ESPAÑA Y EL TERCER RESCATE A GRECIA

            La semana pasada, concretamente el Martes 18 de Agosto, el Congreso de los Diputados aprobaba, a propuesta del Gobierno presidido por don Mariano Rajoy, la participación española en el llamado "Tercer Rescate" a Grecia y que va a suponer que el estado español, esto es los ciudadanos españoles, van a tener que aportar 10.150.- millones de Euros en concepto de un préstamo usurario y leonino cuyas condiciones implican que el prestatario, es decir Grecia, jamás va a poder pagarlo. La propuesta del gobierno del Partido Popular salió adelante con el apoyo de 297 diputados (del Partido Popular, PSOE, CiU, UPyD, UPN, Coalición Canaria, Foro Asturias y PNV), la oposición de 20 diputados (ERC, IU y los grupos de izquierda del Grupo Mixto) y la abstención de 5 diputados; por su parte los otros 28 diputados restantes para completar la cifra total de los 350 "Padres de la Patria" que viven de los impuestos que pagan los españoles debieron considerar poco relevante la cuestión y simplemente se encontraban dedicados a otros menesteres fuera del pleno.

            En el proceder del Congreso de los Diputados y de la actitud de toda la casta política española respecto a este "Tercer Rescate" a Grecia hay varias cosas sobre las que todos los españoles deberían reflexionar.

            En primer lugar, ya resulta inadmisible la perversión del lenguaje que se está practicando en relación con Grecia. No se puede seguir llamando "Rescate" a lo que no es más que un préstamo leonino y usurario para mantener la ficción mundial de que Grecia no se encuentra en quiebra. Un verdadero "Rescate" a Grecia pasa más por una intervención directa y planificadora en la economía Griega con la finalidad de estabilizarla y que emprenda la senda del crecimiento que por prestarla ingentes sumas de dinero para que simplemente pueda seguir pagando los intereses de su deuda no incurriendo en impago y por tanto en una quiebra declarada que arrastraría a otros países europeos a una complicada situación económica. Para que Grecia salga de su lamentable situación económica es innegable que los ciudadanos griegos tendrán que hacer sacrificios pero no basta con hacer sacrificios sino que hay que hacerlos bien siendo estúpido que ante la falange gangrenada de un dedo en vez de amputar el dedo o incluso la mano entera se imponga la amputación de una pierna que es lo que la Unión Europea viene a exigiendo que hagan los sucesivos gobiernos helenos. Grecia ha de recortar en gastos superfluos como los gastos militares y ha de reformar su sistema fiscal siendo absurdo que un gobierno, y máxime un gobierno de izquierdas, mantenga las exenciones fiscales a un colectivo tan adinerado y poderoso como el de los armadores griegos, pero en cualquier caso los derechos sociales y económicos de los pensionistas y de las clases medias y bajas deben ser salvaguardados a todo trance.

            En realidad este llamado "Tercer Rescate" parece más un perverso experimento sociológico tendente a estudiar hasta cuanto se puede reducir el nivel de vida de una población antes de que estalle y a la inestabilidad económica se la añada la inestabilidad política que una medida seria y realista de ayuda a Grecia, la cual, a  estas alturas, pasa inexorablemente por una quita del principal y, muy posiblemente, por la renuncia por parte de los acreedores al cobro de intereses.

            En segundo lugar es de indicar que los 10.150 millones de Euros que va a suponer para España esta participación en el "Tercer Rescate" a Grecia van a salir de los impuestos que pagan todos y cada uno de los ciudadanos españoles por lo que debería haberse planteado por alguien (no solo por mi en este artículo) si es lógico, aconsejable y aceptable que el mismo Estado que hace tres años recortó brutalmente en sanidad, educación, pensiones, etc... y subió los impuestos hasta un nivel casi confiscatorio ahora haga un desembolso similar, si no superior, a las cantidades que pretendía ahorrar con tales recortes e incrementos impositivos en concepto de una inversión que difícilmente se va a poder recuperar algún día y que, por tanto, tiene el carácter real y cierto de un préstamo a "fondo perdido". Y, por favor, no nos engañemos más sobre la cuestión griega porque la misma se reduce a que aquel deudor que no ha podido hacer frente a sus deudas y que requiere más financiación ajena para hacer frente al vencimiento de los intereses además de para enfrentar sus gastos corrientes es patente y manifiesto que jamás podrá pagar por la sencilla lógica que nos enseña que "quien no puede lo menos, no puede lo más".

            

            En tercer lugar, la aprobación por el Congreso de los Diputados del llamado "Tercer Rescate" a Grecia entra en la tradición del régimen político de 1978 del oscurantismo y la falta de transparencia que rodean la aprobación de las más importantes y polémicas iniciativas legislativas ya que se ha aprobado mediante un pleno extraordinario celebrado a mediados de Agosto, mes en el que la opinión pública se encuentra mayoritariamente desconectada de las noticias al estar de vacaciones impidiéndose de esta forma cualquier debate público o movilización social.

