“Los grandes acontecimientos de la Historia se producen siempre dos
veces, la primera como tragedia y
la segunda como farsa".
(Carlos Marx)
El
presidente de la
Generalitat de Catalunya, Artur Mas, ha fijado la fecha para
la celebración del referéndum que, muy probablemente, liquidará al llamado
“Estado Español”. La fecha no la ha podido escoger con más tino y acierto: será en el año 2014, año en el que
mundo entero recordará el comienzo de la Gran
Guerra (1914-1918) y el día 9 de Noviembre, el mismo día en
que tuvo lugar el fallido “Putsch” de Munich de 1923 y “la Noche de los Cristales” en
1938 y que por esos motivos debería ser reconocido como el “día del
nacionalismo”.
Con
la fijación de esta fecha culmina todo un proceso que se ha visto acelerado en
los últimos tres años ante la inútil perplejidad de los políticos no
nacionalistas y de todas las instituciones del estado español.
A
esta situación no se ha llegado de la noche a la mañana, han sido muchas
décadas durante las cuales extrañas ambiciones políticas han ido creando
paulatinamente en Cataluña una fractura social entre los catalanes y el resto
de los españoles ante la pasividad de todas las Instituciones del Estado
Español y ahora esa fractura se ha materializado en una crisis política de
enorme magnitud y de inciertas consecuencias.
Curiosamente,
pudiéndose formular una exclusiva pregunta, que bien pudiera ser “¿Desea usted
que Cataluña sea independiente?”, para saber si los catalanes desean o no la
independencia, el gobierno de la
Generalitat ha decidido formular dos preguntas que son: “¿Quiere
que Cataluña sea un Estado?” y “¿Quiere que sea un Estado independiente?”.
Estas preguntas no son una trampa como pretenden algunos sino el planteamiento
de un engaño pues cualquiera que quiera la independencia de un territorio
evidentemente también quiere que ese territorio se convierta en un estado y por
otro lado, el que un territorio se constituya en un estado sin vinculación
alguna con otro estado (y las preguntas no hacen alusión a ninguna forma de
vinculación a otro u otros estados) solo puede conllevar y significar la
independencia.
El
partido mayoritario catalán, Convergencia i Unió (CiU), ha estado durante años
jugando con fuego, fomentando acontecimientos hasta que, finalmente y como
ocurre siempre en estos casos, los acontecimientos se han desbocado y han
dejado de estar controlados para pasar ellos a controlar a sus creadores. Así
pues a CiU no le quedaba otro remedio que intentar rentabilizar los acontecimientos
ya desbocados poniéndose al frente de las demandas secesionistas y todo ello
para no verse superado electoralmente por Esquerra Republicana de Catalunya
(ERC). No obstante, haga lo que haga y sea el resultado el que sea, el
referéndum del próximo 9 de Noviembre del 2014 supondrá “el canto del cisne” de
CiU y el final político de Artur Mas porque la oculta y verdadera intención no
manifestada de los dirigentes convergentes es realizar el referéndum y luego
negociar con el estado español desde una posición de fuerza utilizando a los
catalanes, traicionando a sus socios secesionistas y engañando, en unión con la
demás casta política española, al resto de los españoles, pero esto no le puede
salir bien por la simple razón de que ERC es la fuerza política emergente en
Cataluña y tiene la suficiente fuerza política y sobre todo social para
impedírselo e imponerle sus planteamientos haciendo de CiU un interlocutor poco
fiable por sus antecedentes actitudes en toda negociación y por carecer de una
representatividad real.
Si
bien todo indica que CiU y sus dirigentes han convocado y apoyado este referéndum
con la boca pequeña, no es menos cierto que la sociedad catalana lo tiene todo
muy claro y esta decidida a decir SI a la celebración del referéndum y a decir
SI a la independencia. Por su parte, el actual Jefe del Gobierno esta instalado
en un permanente NO manifestando simplemente que “con toda claridad esta
consulta NO se va a celebrar, es inconstitucional y NO se va a celebrar”, no
obstante no ha indicado con qué medios pretende impedir la celebración del referéndum
porque lo único que puede hacer realmente es dificultarlo levemente negándose a
facilitar el censo electoral y recurrir al Tribunal Constitucional, lo cual no
deja de ser un “brindis al sol” y un engaño a los españoles puesto que el
Gobierno Catalán ya piensa elaborar su propio censo convocando a las urnas a
toda clase de personas, incluso aquellas que conforme a la vigente legislación
electoral carecen de derecho a voto, y resulta evidente que una sentencia del
Tribunal Constitucional no vinculará a unas instituciones autonómicas que están
en fase de ruptura con las demás instituciones del estado.
En
definitiva, el gobierno de España tiene la facultad de agravar aun más el
problema haciéndolo irresoluble al convertir la fractura social en
irreversible, pero no tiene posibilidad alguna de impedir la celebración de la
consulta porque se encuentra precisamente ante la situación cuya posibilidad de
producirse ha sido siempre negada por los sucesivos gobiernos habidos en el
país desde el final de la dictadura franquista, pero que, en cambio, se está
produciendo ante la incredulidad de toda la casta política e institucional.
Pase
lo que pase, el pueblo español (o lo que quede de él) no puede ni debe aceptar
esa idea de la que se viene hablando desde hace tiempo de una “Segunda
Transición” sea esta con o sin Cataluña, con o sin Juan Carlos porque estaría
encabezada y dirigida por los mismos que nos han conducido a este callejón sin
salida con la única intención de seguir perpetuados en el poder y en el
privilegio. Cada día que pasa se hace más patente y manifiesto que es
imprescindible un cambio político, una “Segunda Transición” si se quiere llamar
así, pero es requisito sine qua non del mismo la depuración de
responsabilidades por la catástrofe política, social y económica en la que nos
encontramos, y de la cual la cuestión del referéndum en Cataluña es solo su
última manifestación, siendo imprescindible la defenestración política y la
marginación social de la actual casta dirigente y de sus amigos encaramados en
las instituciones del estado.
