REVUELTAS EN EL MUNDO ÁRABE

Desde que hace poco más de mes y medio se iniciaran en Tunez las protestas populares que culminaron con la huída del país del presidente Ben Alí, la explosión social se ha extendido por todo el mundo árabe, desde Marruecos a Irán, generando ríos de tinta en todos los medios oficiales de Occidente que dejan entrever más temor y preocupación que cualquier otra cosa.

Estas protestas populares que se suceden en todo el Mundo Árabe han demostrado no poseer un claro objetivo ideológico porque se están produciendo tanto en estados manifiestamente pro-occidentales y aliados de Estados Unidos (Tunez, Egipto) como en estados “revolucionarios árabes” o de “Socialismo árabe” (Libia), antaño aliados de la extinta Unión Soviética y, realmente, se dirigen más contra la galopante y manifiesta corrupción político-económica de la casta gobernante en cada uno de estos estados que a favor de la instauración de un régimen político similar a lo que en Europa se considera un régimen democrático, siendo por tanto protestas más sociales que políticas.

Igualmente se han producido protestas en Iran y en Bharein, aunque las mismas parecen que están muy lejos de desestabilizar a sus respectivos gobiernos existiendo la posibilidad de que tengan unos orígenes diferentes y menos espontáneos que las producidas en el Norte de África, pudiéndose atribuir las protestas en Irán a maniobras desestabilizadoras de algún servicio secreto y las de Bharein a un enfrentamiento étnico entre la mayoría Chií y la minoría gobernante Suní. No obstante, resulta extremadamente curioso e insuficientemente analizado en Occidente que ninguna protesta se haya producido en estados que, de forma pública, publicada y conocida, están extremadamente lejos de ser unos “paraísos de libertades” y que vulneran sistemáticamente los Derechos Humanos aplicando la Sharía o Ley Islámica como son Arabia Saudí, Dubai o los Emiratos Árabes Unidos.

Lo cierto es que estos movimientos populares musulmanes no son ideológicamente homogéneos y en ellos existe una confluencia accidental de intereses individuales y colectivos que, en caso de triunfo, les puede hacer imprevisibles. Así, por ejemplo en las protestas egipcias se ha podido observar a manifestantes que ondeaban la bandera del Partido Comunista Egipcio al lado de aquellos que pretendían la restauración del régimen monárquico.

Esta heterogeneidad ideológica puede llevar a dos resultados negativos y desesperanzadores:

El primero de estos resultados no deseable es que el régimen político contra el que se han producido los levantamientos populares prescinda de sus viejos líderes visibles mandándolos al exilio o haciéndoles comparecer en juicios sumarios y la clase dirigente de dichos regímenes, participando de la máxima Lampedusiana de “cambiarlo todo para que todo siga igual”, utilice las discrepancias que, sin duda, surgirán entre los líderes populares para reconducir el movimiento popular hacia el apoyo a un nuevo liderazgo que en realidad practicará una política continuista.

El segundo resultado negativo sería que, la heterogeneidad ideológica permita que el grupo mejor organizado y con las ideas más claras, aunque no sea el mayoritario, termine representando la totalidad de la protesta y la encauce hacia sus propios fines particulares tal y como sucedió en Irán en 1978 con las protestas contra el régimen del Shah que, siendo originariamente unas protestas heterogéneas en la que participaron liberales, progresistas y hasta comunistas pro-soviéticos, terminaron siendo capitalizadas por los clérigos islámicos y culminaron con la instauración de una República Islámica. Hay que tener en cuenta y muy presente que, hoy por hoy, los grupos políticos opositores más organizados tanto en el Magreb como en todo el mundo musulmán son los grupos confesionales islámicos por lo que no se puede descartar una repetición de lo sucedido en Irán en el año 1978.

Aunque los movimientos populares en los países árabes han sido alegremente acogidos por distintos sectores sociales europeos, especialmente por los más progresistas, lo cierto es que es demasiado pronto para hacer un balance positivo de los mismos siendo lo más aconsejable y lo más prudente guardar por el momento cierta distancia y permanecer atentos ante las posibles derivas que los mismos puedan tomar en el futuro.

