El 20 de Noviembre de 1975 fallecía
en una habitación del Hospital de la Seguridad Social “La Paz”, el anterior
Jefe del Estado Español, Generalísimo de todos los Ejércitos y dictador
autócrata, Francisco Franco Bahamonde, abriéndose así un periodo de rápidos
cambios políticos que ha pasado a la historia de España con el nombre de “La
Transición Política” y que culminaría, tras la aprobación de la vigente Constitución,
en 1978, con el afianzamiento del actual régimen jurídico y político que, ya se
puede decir claramente, padece el pueblo español..
La “Transición” española se ha
presentado por todo el mundo en numerosas conferencias bien pagadas impartidas
por distintos protagonistas de la misma como modélica y ejemplo a seguir por numerosos
países de Hispanoamérica y del Tercer Mundo (¡!) enseñándose a los niños en las
escuelas españolas que es una cosa de la que los españoles tenemos que estar
orgullosos pues, pacíficamente, conseguimos darnos a nosotros mismos un régimen
repleto de libertades y derechos. No obstante, pasados ya casi cuarenta años
del inicio de la “Transición”, se impone no solo hacer un balance de la misma,
que no solo resulta desfavorable atendiendo a la situación política y social de
los últimos dos años, sino sobre todo explicar a la generalidad de los
ciudadanos de una vez por todas en qué consistió esa “Transición” porque
atribuir la misma a la generosidad de unos líderes políticos que en muchos
casos no se representaban nada más que a sí mismos y a su gran capacidad
política para llegar a pactos y acuerdos con los contrarios no resulta nada más
que una especie de alegoría propia de aquellas pinturas neoclásicas de Louis David
en las que se pretendía sublimar un acontecimiento o un personaje histórico.
Algunos de los protagonistas de la
“Transición” como el antiguo líder del Partido Comunista recientemente
fallecido, Santiago Carrillo, han afirmado, años después y ya desde el
ostracismo político, que en la misma se cometieron errores y que se llegaron a
acuerdos porque en aquel momento no había más remedio que pactar pues lo
importante era que España tuviera democracia (aunque en la actualidad el pueblo
español la considera gravemente deficitaria). No obstante nada hay más erróneo
que considerar que en aquel momento las exigencias de la oposición al régimen
franquista pudieran desencadenar un proceso de involución o de enfrentamiento
civil que impidiera el cambio de régimen.
El régimen franquista nace el 1 de
Octubre de 1936 con la exaltación de Francisco Franco a la Jefatura del Estado
del bando sublevado, se consolida con la Victoria sobre el ejército republicano
el 1 de Abril de 1939 y se afianza definitivamente en 1945 con la no
intervención aliada al finalizar la II Guerra Mundial. Desde el mismo momento
de su nacimiento, el régimen se fundamenta en la concentración en la persona de
Franco de todas las lealtades y en la unificación en un el Partido Único, que
posteriormente se conocería como “El Movimiento”, de las diversas, e incluso
contrapuestas, tendencias políticas que participaron en el alzamiento del 18 de
Julio de 1936. En 1975, transcurridos casi cuarenta años desde su nacimiento, el
régimen de Franco lleva años siendo un régimen político en descomposición
sostenido únicamente por una enorme maraña de comodidades e intereses creados;
son esos intereses creados la única base que apoya y sostiene al régimen
franquista en el momento de la muerte del dictador, es decir, en el momento del
fallecimiento de Franco el régimen ya no tiene ningún sustento ideológico ni
ninguna finalidad política, extremo éste que, conocido por todos, será el único
factor decisivo para que la transmisión de poderes del fallecido Franco a Juan
Carlos de Borbón y los cambios legales posteriores se produzcan sin traumas ni
violencias.
Al dimitir, el 1 de Julio de 1976;
el último Presidente del Consejo de Ministros nombrado por Franco, Carlos Arias
Navarro, es sustituido en el cargo por Adolfo Suárez quien hasta la fecha había
desempeñado el puesto de “Camarada Ministro Secretario General del Movimiento”
por lo que se puede considerar a Suárez un profundo conocedor del régimen
franquista, de su estado de salud general y de todos sus entresijos además de
tener un conocimiento muy acertado de la situación real de todos los grupos y
partidos de la oposición. A partir de ese momento comienza la gran operación
política tendente a desmontar el “Movimiento”, esto es, el Régimen Franquista; para reconvertirlo en un régimen político
homologado u homologable con los regímenes políticos existentes en Europa
Occidental.
