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jueves, 5 de noviembre de 2020

ESCLAVOS DEL ESCAÑO

Escribir sobre Vázquez de Mella, antítesis de todo progresismo que se precie, es una provocación anacrónica, lo sé. Desaparecido su nombre del callejero impuesto por el franquismo, cuando murió muchos años antes de los acontecimientos que dieron lugar a la II República y la Guerra Civil, su personalidad se asocia a lo más rancio del carlismo, o sea a la tradición antiliberal, a la carcundia. Podía estar equivocado, como la historia ha demostrado, pero el hombre defendía sus ideas contra todos los requerimientos tentadores para su buen vivir. Un hombre que afirmaba su repudio al régimen parlamentario no podía aceptar los ofrecimientos del mismísimo Cánovas para incorporarse al partido conservador. A la muerte de Dato, Maura, otro de los conservadores liberales, le propuso un ministerio, y también lo rechazó. Su visión de la España era profundamente descentralizadora y proponía una monarquía social, cristiana y federal. Sobre las lenguas regionales las defendía en el sistema educativo y clamaba contra la imposición del castellano para ahogar las lenguas maternas de la España diversa. Para Vázquez de Mella hay tres grandes ambiciones que son el cáncer de la política: la ambición de mando, la ambición de honores y la ambición de riquezas.

            Y uno, necesariamente, ha de reflexionar sobre acontecimientos vividos en este país en los últimos años. A Vázquez de Mella le retiraron el nombre de una plaza en Madrid, seguramente porque la pusieron los franquistas, los mismos que traicionaron al carlismo que él defendió contra casi todos. Ahora leo que en Bailén retiran una calle a Tierno Galván, un hombre culto, moderado, convencido de los beneficios del socialismo democrático, que se negó a que le retiraran el crucifijo de su mesa de alcaldía. Uno se pregunta qué clase de personas son las que retiran y persiguen a hombres y mujeres por el hecho de pensar de manera diferente. Mella fue un ejemplo de defensa de ideas en las que creía. Pudo equivocarse pero vivió convencido de ellas y luchó por ellas desde la coherencia, con hechos y palabras.

            Muchos años después, Julio Anguita, de ideas tan diametralmente opuestas, se retiró de la política para volver a sus clases y su sueldo de maestro de escuela. Ningún español con dos dedos de seso puede renegar de su ejemplo. Gerardo Iglesias, asturiano como Mella, minero de profesión, que con cinco años tuvo que ver en directo la tortura brutal a su padre por colaborar con los maquis, varias veces encarcelado, dirigió el Partido Comunista de España, durante unos años, abandonó asqueado la política y regresó a la mina a pesar de ofrecimientos para ocupar cargos.

            No, no todos los políticos son iguales. No todos viven de la política y aplauden lo que aplauden los jefes que les pagan el sueldo que les permite vivir. Así se lo soltó Casado a Abascal: nos traiciona alguien a quien le hemos dado de comer durante quince años… Esa concepción de la política se ha adueñado del Parlamento, la de fieles empleados por un sueldo que no pueden tener ideas propias. Una verdadera regeneración de la nación necesita de una clase política que lo sea por auténtica vocación de servicio a las ideas y a los ciudadanos. Necesitamos parlamentarios con vida propia que no sean esclavos del escaño para comer. Porque la política necesita de ideales y no de intereses.

 

Alberto Soldado

En Levante- El Mercantil Valenciano 27/10/2020

Reproducido por Carlismo Digital

miércoles, 29 de octubre de 2014

INDIGNIDAD NACIONAL



           
Sr. Granados parece usted paja más que trigo
¡¡Ni uno más, no se puede soportar ni uno más!!. El pueblo español no debe seguir soportando ni un caso más de corrupción de los miembros de la casta política que, encaramados en el poder, nos viene mal gobernando desde hace décadas.

            La última redada policial, propia de una operación antimafia organizada por los Carabineri en Napoles y Sicilia durante los duros años setenta, no ha tenido por objeto a ningún "Capo" de la "Cosa Nostra" sino a numerosos cargos y ex-cargos (¿o debería decir capos y ex-capos?) públicos de los grandes partidos mayoritarios. Ha sido una operación contra la corrupción que se suma a una lista demasiado larga de escándalos que afectan ya a la totalidad de la casta política existente en nuestro país y que, lejos de suponer regeneración democrática alguna, nos hacen pensar en los casos que quedan por destapar o que no llegaran a destaparse nunca.