“RETORNO A LA LEALTAD” de Manuel Martorell

Recientemente se ha publicado por la madrileña editorial Actas un extenso trabajo de casi cuatrocientas páginas que, escrito por el historiador don Manuel Martorell, bajo el título “Retorno a la Lealtad” viene a completar la amplia historiografía del Carlismo al tratar un tema poco estudiado y aún menos conocido dentro de la historia contemporánea española cual es la oposición carlista al régimen de Franco y la persecución sufrida por este popular movimiento político en el primer franquismo.

En “Retorno a la Lealtad”, que tiene el subtítulo de “El Desafío Carlista al Franquismo”, Martorell estudia la actividad política desarrollada por los Carlistas desde su participación en la Guerra Civil de 1936-1939 hasta el año 1953, centrándose en su oposición al Decreto de Unificación de 1937, que constituiría la base pseudo-jurídica del poder personalísimo del General Franco; y en su lucha por conservar su personalidad política propia a pesar de las incautaciones de locales propiciadas por el estado franquista, la apropiación de los símbolos externos del carlismo por parte del nuevo régimen y la persecución de la inmensa mayoría de los carlistas opuestos a integrarse en el partido único.

El estudio de Martorell, comienza con las discusiones que abre en el seno del Carlismo el Decreto de Unificación de Abril de 1937 que se dilucidan con el rechazo al mismo por parte de prácticamente la totalidad de la militancia y de los dirigentes carlistas para centrarse posteriormente en algunos episodios concretos como es la postura del Partido Carlista ante las potencias fascistas y la II Guerra Mundial donde claramente se demuestra como los carlistas, contrarios a los regímenes totalitarios, ayudaron a evadirse de la Francia ocupada a prisioneros aliados y a perseguidos políticos manteniendo contactos con las potencias aliadas a través del embajador británico en Madrid y convirtiéndose en la fuerza angular sobre la que se desarrollaría la llamada “Operación Azor” (operación militar inglesa alternativa a la “Operación Fénix” alemana la cual preveía la invasión militar del territorio español y la instauración de un régimen político filonazi bajo dirección falangista).

De “Retorno a la Lealtad” se deduce claramente como el Carlismo fue traicionado por los militares que se levantaron del 18 de Julio de 1936 y como, al evidenciarse esa traición al término inmediato de la contienda, se organizó como fuerza de oposición al Franquismo, aunque su táctica inicial fue errónea al intentar derrocar al Régimen Franquista mediante un supuesto golpe de estado que estaría protagonizado por militares de, una más aparente que real, adscripción carlista tales como el propio General Varela y algunos oficiales subalternos más y cuyo resultado máximo sería el tiroteo entre carlistas y policías ocurrido en Pamplona el 3 de Diciembre de 1945 y que todos los protagonistas entrevistados por el autor afirman que constituía una parte de “algo más gordo”.

Tras los sucesos de Pamplona el 3 de Diciembre de 1945, la obra se centra en la reconstrucción política del Carlismo y de su red de prensa poniendo de manifiesto las concordancias existentes entre los objetivos carlistas de oposición al régimen y la Unión Nacional del comunista Jesús Monzón Reparaz.

“Retorno a la Lealtad” constituye una obra historiográfica fundamental de lectura obligada para aquellos que deseen comprender aquello de que “Los Carlistas estuvieron en el Alzamiento, pero no en el Movimiento”. No obstante, en la obra se echa de menos que el autor profundizase en la participación carlista en la “Operación Azor” y en el intento de organización de una unidad de voluntarios carlistas que combatirían en África en el seno del Octavo Ejército británico del Mariscal Montgomery, aunque es de suponer que estas materias forman parte más de la historiografía de la II Guerra Mundial que del Carlismo, además de estar muchas de las fuentes históricas que pudieran arrojar luz sobre estos temas concretos integradas por documentos secretos y aun clasificados.

ISLANDIA: LA REVOLUCIÓN SILENCIADA

Recientemente nos han sorprendido los acontecimientos de Túnez que han desembocado en la huida del tirano Ben Alí, tan demócrata para occidente hasta anteayer y alumno ejemplar del FMI. Sin embargo, otra “revolución” que tiene lugar desde hace dos años ha sido convenientemente silenciada por los medios de comunicación al servicio de las plutocracias europeas.

