REFORMA CONSTITUCIONAL: BURLA DOBLE

Tras años de comentarios de relevantes políticos y de periodistas sobre la necesidad de reformar la Constitución de 1978 y después de tres meses de constantes protestas populares reclamando una reforma legislativa que permitiera una mayor representatividad de los ciudadanos ante las instituciones, los dos partidos mayoritarios; que han sido incapaces de entenderse en temas fundamentales como las pensiones o la educación, se han puesto rápidamente de acuerdo para reformar la Constitución en el sentido de que la misma recoja el principio de estabilidad presupuestaria así como un techo de gasto público.

El gran debate entre los políticos se ha centrado sobre si la Constitución debía recoger tan solo ese principio o si debía contener la cifra porcentual exacta de gasto máximo llegando al acuerdo de que el “techo de gasto” sea tan solo un principio constitucional dejando su desarrollo a una posterior Ley Orgánica que fije la cifra concreta del porcentaje de máximo endeudamiento y he aquí la primera de las burlas de esta reforma Constitucional.

Si es cierto, y es muy posible que lo sea, que esta reforma viene exigida por Alemania y Francia es evidente que la misma viene a constituir un mero juego malabar que pretende demostrar a estos dos países que en España se están tomando medidas para atajar la crisis económica pues al dejar el desarrollo del principio constitucional de “estabilidad presupuestaria y techo de gasto” a una posterior ley orgánica que fije la cantidad concreta tenemos, en primer lugar que tal reforma constitucional no es necesaria pues la estabilidad presupuestaria no responde a exigencias legales sino a una buena gestión económica y al sentido común del administrador y, en segundo lugar nos encontramos con qué esa futura Ley Orgánica podrá redactarse o no y en el caso de redactarse, a pesar de que fije una cantidad concreta, la misma será susceptible de reformarse sin necesidad de consenso político alguno ampliando o reduciendo la cifra atendiendo a los intereses del momento. En este sentido es de recordar los innumerables principios constitucionales consagrados en el texto de nuestra carta magna, como “el Derecho a una Vivienda Digna”, que se encuentran sin desarrollar por Ley Orgánica u otros, como el de la independencia judicial, que han sido vaciados de contenido en su desarrollo posterior por medio de Leyes Orgánicas.

La segunda burla, y la más grave, es la que ha sufrido nuevamente el pueblo español que ve como todas sus esperanzas de cambios legislativos profundos se reducen a una mínima reforma constitucional de contenido puramente económico que deja tal y como estaban todos los demás temas controvertidos como son la organización territorial del Estado o la modificación del sistema representativo con la introducción en el texto constitucional de figuras jurídicas como “el Mandato Imperativo”, “el Juicio de Residencia” o cualquier otra que facilite el control político por parte de la ciudadanía. A mayor redundancia, esta sorpresiva Reforma Constitucional que no ha sido solicitada en ningún momento por la ciudadanía se va a llevar a cabo por la casta política en una especie de “yo me lo guiso, yo me lo como”, sin contar para nada con el pueblo español y sin someterla a referéndum con lo que se consagra el régimen de falseamiento constitucional en el que ha degenerado el sistema surgido de la llamada “Transición” restando más legitimidad, aún si cabe, a todas y cada una de las instituciones del estado porque al ser ésta la segunda reforma constitucional que se realiza sin contar con el refrendo popular (la primera recordémoslo fue en 1992 para permitir que los extranjeros comunitarios residentes en España pudieran votar en las elecciones municipales) ya no se podrá repetir tan alegremente la salmodia de “esta Constitución nos la hemos dado todos y fue aprobada por la inmensa mayoría de los españoles” pues es evidente que está ya no es la Constitución que fue sometida a plebiscito en 1978 y por tanto no existe ni un solo ciudadano español que la haya votado.

LOS NEOCON

Del otro lado del Atlántico Norte, con todo el genuino sabor de América y con una denominación que recuerda el título de una película de extraterrestres han llegado a nuestro país, con la intención de quedarse y de triunfar, los “neocon”, acrónimo surgido de la unión abreviada de las palabras “nuevo” (neo) y “conservador” (con). Los “neocon” españoles resultan ser un creciente y pujante grupo dentro del Partido Popular que cuenta con el apoyo del grupo mediático “intereconomía”; ahora bien ¿qué son y qué pretenden los “neocon”?.