            Los distintos responsables de los partidos que en su día pusieron a estos señores en los cargos públicos que utilizaron en su beneficio piden disculpas, pero no es tiempo de pedir disculpas. Uno pide disculpas cuando mete la pata o pega un pisotón sin querer a otro en el metro, pero cuando se mete la mano, cuando existe intención de beneficiarse en detrimento de otros, de la generalidad, uno no pide disculpas, sino que asume las consecuencias y actúa con alguna vergüenza si es que todavía le queda algún rastro de ella.

            Y cuando hablo de vergüenza, no puedo negar que se me pasa por la cabeza aquella escena de una película británica cuyo título no recuerdo en la que un miembro de un club de caballeros tras cometer una falta (creo incluso recordar que se trataba de un robo) es sometido a una especie de juicio y tras acordarse su posible expulsión del club se le deja solo en la sala en la que, pasados unos minutos, entra un elegante mayordomo portando una bandeja de plata con una copa de coñac y un revólver y le dice "señor, los caballeros de ahí fuera le envían esto y dicen que están seguros que se comportará como uno de ellos". Suicidios por vergüenza u honor ha habido muchos a lo largo de la historia, sobre todo en aquellos periodos en los que la fama, la verdadera fama y no esa calderilla a la que hoy llamamos popularidad, era más importante que la propia vida, pero no creo que tal salida sea aplicable ni exigible a ninguno de los miembros de nuestra casta política porque sin lugar a dudas si alguien les ofreciera en una bandeja de plata una copa de coñac y un revólver, demostrarían tal desvergüenza que se tomarían la copa de coñac y utilizarían el revólver para abrirse paso a tiros y así huir con la bandeja de plata. 
      
Señores políticos, no es hora de disculparse, es hora de... tomarse una copa de coñac
Recordemos un poco las enseñanzas teológicas del catolicismo aunque en este país tal cosa sea "out" y este mal vista. Dice la doctrina católica que todo pecador (y en el tema que tratamos hay mucho pecador, especialmente contra el Séptimo mandamiento: "no robarás") puede ser perdonado a través del Sacramento de la Confesión, pero tal perdón no es gratuito sino que exige dolor de corazón, propósito de enmienda y reparación del daño. En los miembros de nuestra casta política no existe ningún dolor de corazón, salvo que tengan la tensión arterial por las nubes a consecuencia de la dieta hipergrasa ingerida en algún banquete pantagruélico pagado a costa del erario público, por el simple hecho de que, como buenos chorizos que son, solo les aparece el arrepentimiento y el propósito de enmienda cuando les pillan, nunca antes. No obstante, lo más curioso de todo es que jamás, ni siquiera cuando resultan condenados por sentencia firme, surge en ellos la idea de la reparación del daño, esto es, la idea de devolver lo que han robado. Y es que para ellos el robo es un trabajo, su verdadero trabajo, y el tiempo una pura inversión porque saben que si logran conservar el botín o parte del mismo, a pesar de que se les imponga una condena de veinte años (y nunca suelen ser tan duras las penas para los casos de corrupción), saben que saldrán como mucho a los diez o doce años y que además del subsidio de paro por excarcelación podrán disfrutar de una situación económica acomodada, sobre todo si guardan el botín en paraísos fiscales. Y dígame el lector ¿Que son veinte años de prisión sabiendo que al salir de la misma se va a tener la capacidad económica para vivir a "la grande du monde" comparado con veinte años de trabajo honrado tras los cuales tal vez se haya tenido la suerte de poder pagar la mitad de la hipoteca?.

            Por eso, ante los casos de corrupción ya no vale pedir perdón por parte de los jerifaltes de hoy pero es que tampoco vale que los ciudadanos se conformen con que los corruptos vayan a la cárcel porque podemos afirmar que a cualquier corrupto de nuestra casta política le compensa ir veinte años a la cárcel si sabe que al salir se va a encontrar tan solo con cinco millones de euros de los muchos que haya podido llevarse mientras que al ciudadano no le compensa que el corrupto pase cuarenta años en la cárcel si no reintegra, de una forma u otra, en su totalidad o práctica totalidad lo que se ha llevado.