Ha ocurrido en la mismísima Europa (en el sentido geopolítico), en un país con la democracia probablemente más antigua del mundo, cuyos orígenes se remontan al año 930, y que ocupó el primer lugar en el informe de la ONU del Índice de Desarrollo Humano de 2007/2008. ¿Adivináis de qué país se trata? Estoy seguro de que la mayoría no tiene ni idea, como no la tenía yo hasta que me he enterado por casualidad (a pesar de haber estado allí en el 2009 y el 2010). Se trata de Islandia, donde se hizo dimitir a un gobierno al completo, se nacionalizaron los principales bancos, se decidió no pagar la deuda que estos han creado con Gran Bretaña y Holanda a causa de su execrable política financiera y se acaba de crear una asamblea popular para reescribir su constitución.

Y todo ello de forma pacífica: a golpe de cacerola, gritos y certero lanzamiento de huevos. Esta ha sido una revolución contra el poder político-financiero neoliberal que nos ha conducido hasta la crisis actual. He aquí por qué no se han dado a conocer apenas estos hechos durante dos años o se ha informado frívolamente y de refilón: ¿Qué pasaría si el resto de ciudadanos europeos tomaran ejemplo? Y de paso confirmamos, una vez más por si todavía no estaba claro, al servicio de quién están los medios de comunicación y cómo nos restringen el derecho a la información en la plutocracia globalizada de del Planeta.

Esta es, brevemente, la historia de los hechos:

A finales de 2008, los efectos de la crisis en la economía islandesa son devastadores. En octubre se nacionaliza Landsbanki, principal banco del país. El gobierno británico congela todos los activos de su subsidiaria IceSave, con 300.000 clientes británicos y 910 millones de euros invertidos por administraciones locales y entidades públicas del Reino Unido. A Landsbanki le seguirán los otros dos bancos principales, el Kaupthing el Glitnir. Sus principales clientes están en ese país y en Holanda, clientes a los que sus estados tienen que reembolsar sus ahorros con 3.700 millones de euros de dinero público. Por entonces, el conjunto de las deudas bancarias de Islandia equivale a varias veces su PIB. Por otro lado, la moneda se desploma y la bolsa suspende su actividad tras un hundimiento del 76%. El país está en bancarrota.

El gobierno solicita oficialmente ayuda al Fondo Monetario Internacional (FMI), que aprueba un préstamo de 2.100 millones de dólares, completado por otros 2.500 millones de algunos países nórdicos.

Las protestas ciudadanas frente al parlamento en Reykjavik van en aumento. El 23 de enero de 2009 se convocan elecciones anticipadas y tres días después, las caceroladas ya son multitudinarias y provocan la dimisión del Primer Ministro, el conservador Geir H. Haarden, y de todo su gobierno en bloque. Es el primer gobierno (y único que yo sepa) que cae víctima de la crisis mundial.

El 25 de abril se celebran elecciones generales de las que sale un gobierno de coalición formado por la Alianza Social-demócrata y el Movimiento de Izquierda Verde, encabezado por la nueva Primera Ministra Jóhanna Sigurðardóttir.

A lo largo del 2009 continúa la pésima situación económica del país y el año cierra con una caída del PIB del 7%.

Mediante una ley ampliamente discutida en el parlamento se propone la devolución de la deuda a Gran Bretaña y Holanda mediante el pago de 3.500 millones de euros, suma que pagarán todas las familias islandesas mensualmente durante los próximos 15 años al 5,5% de interés. La gente se vuelve a echar a la calle y solicita someter la ley a referéndum. En enero de 2010 el Presidente, Ólafur Ragnar Grímsson, se niega a ratificarla y anuncia que habrá consulta popular.

En marzo se celebra el referéndum y el NO al pago de la deuda arrasa con un 93% de los votos. La revolución islandesa consigue una nueva victoria de forma pacífica.

El FMI congela las ayudas económicas a Islandia a la espera de que se resuelva la devolución de su deuda.

A todo esto, el gobierno ha iniciado una investigación para dirimir jurídicamente las responsabilidades de la crisis. Comienzan las detenciones de varios banqueros y altos ejecutivos. La Interpol dicta una orden internacional de arresto contra el ex-Presidente del Kaupthing, Sigurdur Einarsson.