Aunque aspiran ser una ideología y muchos de ellos tienen elevadas pretensiones intelectuales a los “neocon” no se les puede considerar realmente como portadores o elaboradores de un ideario pues es fundamental en todo sistema ideológico, cualquiera que éste sea, que no exista contradicción entre las ideas que lo integran o entre las ideas y su realización práctica contradicciones éstas que, de una forma oculta, se dan entre los “neocon”. El “neoconservadurismo” nace en los Estados Unidos de América a finales del Siglo XX y aparece como una manifestación presentable del viejo jingoísmo norteamericano expresado en el trilema “White, Anglo-Saxon and Protestant” (Blanco, Anglosajón y Protestante) en cuyo centro ideológico prima el interés por la economía defendiendo ferozmente el liberalismo económico al mismo tiempo que pretenden defender ciertos valores morales y determinadas instituciones sociales como la familia, la propiedad, la nación, etc… Evidentemente en España, un país carente de cualquier tradición protestante, el trilema “neocon” se reconvierte en “Occidental, Demócrata y Católico”.

Es precisamente en la defensa a ultranza del liberalismo económico y de valores morales considerados tradicionales como el catolicismo donde los “neocon” incurren en grave e insalvable contradicción, pues es imposible defender la expansión de una forma económica que favorece la explotación del hombre por el hombre y la sobreexplotación de los recursos naturales al mismo tiempo que se dice defender los valores plasmados en el Evangelio. No obstante esta contradicción puede no ser tal y sí una táctica de dominio si consideramos que el neoconservadurismo puesto en práctica ha consistido siempre en fomentar la plena libertad económica liberando a los mercados de todo principio ético y/o moral al mismo tiempo que manipulaba y sometía a todas las instituciones sociales y a todos los valores morales tradicionales a su verdadero y único interés que es la economía.

De este modo, podemos observar en los medios “neocon” españoles (Grupo Intereconomía) que cuando se habla de la “nación española” y de su unidad política en realidad se habla de una “marca” que se vende o no y de una unidad que solo existe e interesa en cuanto “unidad de mercado”. Asimismo, la religión católica solo queda justificada para ellos en cuanto puede ayudar a mantener la “paz social”, es decir; en cuanto “opio del pueblo” ignorando el mensaje social y liberador del Evangelio y atacando cualquier manifestación en el seno de la Iglesia Católica contraria al libre mercado o favorable a cualquier forma más justa y apropiada de representación política.

Es fundamental en el discurso “neocon” afirmar constantemente que la intervención del estado debe ser mínima en todos los campos dando mayor relevancia y protagonismo a la sociedad civil. No obstante cuando los neoconservadores dicen tal cosa no pretenden construir un estado de abajo a arriba donde los ciudadanos puedan actuar en la vida pública a través de diversos cuerpos intermedios y según el principio de subsidiariedad, sino que todo ello les sirve para justificar una progresiva privatización de los servicios públicos que según su criterio funcionarían mejor siendo gestionados de forma privada y atendiendo a criterios de mercado, ¡¡¡Como sí la atención sanitaria pudiera ser alguna vez una actividad económicamente rentable!!!.

En definitiva, los “neocon” o nuevos conservadores no son más que los viejos demagogos e hipócritas de siempre que, bajo la apariencia de severos puritanos disertadores de falsa moralina, no tienen más finalidad que implantar el liberalismo económico a nivel mundial, ni más religión que la integrada por las “leyes del mercado” ni más divinidad que la pura economía a cuyos pies han caído rendidos en muestra de pleitesía y adoración.

POLÍTICA Y DOMINACIÓN EN LA UNIÓN EUROPEA (y II)

Si la semana pasada indicábamos claramente que la política de la Unión Europea tiende al reparto del viejo continente entre Francia y Alemania, ahora indicaremos en qué consiste la política de dominación ejercida por estas dos potencias sobre los más pequeños y menos poderosos países europeos.

Tradicionalmente la política imperialista ejercida tanto por Francia (Napoleón) como por Alemania (Hitler) ha consistido en lanzar ejércitos por las fronteras lo que provocaba que ambas potencias terminasen enfrentándose entre sí, contrarrestándose recíprocamente y destruyendo sus respectivas pretensiones. No obstante, hoy en día y dejándose claro cuales son las áreas de influencia de cada una de ellas en lo que es una repetición a pequeña escala y de carácter meramente bilateral de lo que fueron los tratados de Yalta y Postdam, solo queda por resolver el como dominar sin ser presentido.

