LA DERIVA GUBERNAMENTAL

 

Hace unas semanas publicábamos un artículo titulado "La Defunción del Régimen de 1978" en el que criticábamos la forma en que el gobierno había prorrogado el estado de alarma hasta el 9 de mayo de 2021, dudando de su legalidad constitucional y pronosticando el inicio de un Régimen Jurídico-Político de falseamiento constitucional que recordaba los momentos finales de la República de Weimar y los principios de la República de Vichy, porque tal medida puede situarse entre el "Decreto del Presidente del Reich para la Protección del Pueblo y del Estado" de 28 de febrero de 1933 y la "Ley para el Remedio de las Necesidades del Pueblo y del Reich de 24 de marzo de 1933".

            Desde luego, a tenor de los acontecimientos posteriores, no se puede decir que estuviéramos muy equivocados porque, curiosamente durante el tiempo que el país lleva en estado de alarma, el Gobierno de coalición PSOE-PODEMOS ha intentado maniobrar para imponer unilateralmente un cambio en las reglas de juego que rigen el nombramiento de miembros del Consejo del Poder Judicial y ha publicado en el Boletín Oficial del Estado, el día 30 de octubre de 2020, (un día después de conseguir la prórroga del estado de alarma) una orden del Ministerio de la Presidencia por la que se crea la "Comisión Permanente contra la desinformación" que será coordinada por la Secretaria de Estado de Comunicación y tendrá por finalidad, como su propio nombre indica, combatir la desinformación.

            Ahora bien, ¿Qué es la desinformación?. En sentido estricto, desinformación es todo bulo, rumor o información difundida con el exclusivo objeto de crear confusión a la hora de tomar decisiones, así pues, hay que tener en cuenta dos cosas: Primera que la desinformación no es nueva y ha existido siempre, aunque en algún momento se la llamó "intoxicación" y, segunda, que las verdaderas campañas de desinformación están siempre coordinadas y organizadas por estados hostiles, por lo que son los organismos de seguridad e inteligencia del estado las encargadas de combatirlas y contrarrestarlas, no siendo, por tanto, necesaria la creación de ninguna nueva "comisión" salvo que lo que verdaderamente se pretenda sea instaurar algún tipo de censura, limitar la libertad de expresión o, simplemente, colocar a algunos "amiguetes" en un puesto con magras remuneraciones.

            Conforme recoge la Orden Ministerial publicada en el BOE, el medio básico a utilizar en la "lucha contra la desinformación" va a ser la "Monitorización y vigilancia"; es decir el control constante y completo de todo aquello que aparezca publicado en prensa y redes sociales, lo cual no constituye novedad alguna porque cualquiera que sepa algo de seguridad sabe perfectamente que todo, absolutamente todo, lo que se publica en redes y en prensa es "monitorizado y vigilado", aunque, como es tantísimo lo publicado no todo se puede analizar rápida y correctamente.

Entonces, si la desinformación o intoxicación ha existido siempre y siempre se ha vigilado todo lo que se publicaba ¿Por qué ahora consideramos esta medida del gobierno como una peligrosa deriva autoritaria o totalitaria del mismo?. Pues muy sencillo, porque hasta ahora toda campaña de desinformación o intoxicación se ha combatido por los diversos organismos de inteligencia del estado sin necesidad de crear comisiones especiales, porque el gobierno ha tomado esta iniciativa precisamente mientras está en vigor un estado excepcional de limitación de derechos como es el estado de alarma sometido a control parlamentario cada dos meses en vez de cada quince días, porque se ha decido la creación de esta "comisión" precisamente cuando arrecian por todas partes las críticas al ejecutivo por la gestión de la epidemia de COVID19 y, precisamente, al poco de que el Vicepresidente tercero del Gobierno, Pablo Iglesias, haya solicitado que la fiscalía investigue por delito de odio a aquellos que le denominan "Marqués de Galapagar" (1).  Así pues, de la valoración conjunta de todos estos hechos objetivos solo se puede deducir que la creación de la "Comisión Permanente contra la desinformación" obedece, tal y como dijo un General de la Guardia Civil en plena rueda de prensa celebrada el pasado mes de abril, a la gubernamental intención de “minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del Gobierno”, esto es al deseo de censurar y perseguir toda crítica a los dictados del gobierno.

            Este nuevo organismo deja exclusivamente en manos del gobierno la definición en cada momento de lo que puede considerarse "desinformación" por lo que genera una total inseguridad jurídica a los ciudadano a la hora de determinar qué es lo que podrán expresar libremente y lo que no, lo cual fomentará la autocensura y sentará las bases de que tan solo aquello que se diga con la autorización tácita o expresa del gobierno pueda considerarse verdadero. De hecho, el pasado sábado 7 de noviembre del 2020, la Ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, manifestó en defensa de esta "Comisión Permanente contra la desinformación" que en realidad lo que se pretende es garantizar a los ciudadanos el acceso a una información veraz persiguiendo noticias como las que "sugieren beber lejía contra el coronavirus", con lo que queda claro que de lo que se trata es de definir qué es verdad y qué no lo es  pues, si lo que se trata es de perseguir noticias como la "sugerencia de beber lejía", en clara referencia a la estupidez pronunciada por no sé quien en Estados Unidos, ¿Acaso no podría calificarse también como desinformación y noticias profundamente contrarias al interés general aquellas emanadas hace meses del mismo gobierno en el que la señora González Laya es ministro de que "el uso de mascarillas era innecesario, e incluso contraproducente"?. ¿Acaso el gobierno del que es miembro la señora González Laya no desinforma manipulando las cifras reales del número de fallecidos provocados hasta el momento por la epidemia?.

