LA HISTORIA OCULTA DEL CANAL DE ISABEL II

Hoy, cuando se ha reconocido por parte de la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, doña Esperanza Aguirre, que el Canal de Isabel II, empresa pública encargada de suministrar agua potable a los madrileños, va a ser privatizada con la excusa de “hacer partícipes a los ciudadanos de Madrid de la propiedad de su agua”, se impone desvelar, haciendo un ejercicio de una memoria histórica que existe a pesar de no recibir subvenciones ni tener reconocimiento expreso en ninguna ley, que se va a hacer negocio con dos líquidos: el agua y la sangre.

El canal de Isabel II se crea mediante el Real Decreto de 18 de Junio de 1851 refrendado por el entonces Presidente del Consejo de Ministros, don Juan Bravo Murillo, que disponía la realización de las obras para la construcción de un embalse de captación en el tramo superior del río Lozoya y un canal por el que pudieran circular las aguas en él embalsadas hasta la ciudad de Madrid. La primera piedra de las obras de la presa que pasaría a llamarse del “Pontón de la Oliva” fue colocada el 11 de Agosto de 1851 por el consorte de la mandataria, don Francisco de Asís de Borbón, prolongándose las mismas durante siete años hasta que por fin se inauguró y entró en servicio tan importante infraestructura el 24 de Junio de 1858.

Lo que se ignora por la mayoría de los españoles en general y de los madrileños en particular es que durante los siete años que duraron las obras de la presa del “Pontón de la Oliva” se utilizaron como mano de obra algo más de mil quinientos presos políticos procedentes todos ellos de la represión sufrida por los carlistas tras su derrota en la llamada Guerra de los Matiners (Septiembre 1846 - Mayo 1849) a pesar de que ninguno de ellos había combatido en ella y que solo se trataba de personas detenidas por su conocida y pública adhesión a la Dinastía Legítima que en aquella época estaba representaba por el Rey don Carlos VI.

Para alojar al contingente de presos, que permanecía constantemente custodiado por un nutrido número de miembros de la entonces recientemente creada Guardia Civil, se construyó una gran caserna cerca de las obras dividiéndose a los presidarios en cuatro categorías según las especialidades que iban a desarrollar: taller de herrería, para trabajos relacionados con las herramientas y accesorios de hierro; taller de carpintería, para los utensilios fabricados con madera; taller de espartería y cestería, para la elaboración de espuertas, cuerdas, cestos de mimbre, aguaderas…; taller de guarnicionería y albardería, para la realización y reparación de arreos y atalajes para el material de transporte.

Aunque el gobierno siempre pretendió justificar el empleo de mano de obra esclava en las obras del “Pontón de la Oliva” con la excusa de la “redención de penas por el trabajo”, lo cierto es que el régimen laboral de los presos era extremadamente duro, mucho más duro que el soportado en cualquier otra obra por los trabajadores libres, y aunque no existen datos precisos es de considerar, dado lo poco avanzado de las técnicas constructivas de aquella época, que se produjeran numerosos accidentes laborales con resultados fatales entre el contingente de cautivos.

También se ignora si hubo intentos de fuga entre los presos políticos o si, de haberlos, fueron estos coronados por el éxito o tuvieron un fin trágico, pero lo que sí ha trascendido por tradición oral es la anécdota que, en 1856, aconteció al entonces Director General de la Guardia Civil, Francisco Javier Girón y Ezpeleta, Duque de Ahumada, con uno de los trabajadores cautivos.

Parece ser que el señor Duque de Ahumada estaba inspeccionando a las fuerzas de la Guardia Civil destinadas a la vigilancia de los presos cuando entre estos reconoció a un jefe carlista no acogido al infame Convenio de Vergara de 1839 y al que ya había pretendido incorporar, con reconocimiento de empleo y rango, a la Guardia Civil cuando la creación de ésta en 1844. Al verlo pobremente vestido y haciendo el trabajo propio de un peón caminero, el Duque de Ahumada, se dirigió a él preguntándole con gran asombro:

- “¿Pero qué haces aquí trabajando en esto cuando tú eres de los míos, un oficial del ejército igual que yo?”

A lo que el interpelado, dejando la zapa que estaba utilizando y volviéndose a su interlocutor con justo desprecio se limitó a responderle:

- “Yo, de los míos lo soy todo. De los tuyos, no soy nada”, tras lo cual volvió a coger la zapa y continuo con su trabajo.

La presa del “Pontón de la Oliva” se encuentra localizada en la Sierra de Ayllón muy cerca del pintoresco pueblo de Patones y aunque esta ya en desuso, sigue en pie formando parte del patrimonio histórico de la Sierra Norte de Madrid pudiéndose ver todavía las ruinas de la caserna donde vivían los presos carlistas que hicieron posible su construcción y constituyendo, en la serranía madrileña, el primer testigo mudo de una represión política poco conocida.

EL FACTURAZO ENERGÉTICO

Lo inteligente este fin de año sería comenzar a celebrarlo a eso de las siete de la tarde para concluir, tomándose las uvas sobre las doce menos cuarto procediendo inmediatamente después a apagar las luces y a encender unas románticas velas porque, como todos saben ya, nada más entrar en el año 2011 el precio de la luz se incrementa casi un diez por ciento mientras que el del gas subirá casi un tres por ciento.

El incremento del precio de la energía es notablemente superior al incremento del Índice de Precios al Consumo y responde a dos cuestiones importantes: la primera, evidentemente, es el deseo y la necesidad de llenar unas arcas públicas que están absolutamente vacías tras años de despilfarro y la segunda es reflejar en la factura que paga el consumidor el precio real de producción de una energía que, hasta ahora, venía siendo mínimamente subvencionada por el Estado, aunque tal subvención no constituía ningún obsequio para los ciudadanos porque el modelo energético que tenemos, el cual se basa en formas de producción de electricidad muy caras, fue, tan libre como erróneamente; adoptado por los sucesivos gobiernos sin contar con nadie.

No obstante, siendo para todos perjudicial el incremento del precio de la luz y del gas un diez y un tres por ciento respectivamente, lo peor de todo es que, a pesar de tantos derechos nominalmente reconocidos a los consumidores, tal subida se va a efectuar maquinal y solapadamente con carácter retroactivo aplicándose la misma, aproximadamente, desde el mes de Junio del 2010 porque las suministradoras energéticas llevan meses sin leer los contadores de millones de hogares españoles facturando en base solo a consumos estimativos por lo que, en este mes de Enero, cuando se proceda a la lectura y se facture en base al consumo real de energía, se aplicarán los incrementos establecidos a consumos de energía correspondientes a meses anteriores a la entrada en vigor de los mismos lo que supone que las “tan grandes e insignes empresas banderas de la economía española” van a utilizar prácticas más propias de los golfillos protagonistas de nuestra literatura picaresca que de empresas mercantiles serias que aspiran a ser competitivas.

Los ciudadanos de este país tienen el derecho y el deber de saber que la subida de la electricidad y del gas es consecuencia de la ausencia de un “Plan Energético Nacional” realista y eficaz que ningún gobierno ha querido realizar en los últimos treinta años así como de la inexistencia de un único gran sector energético público que evite que el calor de los hogares españoles en el frío invierno dependa de las caprichosas fluctuaciones del libre mercado. Así pues, una vez más, las consecuencias de la falta de previsión de quienes, por los cargos políticos y administrativos que ostentan, tienen la obligación de tenerla la van a pagar los pobres ciudadanos que vienen sufriendo en silencio una sucesión de malos gobiernos.

