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lunes, 14 de julio de 2014

SEXO, DROGAS Y RECAUDACIÓN

El Estado podría pedir su parte de negocio en el tráfico de drogas.
Hace aproximadamente un mes saltaba la noticia de que la Unión Europea instaba a sus estados miembros a incluir en sus respectivos P.I.B (Producto Interior Bruto) una valoración estimativa de la riqueza que genera la actividad ilegal del tráfico de drogas y la actividad alegal de la prostitución. Mientras Francia encabeza una rebelión contra esta medida ordenada por las Instituciones Europeas, el gobierno del señor Rajoy ya ha anunciado, como era de esperar de su servilismo, que ordenará al Instituto Nacional de Estadística (I.N.E.) la inclusión de estas actividades en el cómputo del Producto Interior Bruto español a partir del próximo mes de Octubre de 2014.

            Resulta evidente que las instituciones europeas, que hacen escrupulosamente lo que ordena Alemania, buscan algo con esta medida y ese algo no puede ser otra cosa que reducir los llamados fondos de cohesión y las ayudas económicas a los países más pobres de la Unión Europea porque la inclusión, aunque solo sea estimativa, de la riqueza que genera el tráfico de drogas y la prostitución en el Producto Interior Bruto hará que éste aumente artificial y ficticiamente haciendo que la riqueza de un país sea mayor que la que realmente es e incluso, muy posiblemente, impedirá que ningún país europeo vuelva a entrar en recesión, alejando de forma puramente virtual, cualquier nueva crisis económica.

            Frente a esta orden de la Unión Europea que, en el caso español, inflará artificialmente nuestra economía de un 2´7 a un 4´9 por ciento y nos hará a los españoles virtualmente más ricos en esos mismos porcentajes; ya se han levantado las pragmáticas voces de los Inspectores de Hacienda pidiendo que se legalice y regule la venta de drogas, al menos de la Marihuana, y la prostitución.

            La postura de los Inspectores de Hacienda es lógica y práctica porque responde al siguiente razonamiento: Ya que estas actividades se van a computar en el PIB sin que produzcan efectos reales en la economía, que las mismas se legalicen y se regulen y al menos los efectos sobre la economía serán reales y se podrán cobrar nuevos impuestos aumentando la recaudación. Ahora bien, ¿Qué clase de regulación pueden tener estas actividades por parte del Estado?.

            Respecto a la legalización de la venta de drogas que, ya puestos a legalizar, no sé por qué se ha de limitar a la Marihuana, el tema está muy claro y es relativamente fácil proceder a ella porque bastaría con aplicar el mismo régimen legal y económico que rige en nuestro país para el tabaco, esto es, que la droga tuviera también la condición de monopolio estatal siendo el Estado quien autoriza su cultivo o importación, fija su precio y permite su venta a través de las concesiones administrativas que son los  “Estancos” (1).

            La legalización de la venta de droga llevaría a la desaparición de los delitos contra la salud pública en su modalidad de tráfico de drogas reduciéndolos, todo lo más, a un delito de contrabando y no dejaría de estar en sintonía con la concepción de España como “país de vacaciones y de servicios” pues sin duda generaría un aumento de ese turismo de baja calidad que parece gustarle tanto a nuestros políticos.

            Igualmente, la legalización de la venta de drogas, llevaría aparejada que, en caso de que el cultivo y producción propia fuera insuficiente, el Estado tendría que entenderse con los grandes productores, es decir, con los grandes “Cárteles de la droga” de Hispanoamérica y Asia elevando a estos asesinos mafiosos a la condición de honorables hombres de negocios o descendiendo el propio Estado a la condición de organización criminal. 

