INDIGNIDAD NACIONAL

           

Sr. Granados parece usted paja más que trigo

¡¡Ni uno más, no se puede soportar ni uno más!!. El pueblo español no debe seguir soportando ni un caso más de corrupción de los miembros de la casta política que, encaramados en el poder, nos viene mal gobernando desde hace décadas.

            La última redada policial, propia de una operación antimafia organizada por los Carabineri en Napoles y Sicilia durante los duros años setenta, no ha tenido por objeto a ningún "Capo" de la "Cosa Nostra" sino a numerosos cargos y ex-cargos (¿o debería decir capos y ex-capos?) públicos de los grandes partidos mayoritarios. Ha sido una operación contra la corrupción que se suma a una lista demasiado larga de escándalos que afectan ya a la totalidad de la casta política existente en nuestro país y que, lejos de suponer regeneración democrática alguna, nos hacen pensar en los casos que quedan por destapar o que no llegaran a destaparse nunca.

            Los distintos responsables de los partidos que en su día pusieron a estos señores en los cargos públicos que utilizaron en su beneficio piden disculpas, pero no es tiempo de pedir disculpas. Uno pide disculpas cuando mete la pata o pega un pisotón sin querer a otro en el metro, pero cuando se mete la mano, cuando existe intención de beneficiarse en detrimento de otros, de la generalidad, uno no pide disculpas, sino que asume las consecuencias y actúa con alguna vergüenza si es que todavía le queda algún rastro de ella.

            Y cuando hablo de vergüenza, no puedo negar que se me pasa por la cabeza aquella escena de una película británica cuyo título no recuerdo en la que un miembro de un club de caballeros tras cometer una falta (creo incluso recordar que se trataba de un robo) es sometido a una especie de juicio y tras acordarse su posible expulsión del club se le deja solo en la sala en la que, pasados unos minutos, entra un elegante mayordomo portando una bandeja de plata con una copa de coñac y un revólver y le dice "señor, los caballeros de ahí fuera le envían esto y dicen que están seguros que se comportará como uno de ellos". Suicidios por vergüenza u honor ha habido muchos a lo largo de la historia, sobre todo en aquellos periodos en los que la fama, la verdadera fama y no esa calderilla a la que hoy llamamos popularidad, era más importante que la propia vida, pero no creo que tal salida sea aplicable ni exigible a ninguno de los miembros de nuestra casta política porque sin lugar a dudas si alguien les ofreciera en una bandeja de plata una copa de coñac y un revólver, demostrarían tal desvergüenza que se tomarían la copa de coñac y utilizarían el revólver para abrirse paso a tiros y así huir con la bandeja de plata. 

      

Señores políticos, no es hora de disculparse, es hora de... tomarse una copa de coñac

Recordemos un poco las enseñanzas teológicas del catolicismo aunque en este país tal cosa sea "out" y este mal vista. Dice la doctrina católica que todo pecador (y en el tema que tratamos hay mucho pecador, especialmente contra el Séptimo mandamiento: "no robarás") puede ser perdonado a través del Sacramento de la Confesión, pero tal perdón no es gratuito sino que exige dolor de corazón, propósito de enmienda y reparación del daño. En los miembros de nuestra casta política no existe ningún dolor de corazón, salvo que tengan la tensión arterial por las nubes a consecuencia de la dieta hipergrasa ingerida en algún banquete pantagruélico pagado a costa del erario público, por el simple hecho de que, como buenos chorizos que son, solo les aparece el arrepentimiento y el propósito de enmienda cuando les pillan, nunca antes. No obstante, lo más curioso de todo es que jamás, ni siquiera cuando resultan condenados por sentencia firme, surge en ellos la idea de la reparación del daño, esto es, la idea de devolver lo que han robado. Y es que para ellos el robo es un trabajo, su verdadero trabajo, y el tiempo una pura inversión porque saben que si logran conservar el botín o parte del mismo, a pesar de que se les imponga una condena de veinte años (y nunca suelen ser tan duras las penas para los casos de corrupción), saben que saldrán como mucho a los diez o doce años y que además del subsidio de paro por excarcelación podrán disfrutar de una situación económica acomodada, sobre todo si guardan el botín en paraísos fiscales. Y dígame el lector ¿Que son veinte años de prisión sabiendo que al salir de la misma se va a tener la capacidad económica para vivir a "la grande du monde" comparado con veinte años de trabajo honrado tras los cuales tal vez se haya tenido la suerte de poder pagar la mitad de la hipoteca?.

            Por eso, ante los casos de corrupción ya no vale pedir perdón por parte de los jerifaltes de hoy pero es que tampoco vale que los ciudadanos se conformen con que los corruptos vayan a la cárcel porque podemos afirmar que a cualquier corrupto de nuestra casta política le compensa ir veinte años a la cárcel si sabe que al salir se va a encontrar tan solo con cinco millones de euros de los muchos que haya podido llevarse mientras que al ciudadano no le compensa que el corrupto pase cuarenta años en la cárcel si no reintegra, de una forma u otra, en su totalidad o práctica totalidad lo que se ha llevado.

