POLÍTICA Y TECNOCRACIA

            Siempre ha existido la tendencia, acrecentada en tiempos de crisis, de considerar la política como una materia multidisciplinar en la que confluyen varias ciencias por lo que ha de ser ejercida por personal técnico. De esta concepción de la política surge la palabra tecnocracia que etimológicamente significa gobierno de técnicos.

            En realidad, y por mucho que con los siglos se hayan ido incorporando palabras nuevas para designar supuestas nuevas formas de gobierno, las únicas formas de gobierno que existen son las cuatro definidas por Platón y Aristóteles en el siglo IV antes de Cristo y que son: Monarquía o gobierno de uno cuya degeneración es la tiranía, Aristocracia o gobierno de unos pocos cuya degeneración es la oligarquía; la Democracia o gobierno de la mayoría, cuya degeneración es la demagogia y la República o gobierno de todos, cuya degeneración es la Anarquía entendida como caos.

            Así pues, la Tecnocracia por muy novedosa y reciente que pueda ser la palabra ha de encuadrarse forzosamente en una de las cuatro formas clásicas definidas por la filosofía griega encajando perfectamente en la forma de gobierno Aristocrático pues, evidentemente, la Tecnocracia siempre será el gobierno de unos pocos que, por sus conocimientos científicos y técnicos, serán los únicos capacitados para ejercer la actividad política y tomar las decisiones de gobierno con exclusión de todos los demás. No obstante, la Tecnocracia también se podría encuadrar, aunque muy difícilmente, en la Monarquía si es que todos los conocimientos científicos y técnicos pudieran reunirse en una única persona que ejercitara el gobierno.

            La Tecnocracia se fundamenta también en cierto Gnosticismo pues íntimamente parte de la idea de que los conocimientos científicos y técnicos son posesión exclusiva de una minoría elitista que, si bien no llega a ellos a través de una revelación, los alcanza mediante el estudio constante y sacrificado que hace que sus miembros se consideren superiores a los demás.

            Por otra parte, la Tecnocracia no debe confundirse con la Sinarquía, aunque ambas pueden llegar a ser compatibles. Mientras la Tecnocracia es el gobierno de técnicos conforme a razones y motivaciones puramente científicas y técnicas, la Sinarquía es un gobierno en el que el poder real es ejercido por una agrupación o corporación que permanece en la sombra ordenando lo que tienen que hacer los políticos que aparentemente, y solo aparentemente, dirigen las instituciones de un estado. Si ese grupo o corporación que permanece en la sombra esta formado exclusivamente por técnicos que se rigen por las frías leyes de la técnica y de la ciencia en realidad se estaría ante una Tecnocracia. De ahí la compatibilidad entre Tecnocracia y Sinarquía.

            La Tecnocracia incurre en el grave error de considerar la política exclusivamente como una ciencia cuando además es también un arte impregnado de humanismo. La política no es solo una técnica para que el estado y la economía funcionen bien, sino también el arte de favorecer el desarrollo moral y material de todos los ciudadanos. Por eso, si en un sentido extremadamente reduccionista la política es la preocupación por el pan no basta con que exista una técnica adecuada para la producción de ese pan sino que se requiere también el arte que permita que ese pan llegue y se distribuya entre todos los ciudadanos según sus necesidades.

            Desde un punto de vista puramente técnico o tecnocrático, la existencia de ciertas bolsas de pobreza estructural en una sociedad, aunque no deseable, puede ser aceptable siempre y cuando no sobrepasen cierto límite cuantitativo; pero desde el punto de vista humanista, esto es artístico, es totalmente inaceptable porque al bienestar material de todos y a la felicidad moral absoluta de cada individuo es a lo que ha de tender toda acción política sin admitir componendas ni compromisos que la desvíen de ese objetivo fundamental.

            Por ello, hoy, cuando algunos hablan de mejoras en los índices macroeconómicos, de la necesidad de delegar poderes y competencias en técnicos o en la de constituir partidos puramente integrados por cuadros de carácter técnico y científico que sustituyan a los partidos idealistas es necesario desconfiar de los que tales cosas pregonan porque una política tecnocrática, estando por ver que mejorara en algo la situación material de la población, alejaría al ciudadano de toda posibilidad de participación política y sentaría las bases para un nuevo Totalitarismo.