            Finalmente, siendo el desembolso de los 10.150.- millones de Euros que va a suponer este "Tercer Rescate" a Grecia algo que, de forma tangible e inmediata, va a afectar a todos los españoles es curioso que nadie, ni siquiera de entre las nuevas formaciones políticas emergentes que mantienen el discurso  de una nueva democracia más directa, participativa y transparente, se haya reclamado la realización de un Referéndum entre la ciudadanía para consultar a los ciudadanos si están dispuestos a consentir, a su costa y en las condiciones impuestas por Europa a Grecia, que ese desembolso se realice.

            En definitiva, la aprobación por el Congreso de los diputados de la participación española en este llamado "Tercer Rescate" a Grecia no solo ha puesto de manifiesto las habituales carencias del régimen político español y la alegría con que la casta política imperante viene administrando desde siempre el dinero público participando en aventuras financieras de dudosa solvencia y moralidad sino que también ha puesto de manifiesto lo poco que ya queda por esperar de las nuevas formaciones políticas emergentes que, ante tan graves cuestiones políticas y económicas como esta, han guardado silencio y no han salido ni siquiera en la más irrelevante tertulia emitida por la más pequeña televisión local reclamando un referéndum.

EL DESPISTE Y LA PRÁCTICA DE LA USURA INVERSA

   Cuando el actual gobierno del Partido Popular decidió rescatar a las entidades financieras que estaban pasando dificultades económicas y de liquidez a causa del incremento de la morosidad derivada del pinchazo de la burbuja inmobiliaria les inyectó una ingente cantidad de dinero que la Unión Europea había puesto a disposición del estado español en una línea de crédito de hasta cien mil millones de euros.

            Como el responsable de una deuda es quien adquiere la misma, aunque sea para financiar a terceros, quien ha de pagar las decenas de miles de millones de euros tomados de la línea de crédito abierta por la Unión Europea, son las arcas públicas del Estado Español, es decir, todos y cada uno de los ciudadanos españoles porque será de los impuestos, tasas y precios públicos que estos paguen de donde saldrá el dinero para devolver las cantidades dadas a los bancos.

            Frente a esta realidad incuestionable, el gobierno ha jugado como siempre al despiste y al “trile” con los ciudadanos diciendo que en ningún caso las cantidades tomadas de la precitada línea de crédito iban a engrosar la enorme deuda pública que arrostra el estado español y que, en todo caso, serían los bancos quienes pagasen su propio rescate.

            Pues bien, la maniobra, propia de un trilero, ha sido la siguiente: el gobierno de don Mariano Rajoy ha dado a las entidades financieras decenas de miles de millones de euros a un interés X a cambio de qué estas compren deuda pública del estado español a un interés Z (siendo Z = X+Y). Esto ha provocado que, a pesar de que la banca ha recobrado la liquidez de sus mejores épocas, no se haya reestablecido la fluidez en la financiación a empresarios y a particulares por dos razones fundamentales: 1º. Porque las entidades financieras jamás volverán a financiar el cien por cien de nada a nadie que no presente más que sobradas garantías o avales de solvencia y 2º. Porque los bancos no necesitan arriesgar su dinero prestando a particulares o a empresarios ya que, comprando deuda pública al estado con el propio dinero que éste les ha dado, ganan un interés superior al que tienen que pagar por el dinero que han recibido.

            Esta es una de las formas que los bancos tienen, con la complicidad del gobierno, para financiar su rescate y que, si cogemos papel, lápiz y echamos cuentas, podremos observar que consiste, de una forma muy solapada y disimulada, en que sean los propios ciudadanos quienes se estén haciendo cargo del pago del rescate bancario porque siendo el interés que el estado les paga por la compra de deuda pública superior a los intereses que les cobra por el dinero que les ha dado, existe una diferencia que constituye la ganancia bancaria y que está siendo pagada por el estado español, es decir por todos los ciudadanos españoles.

            No teniendo suficiente con esto para conseguir la refinanciación de las entidades bancarias, el gobierno dejo escapar hace unos meses el globo sonda de que al pago del rescate financiero deberían colaborar los depositantes perdiendo un porcentaje de sus depósitos que pasarían a la entidad financiera. Como esto era muy difícil de poner en práctica dado que equivaldría a un robo o confiscación, se ha procedido de otra forma que consiste en que las entidades financieras practiquen, con el apoyo del gobierno, lo que bien puede denominarse de “Usura Inversa”.