En este contexto de crisis, se elige una asamblea constituyente el pasado mes de noviembre para redactar una nueva constitución que recoja las lecciones aprendidas de la crisis y que sustituya a la actual, una copia de la constitución danesa. Para ello, se recurre directamente al pueblo soberano. Se eligen 25 ciudadanos sin filiación política de los 522 que se han presentado a las candidaturas, para lo cual sólo era necesario ser mayor de edad y tener el apoyo de 30 personas. La asamblea constitucional comenzará su trabajo en febrero de 2011 y presentará un proyecto de carta magna a partir de las recomendaciones consensuadas en distintas asambleas que se celebrarán por todo el país. Deberá ser aprobada por el actual Parlamento y por el que se constituya tras las próximas elecciones legislativas.

Y para terminar, otra medida “revolucionaria” del parlamento islandés: la Iniciativa Islandesa Moderna para Medios de Comunicación (Icelandic Modern Media Initiative), un proyecto de ley que pretende crear un marco jurídico destinado a la protección de la libertad de información y de expresión. Se pretende hacer del país un refugio seguro para el periodismo de investigación y la libertad de información donde se protejan fuentes, periodistas y proveedores de Internet que alojen información periodística; el infierno para EEUU y el paraíso para Wikileaks.

Pues esta es la breve historia de la Revolución Islandesa: dimisión de todo un gobierno en bloque, nacionalización de la banca, referéndum para que el pueblo decida sobre las decisiones económicas trascendentales, encarcelación de responsables de la crisis, reescritura de la constitución por los ciudadanos y un proyecto de blindaje de la libertad de información y de expresión.

¿Se nos ha hablado de esto en los medios de comunicación europeos? ¿Se ha comentado en las repugnantes tertulias radiofónicas de politicastros de medio pelo y mercenarios de la desinformación? ¿Se han visto imágenes de los hechos por la TV?

Claro que no. Debe ser que a los Estados Unidos de Europa no les parece suficientemente importante que un pueblo coja las riendas de su soberanía y plante cara al rodillo neoliberal. O quizás teman que se les caiga la cara de vergüenza al quedar una vez más en evidencia que han convertido la democracia en un sistema plutocrático donde nada ha cambiado con la crisis, excepto el inicio de un proceso de socialización de las pérdidas con recortes sociales y precarización de las condiciones laborales. Es muy probable también que piensen que todavía quede vida inteligente entre sus unidades de consumo, que tanto gustan en llamar ciudadanos, y teman un efecto contagio. Aunque lo más seguro es que esta calculada minusvaloración informativa, cuando no silencio clamoroso, se deba a todas estas causas juntas.

Algunos dirán que Islandia es una pequeña isla de tan sólo 300.000 habitantes, con un entramado social, político, económico y administrativo mucho menos complejo que el de un gran país europeo, por lo que es más fácil organizarse y llevar a cabo este tipo de cambios. Sin embargo es un país que, aunque tienen gran independencia energética gracias a sus centrales geotérmicas, cuenta con muy pocos recursos naturales y tiene una economía vulnerable cuyas exportaciones dependen en un 40% de la pesca.

También los hay que dirán que han vivido por encima de sus posibilidades endeudándose y especulando en el casino financiero como el que más, y es cierto. Igual que lo han hecho el resto de los países guiados por un sistema financiero liberalizado hasta el infinito por los mismos gobiernos irresponsables y suicidas que ahora se echan las manos a la cabeza. Yo simplemente pienso que el pueblo islandés es un pueblo culto, solidario, optimista y valiente, que ha sabido rectificar echándole dos cojones, plantándole cara al sistema y dando una lección de democracia al resto del mundo.

El país ya ha iniciado negociaciones para entrar en la Unión Europea. Espero, por su bien y tal y como están poniéndose las cosas en el continente con la plaga de farsantes que nos gobiernan, que el pueblo islandés complete su revolución rechazando la adhesión. Y ojala ocurriera lo contrario, que fuera Europa la que entrase en Islandia, porque esa sí sería la verdadera Europa de los pueblos.

