CATALUÑA, LOS TOROS Y LA IDENTIDAD NACIONAL

La reciente aprobación por parte del Parlamento Catalán de una proposición de ley que prohibirá las corridas de toros en todo el Principado ha levantado una gran polémica que nuevamente pone de manifiesto la existencia de un problema existencial español.

El hecho de que por parte de que numerosos políticos y grupos editoriales que sustentan a los mismos se pretenda identificar la prohibición de los toros en Cataluña con un presunto ataque separatista a la “unidad e identidad nacional” pone de manifiesto el bajo nivel político, moral e intelectual, de todos aquellos que tales cosas afirman.

La identidad de un estado como el español se puede encontrar y de hecho se encuentra en su historia, en su literatura, en su arte, en la intrahistoria de todos y cada uno de las personas que forman parte de él y, en definitiva, en todo aquello a lo que el mundo de la política viene despreciando y dando la espalda desde hace décadas.

Siendo cierto que es dudoso que la prohibición recientemente aprobada en Cataluña responda únicamente a la finalidad de defender a los animales al alcanzar solo a las corridas de toros y no a otros festejos en los que también participan los precitados animales tales como “el toro embolado” o “el toro a la mar” y en los cuales existen las mismas razones que en la lidia para creer que el animal sufre; no es menos cierto que el argumento del ataque a la “identidad y a la unidad de España” para oponerse a la prohibición no deja de ser menos dudoso.

Considerando el hecho de que en las pasadas elecciones generales del año 2008 el llamado “Partido Antitaurino” emergió de la nada como fuerza política y, con más de cincuenta mil votos, se convirtió en la opción política extraparlamentaria más votada siendo su única propuesta política la abolición de los festejos taurinos hace pensar que tal vez las causas de la controvertida prohibición se encuentren en simples y no confesables intereses electoralistas al pretender conseguir una rentabilidad electoral recabando votos de sectores ecologistas y defensores de los derechos de los animales.

Por otra parte, el electoralismo tampoco está ausente en aquellos que están difundiendo la idea de que la prohibición de las corridas de toros es un ataque a la “identidad y a la unidad nacional” por parte del nacionalismo catalán ya que está psicológicamente comprobado que el engendrar en el electorado la creencia en un ataque o en un peligro moviliza a los electores y les hace decantarse por aquellas opciones políticas que más prometen firmeza.

España y los españoles han dado lugar a innumerables y voluminosos estudios filosóficos y antropológicos para que ahora se quiera hacer creer que toda su historia pasada y todos sus problemas presentes se reducen a la tauromaquia y a la selección nacional de fútbol. Se puede criticar la decisión de prohibir las corridas de toros al igual que se puede defender la lidia del toro bravo como una actividad cultural y artística pero jamás se podrá reducir el ser de un estado o de un pueblo a la existencia de las mismas porque reducir el hecho diferenciador y característico de los pueblos a un festejo es grave y colectivamente empobrecedor.

En definitiva todos debemos hacer caso omiso de estos inflamados discursos polémicos procedentes de aquellos que, confundiendo los capotes taurinos con las banderas, se lanzan al coso político de tal forma que hacen recordar aquella máxima de que “la patria es el último reducto de un canalla” siendo, tales especimenes, muy abundantes en esas tierras ibéricas desde hace ya demasiado tiempo.

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL: MISIÓN CUMPLIDA

En España, nunca pasa nada

Porque los españoles pasan por todo

(Mariano José de Larra)

El mismo día en que se conocía el importantísimo fallo judicial sobre la paternidad del hijo de una conocidísima presentadora de televisión y tras casi cuatro años de sesudas deliberaciones jurídicas, el Tribunal Constitucional de España ha dictado sentencia sobre la constitucionalidad del Estatuto de Cataluña que lleva aplicándose íntegramente en esta comunidad otros tantos años.

Como ya adelantase en su momento la Presidenta del alto Tribunal, Ilustrísima Señora doña María Emilia Casas Bahamonde, la sentencia ha intentado satisfacer a todos y, como suele ocurrir en tales casos, solo ha satisfecho a aquellos sectores políticos de ámbito nacional que, gracias a esta sentencia, ven que su fiesta particular puede prolongarse un poco más en el tiempo mostrando unos alegría sin pudor y otros proclamando ingenuamente su, más aparente que real, triunfo.