En este sentido no hay nada más fácil para potencias industrialmente desarrolladas y económicamente fuertes como Alemania y Francia pues lo primero que intentan es comprar las industrias de los estados a dominar, forzándoles, a cambio de ayudas económicas europeas, a “reconvertir” sus restantes industrias o impidiéndoles desarrollar la actividad agropecuaria. A continuación, tanto Francia como Alemania favorecerán que toda la Unión Europea libre “fondos de cohesión” a favor de los países a someter a fin de que éstos construyan numerosas infraestructuras cuyo posterior mantenimiento les lleve a un progresivo endeudamiento con estos dos grandes estados que de este modo terminan dominando también las infraestructuras de estos países. Finalmente y como forma complementaria a lo anterior, Alemania y Francia también pueden acudir a la financiación directa en la compra de sus propios productos, principalmente militares o técnicos, por parte de terceros, lo que origina una buscada dependencia, no solo técnica y militar, sino sobre todo financiera por parte de los estados financiados.

Además de estos métodos, Francia y Alemania también pueden acudir a especulaciones directas y a la difusión de “erróneas” noticias que, curiosamente, terminan perjudicando gravemente la economía de algunos estados. Tal pudiera ser el caso reciente de la bacteria E-Coli y el pepino español o la actuación de agencias de renting, que aunque radicadas en Estados Unidos, pueden ser manipuladas por cualquier estado o grupo económico importante.

Así los desprevenidos europeos que ingenuamente ven en la Unión Europea una especie de club de amigos o de comunidad de vecinos dispuesta a ayudar generosamente a los más desfavorecidos descubren un día que su economía esta prácticamente dominada por la decisiones económicas que se toman en consejos de administración de grandes empresas multinacionales con sede en Berlín o París o por decisiones políticas tomadas en esas mismas capitales que un día les ordenan que trabajen más años o que cobren menos pensión de jubilación, todo ello bajo la velada amenaza de que en cualquier momento se puede reclamar el pago íntegro de toda la deuda o de que pueden trasladar sus empresas e industrias a otros países.

Esta y no otra es la realidad que se deduce de la política que la Unión Europea ha llevado a cabo estas dos últimas décadas y la misma queda claramente demostrada por el caso griego y portugués. Negar este extremo es negar la luz del sol, pero aún así seguirán existiendo personas que estando a favor del pueblo griego o portugués ataquen las consecuencias mientras que defienden las causas porque para ellos, al igual que para no pocos ciudadanos, la Unión Europea supone una posibilidad de medro y promoción personal que sobradamente justifica todo el mal que conlleva y que creen menor del que realmente es.

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POLÍTICA Y DOMINACIÓN EN LA UNIÓN EUROPEA (I)

La actual crisis griega ha hecho que, junto a acontecimientos recientes y no tan recientes de la política Europea, se vislumbre toda la guerra de poder que existe en el seno de la Unión Europea alejando a todos los ciudadanos que conservan aún algo de cordura de la imagen de prosperidad y libertad con la que se nos ha vendido durante décadas el Mercado Común primero y, últimamente, la Unión Europea.

La Unión Europea tiene su origen en el Pacto del Carbón y del Acero firmado por Francia, Alemania, Italia y los países del Benelux (Bélgica, Holanda y Luxemburgo) cuya finalidad era asegurar la libre circulación de estas materias primas por los territorios de los estados firmantes así como asegurar el libre acceso a las fuentes energéticas. Junto a esta finalidad económica también existía una finalidad política que era la constitución de un Mercado Común Europeo, cuya creación se verificaría en el Tratado de Roma de 1957, como superador de todas las fricciones y rivalidades germano-francesas que habían provocado dos guerras en el Viejo Continente.