            Por eso, ya en Enero del 2013 pedíamos desde este modesto blog la introducción en nuestro Código Penal de la pena de "Indignidad Nacional"  para los delitos de corrupción cometidos por políticos y funcionarios públicos y que, en derecho comparado, tiene sus precedentes en la pena de "Degradación Nacional" existente en la III República Francesa. Esta  petición que reiteramos nuevamente como exigencia resulta imprescindible para que el pueblo español no caiga en la indignidad de la inteligencia que supone permitir a los corruptos vivir de por vida de sus corrupciones.

martes, 15 de enero de 2013

LA PENA DE INDIGNIDAD NACIONAL



            Hace unas semanas criticábamos las últimas reformas legales del Ministro de Justicia y ex Alcalde de Madrid (el Municipio más endeudado de todas Las Españas), Alberto Ruiz Gallardón, quien ha impuesto a los ciudadanos el pago de unas tasas si desean solicitar el amparo judicial en defensa de sus derechos, de cuyo abono, por cierto, quedan excluidos los miembros de la casta política (diputados, ministros, senadores…); y quien pretende reformar el Código Penal para crear nuevos delitos y endurecer las penas, sobre todo para aquellos que convoquen manifestaciones o protestas contra las políticas llevadas a cabo por los gobiernos de turno.

            Lo que llama la atención hasta elevarla a niveles de escándalo gigantesco es que no se incluyan medidas más férreas y más duras para castigar, que no prevenir, la corrupción política. Y digo castigar, porque la acción de un Código Penal siempre es posterior a la comisión del delito y, aunque se sostengan otras teorías, la misma solo puede tener por finalidad aplicar un castigo o sanción a una conducta y no prevenirla. Las medidas de prevención de cualquier actividad, incluida la corrupción política, siempre son anteriores o coetáneas a la ejecución de dicha actividad y consisten en crear instituciones (a algunas de las cuales como “El Mandato Imperativo” o “El Juicio de Residencia” ya hemos hecho referencia anteriormente en este blog) y redactar leyes como la que fije la responsabilidad patrimonial de los partidos políticos  o que establezcan un nuevo sistema electoral que sirvan de medios eficaces de control y limitación de abusos en el ejercicio político.

            Volviendo al tema concreto de la reforma del Código Penal que pretende el señor Ruiz Gallardón, se echa en falta una mayor contundencia e imaginación a la hora de castigar los casos de corrupción política. En este sentido, se podía rescatar una pena existente en el Derecho Penal Francés hasta principios de los años setenta del pasado siglo y que era llamada “Pena de Indignidad Nacional”.

            La “Pena de Indignidad Nacional” sería de aplicación como pena accesoria a todas aquellas personas que, desempeñando funciones de relevancia pública ya sea por ser un cargo político electo o de libre designación o por ser un alto funcionario o empleado público del estado o un alto ejecutivo de una empresa pública o de una gran empresa privada española, perjudicaran de manera relevante a la colectividad ejercitando sus funciones con negligencia o sirviéndose de su posición para obtener beneficios particulares para sí mismo o para terceros. Es decir, la “Pena de Indignidad Nacional” no se podría imponer a ciudadanos particulares sino solo aquellos que desempeñen actividades de relevancia pública, sean estas políticas o empresariales y en este último caso en el sector financiero o en sectores estratégicos de la economía.

            La  “Pena de Indignidad Nacional” conllevaría como efectos materiales de la misma: la confiscación de todos los bienes presentes y futuros del condenado, la imposibilidad de ejercer el derecho al sufragio activo y pasivo, la imposibilidad de desempeñar en España cualquier trabajo que no sea manual, la anotación marginal de la pena en la inscripción registral de nacimiento y la expedición de un Documento Nacional de Identidad específico para el condenado que sustituirá al documento normal que llevan todos los ciudadanos.

            Con la creación de la “Pena de Indignidad Nacional”, los ciudadanos honrados podrán asegurarse que los corruptos reintegraran en todo o en parte lo que se han llevado y que jamás volverán a cometer los hechos por los que se les ha condenado porque jamás podrán volver a desempeñar un trabajo en un puesto de responsabilidad. No obstante, la idea de la introducción en nuestro Código Penal de la pena de “Pena de Indignidad Nacional” que hacemos en el presente escrito no deja de ser un “brindis al Sol” porque la política del actual gobierno no va dirigida tanto a garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos como a garantizar la supervivencia del actual estado de cosas y los beneficios y prebendas que disfrutan los miembros de la casta que encarna el actual régimen político español.

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