De los 114 artículos del Estatut Catalá del 2006 que el Partido Popular pretendía que se declarasen inconstitucionales, solo se han declarado inconstitucionales 14, dejándose para futuras interpretaciones y/o matizaciones 23 artículos más; es decir, menos de una tercera parte de los artículos cuya inconstitucionalidad se pretendía han sido declarados inconstitucionales, por lo que el fallo constituye básicamente un fracaso del recurso interpuesto por el principal partido de la oposición.

Por otra parte, la sentencia que retoca el Estatut, ha provocado, como no podía ser de otra forma, la indignación del nacionalismo catalán y del Honorable Presidente de la Generalitat que ya han manifestado su intención de organizar una magna manifestación en la que la “Senyera sea la única pancarta”.

En realidad y a nivel de ciudadanos de a pié, esta sentencia es y será un foco de conflictos porque lo único que constituye es un remiendo a la Constitución Española de 1978 y un parche al Estado surgido de dicha constitución el cual, cada vez más y por momentos, se esta revelando incapaz de armonizar los anhelos de los pueblos que integran las Españas y los derechos individuales de sus ciudadanos con el correcto y eficaz funcionamiento de sus instituciones y con su propia existencia y justificación como Estado.

La sentencia, al dejar 23 artículos para una posterior interpretación o matización jurisprudencial, mantiene indefinidamente abierto el debate sobre una importante Ley Orgánica del Estado cual es el Estatut Catalá y, asentándose en la inseguridad jurídica, será sin ningún género de dudas un futuro foco de continuos conflictos entre el Gobierno Central y el Catalán.

Por otra parte, el Tribunal Constitucional, al declarar plenamente inconstitucional tan solo el artículo 97 del Estatuto que es el que hace referencia a la creación de un poder judicial propio de Cataluña; ha dejado vislumbrar en su sentencia que ha estado especialmente interesado en defender corporativamente la autoridad única y los intereses plenos de la Judicatura española en la que, por otra parte, están integrados los Magistrados de tan alto Tribunal lo que, unido a la tardanza en emitir el fallo y a las numerosas filtraciones de supuestos borradores de sentencias que luego jamás llegaban a materializarse, supone una irremediable pérdida de credibilidad no solo del Tribunal Constitucional sino de todo el Poder Judicial.

Finalmente la sentencia al no dar plena satisfacción a las fuerzas políticas catalanas que en su momento redactaron y aprobaron el Estatut viene a agravar el problema subyacente en toda la política española desde hace dos décadas y que lejos de ser un problema estatutario o de Cataluña (o de Euskalherria, o de Galiza) es un problema constitucional y de España que radica en no saber qué es lo que se quiere ni a qué modelo de estado se quiere llegar, porque lo que ha quedado claro y se verá en los próximos meses es que la Constitución de 1978 y el Estado de las Autonomías han quedado rebasados por la realidad política y las exigencias de la ciudadanía.

No obstante, se puede decir alto y claro que el Tribunal Constitucional ha cumplido sobrada y satisfactoriamente con su misión: ha dictado una sentencia a corto y a medio (pero nunca a largo) plazo defendible por los partidos políticos de toda tendencia, incluso por los nacionalistas a los que permitirá justificarse ante sus bases afirmando que, de un modo u otro, se ha reconocido que Cataluña es una nación, o, simplemente, continuar explotando un supuesto victimismo histórico. Pero fundamentalmente, el “gran logro” de esta sentencia se encuentra en que ha salvado la autoridad y los intereses de los altos funcionarios que integran la judicatura española y el Poder Judicial, ha parcheado la Constitución de 1978 y ha remendado el Estado dimanante de la misma permitiendo que la casta política encaramada en el Poder Legislativo siga viviendo cómoda y pacíficamente de la “libertad constitucional” y de la “nación española” y, por último, ha lavado las manos y la cara del Poder Ejecutivo. En definitiva, la Sentencia del Tribunal Constitucional ha logrado prolongar por lo menos diez años más el “modus vivendi” de los que han hecho de España, de los españoles y de la confrontación un medio de vida.

EL CASO DE VIC: ¿ES LA HIPOCRESÍA EL MAL DE LA DEMOCRACIA?

Curiosa y paradójicamente el mismo día, el 13 de Enero del 2010, en el que se conocía la muerte de Miep Gies, la última superviviente del grupo de no judíos que protegieron a Anna Frank y a su familia; el municipio barcelonés, catalán y español de Vic aprobaba por mayoría la nueva normativa local que impide el empadronamiento en dicho municipio de los inmigrantes ilegales.

