UN BRINDÍS AL SOL: LA REFORMA IMPOSIBLE

La situación política general que vive el país y de la que el secesionismo catalán solo es un síntoma evidente, demuestra que el régimen político de 1978 está completamente descuajaringado y totalmente periclitado.  La aplicación del artículo 155 de la todavía vigente Constitución de 1978 ha puesto de manifiesto la debilidad  del Gobierno que preside el señor Rajoy y solo ha sido posible, tras la cansina insistencia de "Ciudadanos", después de una ardua negociación con el principal partido de la oposición, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), en la que éste ha arrancado al Partido Popular una vaga promesa de estudiar una posible reforma constitucional que los medios de comunicación ya han comenzado a vender a los ciudadanos como una realidad cuando no es más que una promesa vacía y a todo punto imposible de cumplir, es decir un brindis al Sol.

            Una reforma constitucional en la España actual es, simplemente, imposible porque falta lo fundamental que es la concurrencia de un saber querer. Si bien casi todas las formaciones políticas parecen coincidir en la necesidad de la reforma de la Constitución de 1978, ninguna de ellas tiene claro el para qué la quiere reformar mostrando tener no solo intenciones diferentes sino, lo que es peor, claramente divergentes.

            "Ciudadanos" pretende reformar la constitución en un sentido más centralizador del Estado, el Partido Socialista desea una modificación en un sentido federalista sin saber siquiera en qué consiste ese federalismo propugnado, el Partido Popular no se muestra del todo incómodo con la actual redacción del texto constitucional y, finalmente, "PODEMOS" desea una reforma que permita la adopción de la forma republicana de Estado sin tener muy claro si esa republica va a ser presidencialista, semipresidencialista o parlamentaria así como la introducción, en algún lugar del texto, de lo que ellos llaman "el derecho a decidir" y que no es otra cosa que una verdadera cláusula de "desconstitucionalización" que permitiría la desintegración del propio estado.

            Esta divergencia de criterios a la hora de reformar la vigente Constitución unida a las necesarias mayorías parlamentarias para aprobar dicha reforma ya de por sí solos dibujan un panorama en que la tan cacareada reforma es manifiestamente imposible.

            Otra cuestión, y no de menor importancia, es que este enorme deseo por reformar a toda costa la Constitución de 1978 está ocultando los verdaderos males políticos que afectan al país y que, en cualquier caso, deberían ser solucionados antes de iniciar cualquier proceso de reforma constitucional porque de lo contrario, cualquier reforma arrastrará en sí misma el problema que volverá a manifestarse, quizás con mayor virulencia, en un tiempo más o menos próximo.

            Nuestro país adolece de un gravísimo problema sociológico creado y fomentado desde la política y que resulta de tan enorme magnitud que ha retornado al mismo mundo que lo ha creado en forma de un fatal problema político y que no es otro que una total falta de identidad y cohesión del pueblo español que prácticamente le imposibilita para constituir un estado político racionalizado. A pesar de innumerables invocaciones de políticos e instituciones a "todo aquello que nos une" nadie ha sido capaz aún de dar una explicación concreta o de definir que es ello.  El hecho religioso, tan cohesionador y definidor de las culturas, ha dejado de tener la más mínima importancia y presencia en la España actual; nuestro común pasado, la Historia de la que Miguel de Cervantes dijo que "es émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo del pasado, ejemplo y aviso del presente, advertencia del porvenir"; es manipulado, vilipendiado, objeto de actuales disputas y motivo de candentes enfrentamientos; las más nimias e irrelevantes fiestas populares se convierten en excusa para polemizar y visualizar las disensiones y divisiones entre los españoles y las apelaciones al futuro carecen de sentido cohesionador por ser el futuro un concepto abstracto e incierto y no quedar siquiera claro en el presente que el mismo se desee afrontar en común.

            Todo esto hace que, antes de emprender ningún tipo de proceso político, nos debiéramos poner a pensar qué somos realmente, por qué estamos unidos y dónde queremos ir.

            Afrontar una reforma constitucional o un proceso constituyente sin que el pueblo español tenga claro que fue, que es, por qué debe permanecer unido y a dónde quiere ir no servirá para constituir ningún estado sino simplemente para justificar la existencia de una pura estructura administrativa para organizar y explotar a una población que solo se concibe como objeto administrativo, no como un pueblo organizado en un estado que le es propio y con el que se identifica.

REFORMA CONSTITUCIONAL ¿PARA QUE?

Terminó el año 2016 con la imprevisible y desesperada formación de gobierno por parte del Partido Popular con el apoyo explícito de la nueva formación política "Ciudadanos" y el apoyo tácito del Partido Socialista Obrero Español y ahora comienza el nuevo año 2017 con rumores cada vez más fuertes del inicio de un proceso de reforma profunda, o cuando menos importante, de la Constitución de 1978.