La idea que se ha transmitido de la
Transición es que fue una operación de ingeniería jurídico-política iniciada
por Adolfo Suárez desde la presidencia del gobierno basada en el acuerdo entre
dos supuestas fuerzas políticas antagónicas e irreconciliables, no obstante
esta es una idea interesada y falsa pues en realidad ninguna de las fuerzas en
presencia en el momento de la muerte de Franco eran fuerzas políticas sino
otras cosas.
Dentro del Régimen Franquista, lo
que existía eran unos colectivos humanos agrupados en el partido único de
Falange, los sindicatos verticales, el ejército y la casta política del momento
que se lo debían todo a Franco y a su régimen por lo que veían cualquier
posible cambio como un peligro a sus múltiples intereses particulares y a su
posición social. Por su parte la situación de la llamada oposición no era muy
distinta pues estaba integrada por numerosos grupos, muchos de ellos sin
ninguna auténtica presencia social, era altamente heterogénea y en no pocos
casos sus propios líderes o eran hijos (o familiares próximos) de jerarcas del
régimen o procedían ellos mismos de alguna organización del movimiento,
pudiéndose afirmar que el grupo más numeroso y organizado de los de la
oposición al franquismo era el Partido Comunista de España dirigido por
Santiago Carrillo y aún este se encontraba muy lejos de ser un grupo homogéneo
ya que agrupaba en su seno las más diversas tendencias muchas de las cuales no
tenían nada de comunistas pero que se habían incluido en el PCE por ser el
grupo mejor organizado en la clandestinidad.
Así pues, el panorama con el que se
encuentra el Presidente del Gobierno Adolfo Suárez es el siguiente: unos
llamados franquistas que, conservando el régimen o sin conservarlo, lo que
quieren es conservar sus privilegios y una oposición débil y fragmentada cuyos
líderes quieren más acceder al poder y a los privilegios que cambiar sustancialmente
las cosas. Estando así las cosas, la oposición al franquismo aparece organizada
en dos formaciones unitarias: la Junta Democrática creada en 1974 e integrada
por el PCE, CCOO, PSP, PTE, Partido Carlista e independientes, y la Plataforma
de Convergencia Democrática creada en 1975 por el PSOE, Movimiento Comunista,
Democratacristianos y Socialdemócratas, ambas formaciones convergen en Marzo de
1976 en la organización Coordinación Democrática, popularmente conocida como
“la Platajunta”, a la que se adhieren partidos nacionalistas catalanes, vascos
y gallegos. Las demandas y objetivos de la “Platajunta” son la amnistía, la
legalización de todos los partidos políticos que lo soliciten y la convocatoria
de unas elecciones a Cortes Constituyentes.
Mientras que la oposición al
franquismo lucha por aparentar unidad y más fuerza que la que tiene (en
realidad la mayor parte de la militancia activa y de calle de las fuerzas de la
oposición la ponía el PCE y el Partido Carlista), Suárez maniobra dentro del
régimen y presenta a las Cortes Franquistas en Noviembre de 1976 una propuesta
de Ley Fundamental (la octava Ley Fundamental del Régimen) llamada “Ley Para la
Reforma Política” que contemplaba la convocatoria de elecciones para elaborar
una Constitución y que, en cinco artículos, desmontaba el Régimen de Franco.
“La Ley de Reforma Política”, fue defendida ante las Cortes franquistas por el
Procurador en Cortes Miguel Primo de Rivera siendo aprobada el 18 de Noviembre
de 1976 por 425 votos a favor, 59 en contra y 13 abstenciones. La aprobación de
la “Ley de Reforma Política” por las Cortes franquistas es conocida como el
“Hara Kiri de las Cortes franquistas”, aunque realmente no existió tal
“Hara-Kiri” pues la aprobación de esta ley fue fruto de múltiples negociaciones
entre el gobierno y los Procuradores en Cortes de cuyo contenido no se tiene
constancia pública pero en las que se debió garantizar a los señores
Procuradores que votasen a favor, su permanencia en la primera línea de la
política activa porque la inmensa mayoría de los que votaron afirmativamente a
la “Ley de Reforma Política” han permanecido en la vida política en diversos
partidos e incluso alguno de ellos han conservado los mismos puestos que
ocupaban en el Régimen Franquista y no han dejado jamás de viajar en coche
oficial. Por lo que se refiere a los Procuradores que votaron en contra (a
muchos no les quedaba más remedio que votar “no” por pura “dignidad” personal
pues eran cimentadores del Régimen Franquista desde el 1 de Octubre de 1936 y
un voto diferente hubiera sido escandaloso en extremo) si bien con el tiempo pasaron
al olvido político, lograron colocar a familiares muy próximos en diversos
partidos, empresas públicas e instituciones del nuevo régimen.