“EL ANARQUISTA QUE SE LLAMABA COMO YO” de Pablo Martín Sánchez

            “Es lo mejor que he leído en mucho tiempo” fue el pensamiento que se me cruzó por la cabeza cuando hace ya muchos años terminé de leer “A Sangre Fría” de Truman Capote y este mismo pensamiento se ha repetido hace unos días al finalizar la lectura de “El Anarquista que se Llamaba como Yo”, novela publicada por la editorial “El Acantilado” y de la que es autor el joven escritor Pablo Martín Sánchez.

            “El Anarquista que se Llamaba como Yo” parte de un hecho histórico real como fue la intentona revolucionaria contra el Directorio de Primo de Rivera acontecida en Vera del Bidasoa durante el mes de Noviembre de 1924 y en la que participa el militante anarquista Pablo Martín Sánchez, tocayo del autor, para construir una obra literaria que no es solo una novela pues es una novela y una relación histórica en la que el autor emplea una técnica ya conocida pero muy poco utilizada en la literatura que consiste en ofrecer al lector dos lecturas de una misma obra. Por una parte Pablo Martín Sánchez (el autor) narra la vida de Pablo Martín Sánchez (el protagonista) reflejando con total fidelidad el entorno social que le rodea y los hechos históricos en los que participa intercalando capítulos dedicados a la relación histórica de la intentona revolucionaria que comenzaría a fraguarse durante el Otoño de 1924 entre los exiliados españoles en Francia.

            Por otra parte, “El Anarquista que se Llamaba como Yo” tiene también elementos de novela policiaca que arranca en el primer capítulo con el descubrimiento por parte del autor de la existencia de un  militante anarquista llamado Pablo Martín Sánchez (el protagonista) que fue condenado a muerte en un Consejo de Guerra Sumarísimo celebrado en Pamplona en Diciembre de 1924 para constituir también una excelente trama de suspense con un final que, real o fruto de la imaginación del autor, resulta más que sorprendente.           

            “El Anarquista que se Llamaba como Yo” es la segunda obra literaria publicada por Pablo Martín Sánchez (el autor) tras la publicación,  en el año 2011, de su colección de relatos titulada “Fricciones” y constituye una novela de sobresaliente construcción que logra mantener la atención y el interés del lector por lo narrado más allá, incluso, de la finalización de su lectura pudiendo afirmar que hemos asistido a la consagración de un escritor que dará mucho que hablar en el presente y en el futuro en el seno del panorama literario español

            Considero que todos los libros merecen ser leídos, la inmensa mayoría de los que he leído son buenos, aunque bien es cierto que cuando los elijo para leer ya tengo una cierta propensión a que me gusten y muchos de ellos me han hecho pensar que eran excelentes pero, como he dicho al principio de esta reseña, solo dos han engendrado en mi el pensamiento de que eran “lo mejor que había leído en mucho tiempo” y uno de ellos es, sin duda alguna, “El Anarquista que se Llamaba como Yo”.

LA PENA DE INDIGNIDAD NACIONAL

            Hace unas semanas criticábamos las últimas reformas legales del Ministro de Justicia y ex Alcalde de Madrid (el Municipio más endeudado de todas Las Españas), Alberto Ruiz Gallardón, quien ha impuesto a los ciudadanos el pago de unas tasas si desean solicitar el amparo judicial en defensa de sus derechos, de cuyo abono, por cierto, quedan excluidos los miembros de la casta política (diputados, ministros, senadores…); y quien pretende reformar el Código Penal para crear nuevos delitos y endurecer las penas, sobre todo para aquellos que convoquen manifestaciones o protestas contra las políticas llevadas a cabo por los gobiernos de turno.