            Por eso, ya en Enero del 2013 pedíamos desde este modesto blog la introducción en nuestro Código Penal de la pena de "Indignidad Nacional"  para los delitos de corrupción cometidos por políticos y funcionarios públicos y que, en derecho comparado, tiene sus precedentes en la pena de "Degradación Nacional" existente en la III República Francesa. Esta  petición que reiteramos nuevamente como exigencia resulta imprescindible para que el pueblo español no caiga en la indignidad de la inteligencia que supone permitir a los corruptos vivir de por vida de sus corrupciones.

BANKIA Y LA CUESTIÓN DE LAS ENTIDADES BANCARIAS

            El pasado lunes 7 de Mayo del 2012, saltó la noticia de la dimisión del antiguo vicepresidente económico del anterior gobierno popular, Rodrigo Rato, como presidente de la recientemente creada Bankia por motivos aun no aclarados, lo que ha supuesto que la cotización de las acciones de esta entidad financiera se hundan en los mercados de valores y se hayan abierto todo tipo de especulaciones sobre la salud de las entidades de crédito españolas.

            Lo cierto es que desde que empezó la crisis económica en el año 2008 siempre ha existido una gran preocupación sobre el auténtico estado financiero de los bancos y Cajas de Ahorro (1) que durante años se dedicaron a prestar dinero a promotores inmobiliarios para construir viviendas que a la postre se han quedado sin vender y por tanto han generado impagos así como a personas que mostraban evidentes síntomas de que podrían plantear problemas de cobro en caso de que tuvieran la mala suerte de ser rozados, aunque fuera ligeramente, por la inestabilidad económica. Esto ha provocado que las entidades financieras españolas tengan un alto porcentaje de morosidad y un exceso de inmovilizado integrado por todo tipo de inmuebles cuya propiedad se vienen adjudicando en distintos procedimientos hipotecarios que se traduce en una muy importante falta de liquidez económica que retrotrae el flujo del crédito para empresas y particulares.

            Esta situación hecha pública, con más o menos maquillaje, hace un año se ha pretendido combatir con una llamada “Reforma del Sistema Financiero” que ha tenido dos líneas de actuación: una impulsada desde el estado y otra desde los distintos Consejos de Administración de los bancos. La línea de actuación estatal ha consistido en inyectar dinero público a los bancos para que tuvieran liquidez y en fomentar la conversión de las Cajas de Ahorro (véase “La Cuestión de las Cajas de Ahorro) en simples entidades financieras comunes así como la fusión entre ellas; mientras que desde los Consejos de Administración se han tomado medidas tendentes a reducir los intereses que se daban a los clientes por cuentas corrientes y simples “Libretas de Ahorro” e incrementar las comisiones que se cobran a los clientes llegando, algún banco, a suprimir productos como las imposiciones a plazo para nuevos depósitos.

            La inyección de dinero público a los bancos, no ha conseguido restaurar el esperado y deseado flujo del crédito porque, evidentemente, con ese dinero lo que han hecho los bancos ha sido cubrir gastos corrientes y “tapar agujeros” mientras que la fusión de las Cajas de Ahorro y demás entidades financieras ha tenido dos efectos: el primero ha sido conseguir la reducción del gasto de estas entidades ya que se han cerrado sucursales y se han realizado Expedientes de Regulación de Empleo (EREs) que han permitido rebajar los costes en instalaciones y en personal, mientras que el segundo ha sido un simple efecto de maquillaje porque la fusión de varias entidades sin liquidez y con porcentajes importantes de morosidad no constituye una entidad solvente, sino una entidad más grande, con mayor problema de liquidez y mayor porcentaje de morosidad.

            Actualmente el problema, del que la dimisión del Sr. Rato es solo un síntoma externo, reaparece de nuevo porque no se solucionó de forma coherente y eficaz en su momento. La inyección de dinero público realizada hace un año fue escasa y, además, sin condiciones, con lo que ahora el estado tendrá que volver a inyectar dinero público (ya se habla de cincuenta mil millones de Euros) al sistema financiero lo que provocará el descontrol del déficit que el gobierno dice querer combatir con la subida de impuestos y el recorte de prestaciones y servicios sociales, pero lo que es peor, supondrá la repetición del error de hace un año que es el creer que con la simple inyección de dinero público se solucionara el problema cuando lo cierto es que, sin una intervención estatal directa en la gestión bancaria, todo el sistema financiero español amenazará en convertirse en el agujero negro que se trague todo el presupuesto y dispare el déficit.