Desde 1957, la Unión Europea se fue progresivamente abriendo a nuevos socios hasta que en 1989, con la caída del Muro de Berlín, se abrió todo un abanico de posibilidades para la gran industria alemana que ya no precisaba negociar tanto su competitividad y abastecimiento de recursos naturales con la Europa Occidental como lanzarse a la conquista económica y de recursos existentes en todo el Este europeo post-soviético. Para tal fin Alemania tenía que conseguir, en primer lugar, neutralizar los temores franceses ante su reunificación para lo cual, no dudo en sellar acuerdos de colaboración con Francia de los cuales solo ha trascendido al público la creación de la “Brigada franco-germana” núcleo que sería del llamado “Eurocuerpo” en el seno de la OTAN, aunque todo parece indicar que existen más acuerdos de colaboración que rozan con la “diplomacia secreta” de la época inmediatamente anterior a la I Guerra Mundial.

Así, por ejemplo; en 1992 durante la negociación del llamado Tratado de Maastricht, Alemania impuso a todos los países integrantes de la Unión Europea el reconocimiento de las repúblicas de Croacia y Eslovenia abriendo el camino a la desintegración total de Yugoslavia y a la sucesión de reconocimientos de nuevas republicas que surgían tanto en los Balcanes como en el resto de la Europa Oriental. Lo curiosos es que dicho reconocimiento de las nuevas repúblicas balcánicas terminó siendo aceptado por la principal potencia valedora de Yugoslavia en Occidente que no era otra que la República Francesa que tal vez, en ese momento, ya participada de una idea germana de dividir Europa en áreas de influencia en la que Alemania influiría en toda la Europa excomunista, mientras que Francia sería la cabeza de la Europa Occidental y Latina, no siendo de extrañar que la alta diplomacia germana ofreciera a Francia su neutralidad ante la situación política interna de una Bélgica que en aquel momento, igual que ahora, amenazaba con romperse a consecuencia del nacionalismo flamenco dando origen a una comunidad Valona que no dudaría en integrarse en Francia.

Si observamos racionalmente y sin apasionamiento alguno la política europea desde 1992 veremos que el Tratado de la Unión se ha ido extendiendo a los antiguos países comunistas aunque estos no reunieran las más mínimas condiciones económicas, sociales y políticas todo ello para mayor gloria de una Alemania que veía como sus empresas participaban en la industria polaca, compraban la Skoda Checa (que por cierto fue la principal industria del Imperio Austrohúngaro) o volvían a tener acceso al carbón, al petróleo y al gas natural rumano. Al mismo tiempo, Francia maniobraba hábilmente, aprovechando en muchos casos, el mal gobierno de los países euro-mediterráneos para convertirse en su potencia protectora y dirigente, lo que demostraría que actualmente la Unión Europea se ha convertido en una especie de pastel que amigablemente se están repartiendo Alemania y Francia.

Por su parte, no hay que dejar de mencionar la actitud de la Gran Bretaña que, desde lejos y al otro lado del Canal de la Mancha parece que ha renunciado a participar en la gran política europea o, mejor dicho, política de depredación europea dando la espalda a su tradicional posición a favor del equilibrio continental para actuar entorpeciendo todo lo que puede la política franco-germana y apostando decididamente por una alianza transatlántica con los Estados Unidos de América.

En resumen, la llamada Unión Europea no es (y posiblemente jamás será) el espacio de libertad y progreso humano que nos quieren vender y que especialmente nos vendieron a los españoles en 1986 cuando ingresamos en la entonces Comunidad Económica Europea, sino que por el contrario es un espacio de correlación de fuerzas donde, tras más de cincuenta años, todo parece preparado para un “amistoso” reparto franco-germano del mismo a través de la práctica por parte de estas dos potencias de una política de dominación encubierta.

LA PELIGROSA REFORMA DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL

El pasado Viernes, 22 de Julio del 2011, y siguiendo la tradición política española, por otro lado muy poco democrática, de aprobar importantes leyes en periodo estival para que la mayoría de los ciudadanos, más ocupados en sus vacaciones que en los problemas reales del país, no se enteren o no presten a la noticia la debida atención; el Consejo de Ministros presidido por don José Luis Rodríguez Zapatero aprobó el Proyecto de Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

La reforma de tan importante Ley, se pretende vender como una imperiosa necesidad legislativa para modernizar la justicia y ponernos a “nivel europeo”, pero en realidad supone una limitación de derechos a los ciudadanos españoles que verán como desaparece su participación en la Administración de la Justicia al no poder mantener la “Acusación Popular” contra el criterio del Ministerio Fiscal que será, con arreglo a la reforma que se pretende, quien dirija la investigación del delito y quien instruya las causas criminales en vez del Juez de Instrucción como ocurre actualmente.

