos, lo que conlleva, de hecho, la imposibilidad del acceso a la justicia de un sector importante de la población económicamente más débil como son los inmigrantes.

A esta grave situación se le añade el afán privatizador de muchos gobiernos autonómicos, entre los cuales esta el gobierno de la Comunidad de Madrid, y el anhelo voraz de hacerse con el monopolio de la prestación del servicio por parte de algunas concretas firmas o despachos jurídicos. La privatización del servicio de Justicia Gratuita y cuya gestión hasta ahora viene atribuida por Ley Orgánica a los Colegios Profesionales de Abogados y Procuradores plantea la cuestión de la falta de independencia del letrado a la hora de asumir la defensa jurídica del justiciable y un mayor deterioro en la prestación de tal servicio ya que, una vez privatizado, la empresa adjudicataria podría pactar tácitamente con la administración recortes en el mismo llevando a un incremento en el número de conformidades en los procedimientos penales y a una reducción drástica en la interposición de demandas civiles, administrativas y laborales así como un incremento en los allanamientos en las respectivas contestaciones a las demandas planteadas, todo ello al amparo de la falta de los más mínimos conocimientos jurídicos del justiciable y ante la imposibilidad del mismo de poder acudir al asesoramiento gratuito de letrado alguno para interponer quejas o demandas contra la mala prestación del servicio. La privatización de la prestación del servicio de Turno de Oficio tendría estas consecuencias inmediatas sin entrar a considerar que tales prácticas reducirían también los gastos en la financiación de los pleitos que tendría que asumir la empresa que asumiera la defensa de oficio, incrementándose de este modo sus beneficios económicos y empresariales por lo que al final lo que se están denunciando realmente los abogados de oficio es el reparto de un nuevo pastel similar al que pretende repartir en Madrid con el servicio de abastecimiento de agua que presta el Canal de Isabel II.

EL PROBLEMA DE LA JUSTICIA EN ESPAÑA

Es práctica habitual y lógica en la ciencia médica diagnosticar las enfermedades a través de sus síntomas, pero igualmente resulta habitual siendo menos lógica en la sociología hispana la práctica de confundir los síntomas con los problemas mismos. Así de forma periódica se habla desde los medios de comunicación y desde el poder de que el problema de la justicia en España es la lentitud y el atasco judicial, cuando realmente tal atasco y tal lentitud son simples síntomas de un cúmulo de problemas que minan, desde hace décadas, a la administración de justicia en nuestro país.

El primer problema y que resulta consustancial en la administración de justicia española es la total ausencia, salvo contadas y honradas excepciones, de vocación profesional entre los jueces no siendo la inmensa mayoría de ellos juristas, sino simples licenciados en derecho que tienen por objetivo vital ser altos funcionarios del estado y tener un sueldo fijo cada mes por ello, desde el momento de terminar sus estudios en la universidad, se dedican a opositar y muchos de ellos al no poder conseguir ser funcionarios de la máxima escala administrativa siguen opositando descendiendo en el escalafón hasta conseguir al menos ser agentes judiciales, siendo el ejercicio libre de la profesión de abogado su última y desesperada opción.

El segundo problema, también consustancial, es el carácter con el que los funcionarios de justicia entienden su trabajo y que en su momento sintetizó muy bien Larra en su artículo “vuelva usted mañana”. Así el horario de trabajo del funcionario es extremadamente flexible, se supone que entra a trabajar a las 9.00 de la mañana, pero muchos llegan más tarde, luego tienen un tiempo para almorzar que tiende a extenderse más de lo fijado en los convenios laborales suscritos y finalmente tienen unos periodos vacacionales extremadamente raros pues fijándose en general el mes de Agosto como inhábil a efectos judiciales, la mayoría de funcionarios de justicia se toman el mencionado mes veraniego y con posterioridad muchos de ellos se toman días libres, o incluso periodos enteros, lo que, teniendo en cuenta que cada funcionario lleva un determinado número de asuntos y que si él no esta el asunto no se mueve, ni se provee y ni siquiera se puede ver; se puede hacer el lector una idea del perjuicio que tal práctica generalizada ocasiona a la administración de justicia.

Otro problema, este más bien de formación ciudadana y que solo con la debida educación del ciudadano se solucionará, es que la administración de justicia es un servicio público y como tal ha de ser utilizado por los ciudadanos con racionalidad no abusando de él. Siendo España un país donde se pleitea por las cosas más nimias y aún sin derecho o con ninguna posibilidad de que el pleito prospere, son miles de demandas, denuncias o querellas las que llegan diariamente a los organismos judiciales atascándolos pues a todas ellas hay que proveer aunque solo sea para acordar su archivo. En este sentido hay que señalar que no es ajeno a este furor querulante los poderes ejecutivo y legislativo que tienden cada vez más a judicializar numerosos aspectos de la vida ciudadana llegando incluso a la peligrosa vulneración del principio de intervención mínima del derecho penal.