El incremento general de los precios que tendrá lugar el uno de Enero próximo y que no solo afecta a la electricidad y al gas sino que también se extiende a los transportes públicos unido a la congelación de las pensiones, a la supresión de la ayuda familiar a los parados y a la reducción de los salarios (no solo de funcionarios) que se prevé en un futuro muy próximo llevará a la población de nuestro país a una irremediable pérdida de poder adquisitivo y a un empobrecimiento generalizado que ya no puede ni debe imputarse exclusivamente a la mala gestión del presente gobierno sino que debe atribuirse por completo a la ineficacia y a la corrupción de todo el régimen imperante en nuestro país.

BALTASAR GARZÓN Y LA CRUDA REALIDAD

Hace años, don Baltasar Garzón, Magistrado-Juez del Juzgado Central de Instrucción número cinco de la Audiencia Nacional, parecía próximo a convertirse en un gran héroe togado digno de ser interpretado en alguna película por Spencer Tracy, el actor que mejor ha vestido la toga en toda la historia del cine. El Magistrado no solo había destacado en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, sino que parecía ser un Juez muy inclinado a hacer justicia no dudando para ello en dictar resoluciones judiciales que, por muy controvertidas que fueran, abrían la puerta a interesantes discusiones doctrinales y provocaban nuevas interpretaciones jurisprudenciales.

No obstante, de un breve tiempo a esta parte, Baltasar Garzón parece haber pasado de héroe a villano, reuniendo en su contra tres querellas una de las cuales, la interpuesta por Falange Española con motivo de la investigación iniciada por el Magistrado sobre “los crímenes del franquismo”, ha sido admitida a trámite amenazando con conseguir su suspensión cautelar mientras se resuelve el correspondiente procedimiento penal, por lo que se impone hacer una reflexión sobre la causa del por qué un representante del Poder Judicial, “aupado a los altares” tan solo hace unos años por la opinión pública está sufriendo esta amenaza de “descender a los infiernos”.

El gran pecado cometido por don Baltasar Garzón y del que seguramente no es consciente ha sido la irreflexiva temeridad de ignorar la realidad y de enfrentarse a ella cual Quijote envistiendo a los molinos, con la diferencia de que los molinos a los que se enfrentaba el Magistrado no eran molinos sino gigantes con grandes fauces dispuestos a engullirlo. Así pues, recordando la biografía escrita por doña Pilar Urbano y titulada “Garzón, el hombre que veía amanecer”, no puedo nada más que dibujar una sonrisa y opinar que hubiera sido mejor titularla “Garzón, el Juez que soñó con juzgar a Pinochet”.

Y es que efectivamente, aquel 16 de Octubre de 1998 en el que el exdictador Augusto Pinochet quedaba en situación de detenido en la Gran Bretaña en virtud de una orden de detención dictada por el Juez Garzón significa el momento cumbre en la carrera del magistrado a partir del cual empezaría un declive que ha culminado con las tres querellas formuladas contra él en España y todo ello por no valorar la realidad y enfrentarse a ella solo con la belleza del ideal, pero con una total ausencia de pragmatismo.

En primer lugar, es de recordar que Augusto Pinochet Ugarte era miembro de la masonería chilena, condición por la cual fue nombrado Comandante en Jefe del Ejército Chileno por el presidente de Chile y también masón, don Salvador Allende, el 23 de Agosto de 1973 en una reunión en la que asistió el general Prats, posteriormente asesinado por orden de su compañero de armas. Asimismo es de indicar las íntimas relaciones existentes entre la masonería y las instituciones de la Gran Bretaña donde los reyes británicos siempre han ostentado el máximo grado en la secta, lo que unido al enorme apoyo ofrecido por Pinochet a Inglaterra durante la guerra de las Malvinas, el cual incluyó el ofrecimiento del espacio aéreo chileno a Inglaterra para atacar, si fuera preciso; el territorio argentino, sientan la realidad de que la extradición a España del exdictador era pura quimera.

Por otra parte la detención de Pinochet en Gran Bretaña en virtud de la orden de detención dictada por el Juez Baltasar Garzón, ponía en un importante aprieto diplomático tanto al gobierno Español, que se veía obligado a solicitar la extradición del exdictador a un país del que se sabía prácticamente de antemano que no la iba a conceder y que tenía que hacer frente a las acusaciones de ingerencia en asuntos internos que le hacía Chile, como al gobierno británico que tenía que resolver la solicitud de extradición en beneficio de su “hermano” y aliado, alejando un problema diplomático con Chile y sin aparentar que auxiliaba a un criminal de masas. Descartada por el estado español, quien seguramente jamás se lo planteo, una “Operación Garibaldi” como la que puso a Eichmann a disposición de los Tribunales de Israel en 1960, la solución resultó muy “británica”: se negó a Pinochet la inmunidad diplomática que alegaba, se concedió la extradición a España, pero mientras se revisaba este último fallo por un nuevo tribunal, el gobierno laborista de Tony Blair decidió ponerlo en libertad atendiendo a razones humanitarias y de salud, lo que ponía fin a meses de conflictos y problemas con satisfacción del detenido y de los tres estados implicados, aunque ello suponía en la práctica un “revolcón” para el magistrado español.

El 28 de Octubre del 2007, el Congreso de los Diputados español aprobó la llamada “Ley de Memoria Histórica” acogiéndose a la cual, don Baltasar Garzón comenzó a instruir en Septiembre del 2008 una causa penal contra el franquismo atendiendo a la lógica al mismo tiempo que ignorando nuevamente la realidad y haciendo caso omiso de la misma. Y decimos atendiendo a la lógica porque no se puede promulgar una ley que haga referencia a hechos ilegales, crímenes y víctimas y no favorecer o promover una investigación criminal o instrucción penal sobre los mismos para saber realmente lo ocurrido.

Lo que el Juez Baltasar Garzón ignoró por completo es que al iniciar su instrucción penal, no se enfrentaba a la historia pasada y a unos personajes ya fallecidos sino que por el contrario, iba a enfrentarse con el presente y con intereses de personas, colectivos e instituciones muy vivos pudiendo afectar la instrucción de tal causa al mismísimo orden constitucional vigente porque es de indicar que desde el 1 de Abril de 1939, día en que terminó la Guerra Civil, o incluso antes si se toman en consideración las fechas en las que el llamado “Estado Nacional” iba siendo reconocido internacionalmente; ya no se podían imputar hechos delictivos a ningún grupo o facción sublevada, sino que solo se podían imputar los delitos al mismísimo Estado y a sus distintas instituciones.

Así pues, el señor Garzón no podía investigar las presuntas “prevaricaciones” de los jueces que dictaban sentencias de muerte siguiendo instrucciones superiores y sin las correspondientes garantías procesales, sin que el tema terminase implicando a todo el Poder Judicial, incluida la Justicia Militar, igualmente no podía investigar la muerte de las personas enterradas en las fosas comunes sin que ello salpicase al ejército y a determinado Cuerpo de Seguridad del Estado, bien por su participación directa en las detenciones, torturas y ejecuciones o simplemente porque tales hechos estaban amparados y favorecidos por el “Estado de Guerra” proclamado por el primero o por la legalidad brutal emanada del mismo estado y amparada por el poder judicial y, por último, no se podía investigar todo esto sin que, en el transcurso de la investigación, surgieran nombres de personas que, sin participar directamente en los hechos, los encubrieron, los favorecieron o, simplemente, se beneficiaron de ellos.