Pedro Zabala

EL SOFISMA DE LA REFORMA DE LAS PENSIONES II: EL ACUERDO

El acuerdo, anunciado a bombo y platillo, sobre la reforma de las pensiones al que han llegado el gobierno y los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, el pasado 27 de Enero y que se firmará el próximo día 2 de Febrero, no es más que un nuevo sofisma que, en forma de componenda, lo único que significa es la pervivencia del “Modus Vivendi” de los firmantes del mismo a costa del pueblo español al asegurarse los empresarios y las instituciones la “paz social” y los sindicatos el seguir percibiendo subvenciones a cargo del erario público.

Así, el Pacto, al que seguramente se sumaran los representantes empresariales y el Partido Popular concretiza lo que ya afirmábamos desde “El Chouan Ibérico” la semana pasada. Se consolida el retraso general en la edad de jubilación a los 67 años de edad, exigiéndose treinta y siete años de cotización para tener derecho a obtener la pensión máxima jubilándose a esa edad o treinta y ocho años y medio de cotización para obtener dicha pensión jubilándose a los 65 años; asimismo la pensión a percibir se calculará sobre los veinticinco últimos años trabajados en vez de sobre los últimos quince años como se venía haciendo hasta ahora.

En definitiva: El retraso en la edad de jubilación tal vez sea lo más llamativo de esta Reforma y de este acuerdo, pero desde luego; aun siendo malo, no es lo peor ni lo más grave. Lo más grave es, como ya apuntábamos la semana pasada, que atendiendo a la realidad del mercado laboral español al que los jóvenes se incorporan cada vez más tarde cotizando por lo tanto menos años; será menor el número de personas que tengan derecho a la pensión máxima y que al calcularse la pensión a percibir sobre los últimos veinticinco años trabajados en vez de sobre los últimos quince como se venía haciendo hasta la reforma, la pensión resultante a la que tendrán derecho los trabajadores será cuantitativamente menor además de requerirse un mínimo de veinticinco años cotizados para tener derecho a la pensión mínima en vez de los quince que se requería hasta ahora.

A mayor redundancia, repetimos que esta reforma abre la puerta a futuras y sucesivas modificaciones siempre tendentes a aumentar progresivamente la edad de jubilación y la base de cotización hasta alcanzar, esta última, toda la vida laboral de los trabajadores además de no asegurar la pervivencia del sistema público de pensiones más de cuarenta años al haber entrado la economía española en una fase de pre-colapso más que de crisis al no poseer unos sólidos y competitivos sectores primario y secundario que requieran de forma constante y continua mano de obra que a su vez cotice al sistema público de pensiones.

Este apaño al que han llegado el gobierno y los sindicatos consolida los iniciados procesos de progresiva liquidación del Estado de Bienestar y de las clases medias, además de asegurar el empobrecimiento de nuestros jubilados, de los cuales ya en la actualidad un veinte por ciento vive en el umbral de la pobreza a consecuencia de las exiguas pensiones que perciben.

EL SOFISMA DE LA REFORMA DE LAS PENSIONES

Dentro de la grave crisis económica que padecemos ocupa el primer plano de la actualidad el debate sobre la llamada “Reforma de las Pensiones de Jubilación” afirmando todos los líderes políticos que es imprescindible una reforma del sistema para garantizarlas en el futuro, constituyendo tal afirmación un sofisticado sofisma entendiendo por tal la definición estricta que, de sofisma, ofrece el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española: “Razón o argumento aparente con que se quiere defender o persuadir lo que es falso”.

Cuando nuestros “geniales” políticos (sea dicho con todo el sarcasmo del mundo), hablan con cierta pompa de garantizar las pensiones futuras, realmente están hablando simplemente de garantizar las pensiones presentes y las que, de forma inmediata se vayan generando en los próximos diez o quince años pues resulta claramente manifiesto que el sistema público de pensiones no podrá garantizarse en ningún caso más de cuarenta años.