            Lo que llama la atención hasta elevarla a niveles de escándalo gigantesco es que no se incluyan medidas más férreas y más duras para castigar, que no prevenir, la corrupción política. Y digo castigar, porque la acción de un Código Penal siempre es posterior a la comisión del delito y, aunque se sostengan otras teorías, la misma solo puede tener por finalidad aplicar un castigo o sanción a una conducta y no prevenirla. Las medidas de prevención de cualquier actividad, incluida la corrupción política, siempre son anteriores o coetáneas a la ejecución de dicha actividad y consisten en crear instituciones (a algunas de las cuales como “El Mandato Imperativo” o “El Juicio de Residencia” ya hemos hecho referencia anteriormente en este blog) y redactar leyes como la que fije la responsabilidad patrimonial de los partidos políticos  o que establezcan un nuevo sistema electoral que sirvan de medios eficaces de control y limitación de abusos en el ejercicio político.

            Volviendo al tema concreto de la reforma del Código Penal que pretende el señor Ruiz Gallardón, se echa en falta una mayor contundencia e imaginación a la hora de castigar los casos de corrupción política. En este sentido, se podía rescatar una pena existente en el Derecho Penal Francés hasta principios de los años setenta del pasado siglo y que era llamada “Pena de Indignidad Nacional”.

            La “Pena de Indignidad Nacional” sería de aplicación como pena accesoria a todas aquellas personas que, desempeñando funciones de relevancia pública ya sea por ser un cargo político electo o de libre designación o por ser un alto funcionario o empleado público del estado o un alto ejecutivo de una empresa pública o de una gran empresa privada española, perjudicaran de manera relevante a la colectividad ejercitando sus funciones con negligencia o sirviéndose de su posición para obtener beneficios particulares para sí mismo o para terceros. Es decir, la “Pena de Indignidad Nacional” no se podría imponer a ciudadanos particulares sino solo aquellos que desempeñen actividades de relevancia pública, sean estas políticas o empresariales y en este último caso en el sector financiero o en sectores estratégicos de la economía.

            La  “Pena de Indignidad Nacional” conllevaría como efectos materiales de la misma: la confiscación de todos los bienes presentes y futuros del condenado, la imposibilidad de ejercer el derecho al sufragio activo y pasivo, la imposibilidad de desempeñar en España cualquier trabajo que no sea manual, la anotación marginal de la pena en la inscripción registral de nacimiento y la expedición de un Documento Nacional de Identidad específico para el condenado que sustituirá al documento normal que llevan todos los ciudadanos.

            Con la creación de la “Pena de Indignidad Nacional”, los ciudadanos honrados podrán asegurarse que los corruptos reintegraran en todo o en parte lo que se han llevado y que jamás volverán a cometer los hechos por los que se les ha condenado porque jamás podrán volver a desempeñar un trabajo en un puesto de responsabilidad. No obstante, la idea de la introducción en nuestro Código Penal de la pena de “Pena de Indignidad Nacional” que hacemos en el presente escrito no deja de ser un “brindis al Sol” porque la política del actual gobierno no va dirigida tanto a garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos como a garantizar la supervivencia del actual estado de cosas y los beneficios y prebendas que disfrutan los miembros de la casta que encarna el actual régimen político español.

CON ANIMUS JOCANDI: POLÉMICAS TELEVISIVAS DE SU EXCELENCIA

            En el momento en que la popularidad y aceptación de Su Excelencia el Jefe del Estado a Título de Rey alcanza sus cotas más bajas, algún asesor de entre los de su entorno ha tenido la “feliz”, aunque no muy afortunada (esto según se mire), idea de innovar y para ello nada mejor que modificar la estampa del Jefe del Estado mientras pronunciaba su tradicional mensaje navideño y el conceder una entrevista en exclusiva con motivo, esto es excusa, de su setenta y cinco cumpleaños.