Si consideramos el hecho irrefutable de que la Institución Judicial en nuestro país es la misma que la de hace veinte años y la misma que existía en 1939 y que el ejército y ese determinado Cuerpo de Seguridad del Estado es el mismo que el de hace veinte años y el mismo que existía en 1939 y si tenemos en cuenta la jurisprudencia del Tribunal Penal de Nuremberg sobre las responsabilidades colectivas, resulta que no se podía permitir que don Baltasar Garzón iniciase un procedimiento que pudiera amenazar la estabilidad constitucional del actual estado al resultar del mismo la condena colectiva, aunque ésta solo fuera moral, de una o varias instituciones estatales.

En definitiva, si al inicio del presente escrito decíamos que algunas actuaciones del Juez Garzón habían sido dignas de haber sido llevadas al cine e interpretadas por el magistral Spencer Tracy (repetimos, el actor que mejor ha lucido la toga en toda la historia del cine), resulta que el gran pecado, el gran error imperdonable en el que ha incurrido este magistrado es haber despreciado la realidad y haber actuado en la vida real de la misma forma, con la misma ingenuidad y con la misma fe en la Justicia que Spencer Tracy mostraba en los dramas judiciales que protagonizaba.

Por último, para terminar este artículo es preciso hacer mención a la actuación de la Falange que, en unión con otros grupos de nostálgicos del franquismo, ha conseguido con su querella que la carrera del Magistrado Baltasar Garzón se tambalee y es que resulta no ya curioso, sino muy esclarecedor que un grupo político, cuyo poder y emblema fuese impuesto y amparado por el franquismo en todos los pueblos de la geografía española y que tras la muerte del General Franco en 1975 negase tener relación alguna con su régimen político haya salido en enconada y judicial defensa de tal régimen, de su titular y, por ende, de sus beneficiarios; resultando igualmente esclarecedor que esa misma organización que lleva muy a gala el afirmar que no es “ni de derechas ni de izquierdas” una vez más, al igual que otras veces en su historia, se haya alineado con la derecha liberal-capitalista comportándose como la “punta de lanza” del Partido Popular que es realmente, junto con las actuales Instituciones del Estado, el gran beneficiario de la querella contra el Juez Garzón tanto por lo que les debió hacer pasar cuando estaban en el gobierno y tuvieron que pedir a la Gran Bretaña la extradición de Pinochet como por la investigación que dicho juez lleva sobre el llamado “Caso Gürtel”.

“CARLISMO Y REPRESION FRANQUISTA” de Manuel Martorell y Josep Miralles

Bajo el título genérico de “Carlismo y Represión Franquista” la Editorial Arcos, dentro de su colección “Biblioteca Popular Carlista”, ha recogido y publicado “Tres Estudios sobre la Guerra Civil y la Postguerra” escritos por los historiadores Manuel Martorell y Josep Miralles.

“Carlismo y Represión Franquista” se presenta a los lectores dividido en tres partes coincidentes con los tres estudios que reúne.

En la primera parte, o estudio, titulada “Navarra 1937-1939: el fiasco de la Unificación” el profesor Martorell incide sobre la fuerte oposición carlista al decreto de unificación de Abril de 1937 y los enfrentamientos, en la mayoría de los casos personalistas, entre la Junta Central Carlista de Guerra dirigida por el Conde de Rodezno (aquel que posteriormente iría a Estoril a hincarse de rodillas ante don Juan de Borbón y Battemberg) y la Junta Nacional Carlista de Guerra presidida por don Manuel Fal Conde. En este estudio se pone de manifiesto y queda muy claro dos cosas: la primera de ellas es que el Rey Alfonso Carlos I y los dirigentes carlistas don Manuel Fal Conde y don Javier de Borbón Parma ordenaron al Requeté sumarse al alzamiento del 18 de Julio de 1936 pero solo como “fuerza de choque” nunca como “fuerza de policía y represión” prohibiendo expresamente a las unidades carlistas cometer actos de venganza y ordenándolas “entregar a cuantos prisioneros hicieran a las autoridades militares”. La segunda cuestión que se aclara en esta primera parte del libro es que los carlistas no aceptaron jamás el Decreto de Unificación de Abril de 1937 que implicaba su disolución en el Estado Franquista dando órdenes y directrices en la Junta celebrada en la localidad de Insúa el 13 de Febrero de 1937 de evitarla por todos los medios posibles no colaborando con el partido único que preveían que iba a surgir.

En la segunda parte del libro, titulada “La Represión de Boina Roja”, el autor estudia la participación de miembros pertenecientes a unidades carlistas, los famosos Requetés, en actos de represión demostrando que, aunque existieron algunos casos de esta participación, más bien fueron escasos y siempre respondiendo a una iniciativa individual, es decir, ejecutados sin planificación ni órdenes emanadas de ninguna autoridad o mando carlista. En “La Represión de Boina Roja” se documentan no solo algunos casos de esta represión, sino también actos en los que los carlistas y requetés salvaron la vida a no pocos izquierdistas y nacionalistas, en unos casos escondiéndolos y en otros incorporándolos a los Tercios de Requetés como combatientes mencionando lo acontecido en la Plaza del Torico de Teruel donde la totalidad de los Requetés al mando de un Alférez se negaron a participar en las ejecuciones de prisioneros programadas por un Comandante de la Legión apellidado Peñarroya y salvando a muchos de ellos al incorporarlos al requeté. Mención aparte merece, la anécdota recogida en el libro y ocurrida en el pueblo extremeño de Castellblanco donde ejercía de párroco don Ambrosio Eransus Iribarren, Comandante de Requetés, quien en Agosto de 1942 se enfrentó al Teniente Coronel de la Guardia Civil Manuel Gómez Cantos que pretendía detener y fusilar a noventa ciudadanos del pueblo: El párroco Eransus al enterarse de lo ocurrido días antes en Alía, donde se había fusilado a treinta vecinos y conocedor de que el Teniente Coronel Gómez Cantos tenía intención de fusilar a noventa personas en el pueblo del que era párroco, cogió la pistola que guardaba de los tiempos de la guerra, se dirigió a ver a Gómez Cantos y le espetó: “Si tu eres Teniente Coronel de la Guardia Civil, yo soy Comandante de Requetés y como se te ocurra aquí hacer lo mismo que has hecho en Alía, te busco, te encuentro y te pego un tiro”. Con ello don Ambrosio Eransus consiguió que no se matara a nadie en Castellblanco.

En la última parte del libro titulada “Carlismo y represión durante el primer franquismo en las comarcas de Castelló de la Plana”, su autor, Josep Miralles, relata no solo como los carlistas intentaron mantener su organización propia sin aceptar cargos en el partido único de Franco ni en el régimen surgido de la “Victoria de 1939” que para nada les representaba y en todo les resultaba ajeno, sufriendo por ello diversas penas de destierro e incluso prisión documentándose varios casos a título de ejemplo en el que carlistas atestiguaron a favor de represaliados políticos en los consejos de guerra a los que eran sometidos por las nuevas autoridades y que demuestran un gran valor al suponerse en las circunstancias en las que prestaban tales testimonios de descargo a favor de personas que en la mayoría de los casos estaban condenadas antes incluso de que se dictase sentencia.