            Si por “Usura” se entiende el COBRO de un interés notoriamente excesivo y desproporcionado en un préstamo y así está recogido por el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, por “Usura Inversa” se ha de entender el PAGO de un interés excesivamente pequeño en un préstamo o depósito. A este respecto, hace unos meses el gobierno del Partido Popular, entrometiéndose en las relaciones comerciales existentes entre empresas privadas y sus clientes y a través de su Ministro de Economía, Luis de Guindos; limitó el tipo de interés que los bancos podían dar por los depósitos a plazo a un máximo del 1´75 por ciento, consiguiendo, mediando algunas técnicas puramente comerciales, que los tipos de interés que los bancos vienen pagando actualmente a los depositantes no supere en ningún caso el 2 por ciento, lo que resulta clara y notoriamente inferior al interés que esos mismos bancos cobran por sus préstamos o perciben por la compra de deuda pública.

            Esta medida supone para los bancos un beneficio añadido ya que, al amparo de las disposiciones gubernamentales, disminuyen sus costes de explotación al dejar de pagar un justo interés a sus depositantes además de eliminar la competencia entre ellos a la hora de captar depósitos a través de la oferta de distintos tipos de interés. En cambio para los depositantes supone dos cosas: 1ª. Pérdida de poder adquisitivo porque la inmensa mayoría de los depósitos procede de pequeños ahorradores que, por no tener el dinero en la inseguridad de su casa, lo llevan a un banco y obtienen un interés con el que completan sus pequeñas pensiones o salarios para llegar a fin de mes o darse un pequeño capricho al año y 2ª. Pérdida progresiva de los ahorros depositados porque se verán devaluados con el paso del tiempo e irán desapareciendo por un posible aumento de las necesidades del ahorrador/depositante y un seguro y continuado incremento del Índice de Precios al Consumo (I.P.C.).

            Así pues, esta limitación máxima en el interés que los bancos pagan por los depósitos, es otra de las formas que tienen las entidades financieras para recapitalizarse, esta vez a costa de los pequeños ahorradores, que ven como el contrato de depósito supera al contrato leonino y usurario al convertirse también en obligatorio porque el tener depósitos bancarios en cualquiera de sus formas se ha convertido, gracias nuevamente a los distintos gobiernos de este país y a las grandes empresas, en obligatorio para proceder a casi todos los pagos periódicos a los que un individuo tiene que hacer frente en su vida e incluso para percibir su nómina, pensión o subsidio mensual.

            En definitiva, estamos asistiendo a la puesta en marcha de nuevas y taimadas fórmulas de engaño y explotación de los ciudadanos por parte de las castas económicas y políticas tendentes a perpetuar la situación de privilegio gracias a la cual viven y se desarrollan.

RESCATE FINANCIERO Y NAUFRAGIO DEL PUEBLO

       El pasado Sábado, día 9 de Junio del 2012, el Ministro de Economía, Luis de Guindos, comunicó a los ciudadanos que España había solicitado la ayuda europea para recapitalizar su sector bancario, lo que se traduce en la supuesta inyección de cien mil millones de euros al sistema financiero procedentes del fondo de rescate europeo.    

 

            Tras la apresurada rueda de prensa que hizo saltar la noticia, todas las tertulias televisivas trataron el tema llegando a la conclusión de que esta “línea de crédito” o “rescate” lograría estabilizar los mercados de valores, haría bajar la prima de riesgo y conseguiría que los indicativos de la bolsa española subieran. No obstante, todas estas afirmaciones han quedado contradichas por la apertura, el Lunes 11 de Junio del 2012, de las distintas bolsas en las que el IBEX-35 continuó cayendo y la prima de riesgo española subiendo.

            Lo cierto es que este “rescate” financiero no ha servido para estabilizar los mercados de valores porque ha supuesto una mala noticia cierta y concreta cual es que el sistema financiero español esta en quiebra técnica y que el estado español no puede, por sí solo, reflotarlo. Asimismo también ha supuesto otras malas noticias ciertas pero inconcretas como son que este dinero habrá que devolverlo por no se sabe bien quién ni de que manera, en un plazo que se desconoce y con un tipo de interés que no se sabe. Evidentemente, la noticia de este “rescate” ofrece más interrogantes que respuestas por lo que es lógico que exista mayor inestabilidad en los mercados ahora que cuando los problemas del sistema financiero español eran tan solo rumores.

            Lo que no parece tan cierto es que este “rescate” sirva para restaurar el flujo de los créditos hacia las familias y empresas españolas y ello porque seguramente la banca dedique principalmente esta ayuda europea a “cubrir agujeros” y a pagar sus deudas retrasando la reactivación del crédito hasta el momento en que haya logrado deshacerse del enorme stock de inmuebles que se ha ido adjudicando en los últimos años a causa del impago de los prestamos hipotecarios concedidos.