            En cuanto al tradicional mensaje navideño y olvidando la “ruptura” innovadora ya practicada en las Navidades de 1975 y consistente en cambiar la fecha del mismo pasándolo del 31 al 24 de Diciembre, la novedad ha consistido en que Su Excelencia el  Jefe del Estado ha aparecido ante el pueblo español de cuerpo entero, sentado, más que apoyado, en la mesa del despacho (una pieza de maderas finas y bronce dorado, estilo neoclásico, del segundo tercio del siglo XX), sin duda deseando dar una juvenil y moderna imagen aunque eso sí, más propia de un protagonista de película musical de los años setenta (“Fiebre del Sábado Noche” o “Grease”) que de un Jefe de un Estado con más de cinco millones de parados. En este sentido es de indicar que, decididos a presentar un Jefe del Estado más próximo a los ciudadanos, se podría haber sido más coherente y atrevido y ya puestos a presentarle en publico con la pose de un “Tony Manero” haber incorporado un vasito de Whisky “JB” con hielo en algún lugar de la mesa y como acompañamiento musical al final del institucional mensaje algo de música disco o incluso, haciendo un guiño a los puristas, la misma “Marcha de Granaderos” pero con un ritmo más discotequero, todo ello, por supuesto, junto con un gran juego de luces multicolores.

            Aparte de la aparición de Su Excelencia de cuerpo entero, sentado sobre la mesa, pocas innovaciones presenta el tradicional mensaje navideño: El contenido del mismo se mantiene como siempre vaporoso y etéreo y se conserva la presencia de cierto número de fotografías que recogen distintos momentos familiares aunque eso sí con un extremado cuidado en que no aparezcan las imágenes de los yernos, como si no fuera ya una costumbre asumida, de mala gana pero siempre con humor malévolo, por los españoles que los Jefes de Estado tuvieran problemas con los yernos porque, a fin de cuentas señores, que otra cosa sino costumbre, mala, pero costumbre, es que en lo últimos ochenta años, España haya tenido dos Jefes de Estado y los dos hayan tenido problemas con sus respectivos yernos.

            Lo que sí supone otra presunta innovación en la puesta en escena del mensaje navideño de Su Excelencia El Jefe del Estado el pasado 24 de Diciembre es la introducción en la decoración del despacho de un retrato que puede verse a su espalda y que procede de la colección del “Museo de el Prado”, lo que implica que ha sido llevado allí para la ocasión con el coste que ello haya podido implicar y que a todas luces ignoramos que pinta pues se trata del retrato juvenil del infante Felipe de Borbón pintado por Jean Ranc (1674-1745) y desde luego de todos los retratos y de todos los retratistas no se pudo hacer peor elección.

            En primer lugar, el infante Felipe fue el cuarto hijo (el tercero varón) del matrimonio de Felipe V con su segunda esposa Isabel de Farnesio, Duque de Parma y fundador de la dinastía Borbón Parma, todo lo cual le hace un familiar lejano, demasiado lejano, como para que su retrato figure en el despacho de Su Excelencia existiendo, como existen, retratos de familiares mucho más próximos. Resultando lógico que entre esos numerosos retratos para escoger no se hubiera elegido el de Felipe V por estar en algunos lugares de España expuesto bocabajo, ni el de Luis I por su brevedad en el trono (tan solo 229 días), ni el de Isabel, llamada segunda; o Alfonso, llamado el trece, por haber sido ambos expulsados del país a causa de su baja popularidad; no es menos cierto que existen otros que bien pudieran haberse utilizado como un retrato del “Almirante” don Juan de Borbón y Battemberg, padre de Su Excelencia, o incluso, si es que se siente especial predilección por Jean Ranc una apropiada alegoría como bien pudiera haber sido “Diana, la cazadora”. En todo caso, cualquier retrato hubiera sido más apropiado que el del Infante don Felipe de Borbón, Felipe I de Parma, salvo que además del mensaje navideño expresado hubiera otro más subliminal pues la dinastía Borbón Parma forma parte inseparable de la historia reciente de las Españas por su implicación en la lucha por las libertades y sobre la misma recaen derechos indiscutibles que han hecho que, algún periodista, la haya calificado, con justicia, como “La Familia Rival”.

            Por último, tampoco resulta afortunada la elección del retratista pues Jean Ranc podría considerarse una persona poco apropiada para las fechas navideñas al haber sido en su habitación donde se inició, precisamente en las Navidades de 1734, el incendio que destruyó por completo el Alcazar de Madrid sobre cuyas ruinas se levanta hoy el Palacio Real.