Lo más importante de la Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, es sin duda alguna, el hecho de que la instrucción penal pase de los Jueces de Instrucción al Ministerio Fiscal porque si el Juez de Instrucción obedece al principio de independencia judicial, hoy en día muy cuestionado, tal independencia dejaría de ser cuestionada para ser definitivamente enterrada y olvidada al ser la Fiscalía una institución jerarquizada en cuya cúspide se encuentra el Fiscal General del Estado que es nombrado directamente por el Gobierno con lo que, en último extremo, la instrucción de las causas estaría en manos de alguien que actúa siguiendo órdenes y quién sabe si no del mismo gobierno en virtud de determinados intereses políticos del momento.

El control gubernativo sobre el impulso procesal penal puede llevar a que grandes casos penales en los que aparezcan implicados personas situadas en los aledaños del poder queden sin esclarecerse y que nadie pague por presuntos delitos de corrupción política, máxime si, como se pretende con la reforma, la Acusación Popular, que constituye, con todas sus limitaciones, una figura de participación ciudadana en la Administración de la Justicia queda totalmente desvirtuada al no poder mantenerse dicha acusación contra el criterio del Ministerio Fiscal.

Asimismo, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, prevé que deje de existir la figura del “imputado” en cuya sustitución se crea la figura del “investigado” todo ello con la justificación de que desaparezca la llamada “Pena de Telediario”. Ahora bien, en casos de importante relevancia social o en los que existan detenidos famosos será imposible impedir que las personas detenidas e investigadas salgan en televisión y que el caso se convierta en tema de tertulia de numerosos programas televisivos salvo que lo que se pretenda sea llevar a cabo una “instrucción secreta”.

Lo verdaderamente curioso de esta reforma legal, es la desconexión con la realidad de la Administración de la Justicia penal al pretender que los Fiscales incoen e instruyan los procedimientos cuando hoy en día en la inmensa mayoría de los casos no acuden a las más mínimas prácticas de prueba o tomas de declaración a testigos e incluso a muchos imputados.

Por último hay que indicar que si lo que se pretende es homologar la justicia española al entorno económico y político que nos rodea hay que recordar que el más importante país del mundo donde los fiscales instruyen las causas es Estados Unidos de América, país éste donde no pocos fiscales utilizan su puesto en la Administración de Justicia como trampolín para pasarse a la política y donde numerosas personas son condenadas injusta e indebidamente por cierto compadreo entre la policía que investiga el delito y el fiscal que dirige la investigación.

En definitiva, la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal es un intento más, quizás el definitivo, de someter al control político y gubernativo la Administración de la Justicia y un síntoma claro de las pretensiones de los gobiernos que parecen pretender, a pesar de todos los movimientos ciudadanos de contestación, la instauración de un control estatal en todos los órdenes de la sociedad pudiendo sentenciarse que, si cuando se aprobó la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional el entonces vicepresidente del Gobierno, don Alfonso Guerra, afirmó que “Montesquieu ha muerto” (se refería sin duda a la división de poderes) en caso de aprobarse este nuevo proyecto legislativo bien podría afirmarse que “muerto Montesquieu, ahora se le entierra”.

UN DERECHO A LA INTEMPERIE: A LA VIVIENDA

El derecho a la vivienda está proclamado en el art. 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y el art. 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales recoge este derecho como parte del derecho a un nivel de vida digno. Pero, ¿cuál es el alcance de este Derecho Fundamental?. Según la interpretación que le ha dado el Comité de la ONU de estos Derechos, no hace referencia al simple hecho de tener un tejado sobre la cabeza, sino que debe considerarse más bien como un derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad en alguna parte. Según, el antiguo Relator de la ONU sobre el derecho a la vivienda, Miloon Kholan, la realización del mismo está íntimamente ligada a la vigencia de otros derechos fundamentales, como el derecho a la vida, a la protección de la vida privada, de familia y de domicilio, el derecho a no estar sometido a tratos inhumanos o degradantes, a la tierra, a la alimentación, al agua y a la sanidad. Y para completar su descripción, señalemos que la Estrategia Mundial de la Vivienda de 1989, definió que el derecho a la vivienda significa disponer de un lugar donde poder aislarse si se desea, espacio adecuado, seguridad adecuada, iluminación y ventilación adecuada en relación con el trabajo y los servicios básicos, todo ello a un costo razonable.