            Pero, reforma constitucional ¿Para qué?. El modelo de estado fruto de la llamada "Transición"  está real y completamente agotado, cuarenta años de régimen político han llevado al país a la que posiblemente sea su mayor crisis en los últimos quinientos años porque las Españas, hoy, afrontan un crisis que trasciende lo político y alcanza a lo más profundo de la sociología hasta el extremo de que los problemas políticos no son más que la manifestación sintomática de una enfermedad mucho más grave y profunda.

            Las Españas afrontan dos problemas, uno político y otro sociológico y, en todo caso, solo los problemas políticos se pueden intentar afrontar con una reforma constitucional, pero no así los sociológicos y cuando los problemas políticos que afronta el país en el presente son, ni más ni menos, que la permanencia o no en el seno del estado de una o varias comunidades autónomas y la forma misma de estado, estamos ante problemas sustanciales, fundacionales y fundamentales para cualquier organización política cuya discusión o solución solo pueden ser objeto de un proceso constituyente pero jamás de una simple reforma constitucional salvo que la intención de dicha reforma sea paliar los problemas sin solucionarlos.

            Las encuestas y estadísticas arrojan unos datos claros y contundentes. En Cataluña existe un porcentaje, cuanto menos elevado e importante, de ciudadanos que no se sienten españoles y que desean la independencia mientras que desde las instituciones del estado se juega constantemente con la presunción de que tal porcentaje, aunque constituya una minoría muy cualificada, no es mayoritario sin caer en la cuenta, en primer lugar, de que la existencia de esa minoría cualificada ya es indicativa y sintomática de la existencia de algún problema mucho más profundo y, en segundo lugar, que hasta que los ciudadanos catalanes no se expresen libremente en un referéndum celebrado con todas las garantías no se podrá saber si tal porcentaje es realmente minoritario o no. Por otro lado, esas mismas estadísticas y encuestas indican el crecimiento de un sentimiento contrario a la Monarquía y favorable a la República como forma de estado que, siendo impensable hace tan solo diez años, puede constituir en un futuro inmediato un sentimiento mayoritario si no lo constituye ya. Estos son los graves problemas políticos que afronta el país.

           

         Ahora bien ¿Estos problemas se pueden solucionar con una simple reforma constitucional? La respuesta es simple: NO, estos graves problemas no se pueden solucionar con una simple reforma constitucional porque el alcance de esa reforma no podría dar respuesta a las demandas de esas importantes minorías (o no tan minorías)  que reclaman la independencia de una parte del territorio o la instauración de la República como forma de estado. Por mucho que se reformasen los actuales Títulos II (De la Corona) y VIII (De la Organización Territorial del Estado) de la actual Constitución seguirían existiendo esas importantes minorías (o no tan minorías) crecientes que no estarían de acuerdo ni con la Monarquía ni con un hipotético Estado Federal o, incluso, Confederal por lo que la reforma Constitucional se demostraría incapaz de integrarlas en un proyecto común de largo alcance.

            Estos problemas políticos no son más que la manifestación sintomática y externa de la existencia de un no menos importante y grave problema sociológico. El problema sociológico que plantea el pueblo español como sujeto político es tan simple como grave: es un problema existencial. El pueblo español en su conjunto desconociendo, manipulando o vilipendiando su pasado demuestra que ni sabe ni le interesa saber de dónde viene; el pueblo español en su conjunto no tiene conciencia ni desea tenerla de lo que es en el presente y el pueblo español en su conjunto carece de un saber querer, es decir, no sabe lo que quiere para su futuro más allá de alcanzar una especie de Arcadia feliz donde la existencia no sea más que una continua kermesse de satisfacción individual. Este grave problema sociológico tampoco encontraría solución en una reforma constitucional por el simple hecho de que no se puede convertir por decreto un simple conjunto de individuos en una colectividad política.

            Con este panorama y haciendo mención al título del presente artículo ¿Para qué una reforma constitucional en estos momentos?. La respuesta no puede ser más que una: el único motivo de emprender un proceso de reforma constitucional  en estos momentos emana de la necesidad de las instituciones del estado y de los políticos de todo color de justificarse y de ganar tiempo. Emprendiendo o favoreciendo un proceso de reforma constitucional, las diversas instituciones del estado y los distintos miembros de la casta política aparentarían nuevamente ante los ciudadanos que hacen algo al mismo tiempo que prolongarían la agonía de un régimen político agotado que ha llevado al país al borde de su desaparición para que, cuando esta se produzca, el problema sociológico señalado más arriba sea de tales proporciones que no exista la más mínima reacción y nadie pida responsabilidades.