Un cuarto problema de la justicia en España, es la escasez de medios adecuados porque, entre otros motivos, la inmensa mayoría de los dineros presupuestados para la administración de justicia se los llevan los alquileres de los inmuebles donde radican muchos juzgados y el pago del personal funcionarial al que se le dota poco y mal de medios técnicos avanzados, siendo posible, como lo es en la actualidad que todos los órganos de la administración estén conectados entre sí por redes informáticas de fácil manejo que permitieran un rápido intercambio de información sustancial para la feliz resolución de los procesos.

A todos estos problemas indicados también se une que las leyes procesales vigentes en nuestro país permiten en gran medida que sea el demandando o el denunciado, es decir la persona a la que más le interesa que el proceso sea interminable, quién tenga la iniciativa procesal pudiendo actuar de numerosas y diversas maneras para dilatar el procedimiento hasta el aburrimiento de la otra parte.

Finalmente no se puede terminar de hablar de la administración de justicia en España sin reivindicar la figura del abogado de oficio pues, estando las cosas como están y que son como arriba se han descrito, hay que afirmar que es el abogado de oficio el personaje sobre el que descansa en último término el funcionamiento de la justicia porque siendo su intervención elevada en numerosos procedimientos de las jurisdicciones civil y laboral es en las jurisdicciones penal y administrativa donde su participación es total en prácticamente todos los procedimientos. Es el abogado de oficio quien, sin coste alguno para el justiciable al que defiende, dinamiza los procesos acudiendo con asiduidad a la oficina judicial a preguntar por el estado de la tramitación de los procedimientos haciendo de este modo que los temas vayan más rápidos, es el abogado de oficio quien, por un módico coste para el estado o para las administraciones autonómicas, vigila que las leyes se apliquen sin vulneración de ninguna garantía y finalmente es el abogado de oficio quien no solo pone sus conocimientos al servicio del ciudadano, sino que además les financia en cierto modo los procedimientos pagando de su bolsillo unas infraestructuras (teléfono, fax, luz, despacho…) y unos consumibles (tinta, papel, toner…) por los que recibirá en el futuro unas “compensaciones” económicas que en algunas comunidades autónomas como la de Madrid, les comienzan a ser regateadas asemejándolos a aquellos soldados de los Tercios a los que las soldadas les llegaban siempre tarde y rebajadas si es que les llegaban. Tan importante es la figura del abogado de oficio tal y como está establecida actualmente en nuestro ordenamiento jurídico y en el sistema actual de justicia gratuita que pudiéndose y debiéndose afirmar que la justicia en España funciona mal, sin la figura del abogado de oficio, simplemente no funcionaría.

CONSIDERACIONES SOBRE LA CLASE MEDIA EN ESPAÑA

Siempre que ha surgido el debate no falta quien ponga punto y final al mismo afirmando “sí, pero Franco murió en la cama” como echando en cara al contrario la cobardía y mal hacer de una supuesta oposición al régimen del General en superlativo (que ciertamente ambos factores existieron) e ignorando el desarrollo, por parte del Franquismo, de una política socio-económica que si no le iba a proporcionar el apoyo entusiasta de la mayoría de la población sí, le aseguraría, al menos la neutralidad política de la misma. Tal política consistió en la formación de una clase media que hasta principios o mediados de los años sesenta del pasado siglo jamás había existido en España. Pero ¿Qué es la clase media?, ¿Cuales son los requisitos para su existencia?, ¿Cuál es su característica política? y ¿Cuál es su futuro?.

No faltara quien desde un discurso teórico y abstractamente académico defina a la clase media como el más amplio sector de una población que, sin problemas económicos relevantes para el desarrollo de la vida cotidiana, carece de un nivel de rentas suficientemente elevadas para vivir de ellas sin desarrollar actividad laboral personal alguna, pero sin ningún género de dudas la clase media española es, concretamente, aquel sector de la población que tiene un trabajo por el que percibe una remuneración segura cada mes, una vivienda en propiedad, un medio de transporte adecuado a sus necesidades y unos pequeños ahorros en el banco. Es decir la existencia de una clase media exige el desarrollo de una política macroeconómica que, a nivel microeconómico, permita disfrutar a los individuos o, en su defecto, a las familias que éstos han constituido de un puesto de trabajo seguro y estable del que se obtenga la renta principal y constante para el sustento y la inversión en bienes de consumo, una vivienda en propiedad que a corto o medio plazo se encuentre libre de cargas y la conservación de un nivel de ahorro por pequeño o insignificante que sea.