Varias convenciones internacionales reconocen el derecho a no sufrir discriminación en el acceso a la vivienda. Se refieren a las mujeres, a minorías raciales, a trabajadores migrantes y sus familiares, así como a los refugiados. Hay acuerdos regionales de ámbitos europeo, americano y africano que reconocen el derecho a una vivienda digna.

¿Qué elementos contiene el derecho a la vivienda?:

* Seguridad jurídica en la tenencia. Sea cual fuere la misma: alquiler, propiedad, cooperativa, asentamientos informales -incluida la tierra o propiedad de la misma- todas las personas deben gozar de cierto grado de seguridad de tenencia que les proteja contra el desalojo u otras amenazas.

* Disponibilidad de servicios materiales, facilidades e infraestructuras: acceso a agua potable, energía para la cocina, calefacción y alumbrado, instalaciones sanitarias y de aseo, de almacenamiento de alimentos y de eliminación de residuos.

* Gastos soportables: de un nivel que no impida ni comprometa el logro y la satisfacción de otras necesidades básicas; o sea proporcionales al nivel de ingresos.

* Habitabilidad: la vivienda ha de garantizar la seguridad física de sus ocupantes y ofrecerles un espacio adecuado para protegerlos del frío, la humedad, el calor, la lluvia, el viento u otras amenazas para la salud.

* Asequibilidad: a los grupos en situación de vulnerabilidad, garantizando un acceso pleno y sostenible a una vivienda. Los Estados deben otorgar un criterio de prioridad en el acceso a la vivienda para los grupos más desfavorecidos.

* Lugar: la vivienda adecuada debe encontrarse en un lugar que permita el acceso a las opciones de empleo, servicios de sanidad, escuelas y otros centros sociales y no deben construirse en lugares contaminados o próximos a fuentes de contaminación. Loas costes en términos de tiempo y dinero para llegar a centros de trabajo y de salud no deben suponer una excesiva carga presupuestaria para los grupos en situación de vulnerabilidad.

* Adecuación cultural: la forma de construcción, los materiales empleados y las políticas en que se apoyan, deben ser adecuadas culturalmente.

Son obligaciones contraídas, en esta materia, por los Estados signantes del Pacto de Derechos Económicos y Culturales:

* Adoptar una estrategia nacional de vivienda que defina los OBJETIVOS para su desarrollo, establezca las RESPONSABILIDADES y el CALENDARIO para la ejecución de las medidas previstas. Dicha estrategia debe asegurar el respeto de los demás Derechos Fundamentales y deberá ser adoptada, a través de una consulta extensa con todas las personas afectadas, garantizando su participación, incluidas las que no tienen hogar, las que viven en asentamientos precarios y sus representantes.

* Implementar medidas para asegurar la coordinación entre los ministerios y las autoridades regionales y locales, con objeto de conciliar las políticas de economía, agricultura, medio ambiente, energía... con las derivadas de este Pacto.

* Respetar: Los Estados no deben promover o consentir medidas de desalojos o desplazamientos arbitrarios o de demolición de viviendas, ni adoptar medidas regresivas que dificulten el acceso y disfrute a la vivienda y tienen el deber de no interferir en el libre uso de materiales o recursos que satisfagan este derecho básico.

* Proteger: Los Estados deben adoptar medidas orientadas a impedir la participación de empresas privadas en procesos de desalojos arbitrarios, regular y garantizar el cumplimiento de estándares ecológicos y sanitarios e impedir la discriminación en el acceso a la vivienda por terceros actores.

* Satisfacer: Los Estados deben establecer medidas legislativas que desarrollen el derecho a la vivienda con disposiciones antidiscriminatorias; formular políticas específicas en el ámbito rural; establecer una provisión de títulos que garanticen seguridad en la tenencia; y ofrecer vivienda pública para los colectivos más desfavorecidos.