Esta propuesta ha sido presentada por el equipo de gobierno del consistorio formado por los partidos “Convergencia i Unió”, “Partido Socialista de Catalunya” y “Esquerra Republicana de Cataluña” y aprobada con el apoyo del partido “Plataforma Per Catalunya” sobre el que siempre ha pesado el calificativo de ultraderechista, aunque tras la propuesta y aprobación de esta medida habría que preguntarse qué es y quién constituye la ultraderecha en España.

Los partidos políticos que han propuesto esta medida, y que son los mismos que hace pocos años fomentaban y aplaudían la llegada masiva de inmigrantes a nuestro país porque dinamizaban y engrandecían nuestra economía al ser mano de obra que cotizaba a la Seguridad Social y que trabajaba sobre todo en la construcción y en las obras públicas a la vez que el empadronamiento de inmigrantes era utilizado para engrosar el número de habitantes de muchas localidades y así recabar más fondos de las instituciones autonómicas y estatales, la han calificado de legal; cosa que no dudamos que sea porque toda ley o reglamento por injusto que sea jamás dejará de ser legal. No obstante una normativa, por muy legal que sea, puede ser una disposición inmoral, inhumana y obscena como tal es el caso presente.

El empadronamiento es la prueba legal de que una persona es vecina del municipio que emite el certificado de empadronamiento y hasta ahora constituía una OBLIGACIÓN y un DERECHO independiente de la nacionalidad y de la situación de estancia que permitía ejercer otros derechos. En este sentido es de indicar que el empadronamiento es un requisito imprescindible para tener acceso a la asistencia médica, inscribir a los hijos en centros escolares y acceder a programas de ayuda social. Así pues, la medida aprobada por el Excelentísimo, democrático, liberal, estatutario y constitucional Ayuntamiento de Vic envía a la irreversible marginalidad a muchas personas quienes, ante cualquier enfermedad, no podrán ser asistidas en centros médicos y quienes tampoco podrán matricular a sus hijos en colegios públicos condenándolas a vagar sin rumbo por las calles y a engrosar el mundo de la delincuencia que, practicada en tales circunstancias no será delincuencia sino, en muchos casos, actos desesperados de subsistencia.

Evidentemente esta medida acordada en Vic tiende a generar la exclusión social y a limitar derechos fundamentales como son el derecho a la Sanidad y a la Educación, pero sobre todo deja al descubierto el verdadero rostro de una casta política, la española, que realmente no cree en la existencia de Derechos Fundamentales inherentes a la persona y que por tanto no duda en vulnerarlos con normas que impiden el ejercicio de derechos reconocidos en Tratados Internacionales y en Leyes Orgánicas a las que vacía de contenido y que recuerdan aquella “Ley de Ciudadanía del Reich” que tenía por objeto la exclusión y la muerte civil de los judíos.

Lo ocurrido en Vic es un acto inmoral que pone de manifiesto la hipocresía imperante en la política española que transmitida directa e indirectamente al mundo del derecho crea un estado de falseamiento constitucional y asesina la libertad y la decencia porque la hipocresía puesta al descubierto revela que la democracia liberal es una idea falsa.

Por último queremos terminar haciendo un reconocimiento especial a los que consideramos los únicos políticos dignos de Vic que han sido los concejales comunistas de “Izquierda Unida – Les Verts” y los independentistas de la CUP, de los que evidentemente nos separan muchas cosas entre ellas el amor que sentimos por la unión armónica de todos los pueblos que integran Las Españas, pero que han tenido el valor de oponerse y votar en contra de una propuesta legal que constituye un monumento normativo a Adolf Hitler.

Y … SI ESPAÑA SE ROMPE ¿QUÉ PASA?

El referéndum, ni legal ni vinculante, sobre la independencia de Cataluña celebrado en Arenys de Munt el pasado día 13 de Septiembre del 2009 como colofón de la festividad de la “Diada” no puede considerarse como algo anecdótico o folklórico porque, entre otras cosas, pone de manifiesto que en las últimas décadas se ha fomentado artificialmente en determinadas Comunidades Autónomas, sobre todo por medio del sistema educativo, la creación de un creciente odio a España y un no menos creciente e irrevocable deseo de separación entre las nuevas generaciones de jóvenes nacidas tras la llamada transición democrática.