            Lo que tampoco está tan claro es lo que va a suponer este “rescate” para la sociedad española pues, aunque el señor (por llamarlo de alguna forma) Rajoy ha manifestado que no tendrá coste alguno para los ciudadanos españoles, lo cierto es que ha sido el estado español  y no una empresa o entidad privada quien ha solicitado a la Unión Europea esta “Línea de Crédito” (como la llama don Mariano) y que, además, las entidades financieras que más se van a beneficiar de ella son casualmente las recientemente “nacionalizadas”. Por otra parte, el “rescate” financiero suplicado por el gobierno español a Europa es la única forma posible de “rescate” para España y supone, aunque se pretenda negar hábilmente, una intervención aunque “suave” en nuestra economía que sustituye o reemplaza la intervención total al estilo griego, irlandés o portugués que no puede darse en el caso español a causa de la notable diferencia demográfica con estos países porque, con cuarenta y ocho millones de habitantes y una tasa de paro que roza actualmente el veinticinco por ciento, una intervención a la griega haría que la tasa de paro se disparase más allá del treinta y cinco por ciento y que más de la mitad de la población se viera afectada por la total desprotección social y la indigencia.

            Por otra parte, y aunque en un principio parezca una menudencia léxica, no estaría mal que el gobierno aclarase definitivamente a los ciudadanos si lo que nos ha concedido la Unión Europea es un “Préstamo” de cien mil millones de euros o un “Crédito” por esa cantidad porque mientras lo primero significa que se va a ingresar directamente en las arcas del Estado Español cien mil millones de euros por los que vamos a pagar un determinado interés, lo segundo implica que la Unión Europea no hace ingreso alguno sino que simplemente pone a disposición del Estado Español una cantidad máxima de cien mil millones de euros para que se vaya utilizando según se necesite y por cuya mera disponibilidad se tendrá que pagar un determinado interés por la cantidad total aunque tan solo utilice la mitad de la misma.

            Así pues, aunque haya quien lo niegue y quien lo dude,  el “rescate” financiero solicitado por el Gobierno Español supone la intervención de España y de su economía porque, considerando que TODA la economía ha funcionado a base de financiación ajena  y endeudamiento es lógico pensar que quien controla y fiscaliza el sistema financiero, fiscaliza y controla la economía española. Así pues, no nos pretenda engañar el señor Presidente del Gobierno con erráticos eufemismos porque la realidad es está: España está intervenida y esta “línea de crédito” como gusta llamarla el señor Presidente del Consejo de Ministros supondrá a medio y largo plazo mayores recortes sociales y más subidas de impuestos por la sencilla razón de que la deuda pública española a pagar se ha incrementado, desde el 9 de Junio pasado, en cien mil millones de euros (si es un préstamo) o en la cantidad que resulte de las auditorías que se van a realizar al sistema bancario español (si es un crédito) más sus correspondientes intereses con lo que todos los recortes practicados por el gobierno hasta ahora con el objetivo de ahorrar no alcanzan a cubrir este nuevo incremento de deuda.

            Por otra parte, es de preveer que las entidades financieras que recaben la ayuda de este “rescate” tendrán que reducir costes por lo que es previsible que se practiquen nuevos Expedientes de Regulación de Empleo (EREs) en el sector bancario que supondrá un incremento del paro y del gasto público en concepto de prestaciones por desempleo.

            En definitiva, este “rescate” financiero presenta muchas incertidumbres que estoy seguro que se concretarán en las próximas semanas pero, sobre todo, presenta una duda fundamental que consiste en la cuestión de si verdaderamente servirá para algo porque lo que parece bastante claro es que las entidades financieras que reciban este dinero europeo lo van a emplear para “tapar sus propios agujeros” y para pagar a sus acreedores siendo su intención esperar a vender, aunque sea a la baja, el enorme stock inmobiliario que han ido adquiriendo en los últimos años a causa de sus malas prácticas hipotecarias para retomar las concesiones de préstamos y créditos, lo que provocará que la situación de estancamiento económico continúe.

            Por último también es de indicar que la venta a la baja de las viviendas que ahora mismo poseen los bancos no va a significar un beneficio para los ciudadanos que desean adquirir su primera vivienda porque, si no hay prestamos y facilidades económicas para que la gente compre esas viviendas, aunque su precio se vea reducido a la mitad; los únicos que podrán adquirirlas serán aquellos que dispongan de liquidez (que evidentemente no son ni jóvenes, ni parados, ni personas de recursos limitados), que las adquirirán para negociar con ellas haciendo resucitar la galdosiana figura del “rentista urbano” produciéndose el cambio definitivo en la sociológica tendencia española de poseer la vivienda en propiedad por la de tenerla en alquiler, limitándose el derecho a la propiedad de la vivienda a las personas de elevado poder adquisitivo. Tal vez esta sea la explicación de la reciente modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos y de los constantes incrementos del Impuesto de Bienes Inmuebles (I.B.I.).