            Respecto a esto, el actual gobierno del Partido Popular echa en cara al anterior gobierno del Partido Socialista el haber “regalado” el dinero a los bancos mientras que ellos, los populares, simplemente lo van a prestar para ser devuelto en once años a un tipo de interés que rondará el ocho por ciento. Ahora bien, este “préstamo” si bien es posible, y solo posible, que inyecte liquidez a las entidades financieras (si es que no lo vuelven a utilizar para cubrir su gasto corriente) es muy dudoso que reestablezca el flujo del crédito ya que si las entidades bancarias tienen que pagar un ocho por ciento al estado no prestaran por menos del 8.25 por ciento con lo cual muy pocas empresas y particulares tendrán acceso a un crédito de tan elevado interés. Así pues, la “generosa” idea del actual gobierno amenaza en convertirse en una maniobra que disparará el déficit público, hará incrementar las privaciones de los ciudadanos y todo ello solo para ganar once años y aplazar durante ese tiempo el problema existente y que realmente subyace.

            Si bien es cierto que el estado no puede permitirse el frívolo desliz de que cualquier entidad financiera española (Bankia, Caixabank, BBVA, BSCH…) quiebre y que los depositarios pierdan los ahorros de toda su vida porque, en primer lugar, ello colapsaría totalmente la economía española al no poder hacer frente los ciudadanos a sus gastos corrientes y periódicos y, en segundo lugar, porque se generaría tal situación de inestabilidad social cuyos resultados últimos serían muy difíciles de predecir, no es menos cierto que tampoco puede sacrificar más a los ciudadanos menos favorecidos en aras de unos aventureros de la economía y de unos agiotistas.

            Por todo ello, si el estado inyecta dinero público en el sistema financiero debe poner condiciones tajantes y de contenido social que impliquen su intervención, bien directamente o bien a través del Banco de España, en la gestión de las entidades financieras. Estas condiciones podrían ser, entre otras, las siguientes:

        1º. La eliminación de la exigencia del tipo de interés de demora en los procedimientos ejecutivos, pudiéndose cobrar exclusivamente el tipo de interés ordinario pactado en el contrato.

              2º. La imposibilidad de cargar las costas procesales sobre el ejecutado en los procesos de ejecución hipotecaria.

           3º. La exigencia de que, en los procesos hipotecarios que tengan por objeto viviendas habituales y en los que el banco ejecutante sea también el adjudicatario, el banco adquiera la propiedad pero no la posesión dejando a la familia ejecutada en el uso de la vivienda en un régimen de arrendamiento social cuya renta mensual resulte de la suma, en su caso prorrateada, de los gastos (IBI, Tasa de Residuos, Seguro Multirriesgo del Hogar, Comunidad de Propietarios, etc…) más un plus de cien a doscientos euros que no computará como beneficio de la entidad financiera a la hora de tributar al estado. El arrendatario conservará en todo caso el derecho legal al tanteo y al retracto en caso de posterior venta de la vivienda.

            4º. La exigencia a las entidades financieras, de que el stock de viviendas vacías que tienen, y que figuran en sus activos cuando en realidad deberían figurar en sus pasivos, se dediquen al alquiler social en las condiciones descritas en el párrafo anterior, si transcurren más de tres meses sin que se hayan vendido a contar desde el día siguiente al que se hubieran adquirido.

            5º. Fijación de un límite máximo a las retribuciones que reciben los ejecutivos de las entidades bancarias y miembros de sus consejos de administración y eliminación de todos los beneficios de los que disfrutan.

            6º. Suprimir temporalmente y mientras dura esta situación excepcional el reparto anual de beneficios entre los accionistas o reducir el reparto de dichos beneficios entre un cincuenta y un setenta y cinco por ciento, destinándose la cantidad no repartida a provisión de fondos, saneamiento de la entidad y devolución del dinero estatal prestado.

            Finalmente, no quiero terminar sin reiterar a mis pocos o muchos lectores que tengan confianza en que sus depósitos están seguros porque como he dicho anteriormente, el estado no puede arriesgarse a que cualquier entidad financiera quiebre y los depositarios pierdan sus ahorros, porque ello significaría el caos y la guerra.        

(1) Hace ya dos o tres años, cuando la crisis empezó a sentirse en España y parecía que el objetivo fundamental era expulsar del poder al entonces gobierno socialista una cadena de televisión entrevistó a un economista norteamericano y le preguntó si con un cambio de gobierno retornaría a nuestro país la confianza de los mercados, pero cual fue la sorpresa de la periodista, que esperaba un rotundo e incondicional, sí; cuando el economista contestó que las mayores dudas de los mercados recaían sobre el sector financiero español porque si en Estados Unidos se habían dado un tercio de hipotecas menos que en España y allí habían quebrado doscientos bancos no se podían creer que aquí no hubiera quebrado ninguno.