El libro “Carlismo y Represión Franquista” constituye un muy interesante apunte histórico de lectura imprescindible que abre aún más el camino para la realización del cada vez más necesario estudio definitivo sobre el Carlismo bajo el Franquismo y su oposición al mismo.

LA INSURRECCIÓN QUE LLEGA

A finales del año 2008 saltó la noticia de que la policía francesa había desarticulado una banda de terroristas de ideología anarquista que durante meses se habían dedicado a sabotear las redes ferroviarias galas cruzando barras de hierro en las vías. Del registro de la granja en la que vivían los detenidos en comunidad, no había nada material que les inculpara de las acciones de sabotaje, solo un folleto titulado “La Insurrección que Llega” que les fue intervenido sirvió para justificar su detención y posterior prisión al ser considerado un manual de directrices para saboteadores.

“La Insurrección que Llega”, es un breve folleto anónimo aunque firmado por un autodenominado “Comité Invisible” que se consideró inicial y erróneamente el pseudónimo de uno de los jóvenes detenidos en Francia a finales del año pasado, Julien Coupat.

En realidad el tan temido y subversivo folleto no es más que una obra de opinión política que tiene dos partes claramente diferenciadas:

La primera parte constituye un tratado doctrinal que trata sobre los males que aquejan o que se detectan en la sociedad occidental actual tan debilitadas y maltratadas por los respectivos estados, así, en “La Insurrección que Viene”, se critica las corrientes filosóficas imperantes en la sociedad como el individualismo, el relativismo y el hedonismo como actitudes fomentadas en las sociedades desde el poder con la finalidad de desarticularlas y dominarlas más fácilmente.

Novedoso resulta en esta misma primera parte de la obra tanto la crítica que hace el autor del movimiento ecologista indicando que el ecologismo en un futuro muy próximo será también un medio de explotación económica de los ciudadanos como el elogio que dedica a los movimientos sociales de ayuda como los comedores sociales que, ante determinados desastres sociales o naturales, se pusieron en marcha en Nueva Orleáns o en la Argentina por grupos espontáneamente organizados.

La segunda parte de “La Insurrección que Llega”, es más discutible ya que constituye una mera serie de apuntes, no todos ellos acertados ni aceptables, sobre lo que se puede hacer ante la situación de quiebra social y humana que ha creado y fomentado el estado moderno. En este sentido existe un llamamiento a la organización comunal y social al margen del poder y de las leyes establecidas, siendo una especie de reivindicación de la comuna Hippie de los años sesenta del siglo pasado, pero también hay en “La Insurrección que Llega”, y aquí nos encontramos con lo inaceptable y lo discutible, un llamamiento al sabotaje de los medios de comunicación y de transporte con la finalidad de paralizar a las grandes metrópolis europeas y llevarlas a una situación de desabastecimiento que provoque la crisis definitiva del estado.

“La Insurrección que Llega” del Comité Invisible, al igual que “Técnica del Golpe de Estado” de Curzio Malaparte, no es más que una obra de opinión política que constata muchos hechos ciertos que se ven en la sociedad actual clamando contra la injusticia y la actitud pasiva de los hombres que padecen lo existente. Curiosamente, se considera que “La insurrección que Llega” es una obra de pensamiento anarquista aunque en lo relativo a la critica política incide en los mismos aspectos que el pensamiento católico actual dando el mismo tratamiento al individualismo, hedonismo o relativismo que se dan en las encíclicas papales. En este sentido, tal vez habría sido más productivo al autor de “La insurrección que Llega” hacer un llamamiento a la convergencia y a la colaboración de todas las teorías, corrientes y fuerzas contrarias al régimen mundial existente, sin prejuicio alguno, que el vago llamamiento a la insurrección y al sabotaje que, en última instancia, solo sirve para justificar la represión policial y la existencia misma del estado moderno.

“La Insurrección que Llega” ha sido publicada recientemente en España por la pequeña, pero valiente, editorial Melusina al precio militante y simbólico de diez euros, aunque también, para aquellos que no puedan hacer tan pequeño desembolso, se puede leer en internet en la dirección http://www.rebelion.org/docs/86360.pdf aunque es preferible favorecer la libertad de pensamiento y el sostenimiento de las editoriales que a tal principio sirven directa o indirectamente mediante la adquisición del libro ya que ello permitirá la subsistencia de la editorial y la publicación de nuevos e interesantes textos políticamente incorrectos.

CONCEPTOS EMERGENTES EN LA TEORÍA POLÍTICA (y IV): EL PENSAMIENTO ÚNICO

El último de los conceptos emergentes en la teoría política, al menos hasta el presente, es el del Pensamiento Único.

Si la Ingeniería Social y el Neoliberalismo son medios, tanto la Globalización como el Pensamiento Único son los fines que ambas persiguen abarcando éste último la única línea de pensamiento aceptable y admisible en el nuevo mundo globalizado.

El Pensamiento Único estará integrado por todo aquello que en cada momento sea política, social y económicamente correcto y será fruto de años de prácticas de Ingeniería Social y de aplicación de teorías Neoliberales en la axiología. El Pensamiento Único tiene por objeto desarmar a la sociedad civil haciendo que ésta admita el sistema imperante no solo como el menos malo de los regímenes sino como el único posible, es la materialización perfecta del axioma “El Jefe Nunca se Equivoca” no mediante la adhesión inquebrantable a las jefaturas como en los regímenes totalitarios clásicos ya superados, sino mediante la falta de alternativas intelectuales.

La implantación del Pensamiento Único no tendrá lugar mediante la censura, la prohibición o la represión sino a través de la aceptación por parte de la suma de individuos que integran la sociedad de que toda línea intelectual que no sea coincidente con la sostenida por la clase dirigente es perjudicial para el ser humano y su bienestar.

Si bien es cierto que el querer instaurar el Pensamiento Único es una acusación que hoy en día se hacen recíprocamente la derecha y la izquierda, no es menos cierto que la búsqueda e instauración de dicho Pensamiento Único es la finalidad buscada por ambas tendencias políticas como demuestran las coincidencias programáticas que muestran en los grandes temas sociales, políticos y éticos.

Aceptado voluntariamente el sistema de Pensamiento Único previo embrutecimiento de la población, todo el pensamiento crítico será marginado sin necesidad de recurrir a medios represivos pudiéndose aludir a que si tal autor no publica su obra no se debe a lo que en ella manifiesta sino a que lo que en ella se dice no interesa al público y por tanto editarla provocaría pérdidas a la editorial porque no se vendería el número deseable de ejemplares para justificar la edición.

La gran baza del Pensamiento Único se encuentra en la comodidad del ser humano (a la que siendo tendente por naturaleza se le ha fomentado desmesuradamente en los últimos años mediante la ingeniería social) que le llevara a aceptar servilmente lo que le dicen y le alejara de toda actividad creadora.

El Pensamiento Único será la columna vertebral sobre la que descansara la estabilidad del régimen neototalitario al que, ya se vislumbra, tiende el mundo futuro.

Artículos anteriores relacionados:

- CONCEPTOS EMERGENTES EN LA TEORÍA POLÍTICA: La Ingeniería Social.

- CONCEPTOS EMERGENTES EN LA TEORÍA POLÍTICA (II): El Neoliberalismo.

- CONCEPTOS EMERGENTES EN LA TEORÍA POLÍTICA (III): La Globalización.