Dentro de esta “reforma de las pensiones” se habla de aumentar la edad de jubilación hasta los sesenta y siete años y de aumentar el cómputo de años trabajados para tener derecho a cobrar la pensión máxima hasta una horquilla que se encontraría entre los treinta y siete años de cotización y los cuarenta y uno. Con la primera medida el estado conseguiría teóricamente que cada trabajador cotizase dos años más y, ciertamente, que cobrará la pensión de jubilación durante dos años menos mientras que con la segunda medida resultaría que mucha menos gente tendría derecho a cobrar la pensión máxima de jubilación existiendo una disminución generalizada en las cuantías de dichas pensiones, pues la realidad del mercado laboral español indica que los jóvenes españoles empiezan a trabajar muy tarde (sobre los treinta años edad) existiendo durante toda su vida laboral periodos de no cotización, bien por ser víctimas del paro de larga duración exento de protección y de cotización, bien por tener que suspender su actividad laboral para dedicarse al cuidado de la familia, como es el caso de muchas mujeres; o, simplemente por tener que sobrevivir en la “economía sumergida”.

Por otro lado también se está planteando la posibilidad de que los ciudadanos incrementen la cuantía de la pensión pública de jubilación mediante la contratación de planes privados de pensiones, lo cual plantea el problema de que, considerando los salarios medios existentes en nuestro país, muy poca gente podrá completar dignamente las pensiones públicas con la contratación de dichos planes ya que los mismos generarán un nuevo gasto fijo y periódico, como si fuera un consumo más, que no todas las familias están en condiciones de afrontar.

El problema real que afecta al sistema público de pensiones y que, a la larga, lo hace insostenible no se encuentra, como durante años nos han pretendido hacer creer, en la llamada “inversión de la pirámide demográfica” sino en la “inversión de la pirámide de cotizantes”. La “inversión de la pirámide demográfica” constituye un problema coyuntural al que se podría hacer frente, bien mediante “la importación de habitantes” o, bien mediante el desplazamiento puntual de medios económicos de determinados departamentos ministeriales hacia la financiación del Sistema Público de Pensiones al no ser una situación de duración indefinida porque, si bien es cierto, que la falta de relevo generacional provocaría que durante unos años existiera mayor numero de pensionistas que cotizantes, con el paso del tiempo el número de pensionistas se iría reduciendo al incorporarse al sistema público de pensiones generaciones menos numerosas y al salir del mismo, por la inexorable ley biológica, las generaciones más numerosas. No obstante, la “inversión de la pirámide de cotizantes” constituye el grave, verdadero y único problema del sistema público de pensiones pues dicha inversión, que implica que cada vez existen menos cotizantes y que los periodos de cotización sean menores, es una situación infinita en el tiempo forzada por un mercado laboral y por una economía poco o nada productiva que de forma progresiva requiere de menos mano de obra. En definitiva, el problema fundamental que amenaza con acabar con el Sistema Público de Pensiones español se encuentra en el modelo económico basado en el turismo, en la especulación y en el sector servicios por el que la casta política española optó decididamente a mediados de los años ochenta del siglo pasado para conseguir, entre otras cosas, nuestra incorporación a la entonces Comunidad Económica Europea.

Así pues, la finalidad de la llamada “Reforma de las Pensiones” será prolongar la agónica existencia del sistema público de pensiones unas décadas más mediante la pérdida del poder adquisitivo de los futuros pensionistas no garantizando el mencionado sistema “in aeternum” y sacrificando una vez más a las generaciones de españoles nacidas a partir de la década de los sesenta del Siglo XX, las cuales padecerán en su vejez de un nivel de vida y de una protección social menor que la que disfrutaron sus padres y abuelos.

LEGISLACIÓN ANTITABACO: ¿LEGISLACIÓN AL ABSURDO?

Pasados algo más de quince días desde que entrará en vigor la última ley antitabaco que prohíbe fumar en locales públicos tales como bares y cafeterías además de en lugares aledaños a colegios, hospitales y parques infantiles puede hacerse ya una valoración de la efectividad y consecuencias de esta norma cuyo objetivo real puede ir más allá de lo que públicamente pretende.

El objetivo de esta ley antitabaco, públicamente reconocido por el legislador, es favorecer que los ciudadanos adictos al tabaco dejen de serlo y que los trabajadores de bares, discotecas y demás centros cerrados de ocio y diversión disfruten de un ambiente laboral saludable libres de humos insalubres. No obstante la propia ley prevé algunas excepciones al consumo de tabaco en lugares cerrados como son los centros penitenciarios y las residencias de la tercera edad, así pues nos encontramos, en principio; ante una norma ilógica cuando no claramente discriminatoria porque no reconoce los derechos a un ambiente laboral libre de humos ni a los trabajadores geriátricos ni a los funcionarios de prisiones, los cuales parece ser que, en virtud de no sé que principio intangible, tienen pulmones menos sensibles al humo que los trabajadores de hostelería.