Además de aumentar la recaudación, sin duda la legalización de la prostitución hará descender el desempleo
           Problema distinto plantea la legalización de la prostitución llamando la atención que sean funcionarios públicos de la escala A (la máxima categoría de funcionarios solo estando por encima de ellos los de libre designación) los que aboguen por la legalización de la prostitución porque estos leales y preparados funcionarios deberían saber que la prostitución estuvo regulada y fue legal en España hasta el año 1962 en el que nuestro país suscribió el “Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena”aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Es decir la ilegalización primero y la no regulación después de la prostitución en España se debe a una obligación impuesta por un Tratado Internacional suscrito con la Organización de las Naciones Unidas pretendiéndose denunciar dicho tratado y darlo por no suscrito, lo que evidentemente es cuestionar a la O.N.U. planteándose la cuestión de que si no se le hace caso en este tema ¿Por qué hay que hacérselo en otros?.

            Sin duda, no faltarán los que justificándose en cierto “progresismo”, en no sé qué derechos fundamentales y sobre todo en un “estar con los tiempos y con el lugar” aleguen que la prostitución ya ha sido legalizada y regulada en otros países de nuestro entorno como Holanda, pero lo cierto es que en estos países no ha sido la prostitución sino el proxenetismo lo que se ha regulado.

            Fríamente considerada, la relación de una prostituta con su cliente constituye un contrato bilateral y personalísimo (ya que el cliente elige concretamente a una prostituta y la prostituta acepta concretamente a un cliente) de prestación de servicios cuyo cumplimiento en ningún caso puede ser exigido por el cliente por ser de contenido sustancialmente inmoral. Así pues, cualquier regulación de la prostitución pasa forzosamente por hacer obligatorio el cumplimiento del contrato, es decir, por obligar jurídicamente a la prostituta a cumplir su parte del mismo, con lo que el Estado estaría amparando y autorizando la explotación sexual de las personas convirtiéndose claramente en un “proxeneta”, “chulo” o “rufián”.

            Por otra parte, y en puridad lógica, la legalización y regulación de la prostitución llevaría aparejada la ampliación de la categoría de “Enfermedades Profesionales” a las “Enfermedades de Transmisión Sexual” (ETS) con el consecuente incremento del gasto en sanidad y prestaciones sociales por bajas laborales e incluso un aumento de reclamaciones de Responsabilidades Civiles a particulares y de Responsabilidades Patrimoniales al Estado, porque evidentemente si el estado regula, autoriza y grava con impuestos la prostitución se beneficia de ella y debe hacerse responsable de que esta actividad se realice con todas las garantías sociosanitarias siendo, asimismo, responsable de los perjuicios sanitarios que puedan generarse entre los consumidores de estos servicios. No obstante, parece que a los señores Inspectores de Hacienda al igual que a los miembros de la casta política que los retribuye solo les interesan los ingresos y la recaudación, no los gastos y la responsabilidad.

            Con la aceptación de las órdenes emanadas de la Unión Europea y con la justificación de un posible incremento de la recaudación, los ciudadanos españoles asistimos, una vez más, estupefactos y con dolor al triste espectáculo de desvergonzado servilismo que está dando el gobierno del Partido Popular y demás Instituciones del Estado que vuelven a demostrar por enésima vez como el dinero impera sobre la moral, el sentido común y los más fundamentales derechos humanos.




           
         















(1) No hay que considerar la venta de tabaco en bares ya que estos cobran un sobreprecio por venderlo siendo más caro comprar una cajetilla de tabaco en un bar que en un “Estanco”. De hecho hasta que no se generalizaron las máquinas expendedoras era el dueño del bar quien iba directamente a un “Estanco” a comprar determinadas marcas de tabaco que luego revendía a los clientes de su establecimiento.

viernes, 24 de enero de 2014

¿CUANTOS PARADOS HAY EN ESPAÑA?


Ante unas encuestas desfavorables previas a unas elecciones, un político británico del periodo de entreguerras y cuyo nombre no recuerdo afirmó: “Existen dos tipos de verdades, las que son reales y las que arrojan las estadísticas” y en estas estamos desde entonces. El sacar del olvido esta cita viene a cuento de que, a las 9.00 horas de ayer, día 23 de Enero del 2014, se hizo pública la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente al cuarto trimestre del año 2013 que arrojaba unos datos, no ya confusos, sino puramente estadísticos; de esos que se arrojan a las instituciones para que cada una haga la lectura o valoración que más le convenga.