“EL CHOUAN” DENUNCIADO

El pasado 10 de Marzo, coincidiendo ¡oh casualidad!, con “el Día de la Lucha Carlista” instaurado por S.M. Javier I, uno de nuestros redactores fue visto por funcionarios del Cuerpo Municipal de Policía de la madrileña localidad de Fuenlabrada poniendo una única pegatina en una señal de dirección prohibida.

Cuando nuestro redactor se encaminaba hacia el metro para dirigirse a su domicilio fue requerido por, nada más ni nada menos que, tres agentes para que se identificara y les acompañara al vehículo pues le iban a cursar la correspondiente denuncia por la colocación de la pegatina en la susodicha señal al haber infringido al parecer una ordenanza municipal existente en la localidad dedicada a la Convivencia Ciudadana.

La pegatina y su contenido es la que acompañan a la presente nota.

Curiosamente, el Municipio de Fuenlabrada es uno de los que tiene un autobús interurbano en los que se puede leer la leyenda que la asociación de librepensadores ha lanzado más con ánimo de escándalo que de proporcionar respuestas científicas: “probablemente Dios no existe, deja de preocuparte y vive la vida” como si tal ánimo de escándalo no afectara o pudiera afectar a la convivencia entre los ciudadanos.

La pegatina en cuestión pretendía y pretende dar una respuesta desde la realidad social de los millones de endeudados y parados que sufren el mal gobierno de la Res Publica así como desde la jocosidad, pero sobre todo y ante todo DESDE LA FE CATÓLICA que, de un tiempo a esta parte, es gratuitamente ofendida desde el poder sin ser amparada por nadie viéndose de éste modo agredida la libertad religiosa.

No vamos a discutir la existencia de la ordenanza que prohíbe poner pegatinas en el mobiliario urbano ni la actuación de los agentes de la autoridad, que por cierto y es justo reconocerlo, se comportaron en todo momento con respeto y corrección aunque también mostraron en sus rostros cierto asombro ante las alegaciones de nuestro redactor vertidas en la papeleta de denuncia, pero no podemos negar que nos llama poderosamente la atención de que “todo el mundo” lo hace, “todo el mundo” pone pegatinas y anuncios en el mobiliario urbano de todos los municipios de las Españas y que haya sido precisamente está pegatina en concreto en uno de los municipios que tienen el famoso autobús del librepensamiento la que haya originado la denuncia y el futuro expediente sancionador estando convencidos de que de haber sido otro el contenido de la pegatina, tal vez la denuncia hubiera existido, pero el expediente seguramente se habría perdido entre la “maraña administrativa”.

No obstante, las cuestiones verdaderamente importantes son dos:

La primera es la progresiva reducción de las posibilidades de expresar aquel pensamiento que no coincide con el pensamiento oficial del régimen actual. Si bien es cierto que sobre el papel de la Sacrosanta Constitución de 1978, la Libertad de Expresión es reconocida a todos termina siendo negada en la práctica a la inmensa mayoría porque el español tiene libertad para comprar papel, tiene libertad para comprar impresoras, para imprimir pasquines y para decir lo que le de la gana en su casa de puertas para adentro, pero luego realmente no puede pegar pegatinas con su pensamiento porque existen ordenanzas que impiden su colocación, tampoco puede hacer pintadas porque, además de ser una guarrería, puede llegar a ser un delito, asimismo tampoco puede repartir pasquines o folletos a la salida del metro porque también hay ordenanzas que multan tal actividad, así pues ¿Cuál es el único medio admitido para ejercer la libertad de expresión? y, por ende ¿Quién tiene realmente el derecho a la libertad de expresión? Pues está muy claro, el único medio admitido para ejercer el derecho a la libertad de expresión es aquel que se canaliza a través de los grandes medios de comunicación de masas o a través de importantes agencias de publicidad y atendiendo a esto solo aquellos que tienen los medios económicos suficientes para acceder a tales medios y agencias pueden ejercer la libertad de expresión.

La segunda grave cuestión no planteada por nadie hasta ahora es que si el actual estado español no tiene religión oficial y es neutral en materia religiosa ¿Cómo es posible que se permita la utilización de un medio de transporte público para realizar una campaña propagandística que atenta contra los sentimientos religiosos de una mayoría de españoles?. A nivel individual constituye una falta de educación y de respeto intentar que la gente abandone sus creencias religiosas o ateas y las mude por otras, siendo muy extendido y conocido el Magisterio de la Iglesia Católica al respecto y que claramente afirma que “siendo la Fe un don divino a nadie se le puede obligar a creer”, pero a nivel político, administrativo y legal la propaganda a favor o en contra de la existencia de Dios en un medio de titularidad pública como es el transporte vulnera gravemente la neutralidad religiosa del estado español y de sus instituciones además de atentar contra la paz social.

No pedimos justicia, no creemos que se nos pueda hacer, pero lo mínimo que podemos pedir al actual régimen español y a sus instituciones es que sea coherente con su propia legislación fundamental de la que anualmente, en el mes de Diciembre, entona poéticas loas que no son más que el canto del “Trágala” de siempre.

Así pues, estimados amigos y lectores, no sería de extrañar que, estando las cosas como están, cualquier día se nos presentase un motorista con la orden gubernamental de cierre de este blog. De momento y hasta que llegue ese momento esperaremos la comunicación del Excelentísimo Ayuntamiento de la Fuente Labrada y nuestro redactor hará frente a la multa, esperemos que con el menor menoscabo posible para su bolsillo.

REMIENDOS EPISCOPALES

Próxima la celebración de las festividades de Pascua y Resurrección (es decir de la Semana Santa) y ante la reforma de la actual Ley del Aborto, la Conferencia Episcopal Española ha iniciado una campaña publicitaria en la que pretende defender la vida oponiéndose al aborto comparando a un Lince con un niño de pocos meses de edad. Como apoyo a esta campaña parece ser que los costaleros de diversas cofradías procesionales portarán en sus hábitos lazos blancos para mostrar su rechazo a la Ley del Aborto.

No obstante, tanto los cartelitos y las vallas publicitarias pagadas por la Conferencia Episcopal como el detalle del lacito de las Cofradías Religiosas no se pueden considerar nada más que anécdotas para entretener a los fieles y mantenerlos en el limbo de los pusilánimes a la vez que encubren las incoherencias en las que, de forma constante, viene incurriendo la jerarquía eclesiástica española.

Si en realidad la Iglesia Católica Española, con sus prelados a la cabeza, quisiera mostrar clara y rotundamente su disconformidad con la postura gubernamental de constante agravio hacia los católicos lo tendría muy fácil tomando cualquiera de las siguientes medidas en la próxima Semana Santa:

1º. Prohibir que las procesiones religiosas sean acompañadas o escoltadas por miembros uniformados de la Guardia Civil, del ejército o de la Legión. Esta medida no solo sería una forma de protesta sino, sobre todo, un acto de coherencia y de defensa de la legalidad vigente que bien claro expresa que el Estado Español no tiene religión oficial además de ser completamente respetuosa con esa porción de españoles defensora del estado laico y que puede verse ofendida al ver a miembros de una institución del estado participando en un acto religioso con el uniforme y los emblemas de su autoridad. Así pues, si el estado es laico y además tiene una legislación o una postura política que puede considerarse poco o nada respetuosa con la población católica española se puede saber ¿Qué hace la Legión en la Semana Santa malagueña acarreando santos?.