Por otro lado, la justificación de esta ley en el pretendido objetivo de “desenganchar” a la población fumadora de una adicción que durante décadas ha sido favorecida por todos los gobiernos que no han dudado en beneficiarse con los impuestos que gravan el tabaco resulta más que dudosa, porque se podrían haber tomado otras medidas no prohibitivas y más eficaces como la instauración de la “cajetilla de precio único” consistente en incrementar linealmente en varios euros el precio de todas las cajetillas de tabaco poniendo el mismo precio a todas así como limitar la venta de tabaco exclusivamente a los estancos porque el simple hecho de tener una máquina expendedora de tabaco en un local, en el que además esta prohibido fumar, constituye por sí mismo un acto de publicidad, máxime cuando a dichos locales no se prohíbe la entrada a menores de edad, siendo común ver a niños de corta edad acompañar a sus padres a “tomar el aperitivo” los Domingos al mediodía.

Es de señalar que medidas radicales como las que algunos indican consistentes en que no se venda tabaco serían gravemente contraproducentes porque conllevarían la aparición del tráfico ilícito y, lo que es peor, la extensión y el reforzamiento del crimen organizado tal y como ocurrió en los Estados Unidos con la “Ley Seca”.

Visto ya que la “Ley Antitabaco” presenta pocos y dudosos beneficios toca ahora estudiar si genera algún perjuicio.

En primer lugar, no es necesario escuchar a los representantes del sector hostelero que afirman que han descendido sus ingresos en importantes porcentajes porque basta con pasearse por algunas calles de Madrid para darse cuenta que los bares y cafeterías presentan menos público que hace tan solo un mes. Así mismo muchos locales han tenido que hacer inversiones en comprar mantas y calefacciones para acondicionar unas terrazas en las que sus parroquianos fumadores puedan sentarse en pleno invierno.

Curiosamente, el hecho de que al ciudadano fumador se le obligue a sentarse en una terraza para poder fumar conlleva como consecuencia que sus consumiciones se verán incrementadas en el precio por el “servicio de terraza” con lo que consumirá menos y que el hostelero de turno tendrá que acondicionar dichas terrazas con calentadores de gas o eléctricos nada más ni nada menos que para calentar las calles en pleno invierno (¡!) lo que supone un incremento general del consumo de energía propiciado por una legislación dictada por un estado que se gasta millones de euros en propaganda institucional para decirnos que no hay que sobreexplotar el planeta, que hay que reciclar y que hay que usar racionalmente la energía no excediendo, por ejemplo, en veintiún grados la temperatura de nuestras casas. Así pues, si el pretender innecesariamente calentar la calle en pleno invierno cuando se registran temperaturas ínfimas o, incluso, bajo cero no constituye un consumo irracional de energía en un país que además tiene déficit energético, ¡¡¡Que venga Dios y lo vea!!! Porque tal cosa es equivalente a poner la calefacción en nuestras casas manteniendo las ventanas abiertas.

Eso sí, esta “Ley antitabaco” será beneficiosa para las arcas públicas municipales que verán como se incrementan sus ingresos al cobrar el pertinente impuesto de uso de terrenos de dominio público al extenderse el periodo de las terrazas a todo el año y no solo a los cuatro meses de verano como hasta ahora se venía haciendo e igualmente serán beneficiosa para las grandes compañías del sector energético que verán como se incrementa el consumo de energía, no solo facturando por ello, sino también justificando el incremento del precio de la electricidad y el gas.

En definitiva, la llamada “Ley Antitabaco” es una legislación que obliga a situaciones absurdas, discriminatorias y, sobretodo, gravemente perjudiciales para el medio ambiente y para la economía general así como para la particular por lo que debería derogarse de forma inmediata y sin paliativos. No obstante si consideramos que el verdadero objeto de esta ley es conseguir distraer al ciudadano para que hable y discuta sobre los beneficios o perjuicios del tabaco en vez de que se organice y hable de la crisis económica, de la supresión de la ayuda familiar a los parados y de la generalizada pérdida de derechos sociales que viene padeciendo, no podemos negar que esta norma no solo es oportuna sino también muy eficaz siendo muy lamentablemente significativo que el ciudadano español esté presto a la desobediencia civil por esta absurda ley y no a movilizarse ni contra la reducción de los salarios ni contra la reforma de las pensiones.

