Muchos
europeos llevan décadas clamando contra la inmigración alegando infinidad de
motivos, lo que ha llevado a no pocas formaciones de carácter xenófobo a gozar
de representación parlamentaria en numerosas cámaras representativas de los
estados miembros de la Unión Europea y a no menos numerosas formaciones
políticas de tendencia opuesta a manifestarse en contra de las primeras en las
calles e instituciones. Hoy, cuando en nuestro país, es muy posible que por
primera vez en los últimos cuarenta años entre con fuerza en el Congreso de los
Diputados un partido político, VOX, de estas tendencias ultra-liberales y
neo-derechistas y que hace de la lucha contra la inmigración un pilar
importante de su programa electoral, se impone hacer una reflexión sobre la
otra cara de la inmigración, la otra cara de la que nadie habla, la cara de los
negocios que genera el hecho migratorio.
Seguramente muchos pensarán que, al
hablar del negocio de la inmigración, nos vamos a referir a las redes
organizadas que, desde el tercer mundo, trafican con seres humanos hacia Europa
y Norteamérica, pero no; esa parte del negocio es ya muy conocida. Nos vamos a
referir en este artículo a otro tipo de
negocio que genera la inmigración en los países de acogida, entendiendo por
negocio toda actividad que proporciona una rentabilidad económica y/o política
y que pasa prácticamente desapercibida a pesar de que tales negocios influyen
en nuestra vida cotidiana de forma muy notoria.
El primer negocio que podemos
mencionar es el negocio que hacen aquellos propietarios de infraviviendas o
viviendas ruinosas en las que, por diversas razones, no han invertido un
céntimo en arreglarlas y adecentarlas y que, gracias a la urgente demanda de una
vivienda asequible por parte de los inmigrantes, las consiguen alquilar a un
precio desproporcionado considerando la calidad y dimensiones de dichas
viviendas. Gracias a la inmigración, propietarios de viviendas situadas en
viejos edificios del centro de las capitales que a ningún ciudadano nativo se
le habría ocurrido pagar por ellas siquiera un euro mensual de alquiler han
conseguido arrendarlas por un precio que va de los seiscientos a los mil euros
mensuales. Al amparo de este negocio, claramente crematístico y material, surge
una rentabilidad política porque el hecho de que un porcentaje relevante de
población acepte vivir en minúsculos espacios o en infraviviendas permite a los
políticos abogar por la creación de determinadas "soluciones
habitacionales" para todos los ciudadanos en lo que no puede conducir nada
más que a una degradación general de las condiciones de vida.
Otro negocio digno de mención
relacionado con la inmigración es el que hacen los empresarios a los que la
inmigración permite mantener bajo el coste de la mano de obra, bien porque
trabajan inmigrante ilegales a los que se les paga poco y sin cotizar a la
Seguridad Social o, bien, porque consiguen emplear a trabajadores inmigrantes
para trabajos que no desean realizar los nativos. Ahora bien, ¿Realmente se
trata de trabajos que no desean realizar los nativos?; esto merece ser muy
matizado, concretando de que se trata de trabajos que no desean hacer los autóctonos
por el ínfimo sueldo que pagan los empresarios por desempeñarlos y si no fuera
por la inmigración estos puestos laborales quedarían desiertos. Así pues la
inmigración permite cubrir determinados puestos de trabajo que de otro modo no
podrían cubrirse sin ofrecer incrementos salariales. Este negocio material
tiene su correlativa rentabilidad política al permitir a determinados grupos
políticos, que sin duda reciben apoyos electorales, y hasta económicos, de esos
mismos empresarios, tener un discurso antiinmigración alegando que el extranjero
viene a quitar el trabajo a los nacionales. Así mismo, también sacan
rentabilidad política de esta situación los partidos del poder y los grupos
denominados progresistas porque los primeros pueden azuzar el peligro
totalitario para ocultar y justificar sus acciones políticas y de gobierno y
los segundos pueden disfrutar de un discurso primitivo cargado de filantropía y
humanitarismo que les permite llenarse de un contenido que de otra forma no
tendrían.
Por
otra parte, no menos dignos de mención son los suculentos ingresos económicos que
genera la inmigración a personas con pocos escrúpulos que a cambio de una
cantidad, que puede ir de los quinientos a los mil euros, se ofrecen a los
inmigrantes para gestionarles los documentos y los permisos de residencia y
trabajo ante las administraciones públicas correspondientes. En la inmensa
mayoría de los casos estas gestiones consisten en descargar un formulario de
internet, rellenarlo, informar al solicitante de los documentos que han de
acompañar al formulario y solicitarle cita previa para que el propio interesado
acuda a entregarlos al registro administrativo pertinente permaneciendo a la espera
de la resolución oportuna. Lo llamativo, y ahí la desvergüenza, es que en
muchísimos casos estas cantidades se cobran por personas que saben de antemano
que la solicitud gestionada no va a prosperar porque, o bien, la persona en
cuestión lleva menos de dos años en nuestro país (es preciso probar una
residencia de al menos dos años para el arraigo laboral y de tres años para el
arraigo social) o, bien, porque dicha persona no reúne los requisitos mínimos establecidos
en la Ley de Extranjería para obtener la pretendida residencia legal.
Finalmente y para terminar este
artículo nos referiremos al negocio que hace el propio estado y sus
instituciones con el fenómeno migratorio. Considerando que la inmensa mayoría
de los inmigrantes aspiran a juntar unos dineros y retornar a su país al cabo
de unos años, el Estado consigue que los inmigrantes legales coticen a la
Seguridad Social para pagar las pensiones de los actuales pensionistas pero
luego, si ese inmigrante retorna a su país tras cotizar, por ejemplo, catorce
años al Régimen General de la Seguridad Social y sin que esa cotización sea
dentro de los últimos quince años inmediatamente anteriores a la edad de
jubilación (situación que se da en muchos casos), resulta que dicho inmigrante
no tendrá derecho alguno a cobrar una pensiona pública por lo que todos esos
años cotizados habrán servido para ayudar a mantener el pago de las actuales
pensiones pero sin ninguna contraprestación a cambio (por eso muchos
inmigrantes no quieren regularizarse o desean trabajar en la economía
sumergida). Otro negocio material que genera la inmigración en beneficio del
estado es que, al incrementarse el número de población, aumenta el número de
tributantes, esto es, de personas que pagan impuestos y, en cualquier caso, se
incrementa el consumo con el aumento de ingresos públicos en concepto de recaudación
por impuestos indirectos. Igualmente, el estado obtiene una rentabilidad
política porque le permite justificar inmensidad de fracasos de gestión y/o de
orden público precisamente en el hecho migratorio.
Esta enumeración de negocios que
genera la inmigración no es exhaustiva, porque seguro que hay más, que en estos
momentos se nos escapan; pero es un hecho que el fenómeno migratorio es un
negocio para mucha gente, incluso para aquellos que se llenan la boca
oponiéndose vehementemente a él para obtener beneficios electorales, al mismo
tiempo que permite a los gobiernos justificar medidas restrictivas de derechos
sociales y de degradación de la calidad de vida, por lo que el tema debería
tratarse con una seriedad y profundidad que va más allá de las simplonas posiciones
extremas, de o todo blanco o todo negro, con el que actualmente se habla del
tema.