2º. Otra medida, tal vez más radical, de mostrar el malestar de la Iglesia Católica podría ser no autorizar la salida de los pasos procesionales ni la realización de procesiones durante la Semana Santa como protesta ante la ley del aborto dejando absolutamente vacías las calles de las ciudades de arraigada tradición procesional.

¿Por qué la jerarquía eclesiástica española ni siquiera se plantea tomar cualquiera de estas medidas? ¿Por qué los distintos gobiernos del estado español, que evidentemente han llevado una progresiva legislación laicista llegando a pretender la supresión de los crucifijos de los lugares públicos, permiten que miembros de sus instituciones armadas participen con los emblemas y uniformes de su cargo en los actos religiosos?. Las repuestas y explicaciones a estas preguntas resultan muy sencillas: por dinero, por el puro y simple dinero que todo lo compra y todo lo corrompe.

Al estado español, le interesa promocionar las procesiones de Semana Santa como reclamo folklórico-turístico para atraer a los turistas extranjeros y fomentar el sector servicios aunque sea de forma temporal y periódica y a la Jerarquía Eclesiástica Española no le interesa enfrentarse directamente al estado para no perder las subvenciones que percibe del mismo en forma de salarios para el clero. Así pues los católicos debemos ser conscientes de que la campañita contra la reforma de la ley del aborto emprendida por la Conferencia Episcopal así como sus quejas, lamentos y quebrantos no son más que actos de entretenimiento para la galería dirigidos a cubrir el expediente de unas personas de discutible valor apostólico que con su mal hacer están demostrando que, de haber sido los apóstoles originales, el Cristianismo habría desaparecido en el circo romano entre las fauces de los leones.

Pero que quede muy clara una cosa. Estando las cosas como están, al igual que a una persona a la que se le reconoce su derecho a ser liberal, laicista y/o ateo le puede molestar, muy lógica y coherentemente, que los miembros de las Fuerzas Armadas escolten los pasos o directamente los acarreen, a muchos católicos también nos molesta ver los uniformes de los miembros de las Fuerzas Armadas y del Orden Público en nuestras procesiones católicas.

ESTE AÑO 2009: TAMBIÉN LARRA

Como este es un país de conmemoraciones, que cuando no conmemora los veinticinco años de algo es porque esta conmemorando los cincuenta o, mejor aún, los cien, es de justicia indicar que este año 2009 además de ser el año de Darwin es también el año del bicentenario del nacimiento de Mariano José de Larra, quien precisamente en este mes de Marzo, en su día 24, hará doscientos años de su venida al mundo.

Mariano José de Larra, fue hijo de un médico josefino, es decir de un afrancesado partidario de José Bonaparte que tuvo que partir al exilio junto con su familia siguiendo a los ejércitos franceses tras la derrota de Napoleón en la Península Ibérica. En Francia, concretamente en Burdeos y en París, pasó Mariano José de Larra cinco años de su infancia para volver a España en 1818 agraciado por la amnistía otorgada por el desgraciado (para los españoles) Fernando VII.

Después de terminar sus estudios en 1827, ingresa en los Voluntarios Realistas, aunque ya en esa época empieza a cultivar la poesía y la sátira convirtiéndose pocos años más tarde en el primer periodista español del Siglo XIX.

Sus artículos periodísticos publicados bajo el pseudónimo de Fígaro en el periódico “El Pobrecito Hablador” y en “La Revista Española” son de contenido diverso y abarcan desde la crítica literaria a la crítica política y social, pudiéndose considerar precisamente estos últimos, como precursores del regeneracionismo que a finales del Siglo XIX y principios del Siglo XX, sería el ideario aglutinante de la Generación del 98.

En sus artículos de crítica política acude Larra a cuadros costumbristas para denunciar, con cierta ironía y buen sentido del humor, los males que atenazan al país siendo de sobra conocidos los artículos “Vuelva Usted Mañana”, “El Castellano Viejo” y “Los Calaveras” en los que refleja el espíritu de todo un pueblo sin pulso y caracterizado entonces, prácticamente al igual que hoy, por la finalidad vital de conseguir introducirse en la burocracia funcionarial del estado para vivir con el menor esfuerzo y la mayor estabilidad posible, por la vulgaridad y el patriotismo grosero y la vida alegre, frívola y carente de responsabilidad.

Este profundo dolor por España que Larra muestra en sus artículos políticos hizo que muchos representantes de la Generación del 98, entre los que se encontraban Azorín, Baroja y Unamuno, se sintieran identificados con él depositando en 1908 una corona de flores ante su tumba como muestra de sentido homenaje.

Larra sufrió durante su vida literaria los golpes de la censura y la carencia de la libertad de expresión viendo prohibida en 1834 su pieza dramática “Macias” a pesar de mostrarse leal servidor de la causa de Maria Cristina, viuda de Fernando VII y posterior señora de Muñoz, a la que prestó grandes servicios con su pluma atacando duramente a don Carlos V y al Carlismo, siendo curioso que no fueron éstos quienes le mostraron desprecio ni quienes, en último extremo, le llevaron a la muerte y siendo muy posible y paradojico que hubieran sido los únicos capaces de cambiar el rumbo de la política y de la sociedad española para evitar que se encallase en la oligarquía y en el caciquismo como la forma de gobierno denunciada por Joaquín Costa en su obra homónima y, que de una forma u otra, subsiste en nuestros días.

La muerte de Larra por su propia mano, la noche del 13 de Febrero de 1837, en la calle Santa Clara, número 3 de Madrid se ha atribuido a razones amorosas e incluso al terror que sentía el literato ante la proximidad del general carlista Ramón Cabrera que en esas fechas se encontraba con su ejército en Vallecas amenazando con tomar la capital, pero muy posiblemente la causa de su suicidio se deba a su creciente desaliento y a su inconformidad ante el curso de la sociedad y de la política españolas que lamentablemente no ha variado en estos doscientos años.

LOS POLÍTICOS CRIMINALIZAN A PARADOS Y AFECTADOS POR LA CRISIS ECONÓMICA

Las recientes manifestaciones de doña Soledad Mestre, Delegada del Gobierno en Madrid y dependiente del Ministerio del Interior, vertidas en una conferencia de prensa en la que aparecía rodeada de los máximos responsables del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil en la Comunidad Autónoma presidida por doña Esperanza Aguirre desvela el desprecio y la opinión que la clase política tiene sobre el inmenso número de personas que ingresan sin cesar en las listas del paro, se ahogan en deudas hipotecarias interminables y sufren, en definitiva, la crisis económica provocada por el egoísmo del capitalismo y la dejadez de los políticos.

Las declaraciones textuales de la señora Mestre fueron las siguientes:

“El año 2009 y, sobre todo, el primer semestre va a ser difícil para la seguridad ciudadana. La crisis y el desempleo son dos elementos que contribuirán a que así sea”.”Estamos preparados para hacer frente a este reto; tenemos más efectivos, casi el 100% del nuevo catálogo de Policía Nacional en la capital y entre el 94% y el 96% en las comisarías locales. “Incluso podemos hacer bajar las cifras (de delincuencia se entiende; no de parados ni de afectados por la crisis), pese al desempleo y a la crisis que ha llegado desde Estados Unidos”.