            Finalmente, la entrevista concedida al veterano periodista Jesús Hermida y emitida por televisión el 5 de Enero pasado y en la que entrevistador y entrevistado aparecen sentados en sendas sillas, que no mesas o taburetes, en el mismo escenario utilizado para el mensaje navideño tampoco ha servido para que la imagen de Su Excelencia recupere puntos en el ranking de popularidad porque la entrevista no fue para nada realista y se mantuvo en extremo alejada de los problemas concretos que afectan a los españoles y a las Españas siendo más bien la conversación de dos amigos de una misma generación que recuerdan los viejos tiempos ya pasados de su juventud, es decir, que se cuentan las batallitas del abuelo y recuerdan como eran las cosas antes y como volverán a ser con una total desconexión de lo que está pasando. En esta entrevista Su Excelencia dio la imagen de alguien que, si siempre fue la de alguien que tenía poco que decir, ya no tiene nada que decir.

            En definitiva y para terminar, considerando la desesperada lucha por remontar en popularidad que parecen tener los asesores de Su Excelencia el Jefe del Estado y la gran inteligencia de la que hacen gala no sería de extrañar que a finales de año hubiera nuevas innovaciones que bien pudieran concretarse en un largometraje para los cines y la televisión que tuviera por título “Juan Carlos, Ese Hombre” y una condecoración dedicada “A los treinta y cinco años en la Jefatura del Estado”.

“MASONERÍA, RELIGIÓN Y POLÍTICA” de Manuel Guerra Gómez

            Extraño y curioso libro este que ahora reseñamos editado por la editorial Sekotia y escrita por el sacerdote católico don Manuel Guerra Gómez quien es un reconocido y reputado conocedor y estudioso de la historia de las religiones, de las sectas y de las sociedades secretas habiendo publicado un “diccionario enciclopédico de las sectas” (Biblioteca de Autores Cristianos B.A.C.) que se ha convertido en una obra de referencia para todos los interesados en este tema.

            “Masonería, Religión y Política” es un extenso ensayo dividido en tres partes la primera de las cuales está dedicada a la historia de la masonería especulativa que nace en Inglaterra en 1717 y que nada tiene que ver con la llamada masonería operativa que era una institución puramente gremial y profesional que agrupaba a los trabajadores y artesanos de la construcción y que, precisamente por su carácter gremial, tenía una base religiosa y católica. Esta primera parte continua tratando de los fines de la masonería considerada por el autor como una verdadera sociedad secreta y no tan solo como una sociedad discreta tal y como la definen los afiliados a esta organización y finaliza enumerando y describiendo las organizaciones pantalla o de inspiración masónica como “La Tabla Redonda”, “El Club Bilderberg” o “La Comisión Trilateral”, etc….

            La segunda parte del ensayo la dedica el autor, Manuel Guerra Gómez, a tratar las relaciones de la masonería con las diferentes religiones del mundo y especialmente, como no podía ser de otro modo, con la Religión Católica.

            Por último, la tercera parte del ensayo se dedica a las relaciones de la Masonería con la política subrayando las finalidades exclusivamente políticas y económicas de esta sociedad secreta y la forma de influir en la sociedad haciendo una importante y curiosa digresión sobre los actos violentos en los que la masonería ha estado presuntamente implicada a lo largo de la historia (asesinato de Prim, apuñalamiento de Isabel II, atentado de Sarajevo…).

            A lo largo del ensayo, Manuel Guerra Gómez subraya que la finalidad última de la masonería es la creación de un gobierno mundial de carácter laico donde unos pocos asociados secretos impongan a la inmensa mayoría de los habitantes del mundo una única religión sincrética, un único sistema económico liberal-capitalista y un único centro de poder al que estarán sometidas todas las naciones, resultando la filosofía masónica la síntesis de todas y cada una de las ideas heterodoxas que han existido a lo largo de la historia del pensamiento humano utilizadas y difundidas en cada momento según y conforme los intereses prácticos de la trama masónica.