La Ley de Reforma Política, fue
sometida a un Referéndum Nacional el 15 de Diciembre de 1977, donde participó el
77 por ciento del censo obteniendo un ochenta por ciento de votos a favor. En
la campaña del Referéndum Nacional del 15 de Diciembre de 1977, el gobierno de
Adolfo Suárez no dudó en utilizar todo el peso propagandístico del “Movimiento”
no faltando en pequeñas localidades quienes, desde la Jefatura Local del
Movimiento, solicitaban a los ciudadanos el voto afirmativo vistiendo la camisa
azul.
La aprobación en Referéndum de la
Ley de la Reforma Política pone nuevamente de manifiesto la debilidad de la oposición
al régimen de Franco quien se había inclinado por la abstención y demuestra la
debilidad del sector duro del régimen, conocido como el “Bunker”, que había
solicitado el voto negativo (la abstención tan solo alcanzó un 23 por ciento,
mientras que los votos negativos tan solo fueron un 20 por ciento) dejando las
manos libres a Suárez para seguir adelante con la segunda fase de la Transición
que consistía en convencer a los franquistas de que nada iba a ocurrir y que iban
a seguir disfrutando, tal vez de una forma diferente, de sus privilegios y en
incorporar a la oposición a un proyecto político, no precisamente popular y
democrático pero homologable en Europa que se creará en torno al sucesor de
Franco, Juan Carlos de Borbón.
Así, Adolfo Suárez incorpora a la
función pública general a todos los funcionarios del Movimiento y de los
Sindicatos, organizaciones disueltas en virtud de la Ley de Reforma Política,
legaliza a organizaciones de la oposición como el Partido Socialista Obrero
Español (PSOE) y al Partido Comunista de España (PCE) quien hace una pública
manifestación en rueda de prensa de aceptación de la bandera bicolor, de
aceptación de la monarquía en la persona de Juan Carlos de Borbón y de
reconocimiento de la unidad de España, mientras que otros partidos políticos más
reivindicativos como el Movimiento Comunista, la Organización Revolucionaria de
los Trabajadores (ORT) y el Partido Carlista siguen estando en la ilegalidad lo
que supone la ruptura por parte de los partidos legalizados de los pactos
suscritos durante la “Platajunta” ya que estos implicaban que ningún partido
aceptaría ser legalizado e ir a unas elecciones si no eran legalizados todos
los partidos políticos.
A partir de aquí, todo queda
encauzado (o como diría alguien “atado y bien atado”), se celebran unas
elecciones el 15 de Junio de 1977 para elegir un Congreso de los Diputados y un
Senado, en el que habrá Senadores de “Designación Real” nombrados a dedo por el
Jefe del Estado, que tendrán por función elaborar una Constitución que se
aprobará en referéndum el 6 de Diciembre de 1978 y que es la que esta aún
vigente.