Evidentemente de tales declaraciones se desprende con nitidez que el número creciente de afectados por la crisis económica y el desempleo provocará que gran número de desempleados se dedique a delinquir incrementando de este modo la actividad delictiva ya en imparable crecimiento en Madrid desde hace casi una década.

No obstante, ignora la señora Delegada del Gobierno en Madrid, que uno puede perder su empleo, perder sus ahorros, ver subastada su vivienda e incluso ser despojado de todos sus bienes por los prestamistas financieros, pero no por ello convertirse en delincuente. No cabe la más mínima duda de que la grave situación económica que empiezan a padecer muchas familias de nuestro país desembocaran en situaciones vitales desesperadas, pero ello no tiene por qué implicar un incremento de la delincuencia, menos aún si consideramos que los delitos dimanantes de actos desesperados son tan pírricos que, a poco que razone con serenidad aquel que pretendiera cometerlos solo podría llegar a la conclusión de que no vale la pena cometerlos y en nuestro país, este tipo de delitos nacidos de la desesperación, siempre han estado vinculados al consumo de estupefacientes.

Vincular paro y crisis económica con delincuencia, no solo constituye una “perlita” filosófica, un prejuicio y una manifestación de irracionalidad equivalente a la de equiparar pobreza y suciedad, sino que desvela la opinión que tienen nuestros sacrosantos (para algunos) políticos liberales sobre los afectados por la crisis económica y por los que deberían sentir una mayor preocupación en vez de la repugnancia que las palabras de la susodicha dependiente del Ministerio del Interior en Madrid demuestran.

Es lógico prever que la angustia y la desesperación de los desempleados derive en un incremento de cuadros de depresión psicológica y en un aumento del número de suicidios que a todos nos deberían preocupar enormemente pero para nada resulta lógico ni racional vincular paro y crisis económica con delincuencia por lo que, ante tales declaraciones de la señora Delegada del Gobierno en Madrid, se la podría espetar a la cara: “Políticos: se os ve el plumero” o “Soledad, dimisión”.

Por otra parte, si se atiende a la escenificación en la que doña Soledad Mestre vertió las mencionadas declaraciones (rodeada de numerosos agentes de la autoridad vestidos con uniforme de gala) parece ser que se temiera en el futuro numerosos asaltos masivos y colectivos a instituciones bancarias y de crédito, pero claro… sepa la señora delegada del gobierno y también el Comisario General de la Policía y todos los Generales del Benemérito Instituto que, si tales hechos llegasen a producirse, tampoco se estaría ante actos delictivos, sino ante una REVOLUCIÓN porque, aunque los marxistas compliquen la vida a los demás con cuestiones intelectuales vacías e improductivas como el materialismo dialéctico, precisamente eso es una revolución: EL ASALTO COLECTIVO A UN BANCO Y LA REDISTRIBUCIÓN DE SU CAJA.

EL PROBLEMA DE LA JUSTICIA EN ESPAÑA

Es práctica habitual y lógica en la ciencia médica diagnosticar las enfermedades a través de sus síntomas, pero igualmente resulta habitual siendo menos lógica en la sociología hispana la práctica de confundir los síntomas con los problemas mismos. Así de forma periódica se habla desde los medios de comunicación y desde el poder de que el problema de la justicia en España es la lentitud y el atasco judicial, cuando realmente tal atasco y tal lentitud son simples síntomas de un cúmulo de problemas que minan, desde hace décadas, a la administración de justicia en nuestro país.

El primer problema y que resulta consustancial en la administración de justicia española es la total ausencia, salvo contadas y honradas excepciones, de vocación profesional entre los jueces no siendo la inmensa mayoría de ellos juristas, sino simples licenciados en derecho que tienen por objetivo vital ser altos funcionarios del estado y tener un sueldo fijo cada mes por ello, desde el momento de terminar sus estudios en la universidad, se dedican a opositar y muchos de ellos al no poder conseguir ser funcionarios de la máxima escala administrativa siguen opositando descendiendo en el escalafón hasta conseguir al menos ser agentes judiciales, siendo el ejercicio libre de la profesión de abogado su última y desesperada opción.

El segundo problema, también consustancial, es el carácter con el que los funcionarios de justicia entienden su trabajo y que en su momento sintetizó muy bien Larra en su artículo “vuelva usted mañana”. Así el horario de trabajo del funcionario es extremadamente flexible, se supone que entra a trabajar a las 9.00 de la mañana, pero muchos llegan más tarde, luego tienen un tiempo para almorzar que tiende a extenderse más de lo fijado en los convenios laborales suscritos y finalmente tienen unos periodos vacacionales extremadamente raros pues fijándose en general el mes de Agosto como inhábil a efectos judiciales, la mayoría de funcionarios de justicia se toman el mencionado mes veraniego y con posterioridad muchos de ellos se toman días libres, o incluso periodos enteros, lo que, teniendo en cuenta que cada funcionario lleva un determinado número de asuntos y que si él no esta el asunto no se mueve, ni se provee y ni siquiera se puede ver; se puede hacer el lector una idea del perjuicio que tal práctica generalizada ocasiona a la administración de justicia.

Otro problema, este más bien de formación ciudadana y que solo con la debida educación del ciudadano se solucionará, es que la administración de justicia es un servicio público y como tal ha de ser utilizado por los ciudadanos con racionalidad no abusando de él. Siendo España un país donde se pleitea por las cosas más nimias y aún sin derecho o con ninguna posibilidad de que el pleito prospere, son miles de demandas, denuncias o querellas las que llegan diariamente a los organismos judiciales atascándolos pues a todas ellas hay que proveer aunque solo sea para acordar su archivo. En este sentido hay que señalar que no es ajeno a este furor querulante los poderes ejecutivo y legislativo que tienden cada vez más a judicializar numerosos aspectos de la vida ciudadana llegando incluso a la peligrosa vulneración del principio de intervención mínima del derecho penal.

Un cuarto problema de la justicia en España, es la escasez de medios adecuados porque, entre otros motivos, la inmensa mayoría de los dineros presupuestados para la administración de justicia se los llevan los alquileres de los inmuebles donde radican muchos juzgados y el pago del personal funcionarial al que se le dota poco y mal de medios técnicos avanzados, siendo posible, como lo es en la actualidad que todos los órganos de la administración estén conectados entre sí por redes informáticas de fácil manejo que permitieran un rápido intercambio de información sustancial para la feliz resolución de los procesos.

A todos estos problemas indicados también se une que las leyes procesales vigentes en nuestro país permiten en gran medida que sea el demandando o el denunciado, es decir la persona a la que más le interesa que el proceso sea interminable, quién tenga la iniciativa procesal pudiendo actuar de numerosas y diversas maneras para dilatar el procedimiento hasta el aburrimiento de la otra parte.