            El libro “Masonería, Religión y Política” está plagado de datos y nombres concretos de personas por todos conocidas que resultan ser importantes grados masones, lo cual dota de total y absoluta veracidad a la obra aunque, y es aquí lo extraño, tal vez sea un libro críptico donde su autor introduce graves y notorios errores históricos como el atribuir la condición de masón y el apuñalamiento de Isabel II en la Basílica de Atocha de Madrid a Jerónimo Merino, sacerdote, guerrillero de la guerra de la Independencia y general carlista; cuando lo cierto es que dicho apuñalamiento fue ejecutado por Martín Merino, sacerdote también y que moriría ejecutado por garrote vil por tal atentado. Igualmente el autor comete el error de confundir a Carlos de Habsburgo, último emperador de Austro-Hungría, con su hijo Otto de Habsburgo al referirse a la beatificación del primero por el Papa Juan Pablo II.

            Estos notorios y gravísimos errores, imperdonables en un gran conocedor de la Historia Contemporánea como es don Manuel Guerra Gómez; hacen que el libro pueda ser considerado como una obra más y sin transcendencia alguna entre las muchas que alimentan la extensa literatura de la conspiración, o bien, ser considerada una obra críptica en la que el autor revela importantes datos introduciendo intencionadamente estos errores a fin de que el lector ajeno a la masonería y que tiene interés en conocer la trama masónica llegue a saber lo fundamental de esta sociedad secreta sin que la misma, con su poder, interfiera en la publicación y distribución del libro, al darle estos notorios y manifiestos errores base suficiente para desprestigiarlo y hacer dudar de todo lo que de verdad pueda haber en él.

            A pesar de todo, “Masonería, Religión y Política” de Manuel Guerra Gómez es un libro que vale la pena conocer para entender no pocas cosas que hoy ocurren en el mundo.

RUÍZ GALLARDÓN DE ESPAÑA Y DRACÓN DE TESALIA

            El actual Ministro de Justicia y ex alcalde de la Villa y Corte de Madrid, don Alberto Ruiz Gallardón, parece desear dejar una eterna y profunda huella en el Ministerio que ocupa al igual que la dejó en el Municipio de Madrid que por sí solo suma el veinticinco por ciento de toda la deuda municipal española y cuyo pago sí que puede ser eterno para todos y cada uno de los ciudadanos madrileños.

            Don Alberto Ruiz Gallardón comenzó su actividad ministerial hace un año con inofensivas pero llamativas declaraciones como aquella en la que dijo que iba a habilitar el mes de Agosto para toda clase de actos procesales y para todas las jurisdicciones (hasta ahora el mes de Agosto solo es hábil para la Jurisdicción Penal en fase de instrucción), lo que vendría a significar que los abogados y procuradores no podrían disfrutar ni de una semana de vacaciones y ha continuado con hechos graves, trascendentes y peligrosos como la introducción de las tasas en los procesos judiciales, la desjudicialización de los Registros Civiles que dejan de tener al frente a un Juez para tener a un Registrador y la reforma del Código Penal con endurecimiento de las penas para todos los delitos, introducción de la Pena de Cadena Perpetua Revisable y la introducción de nuevos delitos.

            La introducción de las Tasas Judiciales para iniciar un proceso judicial implica que para interponer una demanda con la intención de hacer valer un derecho legítimo presuntamente vulnerado, habrá que pagar una cantidad fija dependiendo del tipo de procedimiento (Juicio Verbal, Juicio Ordinario, Monitorio, Ejecutivo…) y un 0´5 por ciento de la cuantía del mismo. La consecuencia inmediata de esta novedad legislativa es el encarecimiento del acceso a la justicia pero a medio plazo provocará un retraimiento de la actividad contractual particular con la consiguiente subida general de precios de determinados productos, afectando concreta y directamente a sectores como los arrendamientos urbanos, el mercado de segunda mano de vehículos y todo tipo de transacciones entre particulares con el más que previsible beneficio de las grandes empresas y corporaciones mercantiles, únicas que podrán permitirse contratar teniendo facilidades para pleitear si llega el caso. Así por ejemplo, si un ciudadano particular tiene una vivienda vacía se lo pensará dos veces antes de alquilarla pues en caso de arrendarla por seiscientos euros al mes a un inquilino sinvergüenza que le deja de pagar la renta, para demandarle tendrá que pagar, además de los servicios de un abogado y de un procurador, cien euros en concepto de tasa por el procedimiento a seguir (juicio verbal) más 36.- Euros correspondientes al 0´5 por ciento de la cuantía del procedimiento que en este caso concreto sería la de un año de renta, esto es 7.200.- Euros. Evidentemente, los que aún así mantengan su decisión de alquilar una vivienda repercutirán los riesgos y los presumibles costes procesales en la renta del alquiler lo que supondrá una subida del precio de la vivienda en alquiler o que esta deje de hacerse de “particular a particular” y se realice por medio de grandes empresas inmobiliarias. A mayor redundancia el pago de las costas no garantiza al justiciable ni la pronta resolución del procedimiento ni el cobro de las cantidades reclamadas en el procedimiento en caso de ganar el mismo.