            La EPA del último trimestre del año 2013 indica un descenso en el número de parados de 8.400 tan solo en los últimos tres meses del año y un descenso total de 69.000 desempleados en todo el año 2013. Ahora bien, que durante los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre solo haya descendido el paro en 8.400 personas según la EPA contradice el dato aportado por el Instituto Nacional de Empleo (INEM) de que el desempleo descendió, tan solo en el mes de Diciembre, en mas de cien mil personas.

            Según la Encuesta de Población Activa (EPA) el porcentaje de desempleo alcanza el 26 por ciento de la población, es decir, más de un español de cada cuatro no tiene trabajo, pero no obstante este porcentaje no indica nada real pues puede verse reducido o ampliado si a su vez, por los motivos que sean, aumenta o desciende la población activa.

            En realidad, todas estas estadísticas y encuestas, tanto las que hace mensualmente el Instituto Nacional de Empleo como las que hace trimestralmente la Encuesta de Población Activa  no hacen nada más que enmascarar la realidad. Si el objetivo de estas estadísticas fuera trascender los fríos números y conocer el impacto de la crisis económica y del desempleo en la sociedad española deberían publicarse todos los datos, es decir, deberían hacerse públicos el número de parados existentes al principio de cada periodo sometido a estudio, el número de parados computados como tales al final del mismo y expresar cuantos de ellos se han marchado al extranjero o, desgraciadamente, han fallecido durante ese mismo periodo; porque solo así se sabría la evolución cierta del empleo y si en realidad hay indicios positivos de recuperación económica.

            Un descenso del desempleo en trescientas mil personas en un periodo de tres meses o de un año no es un dato real que pueda tener lecturas positivas si resulta que durante ese mismo periodo de tiempo se ha dejado de computar como desempleados en España a aquellos que se han visto obligados a abandonar el país o han fallecido porque tal cosa equivaldría a considerar la emigración, que no es más que un exilio forzado por causas económicas, e incluso la muerte como posibles soluciones económicas al problema del desempleo.   
     
Si la Encuesta de Población Activa que revela que durante el año 2013 el número de parados ha descendido en 69.000 personas pusiera también de manifiesto que durante el mismo año han abandonado el país trescientas mil personas, el resultado REAL es que el desempleo durante el 2013 habría subido en doscientas treinta y una mil personas (231.000) que es el resultado de restar al número de personas que se han visto obligadas a buscarse la vida en otros países el número de personas que han conseguido encontrar algún tipo de futuro en España.

            Los auténticos marcadores económicos de un país no lo constituyen el crecimiento bursátil, ni el aumento de las operaciones comerciales, ni el incremento de los beneficios de las grandes empresas, indicadores todos estos que tan solo reflejan una actividad económica especulativa. El verdadero reflejo de una economía son el número de desempleados que existen y el nivel de vida de los ciudadanos de un estado y en este sentido resulta más que evidente que el paro asciende en España a niveles que amenazan sobrepasar la línea de lo socialmente soportable y que, en estos últimos cinco años, el nivel y la calidad de vida de los ciudadanos españoles ha descendido hasta retroceder a niveles casi de la postguerra.

            Así pues según la EPA, en nuestro país existen, a fecha de 31 de Diciembre de 2013, cinco millones ochocientos noventa y seis mil trescientos desempleados (5.896.300). Pues bien, esto no es un mero número sino cinco millones ochocientos noventa y seis mil trescientas personas angustiadas por su presente y por su futuro e igualmente son otros tantos dramas humanos a los que las encuestas, muy lejos de dar solución o tan solo esperanza, lo único que hacen es tratarlas como simples guarismos ignorando la existencia de un “país real” que sufre y reflejando un “país estadístico” que los políticos de turno pueden utilizar y manipular según sus intereses “arrimando, nunca mejor dicho, el ascua a su sardina”.

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