Finalmente no se puede terminar de hablar de la administración de justicia en España sin reivindicar la figura del abogado de oficio pues, estando las cosas como están y que son como arriba se han descrito, hay que afirmar que es el abogado de oficio el personaje sobre el que descansa en último término el funcionamiento de la justicia porque siendo su intervención elevada en numerosos procedimientos de las jurisdicciones civil y laboral es en las jurisdicciones penal y administrativa donde su participación es total en prácticamente todos los procedimientos. Es el abogado de oficio quien, sin coste alguno para el justiciable al que defiende, dinamiza los procesos acudiendo con asiduidad a la oficina judicial a preguntar por el estado de la tramitación de los procedimientos haciendo de este modo que los temas vayan más rápidos, es el abogado de oficio quien, por un módico coste para el estado o para las administraciones autonómicas, vigila que las leyes se apliquen sin vulneración de ninguna garantía y finalmente es el abogado de oficio quien no solo pone sus conocimientos al servicio del ciudadano, sino que además les financia en cierto modo los procedimientos pagando de su bolsillo unas infraestructuras (teléfono, fax, luz, despacho…) y unos consumibles (tinta, papel, toner…) por los que recibirá en el futuro unas “compensaciones” económicas que en algunas comunidades autónomas como la de Madrid, les comienzan a ser regateadas asemejándolos a aquellos soldados de los Tercios a los que las soldadas les llegaban siempre tarde y rebajadas si es que les llegaban. Tan importante es la figura del abogado de oficio tal y como está establecida actualmente en nuestro ordenamiento jurídico y en el sistema actual de justicia gratuita que pudiéndose y debiéndose afirmar que la justicia en España funciona mal, sin la figura del abogado de oficio, simplemente no funcionaría.

“LOS PROTOCOLOS DE LOS SABIOS DE SIÓN”: ORIGEN, FALSEDAD Y CURIOSIDADES

Hace poco más de un siglo, en 1903, apareció por primera vez un librito de escasa resonancia entonces que bajo el título de “Los protocolos de los Sabios de Sión” describía, en 24 protocolos, las directrices de una pretendida conspiración judía para el completo dominio del mundo y que sirvió para difundir el antisemitismo y justificar el gran Pogrom que tuvo lugar ese año en Rusia contra la comunidad judía y que a punto estuvo de servir de motivo para una guerra entre Estados Unidos y Rusia.

“Los protocolos de los Sabios de Sión” fueron difundidos en Rusia por Sergei Nilus, ideólogo de la “Unión del Pueblo Ruso” organización protofascista y conocida popularmente con el nombre de “La Centuria Negra”, quién afirmó haberlos traducido de las actas originales del Primer Congreso Sionista de Basilea celebrado del 20 al 31 de Agosto de 1897 bajo la presidencia de Theodor Herzl. No obstante, las contradicciones existentes en el texto, donde el mismo presunto autor, un anciano judío, se culpa a sí mismo de los males del mundo y la ausencia total de raíces lingüísticas y culturales judías unido a la investigación que sobre “Los protocolos” desarrollo Philip Graves y que fue publicada en el diario “The Times” los días 16, 17 y 18 de Agosto de 1921 hacen pensar que el texto es una falsificación realizada, ante la grave situación interna del Imperio Ruso, por la “Okrana”, policía política rusa famosa por sus chapuceras y corruptas operaciones de intoxicación y provocación.

Philip Graves en su mencionada investigación publicada con el título “Los orígenes de los Protocolos de los Sabios de Sión”, revela que “Los protocolos” son realmente un plagio del panfleto anti-napoleónico escrito en 1865 por Maurice Joly y titulado “Diálogo en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu” plagio a su vez de la novela de Eugenio Sue “Los Misterios del Pueblo” en la que se narra una conspiración secreta para el dominio del mundo dirigida, en este caso, por los Jesuitas. Graves llega a poner en manifiesto que más de 160 pasajes de “Los protocolos”, correspondientes al cincuenta por ciento del total de los mismos han sido textualmente copiados de la obra de Joly a los que se les ha añadido otros pasajes igualmente plagiados del capítulo “El Cementerio Judío de Praga y el Consejo de los Representantes de las Doce Tribus de Israel”, contenido en la novela “Biarritz” escrita por Goedzche en 1868 y que también se inspira en la precitada obra de Eugenio Sue.

No obstante de ser una obra muy controvertida cuya falsedad ha sido sobrada y reiteradamente probada, “Los Protocolos de los Sabios de Sión” constituyen la obra cumbre de la literatura antisemita y su difusión no deja de ser constante desde el final de la Primera Guerra Mundial llegando a alcanzar tan solo hasta 1930 cuarenta y tres ediciones en más de veinte lenguas integradas por millones de ejemplares vendidos. Los argumentos de los todavía defensores de la autenticidad del texto y de su autoría judía suelen reducirse a dos:

1º. La negativa rotunda del estado de Israel de hacer públicas las actas del Congreso Sionista de Basilea de 1897, ya que si “los protocolos” no son las actas de dicho congreso, que mejor forma de probarlo que haciéndolas públicas. No obstante la publicidad de las actas del Congreso de Basilea por parte del estado de Israel no serviría para desvirtuar la supuesta autenticidad de “los protocolos” porque sus defensores la continuarían sosteniendo afirmando la falsedad de las actas presentadas por Israel.

2º. La creencia de que los planes referidos en “los protocolos” se vienen cumpliendo progresivamente desde la Revolución Rusa. La confirmación de esta creencia no probaría ni la autenticidad de la obra ni su autoría pues la materialización de los protocolos no sería garantía de que el autor o autores fueran judíos ni siquiera garantizaría que el documento fuera redactado conscientemente como un plan conspirativo a seguir.

La curiosidad fundamental que pesa sobre “Los Protocolos de los Sabios de Sión” es que por su contenido y por los temas en ellos tratados se puede deducir lógicamente que su autor o autores son sobresalientes dominadores de la psicología y sociología de las masas y conocedores de lo que hay que hacer para lograr que las sociedades degeneren y caigan en una esclavitud voluntaria e imperceptible, lo cual no quiere decir gran cosa sobre su concreto autor o autores porque desde principios del Siglo XIX se han publicado numerosos estudios históricos acerca de la caída de las grandes civilizaciones donde se indican las características comunes que presentan todos los procesos de decadencia, los cuales pueden ser fomentados y acelerados al igual que evitados o ralentizados. Así pues, es plausible creer que “Los Protocolos de los Sabios de Sión”, originariamente elaborados como una obra de ficción para justificar ante el mundo determinados acontecimientos que ocurrían en el interior del Imperio Ruso, hayan sido tomados como modelo a seguir por algún reducido grupo de personas poderosas (no necesariamente judías ni con una concreta creencia religiosa) que los estén poniendo en práctica. En este sentido es de indicar, curiosamente, que un pequeño ensayo de lo contenido en “Los protocolos”, concretamente lo recogido en los protocolos números 9, 13 y 16 relativos a la corrupción de los individuos, al fomento de las diversiones y la educación superficial; fue puesto en práctica durante la ocupación nazi de Polonia por el Gobernador General, Hans Frank, al repartir dinero entre los jóvenes polacos por no ir a la escuela, al favorecer el consumo generalizado de alcohol entre la población así como al propiciar el aborto libre entre las mujeres, todo ello con la intención de degenerar por completo a la población polaca haciendo más fácil el dominio sobre la misma. .

Por todo lo anteriormente expuesto, podemos concluir que “Los protocolos de los Sabios de Sión”, es una obra falsamente atribuida a los judíos, plagio de obras anteriores, alguna de ellas muy conocidas, elaborada en principio con el mero objeto de fomentar y difundir el odio al judío justificando su represión, pero al mismo tiempo es también una obra que, incidiendo en la máxima de que “a los hombres se les gobierna mejor por sus vicios que por sus virtudes”, permite presumir que su autor es un gran conocedor de las debilidades humanas y que es posible que sirva involuntariamente de modelo o inspiración a cualquier grupo fáctico y poco numeroso que desee instaurar un gobierno mundial para su propio beneficio.