            Por otra parte, las tasas judiciales contravienen claramente lo establecido en la Constitución de 1978 que garantiza la gratuidad de la justicia y el derecho a la tutela judicial efectiva, que consiste en el derecho de todos los ciudadanos a acudir a los tribunales en solicitud de amparo ante cualquier derecho presuntamente vulnerado.

            Por su parte, la sustitución de los Jueces a cargo de los Registros Civiles por simples Registradores, no solo supone la privatización de un servicio fundamental del estado y que, durante mucho tiempo sirvió para tener censados a los ciudadanos y reclamarlos para el servicio militar, debiendo estar, por tanto, solo a cargo directo del propio estado sino que además implicará que, o bien, habrá que pagar por las inscripciones obligatorias de nacimiento, matrimonio, fallecimiento y las que se hacen en la sección de “tutelas y representaciones legales” (Sección 4ª del Registro Civil), o bien, habrá que pagar por la expedición de certificados, literales o en extracto, de estas inscripciones y que son imprescindibles para realizar numerosas gestiones como testamentarías, determinados procedimientos judiciales, expedición de Documento Nacional de Identidad y Pasaporte, etc… Todo ello sin contar con que también habrá que pagar por las inscripciones marginales como las que se hacen en la sección Segunda del Registro Civil (Matrimonio) en caso de separación o divorcio. Es decir, la reforma del Registro Civil se traduce en mayores costes para los ciudadanos y más beneficios para Notarios y Registradores que han visto descender notablemente sus ingresos con el hundimiento del sector inmobiliario además de retrotraer a España al periodo anterior a la creación del Registro Civil en 1871 cuando únicamente existían los Registros Parroquiales, creados por el Concilio de Trento, que eran y son llevados en cada parroquia y en los que constaban y constan el bautismo (nacimiento), confirmación, boda (matrimonio) y enterramiento (muerte) (1).

            Por último, la modificación prevista del Código Penal constituye ya el mayor de los desafueros que se pueden cometer enterrando definitivamente el principio de “intervención mínima del derecho penal”, inventando penas de dudosa constitucionalidad para determinados delitos como la pena de “Cadena Perpetua Revisable” y cuyo nombre en sí mismo es una contradicción en sus propios términos pues una Cadena Perpetua es precisamente perpetua y jamás puede revisarse, se endurecen las penas para los casos de “resistencia pasiva” y en los que intervenga “odio ideológico o racismo”, se crean delitos nuevos como el que prevé una pena de hasta dos años de prisión a todo aquel que ayude dando dinero o cobijo a un extranjero ilegal y se despenaliza la esterilización de las personas con discapacidad.