Por otra parte la característica política fundamental de la Clase Media es su indiferencia y/o neutralidad política. Así, la Clase Media puede ser requerida o convocada a elecciones o manifestaciones y sin duda votará y se manifestará, pero si se observa con atención solo acudirá a las convocatorias realizadas por y desde el poder (o sus aledaños) y de forma mecánica. La Clase Media siempre apoyará por omisión al poder establecido sea éste de la tendencia que sea y siempre buscará en política su comodidad huyendo de todo radicalismo de cualquier clase y proporcionando al estado del que forme parte estabilidad, tranquilidad y grandes periodos de paz social. De hecho los intereses de la Clase Media coinciden prácticamente en su totalidad con los intereses del Estado o Gobierno que la crea y la defiende. Así en los estados donde no existe una sólida clase media porque ésta jamás ha existido (por ejemplo en los países islámicos) o esta desaparece (como por ejemplo en la Argentina de la dictadura militar de 1976) surgen en muy poco tiempo radicalismos de toda especie y una inestabilidad política creciente porque los integrantes de la disuelta Clase Media pasan a defender planteamientos radicales. No obstante, la Clase Media, también requiere una contraprestación política del Estado del que forma parte y que no es otra que la que le proporcione seguridad u orden y le garantice el mantenimiento de los requisitos económicos que le proporcionan su “bienestar”.

Hasta aquí, hemos definido lo qué es la Clase Media y apuntado sus características económicas y políticas, ahora debemos disertar, aunque sea brevemente, sobre el futuro de dicha clase. Con una simple ojeada a la realidad económica, social y política que nos rodea no se puede llegar a otra conclusión de que la Clase Media, al menos en España, se encuentra gravemente amenazada por motivos económicos, sociales y políticos.

Desde las circunstancias económico-sociales, el constante incremento de los precios en general y el de la vivienda en particular esta acabando con una de las características que definen a los miembros de la Clase Media que es la del disfrute en propiedad de, al menos, la vivienda habitual. En este sentido es de indicar que, en el mejor de los casos, y con cargas hipotecarias que gravan la vivienda hasta los próximos cuarenta años, se acaba con toda posibilidad de ahorro y prácticamente se requiere de todo el salario mensual para dedicarlo a la vivienda por lo que ya existen informes bancarios que afirman que el acceso a la propiedad de una vivienda será imposible para la próxima generación. Por otra parte, la inestabilidad del puesto de trabajo que tiende cada vez más a ser precario y no “para toda la vida” todo ello con el aplauso y favor de los propios gobiernos que de forma constante modifican el mercado de trabajo para mayor flexibilización del mismo, siendo tal expresión el eufemismo con el que tratan de ocultar un progresivo acercamiento al despido libre, acabará con otra de las características de los miembros de la Clase Media que es la existencia de una renta periódica (generalmente mensual) y segura dimanante de su personal actividad laboral.

Igualmente, la generalización de las rupturas matrimoniales y que, objetivamente, constituyen una forma de rápido empobrecimiento de los núcleos familiares y el aumento de la esperanza de vida con el notable incremento de los gastos a los que los mayores tendrán que hacer frente en los últimos años de su vida para pagar la imprescindible atención y asistencia geriátrica y que deberán ser satisfechos no solo con sus pensiones de jubilación sino también con los ahorros de su vida, afectará gravemente a la posibilidad de adquirir bienes por herencia repercutiendo, tal reducción de la posibilidad de heredar, sobre el ahorro, la morosidad, el acceso a la vivienda y en todos los aspectos de la economía de las familias en general y especialmente en las familias integrantes de la Clase Media.

Por último, la Clase Media también se esta viendo amenazada, por circunstancias políticas no solo dimanantes de inestabilidades que surgen a consecuencia de debates ficticios entre partidos, sino también y sobre todo a consecuencia de políticas migratorias erróneas o inexistentes y que están llevando a un incremento de la inseguridad ciudadana (y por tanto a la liquidación del estado de seguridad que requiere la Clase Media) y a un incremento del gasto público que esta siendo sostenido prácticamente en su totalidad por los miembros de la Clase Media, los cuales no pueden beneficiarse de las ventajas que produce disfrutar de grandes rentas y, por obtener rentas que simplemente les permiten llegar malamente y con ahogo a fin de mes, están excluidos de toda posibilidad de beneficiarse de ayudas y subvenciones públicas.

Así pues, con tal panorama, solo cabe presagiar un futuro muy negro a la Clase Media y la progresiva deriva hacia una sociedad en la que solo exista un grupo de personas que pueda poseer y disfrutar de todo y otro grupo que paulatinamente tenga acceso a menos cosas y derechos.