Este es el marco legislativo internacional que señala un horizonte hacia el que deben tender los Estados dignos de llamarse democráticos. Pero la triste realidad es otra: actualmente, y según datos de las Naciones Unidas, 100 millones de personas no tienen vivienda y 1000 millones malviven en asentamientos precarios o no disponen de condiciones de vivienda digna. ¿Cumplen los Estados sus obligaciones al respecto?. El propio reino de España ¿puede presumir de ejemplaridad en la materia?. ¿Acaso no somos el país que más ha desnaturalizado la función básica de las viviendas, convirtiéndolas, través de su construcción masiva, en instrumento de ganancias especulativas y, en bastantes casos, de corrupción?. ¡Y casi el 25% de nuestros compatriotas no pueden acceder a una vivienda digna!.

Pedro Zabala
Del Grupo Local de Amnistía Internacional en La Rioja

“LA CAIDA DE LOS GIGANTES” de KEN FOLLET

Iniciado ya el periodo vacacional veraniego, tiempo propicio para el descanso y la lectura, deseamos recomendar como libro de acompañamiento estival “La Caída de los Gigantes” del escritor británico Ken Follet.

Ken Follet, que empezó cultivando el género clásico de suspense y de espionaje con populares novelas como “La Isla de las Tormentas” (llevada al cine bajo el título de “El Ojo de la Aguja”) o “La Clave esta en Rebeca”, se pasó a finales de los años ochenta del pasado siglo al género de la novela histórica con su gran éxito editorial “Los Pilares de la Tierra” a la que acompañó una segunda parte titulada “Un Mundo sin Fin” y, ahora, “La Caída de los Gigantes”, primera novela de una trilogía que abarcará prácticamente toda la historia del Siglo XX.

“La Caída de los Gigantes”, que ha sido publicada simultáneamente en diecinueve países, narra la historia y peripecias de cinco familias inmersas en los acontecimientos políticos y sociales de comienzos del Siglo XX hasta el inicio del periodo de entreguerras, siendo el tema central de esta novela los orígenes, desarrollo y consecuencias de la Gran Guerra (1914-1918).

En este sentido es de remarcar que “La Caída de los Gigantes” es una obra literaria perfectamente documentada que se nutre de importantes fuentes historiográficas describiendo perfectamente la sociedad anterior a la Gran Guerra y el clima político y social que llevó a la gran catástrofe que supuso aquella conflagración, siendo de señalar lo bien que describe los grandes esfuerzos diplomáticos por evitar la catástrofe y el como los Jefe de Estado de los países contendientes se vieron arrastrados por los acontecimientos entre los que destacan la imprudente creencia de que la otra parte se echaría atrás en el último momento y la presión de sus respectivas cúpulas militares deseosas de entrar en combate para demostrar sus teorías bélicas así como también la presión de las respectivas opiniones públicas favorables, previa una sabia preparación por parte de la mayor parte de la prensa; a lo que se creía que sería una guerra corta y victoriosa.

En “La Caída de los Gigantes” aparecen perfectamente narrados los episodios más característicos de la Primera Guerra Mundial, desde las tensiones diplomáticas previas a las declaraciones de guerra, hasta el telegrama Zinnermann, pasando por aquella navidad de 1914 en la que los combatientes salieron de sus trincheras para confraternizar o la ofensiva del Somme y la Revolución Rusa para culminar con el inmediato ambiente de postguerra en el que ya se vislumbraba la otra guerra que habría de venir todo ello ligado a través de una serie de personajes de diversas nacionalidades que desarrollan las más variadas actividades a lo largo de la novela, desde el contrabando al espionaje pasando por la conspiración revolucionaria, la milicia o la actividad política pacifista y feminista.

Tan solo se puede criticar a “La Caída de los Gigantes” por el hecho de que Ken Follet, tal vez por ser británico, haya omitido todo lo relativo al levantamiento irlandés de 1916, que en toda esta extensa novela es despachado en menos de una línea y a la “diplomacia secreta” existente en los años previos a 1914 y que llegó a implicar a la misma Gran Bretaña en extraños manejos con el Imperio Alemán para repartirse las posesiones Belgas en África. No obstante y en cualquier caso, “La Caída de los Gigantes” no solo constituye una lectura amena y entretenida para cualquier momento sino también una lectura obligada para todo aquel que desee aproximarse a conocer básicamente las causas y el desarrollo de aquel conflicto europeo del que estamos a punto de conmemorar su primer centenario y del que aún sufrimos no pocas consecuencias.