            Con esta reforma del Código Penal, el Partido Popular, el partido del gobierno, pone de manifiesto sus graves contradicciones internas y sus miedos. En primer lugar queda claro que el Partido Popular, a pesar de sus constantes protestas de fe democrática, posee una fuerte corriente interna de extrema derecha a la que tiene que cuidar, de ahí la creación de la pena de “Prisión Permanente Revisable” para determinados delitos y la creación del delito de ayuda o socorro a inmigrantes ilegales el cual, junto con la prevista despenalización de la esterilización de discapacitados, viene a contradecir el endurecimiento de las penas para los delitos de motivación racista o xenófoba y guarda cierta similitud “espiritual” con algunas de las disposiciones legales contenidas en “Las Leyes Raciales de Nuremberg” promulgadas en Alemania en 1938, haciendo de la xenofobia una especie de monopolio de la autoridad estatal. Por ultimo, el endurecimiento de las penas para los casos de resistencia pasiva y el reforzamiento del poder policial ante manifestaciones ciudadanas pone de manifiesto el miedo del gobierno de que, ante la situación de desesperación en que éste está llevando a la inmensa mayoría del pueblo español, la situación pueda ponerse fuera de control con la consecuente aparición de dudas respecto al acatamiento de un poder que pierde legitimidad por minutos.

            En definitiva, si el señor Ministro de Justicia, señor Ruiz Gallardón, afirmó a un medio de comunicación hace unas semanas que “Gobernar es, a veces, repartir dolor” está demostrando con estas reformas legales que las leyes son su medio particular de repartir y acrecentar ese dolor. No obstante, el señor Ministro, que parece creerse un gran legislador destinado a la inmortalidad histórica, debería recordar a ese otro gran legislador que fue Dracón de Tesalia cuyas duras leyes le harían pasar a la historia pero también le hicieron morir en el exilio ante el descontento popular.

(1) La creación del Registro Civil fue una exigencia liberal del Siglo XIX para eliminar la influencia de la Iglesia Católica en el censo y registro de la población. No obstante, provocó una gran reacción social en gran medida a causa de que el Registro Civil servía de instrumento político para controlar a la población, exigirla impuestos y obligarla a hacer el servicio miliar, lo que provocó en que durante la III Guerra Carlista fuera un hecho habitual por parte de los carlistas la quema de los Registros Civiles junto con los Registros de la Propiedad, mientras que las tropas liberales afines al bisabuelo del actual Jefe del Estado se dedicaban a quemar los Registros Parroquiales.

UN AÑO MÁS

Próximo a terminar este año 2012 en el que mientras unos pronosticaban el fin del mundo otros aprovechaban tan apocalíptico vaticinio para hacer negocio, lo cierto es que el fin del mundo no se ha producido, lo cual no significa que el año haya sido bueno. 

La inexistencia de ese drama colectivo que hubiera sido la extinción del ser humano y la destrucción del mundo no debe alegrarnos al extremo de hacernos olvidar los miles y miles dramas individuales que en este año 2012 se han producido en nuestro país por la propia mano y voluntad de los hombres que ocupan puestos de gobierno: desahucios, ruinas familiares, recortes sociales de todo tipo que afectan a los económicamente más débiles, etc…

En realidad, el ser humano es completa y absolutamente libre para obrar y por tanto de todos los males que nos afectan es él el único responsable, porque precisamente responsabilidad es lo que implica la libertad, aunque tal responsabilidad no se nos exija inmediatamente y ni siquiera en este mundo. Y el ser humano ha demostrado no ser muy responsable porque guiado por un anhelo individualista y desproporcionado de riquezas y beneficios de todo tipo no se preocupa de los demás y no reflexiona sobre el hecho incuestionable del que el más pequeño de los actos que acometemos tiene sus consecuencias en los demás y su reflejo en la eternidad.

Los individuos deben pensar, y no existe mejor momento para ello que las fechas navideñas que se aproximan, que el hombre no es una isla en el mundo y que nada de lo que le rodea, sobre todo el sufrimiento, le es ajeno porque ver el padecimiento del prójimo y no remediarlo en la medida de nuestras posibilidades tendrá en el futuro su fatal castigo pero en el presente conllevara la penitencia de no poder alcanzar la felicidad pues como dijo el filósofo del martillo “mientas que haya un perro que sufra, el hombre no podrá ser feliz”.

En cualquier caso, y aunque este año 2012 ha sido una suma de tragedias individuales execrables y nada fácil para el que esto escribe, “El Chouan Ibérico” les desea a todos  

UNA MUY FELIZ NAVIDAD