Las carencias democráticas que años
después han aparecido en el régimen nacido de la llamada “Transición” han sido
justificadas por todos los participantes y protagonistas de la misma (franquistas
reconvertidos en demócratas de toda la vida y opositores al régimen) por la
necesidad de alcanzar unas libertades y por el miedo a una involución. Ahora
bien, la realidad del momento demuestra que el miedo a una intervención militar
en el proceso político no es más que una excelente excusa recurrente pues la
involución no era posible por numerosos motivos:
En primer lugar, Franco ordena en su
testamento que “Por el amor
que siento por nuestra patria os pido que perseveréis en la unidad y en la paz
y que rodeéis al futuro Rey de España, don Juan Carlos de Borbón, del mismo
afecto y lealtad que a mí me habéis brindado y le prestéis, en todo momento, el
mismo apoyo de colaboración que de vosotros he tenido”. Considerando que el Régimen Franquista es un
régimen personalista donde Franco reúne en su persona todas las lealtades esto
equivale a una transmisión de esas lealtades a la persona de Juan Carlos de
Borbón por lo que todos los franquistas y especialmente los militares quedaban
obligados por el testamento de Franco a ser leales y a no oponerse, al menos
activamente, a ninguna disposición del nuevo Jefe del Estado
En
segundo lugar, del Movimiento Nacional dependían numerosas organizaciones
filiales tales como Sección Femenina, Sindicatos, Prensa del Movimiento
(propaganda) y la llamada “Delegación Nacional de Milicias” con sede en la
Calle Ferraz de Madrid que era una milicia supuestamente política integrada por
voluntarios falangistas y de carácter auxiliar o de reserva del ejército, de la
Policía Armada y de la Guardia Civil. Dicha “Delegación Nacional de Milicias”
contaba con cien mil milicianos con licencias de armas en 1976 que les fueron
retiradas pacíficamente y sin rechistar a lo largo de 1977. El hecho de que una
organización militar de supuesto carácter político se dejase desarmar por unas
autoridades que estaban acabando con el régimen y el ideario que dicha
organización había jurado defender pone de manifiesto que nadie iba a actuar
contra la política iniciada por Adolfo Suárez más allá de lo anecdótico.
Finalmente
el ejército, a pesar de ciertas radicales poses verbales y dimisiones como la
del almirante Pita da Veiga a causa de la legalización del PCE, termina
aceptando el proceso iniciado por la Ley de Reforma Política a cambio de una
mejora de la soldada y del inicio de un proceso de modernización de todo el
material de las fuerzas armadas consiguiendo la Armada Española la construcción
de un portaaviones que iba a llamarse “Almirante Carrero Blanco”, que tardó en
construirse diez años y qué terminó llamándose “Príncipe de Asturias”.
Asimismo,
la posibilidad de que se repitiera una situación de guerra civil similar a la
de 1936-1939 era imposible sencillamente porque en 1975 no existían bandos. Los
franquistas habían demostrado que no aspiraban nada mas que a la defensa y
conservación de su status mientras que la oposición, que ya había fracasado
militarmente en todas las tentativas bélicas para derrocar al régimen desde la
invasión del Valle de Aran en 1944 y que había tenido que renunciar a continuar
la guerra del maquis en 1950, no estaba en condiciones humanas ni materiales
para lanzarse a una nueva aventura guerrera.
El tema de la amenaza de un golpe de
estado, de una involución o de una nueva guerra civil como justificación para
que las fuerzas de la oposición aceptasen la monarquía cuando la inmensa
mayoría de ellas se proclamaban republicanas y el no pedir cuentas al régimen
anterior no se sostiene y no es más que una leyenda con la que han mantenido
sumisos a los españoles durante tres décadas.
Por otra parte la llamada
“Transición” no fue obra de grandes y generosos hombres de estado sino simple y
llanamente una operación transaccional que cualquier trilero dotado de “don de
gentes” podría haber realizado porque en lo que realmente consistió la
“Transición” fue en tapar bocas y en calentar culos de personas altamente
ambiciosas a las que se podría aplicar la cita de Hobbes de que “aquellos que
piden la libertad, no es en verdad la libertad lo que piden, sino el poder”. Tapar
bocas con cargos, subvenciones y privilegios y calentar culos permitiendo el
acceso a cargos gubernamentales a líderes de la llamada oposición al régimen
y/o creando puestos políticos para que más gente accediera a poltronas donde
mantener calientes sus posaderas y cubiertos los riñones.
Durante décadas el pueblo español,
traicionado en ese proceso llamado de la “Transición” por los propios líderes
que decían ser opositores al régimen franquista, se ha creído los mitos y leyendas
que han rodeado el indebidamente magnificado proceso de cambio político y se ha
sentido feliz y partícipe del régimen de aparentes derechos y libertades “que nos hemos dado todos”. No obstante,
desde hace tres o cuatro años parece haber despertado y haber comprobado que
“no es oro todo lo que reluce” y es que casi cuarenta años después de muerto el
dictador, los cimientos del régimen surgido de la Transición se resquebrajan a
causa de una crisis económica que impone recortes y retrocesos sociales a los
ciudadanos mientras que la casta política sigue disfrutando de todos sus
privilegios porque el régimen no puede permitirse el lujo de que no haya dinero
(“café para todos” lo llaman algunos)
para seguir tapando bocas y calentando culos pues precisamente esa es la base
fundacional del actual régimen y sin ese
requisito el mismo no podría subsistir.