“EL CEMENTERIO DE PRAGA” de Umberto Eco

“El Cementerio de Praga” es el título de la última novela escrita por el autor italiano Umberto Eco, la cual, a pesar de ser muy esperada, no deja de ser poco original y bastante decepcionante.

Desde que escribiera “El Nombre de la Rosa”, Umberto Eco parece haber encontrado en el misterio histórico un filón para su producción literaria que fue continuada por “El Péndulo de Foucault”, novela en la que, curiosamente, viene a criticar la literatura que tiene por objeto el esoterismo y la teoría de la conspiración afirmando que la misma existe por constituir un importante negocio editorial.

Es dentro de ese “gran negocio editorial” en la que se ha de encuadrar “El Cementerio de Praga”, novela que narra la historia de un tunante y falsificador, el capitán Simonini, que obsesionado por los judíos y reclutado por diversos servicios secretos europeos termina redactando, a base de plagios, invenciones y falsedades, lo que serán “Los Protocolos de los Sabios de Sión”.

Aunque “El Cementerio de Praga” es una novela entretenida no deja de basarse en una temática ya muy manida y muy explotada, desde que, entre los años 1797 y 1799, el Abate Baurrel publicara su conocida y documentada “Memoria para Servir a la Historia del Jacobinismo” en la cual se defiende la existencia de una conspiración masónica para acabar con la monarquía y con la Iglesia Católica. Con el tiempo, a la teoría conspirativa del Abate Baurrel que implicaba solamente a las sociedades secretas (principalmente a los Iluminados de Baviera y a la Masonería) se le fueron añadiendo otros protagonistas como los judíos o los bolcheviques dando origen al conocido “Complot Judeo-Masónico-Comunista” tan utilizado en la propaganda política de la primera mitad del Siglo XX y cuya gestación constituye el argumento principal de esta novela de Umberto Eco.

Realmente “El Cementerio de Praga” de Umberto Eco constituye una enciclopedia novelada de hechos y personajes históricos que con sus trabajos literarios y periodísticos colaboraron en la creación o en la difusión de la obra cumbre del antisemitismo: “Los Protocolos de los Sabios de Sión”. Así, el protagonista de la novela; el ficticio capitán Simonini, se relaciona a lo largo de la misma con Léo Táxil, el Doctor Bataille, Hermann Goedesche o Eduard Drumont con los que colabora para la creación de un informe definitivo que probará la existencia de la conspiración judía y que realmente no es más que una invención en la que se plagia pasajes de “Joseph Balsamo” de Dumas, de “El Misterio de las Personas” de Eugenio Sue y, sobre todo, de el “Diálogo en los Infiernos entre Maquiavelo y Montesquieu” de Maurice Joly.

“El Cementerio de Praga” recrea la sociedad europea de mediados del Siglo XIX con sus inquietudes políticas, sociales y su gusto incipiente por las ciencias ocultas y esotéricas, debiendo Umberto Eco mucho, tal vez demasiado, a autores anteriores.

Tal vez el mayor logro literario de “El Cementerio de Praga” consiste en cierta posible provocación al lector por parte de su autor, porque si en 1921 el diario “Times” puso de manifiesto la falsedad de “Los Protocolos de los Sabios de Sión” al mostrar las coincidencias de estos con “El Diálogo en los Infiernos entre Maquiavelo y Montesquieu” de Maurice Joly; tal vez Umberto Eco ha buscado que sus lectores busquen y descubran las coincidencias existentes entre la misa negra a la que asiste el protagonista, el capitán Simonini, con la misa negra descrita por Karl Joris Huysmans en su novela “Allá Lejos”.

“El Cementerio de Praga” de Umberto Eco en definitiva no es más que una novela entretenida muy apropiada para lectores de perfil medio-bajo que deseen espantar el tedio durante el trayecto de un viaje no justificando en modo alguno las grandes expectativas con las que se esperaba esta novela del autor italiano.