            Evidentemente el gobierno que preside el señor Pedro  Sánchez se está deslizando de una manera cada vez más clara y consciente por la pendiente del autoritarismo si no es directamente por la del totalitarismo con la aquiescencia de sus socios parlamentarios y de gobierno incumpliendo, incluso, su promesa electoral de derogar la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana (conocida como "Ley Mordaza") a pesar de haber tenido más de un año para ello, lo que demuestra no solo la falta de voluntad para derogarla sino la intencionalidad de utilizarla y de servirse de ella.

 

 

 

 

 

 

 

(1) La imposición popular de motes a los políticos, es una costumbre muy extendida incluso en dictaduras, así a Francisco Franco se le conocía en determinados círculos como "Currito Medallas", a Joseph Goebbels, como "Joe el Cojo",  a Santiago Carrillo como "El Conde de Paracuellos", a Adolfo Suarez como "El Tahúr del Missisipi" o a la suntuosa vivienda del que fuera Ministro alemán de Economía con el gobierno social-demócrata de Gerard  Schöder, Oskar Lafontaine, se la conoce como "El Palacio de la Justicia Social". Esto  es consecuencia del "Animus Iocandi" que provoca la falta de coherencia entre lo que se dice y se hace, pretender ver otra cosa además de una falta de sentido del humor es una total falta de sentido común.

LA SOCIEDAD ILIMITADA

"Dos cosas son infinitas:

la estupidez humana y el universo;

y no estoy seguro de lo segundo"

Albert Einstein

 La semana pasada saltaba la noticia de que una escuela pública barcelonesa había expurgado su biblioteca infantil y había llegado a la conclusión de que el treinta por ciento de sus fondos bibliográficos eran inconvenientes para los niños. Entre los títulos incorporados al cívico, porque evidentemente eclesiástico no era, "índice de obras prohibidas" se encontraban los cuentos infantiles "Caperucita Roja", "Cenicienta" y "La Bella y la Bestia" calificados por el concienzudo guardador de la virtud ciudadana de sexistas, ignorándose en este momento por quien esto escribe si objeto de censura también fue el cuento de "Los Tres Cerditos" por no respetar la paridad.

            Esta noticia, debería hacernos reflexionar profundamente sobre el tipo de sociedad que hemos creado o que estamos creando y en la que se está asentando la idea, fruto exclusivo de cierta irresponsabilidad, de la ilimitación de derechos y pretensiones amparada en un más que discutible concepto de ejercicio de derechos democráticos.

            Para los antiguos atenienses la democracia era "el sometimiento a las leyes que la misma ciudadanía se había otorgado a sí misma", eso implica la limitación de todo derecho y de toda pretensión por esas leyes. Más aún, si consideramos que el mayor y más alto derecho que tiene la persona humana es el derecho a la vida, porque sin este derecho todos los demás simplemente resultarían vacuos, nos encontramos con que dicho derecho también es un derecho limitado: limitado por las leyes  biológicas de la naturaleza que le ponen punto y final con la muerte y limitado también por el derecho positivo que, en determinadas circunstancias como puede ser la de la legítima defensa, sienta el principio de que el derecho a la vida cede ante otro derecho a la vida.  

            Así pues, ninguna pretensión ni ningún derecho resulta ilimitado y no todo puede hacerse o proponerse amparándose en que es el resultado de la libre expresión de la "Voluntad General".  Por mucho que se crea o se sostenga lo contrario, el ejercicio libre de los derechos además de estar sometido a límites exige la responsabilidad de quien los ejerce. No obstante en las jóvenes generaciones parece que se les ha hecho entender y creer de que todo es posible, que son portadores de derechos ilimitados y  que, en aras de una supuesta  perfección democrática, todo se puede someter a una libre expresión de la "Voluntad General" no resultando nada más falso e incluso perverso.

            Aunque se pretenda lo contrario, no se puede tener todo en la vida porque la propia actividad vital supone una constante renuncia hasta en lo más insignificante. Por ejemplo quien esta dudando en ir de vacaciones a Benidorm o a Soria, tomará la decisión que más adecuada le parezca pero la misma supondrá la renuncia a ir al lugar que no ha sido seleccionado y así es todo durante nuestra existencia. Toda elección implica una renuncia por lo que el derecho a elegir supone en sí mismo una limitación y la vida humana resulta ser una constante y permanente elección.

            Asimismo, no todo puede ser objeto de refrendo o expresión de la "Voluntad General", concepto político surgido de la Revolución Francesa, simple y llanamente porque hay cosas y principios que no se pueden someter a la consideración de dicha "Voluntad General" ya que el resultado de la misma podría no suponer un beneficio para la inmensa mayoría o ser un grave e injusto perjuicio para una minoría. Acaso ¿La muerte o marginación de un ser humano inocente pasaría a ser un hecho aceptable y justo si se aprueba por amplia mayoría?.

            Aquellos que claman para que los derechos sean tan amplios que no tengan límites en realidad no están hablando de derechos sino de privilegios porque  el derecho ilimitado de un individuo o de una colectividad solo puede suponer, en puridad lógica y filosófica, la negación de los derechos de los demás individuos y colectividades y aquel que todo lo ampara y justifica en la "Voluntad General" es que guarda la secreta intención de constituirse en augur o intérprete soberano y exclusivo de tal voluntad.

            Una sociedad en la que se asiente la idea de que los derechos son ilimitados y que todo puede justificarse en un ejercicio de la "Voluntad General" será una sociedad ilimitada, carente de todo límite, que llegará irremediablemente a extremos absurdos como estamos viendo surgir actualmente en nuestra sociedad y en la que, de forma efectiva, terminará por no existir derechos ni libertades.