Sin querer entrar en profundidades, solo indicaremos que a esta lamentable situación se ha llegado a través décadas de falseamiento de la historia que tiene su origen en una interesada e irresponsable manipulación política de determinados grupos y partidos que ha sido respondida y rebatida por el silencio cómplice de academias e instituciones que en el mejor de los casos se limitaban a afirmar que “la unidad de España estaba garantizada por la Constitución”.

No es nuestra intención hacer un erudito texto sobre el origen de la españolidad de la que no puede escapar ningún territorio ni ciudadano ibérico por ser “España” simple degeneración lingüística de la denominación puramente geográfica “Hispania” dada por los romanos a toda la Península Ibérica, pero sí es nuestra intención poner de manifiesto las consecuencias que la ruptura del estado español tendrían para todos y que son ocultadas y minimizadas por los amigos de la secesión, distinguiéndose claramente consecuencias económicas y políticas.

En primer lugar y dentro de las consecuencias económicas, la secesión significaría de forma inmediata para los nuevos territorios independientes la pérdida del mercado interior, que conllevaría la reducción de la inversión extrajera ya que esta invierte en España porque le interesa entrar en un mercado de más de cuarenta millones de consumidores potenciales y no solo en uno de cinco o seis millones. Esta pérdida del mercado interior llevaría igualmente a una crisis económica inmediata y al descenso del nivel de vida. Por otra parte, la independencia produciría en los nuevos estados un incremento del gasto público y el consiguiente endeudamiento y la segura reducción de la inversión pública porque de la noche a la mañana se verían en la necesidad de crear de la nada un ejército, un servicio diplomático, pagar las cuotas de pertenencia a determinadas organizaciones supranacionales e incrementar las fuerzas policiales y la organización judicial, todo ello sin entrar a considerar los problemas sociales que generaría el crear, igualmente de la nada, un sistema de pensiones o la salida inmediata del Sistema Nacional de Transplantes.

Por su parte, el estado que surgiera como heredero del extinto Estado Español, solo se vería afectado de forma significativa en materia de pensiones, pues la Seguridad Social perdería automáticamente millones de cotizantes al mismo tiempo que se vería obligada, en un principio, a seguir satisfaciendo el mismo número de pensiones por lo que el vigente sistema público de pensiones quebraría, aunque siempre se podría crear uno nuevo sacando del mismo a los antiguos pensionistas del quebrado sistema y que fueran ciudadanos de los nuevos estados.

Junto a estas consecuencias económicas que apuntamos aparecerían no menos importantes consecuencias políticas que sin duda también tendrían repercusiones en la economía. Teniendo en cuenta que los nuevos estados que surgieran del proceso de descomposición de España surgirían con claro carácter imperialista (recordemos que tanto el nacionalismo catalán como el vasco mantienen reclamaciones territoriales sobre zonas pertenecientes a otras comunidades autónomas) y que en sus sociedades el sentimiento nacionalista no sería unánime al existir un importante porcentaje de población que se seguiría sintiendo española surgiría la problemática cuestión de “las minorías irredentas” lo que unido a que las fronteras que surgieran serían altamente inestables porque en las proximidades a las mismas existirían no pocas poblaciones que desearían estar al otro lado de esas fronteras tendríamos una situación de inestabilidad política en toda la península ibérica propia de la pasada época de la Reconquista con constantes e innumerables reivindicaciones territoriales de unos sobre otros a las que habría que añadir las que, sin duda, presentarían otros estados extranjeros como podría ser Portugal sobre Olivenza y Marruecos sobre Ceuta, Melilla y las Canarias.

En consecuencia, el proceso de secesión que quieren abrir o justificar irresponsablemente algunos partidos políticos dirigidos por megalómanos personajes y del que el referéndum de Arenys de Munt es solo un botón de muestra no liquidaría tanto un estado jurídicamente constituido o una patria de antigua y noble historia como una “Unión de Convivencia” dentro de la cual, con algún que otro problemilla (sobre todo en estos últimos doscientos años), todos hemos convivido y progresado durante siglos y todo ello para abrir un muy prolongado y peligroso periodo de inestabilidad de consecuencias imprevisibles a mayor gloria y mejor beneficio de ciertos demagogos que deberían ser marginados en sus respectivas sociedades.